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El coronavirus revela los efectos catastróficos de la privatización de servicios básicos

Una persona sin hogar duerme en la calle bajo una pintada de "tú importas" en Des Moines, Iowa, Estados Unidos.

Juan Pablo Bohoslavsky. Koumbou Boly Barry; Olivier De Schutter; Leilani Farha; Léo Heller; Magdalena Sepúlveda Carmona.

Artículo publicado originalmente en elDiario.es

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia las catastróficas consecuencias de décadas de privatizaciones y competencia en el mercado.

Cuando se desató la pandemia, vimos hospitales desbordados, personal sanitario obligado a trabajar prácticamente sin ningún equipo de protección, residencias de ancianos convertidas en morgues, gente formando largas colas para hacerse tests y escuelas con dificultades para conectar con alumnos confinados en sus hogares.

Se pedía a la población que se quedara en casa cuando muchas personas no tenían un techo decente, acceso a agua potable, instalaciones de saneamiento ni medidas de protección social.

Durante muchos años se han subcontratado servicios públicos vitales a empresas privadas. A menudo esto ha tenido como resultado ineficiencia, corrupción, empeoramiento de la calidad, aumento de costes y el consecuente endeudamiento de los hogares. Esto ha provocado la marginación de las familias más pobres y el debilitamiento del valor social de necesidades básicas como el techo y el agua potable. Necesitamos un cambio de rumbo radical.

Hubo un rayo de esperanza cuando parecía que la gente empezó a reconocer la importancia fundamental de los servicios públicos para el funcionamiento de la sociedad. Como dijo el presidente francés Emmanuel Macron el 12 de marzo, la pandemia ha revelado que existen bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes del mercado.

El agua

Tomemos como ejemplo el agua, un producto todavía más esencial ahora que el lavado de manos es la mejor forma de protegerse del coronavirus. Unos 4.000 millones de personas en todo el mundo sufren escasez severa de agua durante al menos un mes al año. En la provincia chilena de Petorca, por ejemplo, un árbol de aguacate utiliza más agua que la cuota diaria asignada a cada habitante. A pesar de haber aumentado la ración diaria de agua para sus habitantes, el Ministerio de Salud revocó esa decisión solo ocho días después, lo cual indica que la autoridades siguen poniendo los intereses de las empresas privadas por delante de los derechos de su pueblo.

¿Y qué pasa con la tan esperada vacuna? Al darse cuenta de que no podemos confiar en las fuerzas del mercado, más de 140 líderes y expertos han pedido a los gobiernos e instituciones internacionales que los tests de la COVID-19, los tratamientos y las vacunas estén a disposición de todos, sin coste alguno. Pero la realidad es que las empresas farmacéuticas de todo el mundo están compitiendo por ser los primeros en vender la vacuna.

La consigna global de distanciamiento social para evitar el contagio no significa nada para los 1.600 millones de personas que habitan viviendas precarias e inadecuadas, mucho menos al 2% de la población del mundo que no tiene techo.

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos no parece dispuesto a intervenir en el mercado de la vivienda para regular las organizaciones financieras que han ayudado a generar esta situación. La conversión de la vivienda en producto financiero durante años ha resultado en un aumento de los precios de los alquileres, aumentos de los desahucios, falta de mantenimiento de los hogares y acumulación de casas vacías para generar mayores beneficios.

Al subcontratar los bienes y servicios públicos a empresas privadas, los gobiernos solo defienden con palabrería sus obligaciones en materia de derechos humanos. Personas con derechos se transforman en clientes de empresas privadas que se dedican a maximizar sus beneficios y no responden a los intereses públicos, sino a los de sus accionistas. Esto afecta al núcleo de nuestras democracias, contribuye a aumentar la brecha de desigualdad y genera una segregación social insostenible.

Somos seis expertos independientes que trabajamos o hemos trabajado para las Naciones Unidas. Tenemos diferente formación, somos o hemos sido relatores especiales de la ONU sobre derechos económicos, sociales y culturales. Nos hemos unido para compartir este mensaje: para tomar en serio los derechos humanos se debe abandonar el modelo de Estado en el que los gobiernos ceden ante las empresas privadas.

Son necesarias nuevas alternativas. Es hora de hablar fuerte y claro: la comercialización de la sanidad, la vivienda, la educación, el agua potable, el saneamiento y otros recursos y servicios básicos excluyen a la población más pobre y puede resultar en la violación de sus derechos humanos.

El papel del Banco Mundial y el FMI

Los Estados no pueden seguir cediendo el control como lo han estado haciendo. No pueden pensar que quedan liberados de sus obligaciones para con los derechos humanos al delegar bienes y servicios a empresas privadas y al mercado bajo condiciones que saben que socavarán los derechos y las condiciones de vida de muchas personas. También es esencial que las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dejen de imponer a otros países modelos de privatización de sus servicios públicos.

Este es un momento crucial para la comunidad de defensores de los derechos humanos. Pedimos a aquellas personas comprometidas con los derechos humanos que alcen la voz sobre los efectos de las privatizaciones. Los derechos humanos pueden ayudarnos a articular qué tipo de servicios y bienes públicos queremos: participativos, transparentes, sostenibles, responsables, no discriminatorios y al servicio del bien común.

Estamos en estado de emergencia. Esta es probablemente la primera de una serie de grandes crisis que se avecinan, impulsadas por la creciente emergencia climática. Se calcula que la pandemia de la COVID-19 empujará a 176 millones de personas a la pobreza. Cada una de esas personas sufrirá una violación de sus derechos humanos a menos que cambiemos radicalmente el modelo y la inversión en la calidad de los servicios públicos.

Juan Pablo Bohoslavsky es un experto independiente que trabajó para la ONU en materia de deuda externa y derechos humanos; Koumbou Boly Barry es relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación; Olivier De Schutter es relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos y exrelator especial sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha fue relatora especial de la ONU sobre la vivienda como parte del derecho a un adecuado nivel de vida y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Léo Heller es relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Magdalena Sepúlveda Carmona fue relatora especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos.

Traducido por Lucía Balducci

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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