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Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El gasto social autonómico 2019 es inferior al de 2018 y todavía no se ha recuperado el nivel de 2019

José Manuel Ramírez Navarro. Presidente Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales

Los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010 y que fueron especialmente drásticos en 2013, condujeron a que en ese año 2013 se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con menos de 100.000 millones de euros. Desde el año 2014 y hasta el 2018 se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas llegando a los 116.860 millones de euros en el presupuesto liquidado de 2018. Sin embargo, la tendencia se ha roto en el presupuesto definitivo de 2019 que ha caído un 0,1% respecto al gasto 2018.

La recuperación del gasto en políticas sociales es aún deficitaria, tras 10 años presupuestarios, el gasto en políticas sociales de 2019 (116.850,5M€) aún está por debajo del de 2009 (116.851,7M). La ausencia de presupuestos generales del estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro.

GASTO AUTONÓMICO NO FINANCIERO (Capítulos 1 a 7) EN POLÍTICAS SOCIALES (SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES-PROMOCIÓN SOCIAL)

Considerando todas las políticas gestionadas por las autonomías, indudablemente la situación de crisis derivó en un importante incremento del gasto en deuda pública autonómica, en un agónico y fallido intento de mantener las políticas de protección y en una reducción drástica del gasto en el resto de políticas, que se redujeron en un 30% desde el año 2009 al 2014, pasando de un gasto de 50.955,34 a 35.695,97 millones de euros. En los presupuesto definitivos de 2019 el gasto en el resto de políticas es aún un 10% inferior al de 2009.

NOTA: Los datos hasta 2018 son de gasto liquidado. Los datos de 2019 (presupuesto definitivo) y de 2020 (presupuesto inicial) han de ser tomados con todas las cautelas puesto que la obligada actuación con presupuestos prorrogados en las CA generará importantes descuadres en la contabilidad pública, especialmente a partir de este año 2019.

Además, no hay que olvidar que ese “resto de políticas” contiene funciones muy relevantes para la ciudadanía como son la cultura y la conservación del patrimonio, la justicia y la seguridad allí donde estén transferidas o las inversiones en muchas infraestructuras.

EN RIESGO EL 70% DE LA RECUPERACIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES.

Desde el año 2009 hasta el 2019 se han aumentado 2.132,6 millones de euros en inversión en servicios sociales. Este aumento está hoy en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital ya que las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales y de esta manera eliminar de los servicios sociales el 70% de lo recuperado desde 2009.

Si tomamos como año base 2009 (inicio de los recortes para las arcas autonómicas), al margen del crecimiento espectacular del gasto en deuda (más del 360% respecto a 2009), únicamente el gasto en servicios sociales habría recuperado el nivel previo a los recortes. Puede haber dos razones que lo expliquen: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción, si bien este ha sido, a todas luces, insuficiente si atendemos a los datos de incremento de la pobreza y a las 266.000 personas en situación de dependencia en lista de espera de atención y las 160.000 pendientes de valoración.

El gasto social por habitante fue 2.498,54 € en 2019, 36,81€ inferior al de 2009 y 11,75€ inferior al de. De la misma manera, el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2019 ha sido 6,3 puntos menos (60,6%) y 1,2 puntos menos que en 2018. Esto pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado.

Deuda autonómica

El impacto de la crisis se tradujo directamente en un incremento de los gastos derivados de la deuda pública que impactó reduciendo el gasto en las políticas sociales y sobre todo en el resto de funciones y servicios. Esta deuda ascendería actualmente a cerca de 300.000 millones de euros, acercándose a los 6.500 euros por habitante y aunque diversas circunstancias permitieron ir reduciendo el gasto anual en deuda, este gasto vuelve a repuntar desde 2016.

Fuente: Banco de España. Deuda autonómica según Protocolo de Déficit Excesivo.

Hay importantes diferencias entre comunidades en el gasto social

Por comunidades autónomas, hay 12 de ellas que han conseguido superar en 2019 el gasto social por habitante que tenían en 2009, siendo la Comunidad Valenciana la que en términos absolutos ha logrado un mayor aumento en su inversión en políticas sociales (1.656M€), mientras que Baleares es la que porcentualmente obtiene un mayor aumento (24,8%). Las Comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años, a pesar de la recuperación, son Cataluña (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%).

Como hemos visto, la tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda. No obstante, la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma. Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y Cataluña ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales.

Elaboración propia. Fuente de datos: Ministerio de Hacienda. Datos de presupuesto definitivo 2019.
NOTA: Hay que considerar que no hay comparabilidad entre comunidades de régimen foral y las de régimen común. Por otra parte es singular el caso de Baleares que descentraliza una parte de la gestión de políticas sociales en los Consell Insulars y el gasto transferido a los mismos para uso en políticas sociales no figura como tal sino que se concentra en “Resto Políticas).

Existen, por otra parte, diferencias interterritoriales importantes en el gasto social por habitante entre unas y otras comunidades autónomas; así tanto Navarra como el País Vasco los 3.300 € anuales, mientras que, en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.200 y los poco más de 3.000 euros, destacando entre ellas Extremadura (3.039,92€/hab), Asturias (2.948,92€/hab) y Cantabria (2.908,32€/hab). Bien es cierto que el gasto por habitante es un dato excesivamente grueso que no considera cuestiones esenciales como las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios.

Las Comunidades de Cataluña y Madrid se encuentran a la cola del gasto social por habitante con una inversión de más de un 10% inferior a la media de España, a más de 1.200€/hab de Navarra y a más de 800€/hab de la primera comunidad del régimen común, Extremadura.

Todas las comunidades autónomas salvo Navarra (+7,5%) y Asturias (+4,3%) han reducido el porcentaje de presupuesto que destinan a Políticas Sociales. Sin embargo, sólo cinco (Madrid, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña) han disminuido la inversión por habitante. Es especialmente significativo el aumento en más de 300€ por habitante de inversión en políticas sociales de Navarra, Valencia y Asturias. En el otro extremo están Castilla La Mancha con un retroceso de 415, 40€ y Cataluña con 588,27€ por habitante.

Los servicios públicos esenciales en precario para abordar la crisis social y sanitaria del COVID-19

La crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19 ha redundado en la demostración de la importancia de la inversión en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, hemos podido observar la evidencia de que éstos corrían el riesgo, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos nos encontramos que no ha sido así y con estos servicios públicos esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria. La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos presupuestos autonómicos con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior y no hubieran sufrido los recortes de la crisis anterior.

En un contexto así, se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas URGENTES que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política.

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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