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FALLO DE SISTEMA XIV: UN ICO A LA ALTURA DE LO QUE ESPAÑA REQUIERE

Antonio Fuertes Esteban. Miembro de ATTAC y de la Plataforma por una Banca Pública.

Siguiendo la consigna neoliberal de privatizar las finanzas para maximizar su libre mercado, los gobiernos socialista y popular privatizaron, entre 1991 y 1998, mediante la operación Argentaria el entramado de bancos públicos e institutos de crédito existentes, sólo reservaron el ICO para el Estado. Con la venta de Bankia nacionalizada a Caixabank nos queda el ICO como ente financiero público.

El Instituto de Crédito Oficial funciona como banco público y como agencia financiera del Estado, que ejerce el control efectivo sobre sus decisiones, funcionamiento y organización. Al tener consideración de entidad pública empresarial, puede financiarse a través de préstamos del BCE, aparte de financiarse en los mercados de capitales mediante emisión de deuda. Aunque raramente el ICO ha aprovechado la financiación que el BCE realiza a entidades bancarias sin apenas interés, lo cual, por pasiva, aumenta su dependencia de los mercados.

La aportación del ICO actual significa una ínfima parte para las necesidades crediticias de nuestro país, su inversión crediticia en 2019 fue de 21.441 millones de euros, lo que representa el 1% de los créditos totales concedidos por las entidades de depósito españolas. En todo caso sus activos son muy inferiores a los de otros bancos públicos de inversión o de desarrollo en Europa; en 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán o los 181 mil millones de la Caisse de Dépôts francesa.

Ningún gobierno habría de permitir que España se convierta en una finca abierta de par en par al beneficio privado en la gestión de lo público. La planificación del desarrollo sostenible social, territorial y ecológico es una absoluta necesidad hoy, especialmente ante la crisis sanitaria y económica creada por la Covid19 y la crisis medioambiental y climática. Por este motivo es urgente priorizar y planificar a corto, medio y largo plazo los fundamentos de dichas sostenibilidades, mediante la financiación del Estado hacia sectores estratégicos de nuestra economía y el control democrático y social de dicha inversión, que en algunos casos requerirá nacionalizar sectores estratégicos y/o garantistas del Estado de derecho. 

En lo financiero las actuaciones de gobiernos anteriores han dejado el crédito mayoritariamente en manos de un mastodóntico oligopolio privado, que persigue exclusivamente su beneficio y que actúa regularmente como elemento amplificador de las crisis, ya que la banca privada se caracteriza por una mínima planificación social de sus inversiones, al mismo tiempo que por su funcionamiento procíclico al no proveer de crédito a la sociedad en su conjunto cuando más lo necesita, en tiempo de recesión económica, cuando más necesario es relanzar la producción y el consumo de las familias. Es perentorio financiar sectores no cubiertos por otras instituciones de crédito, una banca pública de desarrollo solvente podría ejercer un rol anticíclico sobre la economía, financiando proyectos que recojan los retos más actuales que hoy son necesarios para salir con buen pie de la multiforme crisis económica, social, sanitaria, medioambiental y climática.

Es necesario financiar, mediante un ICO reforzado y proactivo, proyectos de proximidad que enriquezcan el tejido económico y social:  Construir parques públicos de vivienda social, otros que actúen sobre el desequilibrio territorial afrontando los retos de la España vaciada, planes de reconversión industrial hacia la transición ecológica, reforzar la gestión pública de los servicios de bienestar, financiar la investigación básica, construir las infraestructuras socialmente necesarias etc. Y es necesario acabar con la falta de crédito a familias y pymes y con la exclusión financiera de personas y de territorios. En este sentido el ICO puede servirse de instituciones como Correos, que ya ofrece servicios financieros básicos online y en sus múltiples oficinas. Incluso algunas Diputaciones Provinciales cederían espacio al ICO para localizar sus sucursales provinciales.

En resumen, el ICO puede ser un valioso instrumento para llevar a cabo necesarias reformas, para ello hace falta consenso social y político. Todo ello con herramientas potentes de gestión, y dentro de una línea de democracia económica, entendida como el control social sobre la asignación de recursos.

Para que este país no sea más, en adelante, pasto de la codicia y cortas miras de algunos, estamos a tiempo de construir unas finanzas a la altura de lo que necesitamos, comenzando por el ICO.

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