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Hospitales para el covid-19, ¿para la gente?

Sanitarios que se niegan a ser trasladados al hospital Isabel Zendal ©
Sanitarios que se niegan a ser trasladados al nuevo hospital Isabel Zendal. © Sanitarios Necesarios

Publicado originalmente en ElSaltoDiario.com

Rodolfo Rieznik

Asistimos desde el inicio de la pandemia del COVID a la falsa polémica sobre el dilema de la economía o la salud de las personas. Y no hay tal disyuntiva. Un cierre económico también mata, argumentan algunos, porque sin actividad productiva, sin comercio, las fábricas cierran, el comercio se paraliza, los negocios sucumben, el trabajo se derrumba y las personas se quedan sin rentas para comprar lo básico para vivir. Nada que objetar, si solo creemos que la vida ciudadana se explica en la economía de mercado. Su cierre temporal, el del mercado, nos convoca a la inanición absoluta. Y el dilema es falso, porque se confronta no a la economía en general, sino a la economía de mercado frente a la vida de las personas.

La economía capitalista es, en términos históricos, joven. El mercado no es una herramienta indispensable para la subsistencia humana. Empata, muchas veces “malamente”, la oferta y la demanda, y no es, ni mucho menos, la única forma de acceso al consumo de los bienes producidos de las personas.

La pandemia demuestra que las necesidades urgentes en materia sanitaria y social están siendo fundamentalmente garantizadas por los trabajadores de la salud y de los servicios básicos, llamadas ahora actividades esenciales. La producción de bienes y las necesidades de las personas se sustentan básicamente en el trabajo físico de las personas y en las fuerzas productivas disponibles según las infraestructuras y tecnologías disponibles en cada momento, sean estas públicas o privadas.

Se quiere salvar al capital y no a las personas, estas no interesan.

Toda esta reflexión viene a cuento argumental de porqué estamos asistiendo al indecente espectáculo de la construcción de un hospital en Madrid para pandemias sin médicos, enfermeras y auxiliares, limpiadores, celadores, etc. Este escándalo, en pleno brote de contagios, solo responde a la prioridad política de la Comunidad de Madrid de gastar recursos en las empresas, constructoras en este caso, para garantizar, con dinero público, el mantenimiento del negocio del ladrillo, en un momento donde la crisis impone claramente otras prioridades y necesidades. Se quiere salvar al capital y no a las personas, estas no interesan. La obra, además, viene complementada con la estrategia de propuestas contrarias a la del Gobierno central, para dar cobertura política a las medidas de salvamento al capital. El hospital Isabel Zendal no cuenta con las instalaciones complejas e integradas para atención de la salud global de la población en sus distintas patologías y necesidades. Será inicialmente un recinto, no muy diferente al organizado en IFEMA en los primeros meses de la pandemia. Solo camas hospitalarias y una UVI para enfermos COVID no puede considerarse un hospital. Y esto sin personal contratado en condiciones mínimamente dignas. Probablemente, cuando la epidemia esté controlada y baje la curva de pacientes, esta infraestructura será traspasada a la iniciativa privada que, con costes hundidos, esto es ya efectuados, la adaptará para convertirlo en un hospital lucrativo al servicio de las aseguradoras privadas, es decir de pacientes que tengan dinero para pagar pólizas de salud, en detrimento del derecho colectivo a la salud pública.

Probablemente, cuando la epidemia esté controlada y baje la curva de pacientes, esta infraestructura será traspasada a la iniciativa privada

1.1        Es la hora de lo público y el bien común.

El bien común es hoy la salud de la población y, en una emergencia como la actual, se debería concretar en reforzar la asistencia primaria, en términos de recursos humanos, en instalaciones físicas, en más médicos, en más contratos de enfermeras y auxiliares, en rastreadores de contagios, en ayudas comunitarias a la población vulnerable y dependiente, que es la mayoría social, para que pueda afrontar en condiciones los efectos demoledores de la enfermedad en su vida social y económica.

La AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima, en el margen máximo, casi 10 mil millones el costo solo de contratación de nuevo personal sanitario. La vacuna por venir puede suponer otros mil millones más. Y aun así no estamos todavía concretando un modelo sanitario público y solvente con el bien común, compatible con la necesidades patológicas y dependientes de la población española, como son centros de atención primaria, consultorios de especialidades, hospitales, médicos y sanitarios en la proporción y en las ratios razonables de un país desarrollado. Ello pasa, sin duda, por desandar el camino de la privatización y la mercantilización del modelo sanitario. Es el gasto sanitario privado el que aumentó en los últimos 10 años, del 24,6% del gasto total al 29,2% (OCDE 2019). Los seguros privados sanitarios han aumentado en 10,6 millones de afiliados en los últimos años, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.

En cualquier caso, la realidad se ha impuesto a nivel mundial, y los Gobiernos no han tenido otra opción que acudir al rescate de las personas en forma directa de ingresos a los trabajadores, asalariados y autónomos, asumiendo gastos de cotizaciones sociales, garantizando préstamos, sancionando rentas mínimas, y un prolongado etcétera. Se trata de sostener a la economía colapsada y a la gente directamente afectada.

En España se han destinado a las rentas de las personas un 3,3% del PIB y otro 14,2 % del PIB a sostener financieramente a las empresas, 4 veces las ayudas directas a la gente.

Según el FMI, en España de manera global, sumando todos aquellos gastos señalados en párrafos anteriores, incluyendo ingresos no percibidos por el Estado de exenciones fiscales extraordinarias, se han destinado a las rentas de las personas un 3,3% del PIB y otro 14,2 % del PIB a sostener financieramente a las empresas, 4 veces las ayudas directas a la gente. Como el PIB español ronda los 1,12 billones anuales, en medio año se han desembolsado ya, sin reforzar el sistema sanitario, unos 210 mil millones de euros. En los grandes países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido sólo en ayudas directas e indirectas a la gente, se desembolsaron entre el 8% y el 12%. Recientemente se han entregado, solamente a la empresa Air Europa, unos 450 millones de euros. Todavía no está claro si ese dinero será una participación en el capital, si serán préstamos a devolver, si el Gobierno exigirá ser parte de la propiedad de la empresa, si nombrará consejeros en la dirección… Air Europa está en un inconcluso proceso de fusión con IAG, el grupo privado de aviación integrado entre otras por Iberia y British Airways.

Todos estos recursos financieros que los Estados están inoculando a la economía para que no se paralice, más allá de lo que la pandemia impone, tienen la contracara de ser deuda financiera emitida por los Estados y comprada, mayoritariamente, por grandes pulpos financieros o bancos. Es decir que, más pronto que tarde, las economías quedarán sujetas de las presiones que estos sectores quieran plantear en relación a la ambición de ganancias de capital que deseen obtener.

Dado el circulo vicioso de las finanzas, las exigencias del capital en general, y del financiero en particular, y las urgencias perentorias de la gente, como venimos designando a los más débiles y vulnerables de la sociedad, es fundamental formular con detalle a quién y cómo los Estados insuflan ayudas monetarias a la economía.

En cualquier caso, sin duda, sin discusión, la redistribución del gasto social con ingresos impositivos suficientes y progresivos a la renta y el patrimonio se impone sin dilación.

3 diciembre 2020

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