Publicado en SinPermiso el 19-4-2021
Uno de los argumentos por los que vale la pena defender la renta básica es porque “no deja a nadie atrás” dado que es una asignación incondicional y universal que todo el mundo recibiría sin ni siquiera tener que solicitarla. Esto no sólo la hace más eficiente desde el punto de vista administrativo, sino que le exime de los dilemas morales que inevitablemente conllevan las rentas condicionadas
La idea de la renta básica está ganando cada día más adeptos. No es atrevido afirmar que aquella idea enarbolada antaño por una minoría de académicos pueda acabar convirtiéndose, en un plazo relativamente breve de tiempo, en el “sentido común” entorno al cual gire una nueva concepción de la justicia y de la justificación normativa del futuro estado del bienestar. Podemos encontrar varios tipos de argumentos que avalan y justifican este nuevo sentido común, y en particular, hay dos que destacan a la hora de defender la renta básica.
Por un lado, encontramos que prioriza el uso de argumentos de tipo moral para justificar la idoneidad de una medida como ésta. Quien opta por esta línea, por ejemplo, argumenta que, dada la afluencia material de nuestra sociedad, no es moralmente permisible que haya gente que viva en la indigencia o en situación de pobreza. La desigualdad favorece que los más ricos dispongan de una capacidad y de un poder de influencia muy superior al de la mayoría a la hora de dictar las reglas del juego político y económico y esto, añaden, atenta contra los principios morales y políticos sobre los que se asienta nuestra sociedad. Esta situación, aducen, es injusta y moralmente recriminable frente a la cual la renta básica aparece como una medida éticamente justificada. Por otra parte, hay quienes independientemente de preferencias o intuiciones morales prefieren defender la renta básica apelando a su superioridad administrativa. Quién forma parte de este grupo, no se preocupa tanto por justificar moralmente la universalidad de la renta básica, sino que defiende este atributo dado que facilitaría (en términos de gestión y de costes administrativos) el funcionamiento de los sistemas de protección social: “a priori damos el mismo dinero a todo el mundo, puesto que a posteriori será el cálculo impositivo el que determinará a quién le toca pagar más o menos”. Quien argumenta así suele criticar que los programas de rentas mínimas o garantizadas generan la “trampa de la pobreza” (cuando la incompatibilidad de estas con las rentas del trabajo desincentiva la participación laboral del perceptor que prefiere seguir parado o en la economía sumergida para no perder el derecho a percibir la prestación) que dificulta la administración y distorsiona los objetivos por los que se han puesto en marcha estos mismos programas de rentas.
¿Podemos discernir cuál de los dos argumentos, el moral o el administrativo, es superior y se debe priorizar a la hora de defender la renta básica? La realidad está siempre llena de grises y matices y por ello no suele encajar demasiado bien en este tipo de dicotomías. Un ejemplo para superar este falso dilema lo constituye el fenómeno de las “no solicitudes” (non-take-up, en inglés), es decir, aquellas personas u hogares que no solicitan una prestación a pesar de cumplir los requisitos y tener derecho a percibirla. El fenómeno de las no solicitudes constituye un argumento muy poderoso a la hora de defender la renta básica, precisamente porque desarticula esta falsa dicotomía entre argumentos morales y argumentos administrativos.
¿Por qué hay gente que no solicita una prestación?
Las altas tasas de no solicitudes erosionan la capacidad de las prestaciones económicas a la hora de reducir la pobreza y, a la larga, comprometen el funcionamiento de los sistemas de protección social. Las cifras hablan por sí mismas: en el conjunto de países europeos, la tasa de no solicitudes de los programas de rentas mínimas es de cerca del 50%. En Francia, la Revenue de Solidarité Active muestra tasas de alrededor del 40%, mientras que las Rentas Mínimas de Inserción españolas no llegan ni tan siquiera al 9% de sus potenciales beneficiarios. Más allá de las cifras, cabe preguntarse cuál es el motivo por el que alguien no solicita una prestación a la que tiene derecho. La literatura científica suele destacar tres niveles de análisis o tres factores a la hora de responder a esta pregunta: a) las características personales, b) los factores propios del diseño y la implementación de la prestación, y c) los relativos al funcionamiento administrativo e institucional.
Los atributos sociodemográficos (edad, género, etnia, nivel educativo y de renta, etc.) siempre son fundamentales a la hora de entender las tasas de solicitudes. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas negras, con bajo nivel educativo y de renta baja tienden a solicitar menos que la media. Las características personales nos ayudan a entender cuál es el “coste” en que incurre a quien decide solicitar o no una prestación. Así, una persona con movilidad reducida y de bajo nivel educativo tiene que hacer frente a altos costes para conseguir la información y realizar el desplazamiento necesario para solicitar una prestación y, por tanto, tenderá a solicitarla menos. Por el contrario, quien dispone de mayor nivel educativo y más capacidad de desplazamiento, hace frente a menores costes y consecuentemente tenderá a solicitar más. Existen varios factores adicionales, como el sentimiento de estigma de quien se convierte en solicitante de una «prestación para pobres», o la pertenencia a redes o comunidades formadas en torno a la etnia, el idioma, el lugar de procedencia o de residencia. Si bien es cierto que formar parte de ellas puede conllevar a que la sociedad nos etiquete y estigmatice, también es cierto que nos puede facilitar o abaratar el acceso a la información sobre una prestación y sobre su proceso de solicitud. Sin embargo, el problema de las explicaciones que como esta priorizan el cálculo “coste-beneficio” es que tienden a obviar que este mismo cálculo depende, en gran medida, de factores que sobrepasan el ámbito individual de decisión racional.
Es por ello que la literatura destaca un segundo factor o nivel de explicación que tiene que ver con el diseño y la implementación de las prestaciones. Sabemos, por ejemplo, que la tasa de solicitud de una prestación tiende a disminuir cuando los requisitos para acceder o el proceso para solicitarla no son suficientemente claros o no están suficientemente detallados. Por el contrario, cuando una prestación existe durante un período largo de tiempo o ha experimentado pocas modificaciones, las tasas de solicitud tienden a crecer. La cantidad y la duración de una prestación son también factores importantes ya que pueden hacer la prestación más atractiva por parte de los posibles demandantes y, por tanto, aumentar su tasa de solicitud. Hay que tener en cuenta otros factores, como la unidad beneficiaria. Los hogares unipersonales, por ejemplo, tienden a solicitar menos prestaciones debido a que los costes de información y de oportunidad son más altos al tenerlos que asumir una única persona. En cambio, estos decrecen en hogares con varios miembros, ya que pueden compartirse entre los mismos. Cuando además hay menores en el hogar, las tasas de solicitudes aumentan rápidamente debido a que tendemos a valorar mucho las necesidades de bienestar de nuestros hijos e hijas.
Cabe destacar un tercer nivel explicativo que hace referencia al funcionamiento administrativo de la institución responsable de una prestación. Un elemento para estudiarlo es la estrategia comunicativa empleada a la hora de informar sobre la prestación y su proceso de solicitud. En este sentido, cabe esperar bajas tasas de solicitudes cuando la información relativa a la existencia de una prestación sólo se encuentra en el web institucional de turno. Si por el contrario se ha empleado una campaña más masiva como carteles en marquesinas o anuncios televisivos o radiofónicos, será lógico esperar mayores tasas de solicitudes. Si además la campaña publicitaria es más personalizada a través del envío de cartas o llamadas a la población diana, la tasa de solicitudes se incrementa aún más. Ante este hecho se tiende a pensar que la digitalización y la administración online es una herramienta eficiente y eficaz. Desgraciadamente, pero, la brecha digital persiste como un verdadero obstáculo para la población más vulnerable.
¿Y por qué debería preocuparnos?
El fenómeno de las no solicitudes no ha recibido la atención que requiere, ni por parte de los responsables políticos ni por parte de la academia. No obstante, dada su magnitud y el impacto que supone para el buen funcionamiento de nuestros sistemas de bienestar, debería preocupar a todo el que se dedica al diseño de políticas públicas, a quien las estudia o a quien en definitiva se preocupa por la situación de la población vulnerable. Pero, ¿cuál es el motivo exacto por el cual debería preocuparnos? ¿Por qué dificulta el funcionamiento administrativo de los sistemas de protección social, o más bien por qué moralmente crea agravios comparativos entre quien accede y quien no accede a estos sistemas de protección? Como acabamos de ver, el hecho de que una persona no solicite una prestación, muchas veces no depende de su decisión personal y meditada sino de factores que tienen que ver con el diseño y la implementación de las prestaciones y de la lógica con que funciona e informa la administración pública.
Que una persona libre y voluntariamente, con toda la información a su alcance y de forma ponderada, decida no solicitar una prestación a la que tiene derecho parece un hecho políticamente irrelevante y totalmente trivial con respecto a posibles implicaciones morales. Ahora bien, si no la solicita porque no ha recibido toda la información o porque ni tan siquiera se ha enterado de la existencia de la prestación, o porque no entiende el idioma o la información exigida en el formulario de solicitud, o porque este formulario sólo se puede cumplimentar presencialmente en un horario o unas fechas determinadas, o porque no tiene ni ordenador ni las habilidades digitales necesarias para hacer el trámite online, este es un tema que sí debería preocuparnos puesto que cuestiona moralmente el diseño y el funcionamiento de nuestro sistema de bienestar.
Gracias precisamente a su incondicionalidad y a su universalidad, la renta básica supera esta falsa dicotomía entre argumentos morales y argumentos administrativos a la hora de justificar su idoneidad. Por definición, y a diferencia de las rentas condicionadas o mínimas, la renta básica no conlleva el problema de las no solicitudes simplemente porque todo el mundo la percibiría automáticamente sin necesidad de rellenar ningún formulario o de personarse en una oficina en un horario y una fecha determinada. La renta básica se muestra así superior a otras políticas de renta gracias a que su administración (incondicional) no generaría ninguna traba burocrática ni informativa y, por tanto, no conllevaría ningún agravio moral al no dejar a nadie atrás (universal). Quien defiende las rentas condicionadas debería estar dispuesto a aceptar las deficiencias administrativas que inevitablemente conlleva su gestión, así como los dilemas morales inherentes a esta gestión. Quien por el contrario cree que sería mejor una renta básica, puede incorporar el problema de las no solicitudes como un argumento de peso a la hora de defenderla.
Bru Laín es profesor de sociología en la Universidad de Barcelona e investigador en la Universidad de Minho, Portugal. Se ha formado en la UB, UAB, la Concordia University, la University of Brighton y la Université Catholique de Louvain y ha sido docente invitado en la Universidad Nacional de Ecuador, la University of Leeds y la McGill University. Ha sido investigador en el proyecto piloto B-MINCOME del Ayuntamient de Barcelona. Es secretario de la Red Renda Básica y miembro del Consejo de Redacción de la revista SinPermiso.