Luis Flores & Nuria Blázquez, publicado originalmente para El Salto.
a semana pasada la Comisión Europea (CE) presentó su proyecto de reforma del marco de gobernanza económica de la UE. Este marco recoge las reglas de control de la deuda y el déficit público, por las cuales la Unión Europea (UE) ha obligado en el pasado a los Estados miembro a poner en marcha reformas. A la memoria vienen el Grexit o los recortes que en el Estado español inició Zapatero y culminó Rajoy.
Con la llegada de la pandemia de la Covid y posteriormente con la guerra de Ucrania, se ha visto la necesidad aumentar el gasto público para reforzar los servicios y ayudar a reducir el impacto de la inflación. Esto supone un aumento de la deuda y el déficit. Justo una de las cuestiones que limita el marco fiscal europeo: los Estados miembro no pueden superar el 60% de su PIB y el déficit público no puede superar el 3%.
Esas reglas están congeladas por la CE desde 2020, y ahora es el momento de discutir qué política fiscal y económica queremos poner en marcha, antes de descongelar esas reglas, ya que muchos Estados tendrían problemas.
La reforma de este marco fiscal debería ayudar a garantizar unos servicios públicos fuertes y unas políticas sociales que ayuden a redistribuir la riqueza
La reforma de este marco fiscal debería ayudar a garantizar unos servicios públicos fuertes y unas políticas sociales que ayuden a redistribuir la riqueza y que ayuden a que las personas más vulnerables no se queden atrás y se mantengan condiciones dignas para todo el mundo. Además, debería tener en cuenta la crisis climática y ecosocial, y tomar nota de que la economía de un país no se puede medir por su PIB, sino por indicadores que tengan en cuenta el bienestar de las personas que viven en él.
Sin embargo, esta propuesta inicial de la Comisión no atiende más que de perfil a estos retos El comunicado deja claras sus aspiraciones: “Hay que reforzar la sostenibilidad de la deuda y promover un crecimiento sostenible e integrador”. Y así, repite, en todas y cada una de sus páginas, la prioridad del crecimiento económico por encima de todo. Además, se mantiene incuestionable el PIB como principal indicador de desarrollo y bienestar y permanecen sin cambios los míticos 3% de déficit y 60% de deuda respecto al PIB.
Las declaraciones del Comisario y vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, dejan claro que desde la UE se han definido unos objetivos prioritarios y que se quiere asegurar que los estados dirigen sus recursos y políticas económicas hacia ellos. Para ello, la reforma busca sobre todo afinar los controles sobre las decisiones de gasto de los gobiernos.
El texto de la propuesta incluye también algunas ideas interesantes, como una exigencia de que los planes estatales que establecerán las trayectorias fiscales de los Estados miembro deberán ser coherentes con los Planes Nacionales de Energía y Clima.
También reconoce que los Estados tienen necesidades de inversión y necesitan más flexibilidad para cumplir con estas reglas. Y es cierto que, entre las razones que justifican la inversión, incluye la transición verde. Sin entrar en los detalles, que no se especifican, de lo que podría entrar en este apartado, el resto de los capítulos son más preocupantes. Uno de ellos es la digitalización masiva, que puede tener graves externalidades ambientales y sociales. Otro de ellos es la seguridad energética, sin más. Entendiendo la importancia de asegurar la energía, el hecho de que no se determine de qué tipo, da cabida a apostar por los combustibles fósiles, lo que resulta enormemente preocupante.
Más alarmante aún es que el texto destaque varias veces la relevancia que va a tener para los Estados miembro el aumento de las capacidades de defensa
Más alarmante aún es que el texto destaque varias veces la relevancia que va a tener para los Estados miembro el aumento de las capacidades de defensa. Es decir, las nuevas normas darían vía libre a incrementar la deuda para aumentar el gasto militar. Por supuesto, esto no es gratis, y los Estados deben asegurar que podrán llegar a la estabilidad en el medio plazo, a costa de reformas. El texto no especifica qué tipo de reformas. En teoría podrían ser una reforma fiscal que genere más ingresos y redistribuya la riqueza, pero nos tiembla el cuerpo al pensarlo, porque esto no es lo que suele pasar. En cambio, sí menciona la sostenibilidad de las finanzas públicas “incluyendo los sistemas de pensiones”.
En cuanto a la supuesta flexibilización para el cumplimiento de los límites de endeudamiento y déficit, resulta decepcionante. Se reduce a exigir el cumplimiento del 3% y 60% no inmediato sino a medio plazo. A cambio, con la excusa de simplificar, se fijará un único indicador de gasto para su seguimiento y cumplimiento anual. Hará falta ver cómo se calcula, pero podría convertirse en el controvertido techo de gasto que impuso en su día Cristobal Montoro a los ayuntamientos atando sus decisiones sobre los presupuestos municipales. Por otra parte, esa cierta flexibilidad temporal conllevaría la obligación de realizar inversiones y reformas orientadas desde la UE.
El plan está destinando grandes recursos públicos a empresas y sectores incompatibles con una transición ecológica y social justa
En general, la reforma reproduce el esquema de funcionamiento de esos fondos NGEU, y la experiencia no es positiva. El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resilencia se elaboró sin transparencia y aunque su discurso y objetivos eran positivos en muchos aspectos, la ejecución real no se corresponde con ellos. El plan está destinando grandes recursos públicos a empresas y sectores incompatibles con una transición ecológica y social justa.
Por ello, la clave de esta decisiva reforma es que, más importante que la cantidad del gasto es su calidad. ¿Irá a mejorar los servicios públicos o a incrementar los beneficios de grandes empresas?. Y es que hay una gran línea roja entre permitir un mayor gasto para garantizar el acceso a la energía u otros bienes básicos a la ciudadanía, o para construir nuevos gasoductos que aumenten el uso de combustibles fósiles durante los próximos diez años con la promesa de que algún día podrán transportar hidrógeno verde. O entre permitir un mayor endeudamiento para invertir en infraestructuras sanitarias, educativas, en prevención de incendios o en prepararse para catástrofes naturales cada vez más violentas por la crisis climática, o en lugar de eso para incrementar el gasto en armamento.
Todavía estamos a tiempo de lograr una reforma que sea el comienzo de un cambio en la política económica de una de las regiones con más influencia en el planeta
La mejor noticia es que esto es solo el principio de un proceso legislativo. Todavía estamos a tiempo de lograr una reforma que sea el comienzo de un cambio en la política económica de una de las regiones con más influencia en el planeta. Pero necesitamos, como sociedad civil, hacer mucha presión para lograrlo.
Para empezar, desde Ecologistas en Acción hemos organizado un par de eventos en los que queremos conocer y entender en profundidad la propuesta de la Comisión, escuchar las propuestas que hacen las organizaciones de la sociedad civil y debatir, junto a representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Digitalización, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Esperamos veros por allí y que sea el principio de una movilización social que impulse un cambio de rumbo en la política económica.