Por Pedro G. Menéndez, del Observatorio de Justicia Fiscal de Attac.
Introducción
Los últimos meses se han ocupado de actualizar las problemáticas asociadas desde siempre a los mercados energéticos. Se han sumado a esas problemáticas, en esta ocasión, los ecos de una pandemia que se resiste a desaparecer, así como los retos de la transición hacia fuentes y vectores energéticos limpios y renovables.
Ante este panorama, no han cesado de surgir iniciativas, ideas, propuestas y líneas de acción de todo tipo.
Una de esas iniciativas ha sido la de devolver al sector público cierto protagonismo en la gestión de un bien de primerísima necesidad para la sociedad. La empresa pública de energía ha sido puesta sobre la mesa.
Por supuesto, se ha planteado una empresa pública con cierta “profundidad”. Con un grado de verticalidad y una posición importante en la cadena de valor energética. En ese sentido, las comercializadoras públicas se postulan como una gran propuesta, pero con cierta falta de “potencia de fuego” para influir de manera determinante en el precio y la justicia social con la que la energía ha de gestionarse.
Este artículo intenta complementar las dos iniciativas comentadas hasta ahora, la empresa energética tradicional y la comercializadora públicas. En primer lugar, es conveniente aclarar que esta no es una propuesta que pretenda sustituir a la iniciativa en pos de consolidar una empresa pública de generación de energía. De hecho, esta última iniciativa se considera en extremo interesante, útil, y que podría ser parte de una transición energética realmente justa.
No obstante, los barreras regulatorias, políticas e ideológicas para llevar a cabo la creación de una empresa pública energética encargada de la generación de energías renovables, son patentes. E incluso, con la actual escalada de precios y tensiones en la cadena de valor de la energía, las críticas a la posible empresa energética pública arrecian desde los frentes habituales. Que no son pocos.
La idea que aquí se propone trata de superar algunas de las supuestas barreras (de todo tipo) que encuentra la entrada del sector público en el mercado energético:
Y lo hace sugiriendo que no se opte para ello exclusivamente por la participación en los mercados de generación, sino también, en los de capacidad.
Por mercado de capacidad, en este texto, no se entiende el que actualmente se suele denominar de esa manera. Este, también llamado de ajuste, se encarga principalmente de dotar de inercia, estabilidad, firmeza y potencia puntual a la red en determinados valles de producción. Y forma parte ya, del normal funcionamiento de los mercados energéticos.
Por tanto, a lo largo del texto, haremos referencia principalmente a los mercados de capacidad para los plazos temporales medios y largos. Es decir, los que gestionarán la demanda intra-semanal, mensual, e incluso, estacional, de energía limpia.
Mercados de capacidad (verde)
Como es sabido, el principal hándicap de muchas de las energías renovables con las que contamos hasta ahora, es que no son gestionables a voluntad. Es decir, pueden generar muchísima energía, pero la generan a su ritmo. Y esos ritmos no tienen por qué coincidir con los de las sociedades actuales.
Y ahí es donde los vectores físicos o químicos que son capaces de almacenar energía se vuelven cruciales. Permiten acaparar, guardar energía para verter potencia y disponer de energía de manera acompasada con el consumo o demanda requerida.
Estos vectores ya se han vuelto familiares para todos: gestión hidráulica e hidrobombeo, baterías, centrales termosolares, biocombustibles, el hidrógeno (verde, azul y/o turquesa) y sus derivados, los combustibles sintéticos, los volantes de inercia, el aire comprimido o licuado, etc. Estos por el lado de los “verdes”.
Y por supuesto, el petróleo, el gas natural en todos sus formatos y el carbón como representantes máximos de los vectores o intermediarios energéticos fósiles o “grises”.
Es importante no olvidar que la electricidad también es un vector energético. Que nos ayuda a distribuir y, en cierta medida, almacenar energía generada por fuentes primarias.
En general, se podrían definir los vectores energéticos limpios como los que se han de fabricar, y los vectores grises o contaminantes como los que la naturaleza “nos fabricó” hace millones de años y ahora aprovechamos.
Pues bien, para descarbonizar y garantizar la implantación total de energías renovables, el almacenamiento y la gestión de estos vectores energéticos verdes es clave. Y, en estos tiempos, todo lo que es crucial parece que, obligatoriamente, ha de llevar su mercado asociado.
¿Por qué podría ser interesante la participación pública en el almacenamiento?
En este artículo se desarrollan las razones que pueden llevar a una apuesta por los mercados de capacidad con presencia pública. Y lo hace porque estos mercados podrían:
- Ser determinantes en la fijación de precio de la energía. Ya sea el mecanismo de fijación de precio marginalista, o no.
- Ser menos hostiles a la intervención pública. No son mercados maduros ni definidos en su totalidad. Están a la espera de que se establezca su rentabilidad: tema este en el que el sector público no es la primera vez que resulta imprescindible.
- Ser importantes para la soberanía y seguridad energética, dependiente esta de los poderes públicos.
- Ser, en cierto modo, inevitables, si la transición completa a las energías renovables se lleva a cabo
Veamos por qué:
1. Ser determinantes en la fijación de precio de la energía. Ya sea el mecanismo de fijación de precio marginalista (algoritmo Euphemia), o no.
Sirva como ejemplo de lo determinante que el almacenamiento puede ser en las tarifas eléctricas, el precio que este verano ha llegado a definir la energía hidroeléctrica (técnicamente barata) en el pool energético. Ha alcanzado precios iguales o mayores que los del gas. ¿La razón? Una de ellas es que el agua en los embalses está disponible para discurrir cuando se quiera. Y la oferta a tiempo se cotiza. Si hay reservas de agua, la energía hidroeléctrica es una de las pocas fuentes renovables (realmente la fuente sería el agua cayendo hacia la turbina hidroeléctrica, y el agua embalsada, un vector verde de almacenamiento) que admite ser conservada a la espera de un pico de demanda a lo largo de una línea temporal amplia, incluso estacional.
Otra cosa es que, debido a una gestión cuestionable, se conviertan en secarrales los pantano en donde se abren esclusas.
2. Ser, por ahora, menos hostiles a la intervención pública. No son mercados maduros ni definidos en su totalidad. Están a la espera de que se establezca su rentabilidad: tema este en el que el sector público no es la primera vez que resulta imprescindible .
Los mercados de almacenamiento energético inter-diario, semanal y mensual aún no están definidos en su totalidad. No están completamente maduros. Tampoco los actores habituales en los mercados energéticos han llegado a entrar del todo. Están a la espera de que se definan señales de precios a través de subastas de capacidad. Es un “océano azul” en cuanto a participación. No sería de extrañar que las barreras a la presencia pública en este incipiente mercado sean menos pronunciadas que en el mercado de generación clásico.
El lanzamiento por parte del MITECO de un novedoso mercado de almacenamiento para dar respaldo a las renovables ha encontrado diversas alegaciones por la “estrechez” de sus planteamientos y lo poco ambicioso de sus horizontes temporales en lo que almacenamiento se refiere. La consulta pública posterior (“Alegaciones_mercadocapacidad”, 12 de mayo de 2021) está dejando al descubierto más flancos y espacios que perfectamente el sector público podría ocupar.
En la estela del pensamiento de Mariana Mazzucato sobre la importancia de la intervención estatal en tecnologías, mercados e infraestructuras, el almacenamiento energético a medio-largo plazo puede considerarse como un caso paradigmático de misión pública innovadora.
Este “estado del arte” en la regulación de los vectores energéticos verdes y su gestión se replica, en cierta medida, en la regulación europea.
3. Ser importantes para la soberanía y seguridad energética, dependiente esta de los poderes públicos.
Un aspecto del almacenamiento energético (sea verde o gris, renovable o clásico) es que tiene relación estrecha con la soberanía y la seguridad energética nacional. Ámbito donde la presencia estatal aún es tolerada por un abanico ideológico más amplio. También la regulación sobre infraestructuras críticas y estratégicas, la política de seguridad energética y la reglamentación sobre reservorios de vectores energéticos estratégicos dan cierto margen de maniobra a la iniciativa pública.
En estas áreas relacionadas con la seguridad nacional, el estudio sobre la transición energética y sus repercusiones sobre los vectores energéticos del futuro cercano es muy escaso. Puede ser este un eje interesante para desarrollar iniciativas a través de compra y misión pública innovadora que transfieran conocimiento a la posible empresa estatal de almacenamiento energético.
4 Ser, en cierto modo, inevitables, si la transición completa a las energías renovables se lleva a cabo.
Bajo los estados de la técnica y los mercados actuales parece que los sistemas de almacenamiento y los mercados de capacidad están destinados implementarse en breve espacio de tiempo.
Los actores habituales del oligopolio energético en Europa y España están apostando por la creación de un mercado de capacidad “lastrado”. Es decir, muy adecuado desde sus inicios para que un almacenamiento de muy corto, y/o corto plazo, se imponga como parte fundamental del nuevo mercado de capacidad. Sus infraestructuras tecnológicas actuales permiten (o permitirán en breve) ofrecer este tipo de capacidad “efímera”, de ajuste extendido.
Pero, como se está pudiendo comprobar a lo largo de estas semanas, en donde las reservas invernales de gas están copando titulares y primeras planas de periódicos, el almacenamiento energético a medio y largo plazo es, y seguirá siendo, determinante, si queremos, en algún momento, eliminar del mix energético a el petróleo, el gas, el carbón y el uranio.
Una intervención temprana en esos procesos puede acarrear una ventaja competitiva respecto a los actores que retrasen su ingreso en la actividad de almacenamiento energético. Es de sobra conocido el efecto trinquete que se suele dar respecto a la participación pública en cualquier sector: es fácil crear mercado, infraestructura y rentabilidad, pero muy difícil volver al sector una vez se abandona o ya está en marcha.