Pedro Arrojo, Relator especial de la ONU y miembro de Attac, para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El agua es uno de los elementos clave de la vida, como el oxígeno que respiramos. Por ello, tradicionalmente se ha considerado un bien común. Sin embargo, como resultado de la perspectiva neoliberal que surgió en los años 70, el agua se considera a menudo como un bien económico que debe gestionarse según la lógica del mercado, como una mercancía.
La mercantilización de los derechos de agua genera, de facto, una progresiva apropiación privada del agua al gestionarla como si fuera de quienes sólo han recibido el derecho de uso, debilitando las reglas y prioridades establecidas en los sistemas de concesión (el marco legal para la asignación de licencias de uso del agua). Esta evolución pone en peligro el disfrute de los derechos humanos, especialmente para quienes viven en la pobreza, así como la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos.
Los crecientes riesgos de escasez de agua debidos al cambio climático amenazan todos los usos del agua, pero especialmente los relacionados con el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de los más pobres. En este contexto, la mercantilización del agua e incluso la especulación se presentan como formas de gestionar mejor la escasez de agua. Sin embargo, lo cierto es que estos enfoques de gestión aumentan la vulnerabilidad de los más pobres y empeoran la insostenibilidad de los ecosistemas hídricos, los dos factores clave del agravamiento de la crisis mundial del agua.
El Relator Especial aboga por la necesidad de contrarrestar la mercantilización del agua y promover la gestión integrada de las diferentes fuentes, funciones y usos del agua, desde una perspectiva ecosistémica y un enfoque basado en los derechos humanos.