Artículo publicado originalmente en CTXT.es
Juan A. Gimeno (Futuro Alternativo)
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La implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España fue saludada con alborozo por la gran mayoría de la población. Un 83,4% de apoyo según el CIS y el reconocimiento por parte de casi todos los expertos de que era un paso pendiente y necesario. Pendiente, porque lo exigía el pilar social europeo (“Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida”) y ya estaba implantado en casi todos nuestros vecinos. Necesario tanto por las situaciones de pobreza y exclusión social en nuestro país (a la cabeza de Europa antes de la covid, dramáticamente crecientes tras las medidas de control de la pandemia), como por la insuficiencia, complejidad e ineficacia de los programas existentes
Hay más razones para saludar al IMV como un avance positivo. Por ejemplo, que se reconozca la prestación como derecho subjetivo incorporado al catálogo de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y que sea relativamente compatible con rentas de trabajo, rompiendo la tradicional trampa de la pobreza de casi todas las prestaciones asistenciales. Se ha consolidado la renta mínima como un derecho, desarbolando a las fuerzas más conservadoras y a los políticos timoratos, que tuvieron que rendirse ante la presión social favorable.
Sus deficiencias, bastante evidentes, pueden resumirse en esa frase del elefante entre lagunas y montañas.
El elefante hace referencia a la curva que Milanovic utilizara para describir la evolución de la renta en los países del mundo y que Piketty ha aplicado después a las rentas personales. Mientras en el extremo de la trompa las rentas más altas siguen creciendo notoriamente más que el resto, se arbitra un beneficio que esperamos que haga crecer la renta de una parte de los más pobres (con perdón, el culo del elefante).
Quedará fuera toda esa inmensa clase media (las personas que están en el inicio de la trompa) que supera los mínimos que permiten acceder a los subsidios pero que están sufriendo las sucesivas crisis. Esto es grave por varias razones.
La primera, por el error de salto: los ingresos mensuales máximos deben ser menores a 462 euros en el caso de una persona adulta que viva sola y se incrementan otros 139 euros más al mes por cada persona adicional que conviva en la unidad de convivencia (hasta un máximo de 1.015 euros al mes). Si ganas 463 euros y vives solo te quedas fuera. Una pareja con tres hijos y 1.016 euros al mes también queda fuera. Cualquier sistema justo de prestaciones ha de montarse de forma decreciente, o conlleva resultados absurdos como los descritos.
Se margina a una clase media baja (y no tan baja), que está pasando graves apuros económicos y que tiene la justificada sensación de soportar la mayor parte de la recaudación tributaria, en un sistema fiscal injusto que recae desproporcionadamente sobre el trabajo asalariado. Se está abonando así la desafección de amplias capas de la población respecto al estado de bienestar, la solidaridad social y el propio sistema democrático.
La necesidad de una solicitud previa, de un acopio de papeles, de un esfuerzo de comprensión… son barreras infranqueables para muchas personas
Un elefante que camina entre lagunas porque el IMV (en general, todo el sistema de rentas mínimas) deja fuera a demasiadas personas. Se ha ido montando un entramado de prestaciones heterogéneas, siempre desde la perspectiva del empleo asalariado. Quedan fuera de protección, por un lado, los eternos invisibles de la cola, tan excluidos que ni están en las encuestas, ni tienen cuentas, ni, por supuesto, internet. Pero también todos los colectivos que están al margen del mercado ordenado de trabajo, especialmente las mujeres que asumen habitualmente esos trabajos ocultos y no valorados de la economía de cuidados. Y los jóvenes, con graves dificultades de incorporación al mercado de trabajo (y al IMV tal como ha sido definido). Y muchas situaciones que no cumplen las complejas condiciones fijadas para tener derecho a la prestación, pero están en situación de necesidad.
Por último, como toda renta condicionada, nuestro elefante se enfrenta a la temible montaña de la burocracia. Son de sobra conocidos los problemas que está arrastrando la aplicación del IMV, hasta el punto de que lo que era una medida de éxito ya es para algunos un fracaso. Y en parte lo es cuando las personas necesitadas no lo están recibiendo, muchos están quedando fuera de antemano por no poder superar esa montaña y la mayoría de los beneficiarios finales recibirá el subsidio con notable retraso. Es desolador que, en 4 meses, solo el 1% de los potenciales destinatarios se haya beneficiado del programa.
Una solución más eficiente
Desgraciadamente, esos problemas son prácticamente inherentes a los programas de rentas condicionadas. Exigir el cumplimiento de una serie de requisitos implica la necesidad de una solicitud previa, de un acopio de papeles, de un esfuerzo de comprensión… que son barreras infranqueables para muchas personas. En la práctica, quedan fuera de este tipo de prestaciones la mayoría de los teóricos beneficiarios.
Al mismo tiempo, comprobar esos requisitos exige un fuerte aparato burocrático, unos costes desproporcionados respecto al propio presupuesto del programa y un grave retraso en la percepción efectiva de la prestación, como estamos comprobando. Un entramado que, además, se sustenta en la profunda desconfianza respecto a los más necesitados. Se gastan probablemente más recursos en perseguir posibles abusos que el gasto que estos pueden suponer. Condenamos a los servicios sociales a sentirse a menudo absorbidos por labores de control, en menoscabo de la atención a las necesidades reales. Es ahí donde deben centrarse los apoyos de inserción, no en las condiciones para los necesitados.
El resultado: los sistemas de rentas mínimas condicionadas son ineficaces e ineficientes. No llegan a quienes debería llegar, no corrigen la pobreza ni la desigualdad, cuestan muchos recursos y son extremadamente complejos.
Por ello la renta básica aparece como una solución que supera casi todos esos problemas de forma mucho más eficiente. Frente a los inconvenientes señalados, una renta incondicionada, automática, previa a la necesidad, de gestión mínima, compatible con otros ingresos, progresiva. Frente a la estigmatización de la pobreza, una renta de ciudadanía.
Las críticas
Todos los grandes avances sociales de la historia han necesitado un largo periodo de maduración y lucha, bajo el fuego granizado del anuncio de las grandes catástrofes que conllevarían. La renta básica no se libra de esa maldición.
La crítica fundamental es que desincentivaría el empleo: pagaríamos a los vagos con cada vez menos personas dispuestas a trabajar. Ya los programas de rentas mínimas parecen demostrar el escaso fundamento de tal prejuicio: son programas con más dinamismo de lo que se teme. En cualquier caso, podemos prever que ese hipotético efecto será siempre menor que en los programas vigentes: al ser compatible con ingresos de trabajo, reduce el efecto “trampa de la pobreza”.
Las experiencias disponibles se han extendido por todo el mundo y todo tipo de países, con resultados abrumadoramente positivos. Admitiendo las evidentes limitaciones de los experimentos, todos coinciden en que no hay efectos significativos sobre búsqueda de empleo y sí un leve aumento del emprendimiento. Cuando se observa alguna leve reducción de tiempo de trabajo, lo es en empleos remunerados, pero con aumento del tiempo dedicado a cuidados, voluntariado o aficiones artísticas. Lo que nos llevaría a otro debate importante: qué entendemos por trabajo socialmente útil y cómo medimos el bienestar.
Se gastan probablemente más recursos en perseguir posibles abusos que el gasto que estos pueden suponer
Una constante en las conclusiones de los experimentos realizados es que se observa, amén del descenso de índices de pobreza, mejoras en salud mental y disminución de depresiones en los participantes, un menor estrés y la reducción de visitas a médicos y hospitales, así como el descenso en absentismo y abandono escolar y en índices de delincuencia. En suma, una mejora en el bienestar individual y en la cohesión social.
Resulta especialmente llamativo el reciente experimento finlandés. Los resultados finales señalan que la renta básica dio lugar a un pequeño aumento del empleo. Es decir, que lejos de estimular la vagancia, se observa un leve efecto positivo. Pero, además, se dijo al presentar los primeros resultados: “Los beneficiarios de la prestación mostraron una percepción claramente mejor de su bienestar en comparación con el grupo de control, refiriendo menos problemas de estrés y de salud, así como expresando una mayor confianza respecto de su futuro y oportunidades”. ¿No es esto en sí mismo un enorme efecto positivo, suficiente para defender la renta básica?
Otro argumento habitual es que no puede aceptarse una prestación a cambio de nada, ni que se reconozca a los ricos el mismo derecho que a los pobres. Es un argumento falso porque los derechos básicos están asegurados por la mera condición de ciudadanía. ¿Acaso la educación y la sanidad pública se reconocen solo a los pobres o a cambio de algo? ¿No incluye nuestro IRPF un mínimo personal y familiar a todos los contribuyentes?
Y es un argumento falso porque no es a cambio de nada: esas prestaciones se reciben a cambio de nuestros impuestos. El primer deber unido al disfrute de nuestros derechos es pagar impuestos, que son su garantía. La renta básica es un seguro que el Estado reconoce a toda la ciudadanía: usted pague sus impuestos y a cambio, entre todos sus derechos, le garantizamos que recibirá una renta mínima que le ayude a vivir con dignidad cuando lo necesite. Si le sobreviene la necesidad por sorpresa, el colchón está colocado de antemano para amortiguar su caída.
Preparar el cómo
Tras el debate del IMV sabemos que una renta mínima garantizada es un derecho sin marcha atrás. Su aplicación y la experiencia nos han mostrado que su funcionamiento (como el de cualquier renta condicionada) es deficiente. Parece evidente que hay que dar el salto a la renta básica. Procede ahora el debate del cómo, para que el cuándo sea lo antes posible.
Sabemos que no es más que un parche, que no soluciona la mayoría de los problemas, que no hay que abandonar el objetivo del pleno empleo, que es mejor solucionar las causas y no las consecuencias de la pobreza y la desigualdad. Pero mientras se consiguen tan ambiciosos objetivos hay que dar respuesta urgente y eficaz a las personas en riesgo de exclusión social.
Sabemos que no hay experiencia. Todos los avances tienen una primera vez y pocos hay que dispongan de tantos y tan variadas pruebas previas, todas positivas.
Sabemos que hay quienes quieren presentarla como carísima e imposible de financiar. No es cierto. Para la cuantía individual del IMV como punto de partida, solo con las prestaciones existentes que resultarían absorbidas y el propio incremento de recaudación que podría generar tendríamos recursos para una renta básica que llegara a casi el 50% de los hogares. Basta con recuperar de forma progresiva (evitemos el error de salto) ese 50% a través de retenciones adaptadas en el IRPF. Los hogares de las primeras decilas no devolverían nada (recibirían neto el 100%). Las retenciones progresivamente crecientes dejarían una renta básica decreciente según el nivel de renta y permitirían reducir el coste hasta la cuantía deseable. Sin perjuicio de la necesaria reforma fiscal que busque una financiación global más justa de nuestros servicios públicos.
Tenemos que llegar a soluciones sobre aspectos manifiestamente mejorables del IMV, que la premura de su implantación no ha posibilitado. Entre ellos, sin duda, la coordinación con Comunidades Autónomas y las rentas mínimas preexistentes. Y la posible cooperación de ayuntamientos y organizaciones del Tercer Sector. Y mejorar el tratamiento de los jóvenes, concibiendo la renta básica como una renta de emancipación, por ejemplo.
Estos debates no son fáciles porque están cargados de apriorismos. En ambos extremos del espectro ideológico hay quienes se cierran en banda a cualquier posibilidad para la implantación de la renta básica. Para unos es una propuesta comunista, para otros ultraliberal. Ni una cosa ni la otra. Pero, aunque así fuera, ¿seremos capaces de admitir que nuestros contrarios pueden tener de vez en cuando alguna idea aceptable? Utilicemos argumentos, no adjetivos descalificadores, y avancemos rápidamente hacia una medida que ya resulta imparable.
Futuro Alternativo es un espacio de personas, colectivos y organizaciones sociales que se han unido con el fin de reflexionar y canalizar las iniciativas de la sociedad civil para construir un modelo de sociedad inclusivo y sostenible.