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Un cuatrimestre decisivo para reformar el modelo empresarial y cambiar el modelo productivo

Publicado originalmente por la Plataforma por la Democracia Económica (PxDE)

Plataforma por la Democracia Económica

La crisis global de la covid-19 nos ha colocado ante la urgencia de abordar las verdaderas reformas estructurales que España necesita. No son nuevas, son las mismas que siempre fueron ocultadas y aplazadas por presiones diversas y cuya ausencia está en el origen de un tipo de crecimiento conectado con el ladrillo y un modelo empresarial basado en la unilateralidad como principio de gobierno y en la devaluación salarial como principal fuente de excedentes.

El hecho de que sea la enésima crisis que golpea a España de forma singular muestra que los diagnósticos que han justificado las decisiones del pasado eran erróneos.

La fragilidad de nuestra economía no resurge ahora como resultado del excesivo peso del turismo en nuestra estructura productiva ni por la evidente debilidad de nuestras cuentas públicas, que solo recientemente acaban de superar los mecanismos de control por déficit excesivo establecidos por la UE. Las rigideces estructurales que una y otra vez han exacerbado la vulnerabilidad y limitaciones de nuestro modelo productivo tampoco procedían de las relaciones laborales, siempre señaladas como causa, sino, en mucho mayor medida, de un modelo empresarial inflexible y desequilibrado respecto a los parámetros europeos.

Las propuestas que siguen son la aportación actualizada de la Plataforma por la Democracia Económica (PxDE) a las diversas iniciativas y medidas que otros colectivos y organizaciones de la sociedad civil han hecho públicos sobre los rasgos básicos que deberían presidir la recuperación económica y social.

Una economía más próxima… con nuevos desequilibrios

Empieza a haber consenso respecto a un modo de producción con un centro de gravedad más próximo y eso supone un cambio esencial en el actual modelo de globalización.  No es admisible un futuro en el que, por ejemplo, el 80% de los principios activos de todos los medicamentos que consumen los europeos se sigan produciendo en China e India.

Si a ello unimos la gravedad de la crisis obtenemos un cuadro de circunstancias que han empujado a Europa a fortalecer su organización. Por primera vez la UE va a asumir cierta mutualización de riesgos ya materializada en apoyo a los países periféricos mediante créditos y transferencias directas.

Pero, al tiempo, ha relajado las normas sobre déficits y deuda y autorizado un Marco Transitorio para las ayudas de Estado a las empresas sin más límites que la capacidad financiera de cada país, lo que significa que tiende a favorecer a los países con más recursos y posibilidades. El hecho es que Alemania, Francia y los países nórdicos están multiplicando el tamaño de los programas de apoyo a sus empresas respecto a España, lo que terminará situándolas en una posición competitiva más beneficiosa que puede acentuar la desindustrialización y los desequilibrios de los países del sur.

Este riesgo forma parte de un consenso generalizado recogido también por el Grupo de Trabajo Mixto COVID-19, suscrito por 150 economistas, en su informe de propuestas para la recuperación económica.

Cambiar el modelo productivo exige cambiar el modelo empresarial

España debe compensar esas desventajas con un planteamiento social más abierto y decidido y acercarnos así a las prácticas inclusivas ya vigentes en las empresas alemanas, nórdicas y centroeuropeas si quiere compensar el plus de competitividad de sus economías.

El gobierno va a disponer de 140.000 M€, entre créditos y ayudas directas, dirigidos a nuevos sectores estratégicos procedentes de la UE. Su reparto, decidir dónde y cuánto se invierte en cada proyecto, se convierten en la operación más importante de las últimas décadas y marcará el devenir del modelo productivo.

Pero son las empresas las que los van a gestionar. Y es el modelo empresarial el que va a definir los cambios en el modelo productivo, entre otras razones, porque es en el interior de las empresas donde se juega la batalla de la innovación, un factor productivo fundamental que depende esencialmente del clima laboral y de las relaciones entre dirección, cuadros y el resto de la plantilla.

Pasar de una economía basada en la depreciación salarial a otra cimentada en la calidad y la innovación exige un cuadro de relaciones laborales que alimente un ambiente favorable a la revalorización del trabajo en las empresas. En el contexto actual, ese ambiente debe poder concretarse en un reparto equitativo de la crisis asumiendo, sin retórica, la idea del “sacrificio compartido” e impulsando un pacto de rentas que incluya salarios, dividendos e inversión.

NUESTRAS PROPUESTAS

El espíritu del momento nos plantea la necesidad de integrar tres objetivos en un solo diseño de país: el primero es disminuir la desigualdad social, verdadero hándicap al desarrollo; el segundo, aumentar el músculo de nuestro sistema productivo y el tercero, mejorar el gobierno corporativo hacia una empresa inclusiva.

Esos tres objetivos  obligan a dar un salto cualitativo hacia empresas inclusivas con planteamientos participativos que se condensan en un conjunto de actuaciones institucionales que consideramos deben abordarse con urgencia.

A.- Dar un salto cualitativo en la dinámica empresarial mediante la capitalización de ajustes salariales 

De alguna forma se trata de encontrar formas de flexibilidad mediante la creación de “fondos sociales” por la reconstrucción que formalicen la presencia del “capital asalariado” en las empresas.

Hay que hacer frente a las presiones patronales que defienden volver a la vía de ajustes salariales unilaterales como camino para fortalecer la solvencia de las empresas a costa de un espiral de conflictos y degradación social. A cambio, se trata de activar mecanismos que permitan una capitalización adicional mediante la participación accionarial del conjunto de la plantilla que se alimentaría de los sacrificios salariales transitorios pactados mientras dure la crisis, cuando éstos fueran imprescindibles.

Ese esquema estaría disponible tanto para grandes empresas como para las PYMES, con una doble derivada: de un lado, contribuiría a la musculación de grandes empresas ubicadas en sectores estratégicos, estabilizando y mejorando el gobierno corporativo, colocándolo a salvo de OPAS agresivas a cambio de consenso en las decisiones estratégicas. De otro, ofrecería también un esquema inmediato de blindaje del sistema productivo y de supervivencia de las PYMES dificultando que sean compradas por empresas extranjeras en estos momentos de crisis.  A medio plazo, este esquema podría facilitar también el relevo generacional en empresas familiares que lo deseen mediante la transmisión de la sociedad a los empleados.

Una vez saneada la economía, esas acciones podrían ser colocadas, o no, en el mercado, de forma que trabajadores y trabajadoras podrían recuperar parcial o totalmente lo aportado, como cualquier accionista, o retenidas parcialmente como forma de consolidar el capital asalariado en “sus empresas”. Esa participación se podría instrumentar a través de una sociedad intermedia, que actuaría de fideicomiso como es el caso de los planes ESOP, una medida susceptible de adaptarse a las PYMES, como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2014.

B.-  Modificar la ley concursal para facilitar la continuidad de las empresas bajo los parámetros de la economía social

La principal tarea del momento es garantizar la continuidad de las empresas evitando la destrucción del tejido productivo y ello exige centrase especialmente en las PYMES. Hay que evitar que empresas económicamente viables sean liquidadas; pero, sobre todo, hay que anticiparse y ofrecer soluciones para que no lleguen a esa situación.

Se trata de acelerar la obligada transposición a legislación española antes de julio 2021, de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, insolvencia y exoneración de deudas. Y sistematizar con urgencia una serie de medidas para que, cuando una empresa se acerca a las circunstancias previstas para un concurso de acreedores, se priorice el mantenimiento de tejido productivo a medio plazo respecto a la maximización del valor inmediato de liquidación.  Significa, en primer lugar, incentivar cualquier solución que ofrezca “la continuidad como unidad productiva” respecto a la venta de activos por separado. Y en segundo lugar, que se conceda prioridad a las ofertas que procedan de los trabajadores constituidos en cooperativa de trabajo asociado.

En ese contexto se considera imprescindible un apoyo institucional a las propuestas basadas en la asunción del proyecto empresarial por el conjunto de los empleados.

  1. Para ello, lo primero es establecer un sistema de alerta temprana para detectar con la mayor antelación posible, aquellos casos en los que una intervención de estas características pudiera ser beneficiosa.
  2. Lo segundo, es un tratamiento especial de las deudas con la Seguridad Social y Hacienda por su condición de acreedores preferentes que tienen una gran responsabilidad en la solución adoptada a las empresas sometidas a procesos concursales. Ello pasa por la posibilidad de negociar quitas parciales sobre esas deudas tributarias y/o la conversión en créditos participativos a largo plazo sobre el conjunto.
  3. Lo tercero es la posibilidad añadida de incorporar avales complementarios sobre deudas bancarias que cubran el 80% del capital como ocurre en estos momentos en el marco de los préstamos ICO para la recuperación del COVID-19.

Son pasos de sentido común que simplemente reconoce una obviedad: en los momentos actuales, evitar la desaparición de empresas, pasará en buena medida, por fomentar la transición hacia soluciones de economía social.

C:- Condicionar la ayuda a las empresas a más democracia y más transparencia en el gobierno empresarial

Las diferentes formas de ayudas a empresas estratégicas y, sobre todo, la distribución de los 140.000 millones € procedentes de la UE, convierte en inaplazable abordar reformas en el gobierno de las empresas que incorporen criterios de condicionalidad a las ayudas, incluyendo la medición de impacto socio laboral y medioambiental, la máxima transparencia de balances y la rendición de cuentas.

Es imprescindible superar las vagas referencias a la responsabilidad social empresarial, un concepto basado en la voluntariedad que se ha demostrado incapaz de modificar los comportamientos más excluyentes, e impulsar una legislación de participación del trabajo en los órganos de gobierno en línea con las existentes en la mayoría de los países de Europa.

Hay que recordar que 14 países europeos, los más importantes e innovadores, han regulado la participación de los trabajadores en el gobierno siguiendo los principios de codeterminación y cogestiónY que esa regulación que es de aplicación universal, con una intensidad regulada por ley y obligatoria para las grandes empresas, no está condicionada en modo alguno con ningún nivel de participación en el capital. Otras soluciones, que sí están basadas en la participación accionarial de los empleados, principalmente impulsadas por los países anglosajones, completan el cuadro legislativo de la empresa inclusiva que es absolutamente dominante en Europa.

Los únicos países que carecen de legislación participativa son los países del sur, España entre ellos, precisamente las economías que cimientan su competitividad en soluciones basadas en bajos salarios y baja productividad.

Hay que asumir como urgente reorientar el actual modelo de gobierno empresarial que está en el origen de la desigualdad y distorsiones en la economía y es, además, fuente de ineficiencia interna. Esta conexión es resaltada por cada vez más estudiosos de la economía empresarial y están bien sintetizados en el documento Work: democratize, decommodify, remediate, impulsado por un amplio grupo de académicos y profesionales de todo el mundo en 2020 y con el que la PxDE se siente plenamente identificada.

Precisamente nuestra propuesta “Hacia una empresa inclusiva”  incluye los elementos del armazón normativo  necesario para homologarnos con los modelos dominantes en la UE, incluyendo una revisión histórica de lo que ha supuesto la participación del trabajo en otros países y una actualización de sus planteamientos para España en un contexto de cambios tecnológicos y sociales acelerados.

D.- Impulsar un nuevo Estatuto de la Empresa Pública que aúne eficiencia y participación

La fusión entre CaixaBank y Bankia y la forma en que se ha vuelto a diluir la capacidad de control del Estado sobre las empresas públicas enlaza con la necesidad de cambiar el propio modelo de empresa pública, que actualmente promueve entes excesivamente burocráticos, subsidiarios y débiles en la defensa de los intereses nacionales, excesivamente condicionadas a la coyuntura y excesivamente fáciles de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno.

El caso de Endesa, que, siendo una empresa pública estratégica de un ámbito tan sensible como la energía, terminó por ser una filial de ENEL, la equivalente pública de otro país europeo, es el mejor ejemplo de las debilidades de nuestro modelo.

El momento actual necesita impulsar un sector público que apueste por formas de gestión y participación eficientes y profesionales capaz de combinar “interés general” con administración autónoma, abandonando planteamientos burocráticos y centralizados. Y ello requiere afrontar un nuevo estatuto para que la propiedad pública empiece a identificarse con “participación social” en el que se institucionalice la presencia en su gobierno de los principales grupos involucrados en el éxito de su misión: trabajadores, clientes, proveedores, consumidores y otros representantes de la comunidad.

Utilizar la pertenencia a los Consejos de Administración para complementar retribuciones a los altos funcionarios de diversos ministerios no es el camino para revitalizar los proyectos de Estado. Ese perfil debería cubrir, por ejemplo, un tercio de los miembros de los consejeros, permitiendo que los dos tercios restantes fueran elegidos entre los colectivos involucrados y dejando que sean los Estatutos de cada empresa los que definan aquellos que sean identificables y representativos.

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Lo expuesto son un conjunto de pasos prácticos, imprescindibles e inmediatos para capitalizar nuestras potencialidades productivas.

El espíritu del momento exige atreverse a materializar reformas siempre postergadas que hagan compatible disminuir la desigualdad social, aumentar el musculo de nuestro sistema productivo y mejorar el gobierno corporativo hacia una empresa inclusiva, objetivos imprescindibles para la modernización productiva que necesita España.

Plataforma por la Democracia Económica

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