El movimiento en defensa del derecho a la vivienda, que tiene en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a su principal referente pero se extiende por decenas de colectivos sindicales, vecinales o ecologistas, prepara una última ofensiva para cambiar a fondo la Ley de Vivienda del Gobierno. Lo hace tras una decepción con el Ejecutivo que no sólo alcanza a PSOE, sino también a Unidas Podemos. «Ha habido una quiebra en la confianza» entre la PAH y UP, señala el portavoz del colectivo, independiente pero con una histórica relación con el partido liderado por Ione Belarra.
La baza para cambiar la norma del Gobierno, una vez tumbada su propia ley por el PSOE, PP y Vox, será negociar enmiendas con los grupos de izquierdas. Unidas Podemos, en una posición delicada, afirma que trabajará «codo con codo» con los colectivos para una batería de enmiendas que incluyen la dación en pago, «corresponsabilidad» de la Sareb con la vivienda social y una ampliación de las medidas para rebajar el precio del alquiler.
- Una ley envuelta en tensiones
Las tensiones por la vivienda han sido constantes en el Gobierno toda la legislatura. No obstante, la temperatura subió en febrero de este año, cuando Unidas Podemos (UP) se impacientó y empezó a airear críticas al PSOE por la demora en el desarrollo de la prometida Ley de Vivienda, acordada en octubre de 2020 por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. UP dio su apoyo a un manifiesto urgiendo a la aprobación de la ley que suscribían organizaciones de vivienda, sindicales, ecologistas, vecinales… No fue sido la única maniobra de presión. El 30 de septiembre UP registró junto a ERC, Bildu, Más País y Compromís una ley impulsada por los colectivos del manifiesto de febrero.
La posición de UP se mantenía en un frágil equilibrio entre el compromiso institucional y el adquirido con los colectivos. La única manera de mantener ese equilibrio era con una ley del Gobierno que diese a su vez satisfacción al movimiento social. El 5 de octubre de 2021 se empezó a despejar la equis: PSOE y UP cerraron un acuerdo que incluía tanto los presupuestos de 2022 como la Ley de Vivienda. Antes de terminar octubre el Consejo de Ministros acordó la tramitación de la ley y se dio a conocer el anteproyecto. La reacción del movimiento social podría resumirse en una palabra: no.
- La decepción de los colectivos
El anteproyecto ha supuesto una decepción para la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda, es decir, para los promotores del manifiesto de marzo y de la norma de septiembre. Aquí no hablamos de una web con un activista detrás, sino de toda una campaña impulsada por veinte organizaciones entre las que están la PAH, CCOO, UGT, CGT, el Sindicato de Inquilinas, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones… Pesos pesados del movimiento asociativo. A este grupo promotor dan apoyo cerca de 90 organizaciones más. ¿Qué opinión tienen de la ley? La posición oficial de la Iniciativa es de «profunda indignación» por su «falta de ambición». «Nos parece vergonzoso e inaceptable», señala la Iniciativa, que ve la norma como una «burla» determinada por la «influencia de la banca y de los fondos buitre». Un «gobierno progresista», dice, acaba convirtiendo el sistema en un «aliado» de la «especulación».
Los colectivos despliegan una amplia batería de críticas a la norma. Su valoración se podría resumir así: 1) Seguirá habiendo desahucios sin alternativa de familias vulnerables. 2) No hay nuevas medidas contra el sinhogarismo. 3) No hay garantía judicial para exigir el derecho a la vivienda. 4) No se movilizan las viviendas vacías ni tampoco de la Sareb. 5) No se obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa al desahucio.
Además, la red de colectivos que lidera la PAH no se cree la prometida reducción de precios del alquiler. «Incluso la medida estrella nace estrellada», señala la Iniciativa. Paco Morote, portavoz nacional de la PAH, lo desarrolla: «La supuesta rebaja del precio del alquiler se deja al albur de las comunidades, con lo que el 46% de la población [se refiere a las autonomías del PP] no va a tener acceso». Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, a su vez integrada en la Plataforma contra los Fondos Buitre, carga también contra una ley que «ni abarca la complejidad del problema, ni obliga a resultados, ni garantiza presupuesto, ni evaluación». «Son unas medidas tan tímidas que tememos que sean contraproducentes. Lo más sonado ha sido la regulación de precios. Si sale tal como está ahora, va a tener tan poco efecto que la derecha podrá decir que no ha funcionado», agrega.
Así ve la ley Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid e investigador sobre vivienda y financiarización: «Todo lo que sean privilegios fiscales [para propietarios], el PSOE puede aceptarlo. Pero siempre hay reticencias a la hora de reducir el margen de operación y especulación. ¿Por qué? Tras la crisis, los bancos habían recibido, en vez de la devolución de los créditos, una enorme cantidad de vivienda devaluada. Se llamó a los fondos buitre para resolver la situación. Y se les facilitó todo. Se cambiaron leyes, como la de las socimi, se facilitaron los desahucios… Los fondos respondieron. Volvió a subir el precio de la vivienda. ¿Qué pasa? Que no se ha cerrado el ciclo. Los fondos siguen en España. Y la vivienda no puede bajar [de precio], porque ni Cerberus ni Blackstone se van a quedar. Necesitan vender antes a precio alto». Gil recuerda que Pedro Sánchez se reunió en Nueva York en julio con Blackstone.
- El alejamiento de la PAH y UP
Desde octubre, una vez conocido el anteproyecto, los colectivos se han movido para que prevalezca su norma –la registrada por UP y otros grupos en septiembre– sobre la del Gobierno. Finalmente el pleno tumbó la ley de los colectivos con los votos del PSOE, PP, Vox, Cs y PNV. En cuanto a UP, votó a favor de la tramitación, pero retiró su firma de la ley. El argumento es que se trataba de proteger el acuerdo con el PSOE y dejar la puerta abierta a «mejorar» la norma del Gobierno.
La sucesión de acontecimientos ha erosionado la relación del movimiento de vivienda con UP. Así lo expresa la PAH: «Rechazamos […] los juegos de poder de UP […]. Ya sorprendió su doble juego cuando pocos días después de ser proponentes de nuestra ley, pactaron un texto con sus socios de Gobierno muy alejado de lo que necesitamos […]. [Luego] se constató que defender a los movimientos sociales es muy fácil siempre y cuando no estén en juego las estrategias de poder de partido o la propia poltrona». Paco Morote, el portavoz de la PAH, afirma sobre UP. «Ha habido una quiebra en la confianza. Hay sectores del movimiento que se consideran utilizados para conseguir del Partido Socialista un acuerdo de mínimos». ¿También la PAH ha sido utilizada? «También», dice.
UP se encuentra en una posición incómoda, entre la lealtad al Gobierno al que pertenece y la voluntad de mantener la máxima coherencia posible con su histórica línea de exigencia en materia de vivienda. A ello se suman sus lazos con el movimiento en defensa del derecho a la vivienda, cuyo principal colectivo es la PAH, cantera de referentes de UP como Ada Colau. La dirigente de Podemos Alejandra Jacinto, voz autorizada en la materia, fue abogada de la PAH.
El mensaje de UP sobre la ley es ambivalente. Por una parte, reivindica la norma, poniendo énfasis en que se trata de la primera norma estatal de vivienda y defendiendo incluso que «es histórica» y supone «un cambio de paradigma». Por otro lado, admite sus limitaciones y de hecho quiere enmendarla.
Javier Gil se declara «sorprendido» por la «celebración» de UP. «No es ni siquiera una ley de mínimos. No se puede vender como una gran victoria», señala.
Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, ve el vaso medio lleno: «La retirada de la firma me parece un hecho simbólico para contentar al PSOE. Lo que importaba era presentar el texto y el voto favorable. Pilar Garrido [diputada de UP] dijo además que iban a hacer lo posible por transformar el texto con enmiendas. El compromiso sigue intacto».
- Enmiendas
El movimiento por la vivienda digna, una vez enterrada su propia ley, se guarda una última carta: provocar un cambio significativo de la norma del Gobierno durante su fase de enmiendas.
Estaba previsto que la ley pasase por segunda vez por el Consejo de Ministros el martes 28 de diciembre. Pero no entró. Falta un informe del Consejo General del Poder Judicial, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La nueva previsión es que la norma salga hacia el Congreso en las primeras semanas de 2022 «sin cambios sustanciales» con respecto al anteproyecto. Es decir, no será un texto que agrade al movimiento de vivienda.
¿Qué va a hacer dicho movimiento? Con la ley ya en el Congreso, será el turno de los grupos, no de los colectivos. Pero eso no significa que el movimiento liderado por la PAH se inhiba. La Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda tiene previsto celebrar una «ronda de reuniones» con los grupos que apoyaron su norma, incluido UP, para pactar enmiendas al texto y que estos puedan presentarlas, explica Barrio. «Toda nuestra ley no la vamos a poder meter, pero hay que intentar hacer que sea lo más efectiva posible vía enmiendas presentadas por los partidos. Toca pactar con los grupos, es lo que queda y lo vamos a intentar», señala. «Nos la jugamos con las enmiendas. Pero lo que se consiga dependerá también de la fuerza social que haya detrás», apunta Javier Gil (Sindicato de Inquilinas). Paco Morote (PAH) también expresa su confianza en arrancar logros en la fase de enmiendas, combinando la negociación parlamentaria con la movilización social.
¿Qué va a hacer UP? Alejandra Jacinto, secretaria de Derecho a la Vivienda de Podemos, afirma que ya están trabajando en enmiendas que intentarán incorporar la dación en pago, ampliar la prohibición de desahucios cuando no haya vivienda alternativa, hacer a la Sareb «corresponsable» en el desarrollo de vivienda social… Además, «se puede afinar técnicamente la regulación de precios, para que no sólo afecte a personas jurídicas que tengan más de diez inmuebles», afirma. Una posibilidad es que fuese aplicable también a «personas físicas que tengan más de diez inmuebles».
Jacinto defiende que es conciliable la lealtad al Gobierno del que forma parte UP con el compromiso de UP con los movimientos sociales. «Si el Gobierno sólo estuviera presionado por los fondos de inversión, como le ocurre al PSOE, habría un problema. Lo óptimo es sentirnos también presionados por la sociedad civil», añade Jacinto, que asegura que UP trabajará «codo con codo» con el movimiento en la fase de enmiendas.
El Grupo Socialista declinó realizar cualquier comentario sobre la norma hasta que llegue al trámite parlamentario.
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