La aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo que crea el Ingreso Mínimo Vital (IMV) destinado a atender a los casos extremos de pobreza estructural, debe contemplarse como una medida positiva. En efecto, y aun con grandes limitaciones, intenta dar respuesta a la sensibilidad extendida entre la gran mayoría de la ciudadanía que entiende que la sociedad de este país no podrá considerarse sana y moralmente digna mientras las élites dirigentes sigan cerrando los ojos ante una tremenda realidad: la pobreza estructural con la que convivimos desde antes, y sobre todo a partir de la crisis de 2008, cuando los gobiernos del momento se apresuraron a salvar a la banca olvidando a las personas.
Cuando una parte del panorama social del Reino de España está integrado por las grandes colas de gente que aguarda alimentos ante las entidades voluntarias que los reparten, sería una auténtica frivolidad negarse a reconocer el impacto positivo que el IMV puede representar en la vida cotidiana de las personas directamente afectadas por la necesidad. Hay una sustancial diferencia entre poder comprar alimentos o tener que implorarlos por caridad.
Esta ayuda a los pobres llega al menos con cinco años de retraso desde que el PSOE la incluyera en su programa de Gobierno. Lo que sitúa a España en otra cola de indignidad: ser uno de los últimos países europeos en adoptar una medida similar.
Desde diversos medios se han echado las campanas al vuelo para celebrar como un gran acontecimiento el hecho de que una persona en situación de necesidad pueda, al fin, recibir un mínimo socorro de 460 €, cuantía que se sitúa por debajo del umbral oficial de pobreza. Lo cual arroja una idea decepcionante del estado en que se encuentra nuestro sistema de protección social. Suele argumentarse que las prestaciones de este tipo deben ser bajas para no desincentivar la búsqueda de empleo. Un argumento endeble al fijar su cuantía en la misma cifra que la de la pensión mínima no contributiva, a la que hay que suponer liberada de toda sospecha de holgazanería.
Lo que tales opiniones complacientes celebran es que el IMV llegará, según cálculos del Gobierno, a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, y supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas. Cálculo que conviene contrastar con otro dato oficial: la Encuesta de Condiciones de Vida 2019 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística que estima que un 26,1% de la población española, es decir, 11.797.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Sin embargo, ni Gobierno, ni oposición ni opiniones publicadas se plantean alternativas con suficiente ambición transformadora. Porque el IMV no deja de ser una mejora del actual sistema asistencial con algunas novedades, como su ámbito estatal y su compatibilidad con ingresos procedentes del trabajo. Pero es un instrumento castrado desde su nacimiento para abordar en toda su dimensión la desigualdad social existente en España.
En definitiva, desde el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac, sin dejar de reconocer el pequeño avance que significa el IMV, seguimos considerando que la única forma viable, hoy por hoy, para alcanzar ese objetivo de eliminación generalizada de la pobreza es la implantación de una auténtica Renta Básica Universal en los términos de incondicionalidad que la definen. La universalidad de un ingreso ciudadano perfeccionaría el avance del IMV desde una doble perspectiva política y económica al no estigmatizar a los perceptores, proporcionar libertad real para todas las personas y reducir sensiblemente los costes de gestión administrativa.
La Renta Básica Universal es el objetivo por el que seguiremos trabajando.