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JOSE MOISÉS MARTÍN
Chile, Líbano, Francia, Hong Kong, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, las olas de descontento están sacudiendo las sociedades y amenazan con convertirse en una revuelta globalizada. El malestar de nuestras sociedades desestabiliza y atenaza la prosperidad global. En otros países, líderes fuertes imponen sus agendas que siempre son en contra de alguien: de otra parte de la sociedad, de otro país o nación. La principal novedad es esta ola de movilizaciones es su propio carácter. En muchos lugares, la población se rebela contra una economía y una sociedad que es incapaz de atender sus necesidades y aspiraciones. Es difícil identificar todas las aristas de este complejo poliedro, pero en la gran mayoría de ellas, la desigualdad se erige como uno de los principales factores de insatisfacción.
Porque la desigualdad sigue su crecimiento desbocado: en 2019, poco más de dos mil personas acumulan más patrimonio que 4600 millones de congéneres, mientras 735 millones de personas siguen viviendo en pobreza extrema y la mitad de la población mundial vive con menos de 5 dólares al día. En un contexto de desaceleración global del crecimiento económico, son las personas más vulnerables las que sufren las consecuencias, amenazando no sólo su exigua calidad de vida, sino también las bases sobre las que las sociedades establecen su convivencia.
Pero las desigualdades no se canalizan únicamente a través del estatus económico: la mitad de la población sigue manteniendo una situación subordinada en la creación de riqueza global. Las mujeres, responsables del 75% del trabajo de cuidados no remunerado, generan un valor económico que, de acuerdo con el último informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad, es superior al valor de la industria tecnológica. No reciben ninguna remuneración por ello, bien al contrario, la desigual distribución de las tareas de cuidados no remunerados supone una de las principales razones de desigualdad económica y salarial entre mujeres y hombres a lo largo de sus carreras profesionales. Sólo el 10% de las mujeres trabajadoras del hogar están protegidas por la legislación laboral, y menos de la mitad accede al salario mínimo.
La situación en España no es mucho mejor. La brecha salarial entre hombres y mujeres no remite y las mujeres concentran la mayoría de los empleos mal remunerados. La parcialidad afecta tres veces más a las mujeres que a los hombres, y uno de los principales motivos es la necesidad de tener tiempo para el trabajo de cuidados no remunerado.
Tenemos un importante reto por delante: valorizar y distribuir equitativamente las responsabilidades vinculadas a los trabajos de cuidado es una labor civilizatoria, un factor de progreso y cohesión social y económica. Viviríamos en sociedades más justas, pero también más eficientes y prósperas, en las que todo el capital humano de las mujeres pudiera ser aprovechado por ellas mismas y por la sociedad. España tiene ante sí un desafío y el nuevo gobierno debería apostar por situarnos entre los países más avanzados en materia de igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres tiene un componente socioeconómico determinante que debe ser acometido con firmeza, creatividad y audacia.