Imagen de una persona revisando las facturas con una calculadora. Foto: Michal Jarmoluk / Pixabay
Publicado originalmente en publico.es
Juan A. Gimeno.
El dumping fiscal es una política que consiste en ofrecer beneficios y reducciones fiscales extraordinarios con el fin de atraer a contribuyentes de otros territorios. Esas rebajas de impuestos captan artificialmente contribuyentes ajenos (normalmente, con elevados recursos) que desplazan su residencia formal. Detrás no hay motivos de eficiencia o de mejora de la gestión. Ni siquiera de inversión real. Solo búsqueda de ahorros tributarios.
La competencia fiscal a la baja es muy negativa para el sistema fiscal. Los territorios más ricos disponen de más capacidad recaudatoria y pueden practicar una política más agresiva que acrecienta las diferencias territoriales: las zonas más ricas acumulan a los contribuyentes más adinerados mientras los pierden las más pobres, que se quedan con la población con menos ingresos y más necesidades.
Si, a la defensiva, estas últimas se sintieran obligadas a competir igualmente a la baja, la presión iría descendiendo hasta cero y desaparecerían las figuras tributarias afectadas por esta competencia. Ello supone una grave distorsión recaudatoria porque se pierden unas fuentes de ingresos con el consiguiente deterioro de las prestaciones públicas y del efectivo disfrute de derechos básicos por parte de la ciudadanía.
En algunos países de la Unión Europea, vemos cómo se producen deslocalizaciones de empresas ante las ventajas fiscales que ofrecen Estados como Países Bajos, Luxemburgo o Irlanda. Tenemos el ejemplo cercano de Ferrovial. Son conocidas las prácticas de las grandes empresas tecnológicas que facturan en esas sedes ficticias los ingresos generados en todos los mercados: reducen su factura global de tributos a costa de los demás países que apenas consiguen recursos de estas empresas.
También en España se observan comportamientos semejantes. Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León aplican bajadas de impuestos como fórmula de estímulo fiscal.
Se argumenta que menores impuestos generan más recaudación porque estimulan la actividad económica, de acuerdo con la conocida «curva de Laffer». Son prácticamente unánimes los estudios que han desmentido reiteradamente que bajadas de impuestos hayan provocado aumentos de recaudación. En los pocos casos en que se ha producido, las causas han sido claramente otras que han coincidido en el tiempo.
Ante una bajada de impuestos, se producen dos posibles efectos. Una subida en la recaudación por la atracción de bases imponibles ajenas. Un descenso en la recaudación por la menor presión fiscal, como han demostrado todas las experiencias que refutan la curva de Laffer. En la gran mayoría de los casos, el segundo efecto predomina sobre el primero.
Los datos en España parecen reforzar esas conclusiones. Las cifras de recaudación fiscal de 2022 muestran cómo las comunidades antes citadas aumentaron menos su recaudación que el resto. Los ingresos tributarios totales crecieron de media un 14,4 %. Pero, en Andalucía, la mejora (12,2 %) fue dos puntos inferior a la media nacional; en Castilla y León (9,7 %), 4,7 puntos por debajo; en Galicia (12,2 %), 2,2 puntos menos; y en Murcia (3,1 %), 11,3 puntos por debajo de la media.