Cinco años de crecimiento económico y recuperación del empleo no han bastado para que las comunidades autónomas alcancen los niveles de inversión en políticas sociales que tenían al comienzo de la crisis, allá por el año 2009. Así se desprende el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, donde se señala que el gasto autonómico en las partidas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales todavía es más de 4.000 millones de euros inferior a las cifras que se registraron hace una década.
Esto supone, en total, un recorte de cerca del 3,4% en el presupuesto que las comunidades destinan a estos ámbitos sociales. Así, apenas 9 de las 17 autonomías del país han conseguido igualar o superar el gasto que tenían hace 10 años. Hay, eso sí, diferencias muy notables entre las distintas regiones: entre 2009 y 2018, la comunidad de Valencia, Navarra, País Vasco, Cantabria y Baleares han aumentado su gasto en políticas públicas por encima del 4,7%. En el caso de esta última, el incremento es muy significativo, con un aumento de la inversión superior al 16%.
En el lado contrario, dos comunidades destacan frente al resto en recortes de sus presupuestos públicos: Castilla la Mancha y Catalunya invierten a día de hoy un 15,46% y un 19,91% menos, respectivamente, que hace diez años. El caso de Catalunya es especialmente sangrante: esta comunidad ha reducido su gasto en partidas sociales en más de 4.100 millones de euros, casi la misma cifra que arroja el neto de inversión –sumando aumentos y descensos en los presupuestos– del resto de autonomías juntas.
Según el documento, elaborado con datos del INE, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y otras fuentes oficiales, también existen diferencias muy marcadas en el gasto medio por habitante de las partidas autonómicas, que a nivel nacional se sitúa en los 2.420 euros.
Por encima de esta cantidad, en los primeros puestos de gasto por población aparecen, además de Extremadura (2.896 €), las comunidades con régimen foral: País Vasco, con 3.242€ y Navarra, con 3.151€. Por abajo, son las comunidades con más población las que tienen un menor gasto medio en políticas sociales por habitante: Andalucía (2.311€), Catalunya (2.181€) y Madrid (2.109€).
De forma desagregada, tanto Sanidad (–6,02%) como Educación (–4,04%) han sido las partidas que se han llevado la peor parte de los recortes en el conjunto de las Comunidades, mientras que los Servicios Sociales (+11,11%) sí han podido reponerse de los años de recesión y aumentar considerablemente su presupuesto durante este tiempo.
En los últimos meses, tanto la falta de acuerdo para formar gobierno como la imposibilidad del PSOE para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante la anterior legislatura han obligado a que se prorroguen las cuentas que Cristóbal Montoro, antiguo ministro de Hacienda, presentó a comienzos de 2018. Un extremo sobre el que las comunidades ya han emitido numerosas quejas por el bloqueo de las transferencias y que además mantienen unos Presupuestos en los que, precisamente, el gasto social apenas alcanza el 16,2% del PIB, la cifra más baja desde el año 2009.
En el marco europeo, y según datos actualizados recientemente por Eurostat, ocurre algo parecido, ya que España también demuestra un menor esfuerzo que otros socios comunitarios en su inversión pública en Sanidad, una de las partidas sociales más importantes. En 2016, la media de gasto de la UE en este ámbito, medida de nuevo como porcentaje del PIB, estaba casi en el 10%. En nuestro país era más de un punto inferior, con un gasto del 8,97%, una inversión que además se ha visto reducida en 2017 (8,87%).