Luis Miguel González López – ATTAC Gijón
La base se nuestro sistema fiscal viene reflejado en el artículo 31 de la CE. En él se nos indica que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Existen cuatro índices generales de capacidad económica: la renta, el consumo, el tráfico y el patrimonio. Los que gravan el consumo y el tráfico suelen ser indirectos (IVA, aduaneros…) y proporcionales, se paga un % aplicado sobre la base, la cuota que debe pagar el contribuyente aumenta en igual proporción al aumento de la base. Por su parte, los impuestos que gravan la renta y el patrimonio suelen ser directos (IRPF, ISD…) y progresivos, porque a medida que aumenta la base del impuesto aumenta en mayor proporción la cuota que debe pagar el contribuyente. Desde hace unos años los impuestos indirectos van ganando peso sobre los directos en la recaudación. Este hecho es enormemente injusto ya que los impuestos indirectos no discriminan en función de la renta y riqueza de los contribuyentes. Todos pagamos el mismo %.
Hace ya tiempo que la ofensiva ideológica neoliberal lleva atacando a los impuestos directos reduciendo su progresividad en el caso del IRPF o eliminando de facto su aplicación en el caso de los impuestos sobre el capital (impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio).
Los impuestos sobre el capital en España hace ya años que están cedidos a las CCAA. Debido a que en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se cedieron competencias, entre otras, en la fijación de tipos y reducciones en las bases imponibles sin fijar unos mínimos comunes, muchas CCAA aplicaron reducciones o mínimos exentos tan altos que han perdido su función recaudadora. En los pocos sitios donde todavía se mantiene el impuesto de sucesiones el % de personas que pagan por una herencia por línea directa (esto es, de padres a hijos) es el 4% de todos los que liquidan el impuesto. La ofensiva hacia estos impuestos ha sido tan grande que ha conseguido apoyos entre sectores de la población que nunca tendrían que pagarlos. De hecho los impuestos al capital están dirigidos a la minoría con más patrimonio de la población.
Se alega desde la perspectiva liberal que los impuestos al capital reducen o penalizan su acumulación, por tanto, se reduce la formación bruta de capital. En consecuencia, según ellos, se produce por un lado desempleo, y por otro una reducción de la productividad, lo que en consecuencia producirá una reducción de los salarios. Por tanto, concluyen, incluso las personas que no tuviesen que pagar nunca estos impuestos deberían pedir su eliminación por los efectos negativos que tendrían sobre el nivel de empleo y los salarios.
Este análisis tan superficial y grosero de la imposición al capital se resquebraja a medida que profundizamos en él. Para empezar no distingue entre la inversión productiva y la inversión improductiva o especulativa. Cuando se produce una acumulación de capital y se invierte en la economía real, directamente o a través de la compra de activos financieros en los mercados primarios, sí puede tener efectos positivos sobre el nivel de empleo y salarios. Pero si se da el caso de que ese capital se destine a la economía financiera, a través de la compra de activos financieros en los mercados secundarios o derivados, no tendrá efectos positivos sobre los niveles de empleo o salarios. De hecho se estarían drenando recursos a la economía real.
Además este argumento evidencia una enorme ignorancia sobre el fondo de la normativa tributaria. Según la Encuesta Financiera de la Familias del Banco de España (EFF del BdE), la principal forma de ahorro de las familias en España es la adquisición de la vivienda habitual (que no es un capital productivo). Pues bien, tanto si cogemos el impuesto sobre el patrimonio como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, vemos que la vivienda habitual tiene exenciones y reducciones de hasta el 99%. También según la EFF del BdE a medida que ascendemos en los deciles de mayor renta y riqueza vemos que la proporción de riqueza de las familias en activos reales (vivienda habitual y otros inmuebles) va perdiendo peso en favor de los activos financieros (acciones, participaciones, fondos de inversión…). Aquí también nos encontramos con exenciones y reducciones de hasta el 99% para aquellas sociedades con actividad económica que no sea la mera gestión patrimonial (lo que comúnmente se denomina la “empresa familiar”). Con lo cual nos encontraríamos con que lo realmente gravado son aquellas inversiones financieras especulativas en forma de acciones o fondos de inversión en mercados secundarios que no sirven para crear empleo ni para mejorar la productividad de la economía.
Desde 2008 la media y la mediana de todos los deciles de patrimonio de las familias se ha reducido, excepto para las familias del decil superior. Para estas familias aunque su riqueza mediana se ha reducido desde 2008, su riqueza media ha aumentado desde 2011. Esta curiosidad estadística se debe a que las familias más ricas de entre las más ricas han aumentado su patrimonio desde 2011, por eso aunque baje la mediana la media aumenta. Estas familias han sido capaces de aumentar su patrimonio a pesar de las políticas de austeridad (o gracias a ellas) y también han sido las primeras en beneficiarse del leve crecimiento de la economía. Por tanto no sería descabellado pedirles un esfuerzo fiscal extra para el resto de familias (el 25% de las familias con menos riqueza ya tiene un patrimonio medio negativo).
La mejora de la situación macroeconómica en España en los últimos tiempos se debe la política de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y al bajo precio del petróleo. Ambas causas exógenas. En realidad no se han realizado cambios de calado en la estructura económica del país. Por más ayudas y facilidades que se ha dado desde el gobierno a sector privado, éste no ha sido capaz de plantear una alternativa clara al modelo económico del ladrillo (más allá del modelo de bajos costes laborales y el turismo). Por ello es más necesario que nunca recuperar las figuras fiscales que tengan por objetivo el gravamen del capital y, una vez que la normativa le permita nutrir de suficientes recursos a las arcas del estado, destinarlo al impulso económico a través del gasto público.
Luis Miguel González López es economista