Los países PIIGS más Reino Unido, encabezados por España, lideran el mercado de los buitres en Europa

Fátima Martín
Comite para la abolición de las deudas ilegitimas

Los países insultados como PIIGS (cerdos), Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, más Reino Unido, lideran el mercado de los buitres (distressed) en Europa. A la cabeza está España, con 40.100 millones de euros en operaciones de deuda cerradas en 2018, según un análisis sobre ’Las nuevas tendencias del mercado distressed (deuda con dificultades) en Europa y España’ [1] publicado por Solvia, la gestora inmobiliaria que fue del Sabadell, vendida recientemente en un 80% de su participación al buitre Intrum (antigua Lindorff [2]).
Después de España, los países europeos que cerraron el mayor volumen de operaciones de deuda en 2018 fueron Italia, con 36.600 millones de euros; Irlanda, con 15.300 millones de euros; Reino Unido, con 7.900 millones de euros; Portugal, con 5.200 millones de euros; y Grecia, con 3.200 millones de euros, según el informe de Solvia a partir de los últimos datos disponibles del mercado 2018.
Firmado por el director de Desarrollo de Negocio y Consultoría de Solvia, José La Roche, el análisis prevé que España siga liderando en 2019 las operaciones en el mercado distressed. seguido por Italia y Portugal, “gracias a la madurez de su sector inmobiliario, a la legislación vigente y a que se trata del mercado de mayor tamaño de Europa”.
Según dicho informe, el mercado de deuda en Europa (Non Performing Loans (NPL) y Real Estate Owned (REO), lo que quiere decir préstamos dudosos (NPL) e inmuebles adjudicados en manos de la banca (REO), respectivamente) “alcanzó niveles máximos en 2018, al cerrar un volumen total de operaciones de deuda y activos adjudicados valorados en 113.800 millones de euros, un 11,7% más elevado que el registrado en 2017”. Entre las grandes transacciones en el mercado, destacan las operaciones perpetradas en la Península Ibérica, como el Proyecto Gama (12.800 millones de euros); Challenger, Colliseum y Makalu (11.500 millones de euros), ambas en España, o el proyecto Savoy (9.600 millones de euros), en Portugal.
De hecho, España lidera el mercado distressed europeo por segundo año consecutivo, tras cerrar operaciones por un valor superior a 90.000 millones de euros en los dos últimos años. De esta forma, se ha reducido el volumen de préstamos dudosos (NPLs) en el país, hasta un saldo cercano a los 100.000 millones de euros. Los bancos han ido abandonando sus posiciones de deuda en grandes operaciones de venta de carteras. Esta tendencia en el mercado comenzó en 2017 cuando el Santander cerró con Blackstone el proyecto Quasar, el traspaso de deuda y activos adjudicados, del Popular, más significativo que se ha producido en España, por un volumen total de 30.000 millones de euros [3].
Solo en 2018, en España CaixaBank vendió inmuebles adjudicados al buitre Lone Star Funds por valor de 12.800 millones de euros. El Sabadell abrevó a los buitres de Cerberus y Deutsche Bank por 11.500 millones de euros. Y el Santander también al insaciable Cerberus por 6.900 millones de euros.

En los últimos cinco años, los bancos europeos han transferido cerca de 470.000 millones de euros a los buitres
El volumen de préstamos dudosos (NPLs) en Europa se situó en 714.300 millones de euros al cierre de 2018, lo que supone un 3,4% del total de créditos concedidos. Solvia prevé que las entidades financieras continúen la tendencia que se inició en 2014, desapalancándose a través de transacciones con los fondos buitre, si bien es cierto que el año pasado se cerraron la mayoría de las grandes operaciones. En los últimos cinco años, los bancos europeos han transferido cerca de 470.000 millones de euros a grandes buitres. España e Italia han sido el gran foco de atracción para la inversión internacional, concentrando el 67% de las operaciones entre 2017 y 2018.
Para los analistas de Solvia, “entre las nuevas tendencias, gana protagonismo el mercado de deuda secundario, donde las operaciones se cerrarán entre fondos de inversión”. En efecto, en agosto de 2018 ya publicamos que la Comisión Europea da alas a los fondos buitre con un negocio de un billón de euros, con la creación de un mercado europeo de préstamos dudosos (NPL) [4]. El objetivo de Bruselas es dejar a los bancos europeos limpios de polvo y paja, como siempre a costa de lo público, con la vista puesta en la Unión Bancaria.
Ya en marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una batería de medidas “para acelerar la reducción de los préstamos dudosos en el sector bancario” [5]. Entre ellas: Facilitar el cobro de deudas, permitiendo recuperar la garantía de forma rápida, sin tener que pasar por los tribunales, a través de una ejecución extrajudicial acelerada; fomentar el desarrollo de los mercados secundarios para los préstamos dudosos; y orientar a los Estados miembros sobre cómo pueden crear bancos malos como nuestra buitrera SAREB, parasitando el cuerpo de lo público.
La Asociación Europea de Consumidores (The European Consumer Organisation, BEUC) explica en un informe titulado “La propuesta de la Comisión Europea es un mal trato para los deudores distressed”, por qué esta medida de la Comisión Europea debería preocupar a los consumidores: “Los bancos serían capaces de vender fácilmente los créditos tóxicos a terceros inversores, incluidos los llamados fondos buitre establecidos en cualquier país de la UE o de fuera de la Unión. Esta iniciativa va en contra de los intereses de los deudores que se encuentran en dificultades financieras. Estarían expuestos a los fondos buitre y cobradores de deudas localizados en otros países y posiblemente a un aún peor tratamiento y recuperación de hogares” [6]. En este informe, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) defiende que “como mínimo, los prestatarios interesados deberían poder comprar su propia deuda al precio rebajado, en lugar de venderla a terceros. Además, en el futuro deberían imponerse estrictas obligaciones de crédito a todos los proveedores de crédito e intermediarios”. También propone que “la actividad de los administradores de crédito de terceros y los inversores de crédito debe ser restringida. Los actores del mercado que maximizan sus ganancias a costa de consumidores y empresas vulnerables no deberían recibir apoyo, sino que deberían someterse a restricciones”.
Pues bien, contra los intereses de los contribuyentes europeos, especialmente los vulnerables del sur de Europa, que tanto han sufrido la crisis financiera, los embajadores de la UE aprobaron el pasado 27 de marzo la posición del Consejo de la UE sobre una propuesta de Directiva que “armoniza las normas sobre cómo las instituciones no crediticias pueden comprar contratos de crédito a los bancos. El objetivo de las nuevas reglas es reducir las existencias existentes de los NPL (créditos dudosos) de los bancos y evitar su acumulación en el futuro”. Una vez que el Consejo haya adoptado su posición, la presidencia puede iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como esté lista para negociar. “La UE está fomentando el desarrollo de mercados secundarios para préstamos improductivos (NPL, por sus siglas en inglés), lo que permitiría a los bancos administrar o vender préstamos incobrables con mayor facilidad”, explica la nota del Consejo Europeo
[7].
Para el Consejo de la UE (los ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar) “la nueva Directiva propuesta elimina los obstáculos para la transferencia de NPL (créditos dudosos) de bancos a instituciones sin crédito, y simplifica y armoniza los requisitos de autorización para los servicios de crédito en toda la UE, sin perjuicio de las normas nacionales que imponen ciertos requisitos adicionales a los servicios de crédito”.

Antecedentes y próximos pasos
La propuesta original de Directiva de la Comisión Europea también incluía una parte sobre la recuperación de garantías. No hubo acuerdo en el Consejo sobre esta parte de la Directiva. Por lo tanto, no se incluye en la posición del Consejo, y requerirá una mayor discusión a nivel de trabajo en el Consejo. Las negociaciones con el Parlamento Europeo pueden proceder tan pronto como el Parlamento haya acordado su postura.

Notas