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 Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal
España sufre una crisis de desigualdad y de exclusión social. Somos el cuarto país más desigual de la Unión Europea, tan sólo por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia. España es, además, el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad en los últimos diez años.
La recuperación económica está ahondando las carencias sociales y la falta de solidaridad internacional, mientras más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza en nuestro país, y 650.000 hogares no cuentan con ningún ingreso.
Ni la pobreza ni la desigualdad son inevitables. Pero nuestro sistema fiscal arrastra déficits históricos que acentúan la inequidad del sistema. Y esta realidad se mantiene, cuando seguimos recaudando casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que los países de la eurozona.
El primer desafío que afrontar es nuestro menor nivel de ingresos fiscales en contraste con la capacidad económica. Debemos recaudar, de quienes no pagan lo que deben, ese
20% más que necesitamos para equipararnos con la media europea: 80.000 millones de euros que podrían destinarse a poner fin a las limitaciones de sociales, ambientales y económicas que tiene nuestro país.
La Constitución Española, en su artículo 31 establece que: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Nuestro modelo fiscal no garantiza derechos e incumple con los principios constitucionales : Ni se recauda más de quienes más tienen, ni se ponen cortafuegos al gran agujero que supone el fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas. Construir una sociedad menos desigual requiere un PACTO DE ESTADO CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Por ello, desde las organizaciones que componemos la Plataforma por la Justicia Fiscal convocamos a todos los grupos políticos a que, de cara a las próximas elecciones generales, se comprometan a:

 2.     Poner fin a la utilización de paraísos fiscales estableciendo una lista negra objetiva y ambiciosa, que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, aplicando sanciones y contramedidas.
3.     Apoyar y proteger la figura del denunciante que tanto aporta en la lucha contra el fraude la evasión y la elusión fiscal.
4.     Penalizar  la  contratación  pública  para  quien  no  cumpla  con  criterios  fiscalmente responsables  mediante  el  uso  discrecional  de  estructuras  en  paraísos  fiscales.
5.     Internacionalizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal impulsando procesos internacionales ambiciosos y adaptados a la realidad de los nuevos modelos empresariales en una economía más globalizada y digitalizada.
6.     Recuperar la responsabilidad institucional reforzando la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de los instrumentos que posibilitan tanto la elusión como la defraudación fiscal, incluida la participación en sociedades off shore o extraterritoriales.
7.     Reforzar los medios y recursos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos en el plazo de cinco años.
8.     Reorganizar  la  AEAT  revisando  los  objetivos  y  ponderando  los  equipos  humanos necesarios para las tareas de inspección y recaudación con base en los estudios y la experiencia.Coordinar la AEAT con el conjunto de los departamentos tributarios de las CC.AA., incluyendo el intercambio de bases de datos y registros normalizados, así como con otros países.
9.     Convocar a una gran conferencia de coordinación contra el fraude y la evasión fiscal, que  cuente  con  representantes  parlamentarios  y  del  gobierno,  junto  con  actores sociales y expertos.
En Madrid, a  26 de marzo de 2019