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Soberanía (fiscal, tecnológica) y Big Data

Albino Prada.

La reciente aprobación de la conocida como Tasa Google por el Gobierno de España es buena ocasión para reflexionar sobre la capacidad real de los Gobiernos democráticos de ejercer su soberanía ante gigantescas empresas (GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) que ya son hoy las mayores del mundo por capitalización bursátil.

Algo que han conseguido en buena medida, como dice el Gobierno, por ofrecer “servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios”, valiéndose para ello de innovaciones que, con frecuencia, tienen como origen esfuerzos públicos de investigación (aquí los trabajos publicados por Mariana Mazzucato son de lectura obligada).

Impuesto sobre lo facturado

La tasa, de un tres por ciento en España, se aplicaría sobre los ingresos, facturación o cifra de negocios derivados de la prestación de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Publicidad, Big Data e intermediación que son la parte crucial de sus rampantes negocios ya en buena medida oligopólicos pues, por ejemplo, Google y Facebook acaparan el 65% de los ingresos de publicidad online (se estima que 300.000 millones en 2020).

Los problemas surgen de inmediato cuando se sabe que por ejemplo Facebook declaró en 2017 pérdidas en España aunque se estima ingresó 200 millones por publicidad. Y digo bien se estima porque poner sobre la mesa de Hacienda las tripas de las GAFAM en sus operaciones en España es un reto fiscal de muy dudoso éxito. Algo que sería menos improbable de hacerse a escala de la Unión Europea pues al menos se cuenta con el precedente de las multas a Google por abuso de posición dominante en las compras online por 8.200 millones en tres años. Pero algo a lo que se opone el Gobierno de EE.UU., y que reveladoramente paralizaron países como Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia en 2019.

Impuesto sobre los beneficios y el capital

Claro que si ejercer soberanía fiscal sobre los ingresos reales obtenidos se presenta difícil para un país como España, y se paraliza en la UE, no lo es menos gravar sus beneficios. Quizás -la OCDE está en ello- las GAFAM consideren que un tres por ciento sobre sus ingresos sea preferible a un quince por ciento sobre sus beneficios. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de sus ingresos se consolidan como beneficios.

… estas GAFAM en España en 2017 pagaron 20 millones cuando se estima tendrían que haber pagado 200 millones por sus beneficios en el Impuesto de Sociedades

Pero aquí, de nuevo, la soberanía real fiscal de un país como España se diluye por los vericuetos de la ingeniería fiscal creativa de estos gigantes de la economía inmaterial y de patentes. Porque estas GAFAM en España en 2017 pagaron 20 millones cuando se estima tendrían que haber pagado 200 millones por sus beneficios en el Impuesto de Sociedades. Tal cosa, de nuevo, les sería más difícil a escala europea de existir un tramo europeo del Impuesto de Sociedades (por ejemplo del 10%) lo que de paso nos permitiría salir de la anorexia fiscal del presupuesto comunitario. Y que se podría complementar con un impuesto progresivo sobre el capital (por encima de un millón de euros en una propuesta de Piketty) a escala europea, que con tipos inferiores al dos por ciento cubriría una capacidad recaudatoria no inferior al actual presupuesto europeo.

Socializar los datos de los usuarios

En vez de dejar privatizar y monetizar los datos de los usuarios para luego escamotear los beneficios o las cifras de negocio (riéndose de la soberanía fiscal española o europea), quizás el verdadero campo de batalla deba ser el de la soberanía tecnológica sobre la materia prima de las GAFAM y de todas las plataformas online: los datos masivos.

los datos son hoy un factor de producción esencial, y el valor que de ellos se derive debe ser compartido con el conjunto de la sociedad que participa en la generación de dichos datos”

En este sentido la Comisión Europea acaba de hacer públicos sendos documentos -COM (2020) 66 final y 67 final- en los que frente al modelo privativo de las GAFAM en Estados Unidos, en el que los datos acaban en manos de un pequeño número de empresas privadas, defiende un espacio europeo común de datos (especificando sectores clave como: manufacturas, economía verde, movilidad, salud, finanzas, energía, agricultura y administración pública) que no permita prácticas que limiten la competencia y compartiendo los datos de las empresas con los poderes públicos en aras del interés público. Porque se dice literalmente: “los datos son hoy un factor de producción esencial, y el valor que de ellos se derive debe ser compartido con el conjunto de la sociedad que participa en la generación de dichos datos”.

Es esta una vía de soberanía social, sobre la tecnología digital, que no será menos difícil de transitar que la de la soberanía fiscal, pero que sería mucho más efectiva. Sobre todo para embridar la galopante concentración de poder económico y social en media docena de corporaciones globales (controladas por gigantescos grupos de inversión como Vanguard o Blackrock) de la Inteligencia Artificial, el Big Data y el 5G en este siglo XXI. Que amenazan con ser los Gobiernos reales del mundo, eso sí, haciendo suyos datos e invenciones que son bienes globales colectivos.

Albino Prada es miembro de ECOBAS y de Attac

Autor del ensayo  «Crítica del hipercapitalismo digital» (2019)