Publicado en SinPermiso el 21/4/24
El pasado 16 de abril se realizó en Bruselas un acto en el Parlamento Europeo sobre la renta básica. El lema era: «Es la hora de la Renta Básica». Fue organizado por las diputadas de este parlamento Sabrina Pignedoli y Laura Ferrara. Asistieron más de 100 personas, entre las que había un buen número de periodistas. Fueron invitados a realizar una exposición sobre la renta básica el belga Philippe Van Parijs de la Universidad de Lovaina, el inglés Guy Standing de la Universidad de Londres, el italiano Pasquale Tridico de la Universidad de Roma y el catalán Daniel Raventós de la Universidad de Barcelona. También fue invitado el político italiano Beppe Grillo. Ofrecemos la intervención revisada que realizó Daniel Raventós, intervención a la que se han añadido algunos enlaces a los documentos que se citan.
A lo largo de los debates, congresos, discusiones formales e informales que las personas defensoras de la renta básica (RB) hemos tenido durante al menos tres décadas, han surgido muchas cuestiones que se relacionan con esta propuesta. Algunas de las más importantes son el feminismo, la inmigración, los incentivos al trabajo remunerado, los puestos de trabajo en peligro por la mecanización y la inteligencia artificial, entre otros. Pero las cuestiones sobre las que más se han escrito y debatido relacionadas con la RB son: La fundamentación normativa y la financiación. O, dicho de otra manera: ¿Es justa la RB? ¿Se puede financiar? En general, también son cuestiones que interesan más a las personas no muy conocedoras de esta propuesta. Pero en esta intervención, me gustaría referirme a tres cuestiones que no acostumbran a abordarse con la misma frecuencia.
La primera cuestión es sobre la financiación. Normalmente se trata de explicar cómo podría ser posible económicamente una RB. Y habitualmente (aunque aquí las propuestas de derechas y de izquierdas divergen mucho) se trata de realizar una reforma fiscal. Se acaba de publicar un estudio que ha ayudado a financiar el Parlamento Europeo sobre cómo se puede financiar una RB en Europa. Es de acceso libre (en inglés y en catalán) y no voy a explicarlo aquí. Pero permítanme algunas cuestiones que no acostumbran a abordarse tan frecuentemente y que tienen relación con la financiación. Por ejemplo, los gastos militares. Si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinasen un porcentaje (¿10, 40, 90 por ciento?) de los gastos militares a la financiación de la RB, ¿cómo se facilitaría la financiación de la misma? Mucho, claro está. Recordaré que el gasto militar declarado y encubierto total para 2024 en el reino de España alcanzará la cifra de 54.000 millones: unos 1.100 euros por habitante. Esto es una decisión política, como es evidente. Actualmente suenan tambores de guerra en Europa y se hacen llamamientos a aumentar los gastos militares. No es algo específico y original de la época que vivimos, podemos recordar lo que ocurrió hace poco más de un siglo con la primera Guerra Mundial, y dos décadas después con la segunda. No es algo nuevo. Dedicar una inmensa cantidad directa e indirecta de los PGE a gastos militares es una opción política, dedicar esta cantidad a garantizar la existencia material de toda la población es otra opción política muy diferente. Lo dicho, las partidas de los PGE son una decisión política. Que unas partidas que ahora van a determinados fines sirviesen para ayudar a financiar la RB, también lo sería.
Igual razonamiento merece la inmensa cantidad de dinero y patrimonio públicos que históricamente los gobiernos españoles, del PP o del PSOE, permiten que se apropie la iglesia católica.
La segunda cuestión que me gustaría destacar: la RB no puede solucionar “todos los problemas”. Por ejemplo: la división sexual del trabajo, la estructura del actual sistema económico, la evasión de capitales o el poder inmenso de las grandes multinacionales, entre otros. Es verdad, la RB no puede solucionar cualquier problema político, económico, social y filosófico que tengamos en la cabeza. Pretenderlo es equivocar el objetivo. La RB no puede solucionar ni decidir aspectos de política económica como qué política monetaria debe ponerse en funcionamiento, si la banca debe ser pública o no, si se debe permitir que las grandes fortunas hagan lo que quieran, si debe tolerarse además que haya grandes fortunas que crezcan sin límite, si deben abordarse con mayor profundidad las medidas para hacer frente a la crisis ecológica, si las políticas contra las agresiones machistas son o no del todo adecuadas, si las políticas de inmigración son las más justas, entre otros muchos problemas sociales que podamos tener en la cabeza. Digámoslo de forma muy escueta: la RB es una medida de política económica, pero no es el conjunto de medidas que conforman toda una política económica. No es un programa de gobierno partidario de la RB (quizás habrá alguno un día) que debería contemplar, claro está, muchas más cuestiones como las que abarca toda política económica: medidas de política fiscal, de política monetaria, de política laboral, de política de comercio exterior, etcétera. La RB sería una medida, importante por supuesto, o muy importante para mí sin la menor duda, pero solamente se trata de una medida. No tiene sentido pedir a la RB que dé respuesta a problemas que no puede solucionar porque no está diseñada para estos fines.
La tercera cuestión que me gustaría apuntar es algo que cada vez creo está cobrando mayor importancia. Me refiero a que, si bien es muy habitual y sensato plantearse la pregunta del costo de una RB, no es tan frecuente la pregunta digamos inversa: ¿cuánto cuesta no tener la RB? Esta cuestión no se formula tantas veces como a mi entender se debería hacer y, en cualquier caso, muchas menos veces que la primera. El coste de no tener la RB está claramente relacionado con la pobreza, la salud mental, la precariedad, las carencias materiales, la vulnerabilidad, cierto tipo de delincuencia… Hay evidencia de cómo la falta de seguridad básica perjudica a la salud mental y física, agrava los problemas psicológicos y reduce la inteligencia a corto plazo o el llamado “ancho de banda mental”, como Mullainathan y Shafir han señalado. Me referiré solamente a la salud mental. Según cálculos de la publicación European Journal of Neurology el coste económico que suponen los problemas de salud mental superarían en Europa los 798.000 millones de euros. El informe constituye una investigación que abarca a un total de 30 países y 19 patologías analizadas. Los resultados de otro informe realizado por el Foro Económico Mundial junto con la Facultad de Salud Pública de Harvard en 2011 sobre el impacto de las enfermedades previsto durante el período comprendido entre el año 2011 y 2030 eran realmente muy a tener en cuenta. Se estimó que los trastornos mentales supondrían un coste de 6 billones de dólares en las próximas décadas, equivalente al 1,3% del PIB mundial. Costes parciales de no disponer de una RB. Otro coste parcial y cuantificado: 63.079 millones es lo que cuesta anualmente la pobreza infantil en el reino de España, el 5,1% del PIB, según un informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
Disponer de la RB contribuiría, por una parte, a un significativo ahorro monetario relacionado con la salud mental y por otra parte, probablemente más importante aún, a una mejora de las repercusiones y de los efectos que ese deterioro de la salud mental provoca en muchas personas. El informe Precariedad laboral y salud mental, realizado por varios autores para el Gobierno de España, concluye: “La RB universal es un mecanismo de redistribución de la renta que proporciona, por derecho de ciudadanía e independientemente de cualquier otro ingreso que se perciba por otras vías, un pago monetario regular e individual a toda la población. Su instauración no debe ser utilizada para reemplazar al estado de bienestar y mercantilizar los servicios sociales. Entre sus ventajas destacan: reducir la pobreza y la desigualdad, empoderar a trabajadores/as, reducir la precarización laboral, aumentar la seguridad, la libertad y el tiempo libre de las personas, todo lo cual reduce la ansiedad, el estrés y el miedo, mejorando la salud mental”. Y más adelante: “la RB universal podría tener importantes efectos beneficiosos para la salud mental de toda la población y aumentar la equidad, ya que reduciría la incertidumbre vital y el desgaste psíquico causado por el estrés que sufren las personas desempleadas y quienes están en situaciones de precariedad laboral y temen perder su empleo”. Son palabras claras y contundentes.
Finalmente, otra cuestión que suscita algunos debates y sobre la que me voy a referir brevemente: Sobre lo que debe interferirse (o no) en las grandes o no tan grandes fortunas. La RB es una opción de política económica, como antes mencionaba. Y es por lo tanto conflictiva. No todo el mundo gana. Una RB que para mí valga la pena, debe ser una que favorezca a la gran mayoría de la población, pero a toda no puede. Los ricos pierden, como hemos mostrado en distintos lugares (aquí, por ejemplo). ¿Pero qué entendemos por ricos? Voy a ponerles números muy recientes del Reino de España. A partir de bases de datos oficiales.
¿Quiénes son los ricos? Nos encontramos que un reducido 3,8 % de la población total acumula simultáneamente poco más del 20 % de la renta total y muy cerca del 44 % de la riqueza neta total. Y si descartáramos el primer tramo de riqueza —relativo a patrimonios inferiores a 500.000 euros—, entonces algo menos del 1 % de la población total (poco más de 415.000 personas) seguirían concentrando el 8,3 % de la renta total y más del 32 % de la riqueza neta total. No podemos incluir todo lo escondido o evadido de forma semi o directamente fraudulenta, solamente lo que está registrado de forma legal.
Y sí, a mí no me cabe duda que “es la hora de la RB”, como dice el título de este acto en el que estamos participando, para beneficio de la inmensa mayoría de la población. Otra cosa muy diferente son las barreras y los impedimentos de tipo político que se oponen. Pero eso ya es otra historia que quizás merezca ser contada en otra ocasión.
Muchas gracias por su atención.
es doctor en Ciencias Económicas y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es editor de Sin Permiso. Es coautor de «En defensa de la Renta Básica. Por qué es justa y cómo se financia» (Deusto, 2023)