Es hora de eliminar los obstáculos a la transformación socioecológica.
Informe del Observatorio Europeo de las Empresas (CEO)
Resumen ejecutivo del Informe
Este año se cumplen 30 años de la creación del Mercado Único de la Unión Europea. Hoy en día, la legislación del Mercado Único afecta a casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y es difícil imaginar la vida antes de un mercado europeo integrado. Sin embargo, la mayoría de los europeos desconocen el funcionamiento interno del Mercado Único y sus resultados en materia de progreso social y medioambiental son poco transparentes.
En reconocimiento de este 30 aniversario, hemos investigado entre bastidores el papel de la legislación del Mercado Único y su aplicación. Hemos descubierto que el modus operandi del Mercado Único da prioridad claramente a las preocupaciones económicas sobre las sociales y medioambientales. Veremos cómo las normas del Mercado Único favorecen los intereses empresariales restringiendo las políticas y normativas sociales y medioambientales propuestas por los gobiernos nacionales, regionales y locales.
En concreto, este informe mostrará cómo las empresas, los lobbies y las asociaciones industriales utilizan activamente tres mecanismos de aplicación específicos relacionados con el Mercado Único para socavar la legislación progresista a nivel nacional y municipal. Estos mecanismos son el mecanismo de denuncia de la Comisión, el procedimiento de notificación en el ámbito de los reglamentos técnicos (TRIS) y el procedimiento de notificación de servicios. En combinación, estos mecanismos de aplicación ofrecen a las empresas amplias oportunidades de persuadir a la Comisión para que investigue la legislación nacional en busca de posibles infracciones de la legislación de la UE. El resultado final es el estancamiento de la tan necesaria transición social y ecológica en Europa.
Para este informe hemos reunido varios casos que muestran cómo poderosas empresas y lobbies del sector han intentado impedir o hacer retroceder legislación progresista que podría perjudicar sus beneficios. Estos casos incluyen la obstrucción de medidas de vivienda social, iniciativas de sanidad pública y leyes de protección del consumidor en relación con sustancias nocivas; también implican restricciones a los vuelos de corta distancia y al negocio del juego. En casi todos los casos, el sector empresarial ha conseguido impulsar una mayor liberalización o detener, retrasar o debilitar la legislación progresista. Otro hecho preocupante es que la Comisión ha ido trasladando cada vez más las investigaciones sobre estos asuntos a una esfera informal y aún menos transparente.
Los casos que hemos recogido representan sólo la punta del iceberg. Una reciente investigación de un diputado del Parlamento Europeo reveló que la Comisión recibe una media de 400 denuncias de empresas al año. Este informe es el primero que profundiza en los detalles de algunas de estas investigaciones y en el daño que causan. Sin embargo, la grave falta de transparencia del sistema de la UE nos impide evaluar la magnitud del número de denuncias que dan lugar a procedimientos de infracción en toda regla o a la retirada de medidas climáticas o de protección social en una fase temprana e informal.
Nuestro análisis muestra claramente que el sistema de aplicación del Mercado Único está lejos de ser un tigre de papel; las implicaciones para las personas y el planeta son enormes. Si Europa quiere proteger los servicios públicos y tomarse en serio la crisis climática, tendrá que dar la espalda al neoliberalismo y tomar medidas para modernizar la gobernanza del Mercado Único, de modo que se salvaguarden las medidas nacionales y locales necesarias para una transición ecológica justa.
Hoy, por desgracia, la UE va en la dirección contraria. Bajo el lema de «completar el Mercado Único», las nuevas propuestas de la Comisión y los lobbies empresariales pretenden ir más allá de las normas vigentes (ya muy problemáticas) y reforzar los mecanismos de aplicación. Nuestras recomendaciones exigen calibrar de nuevo como se aplican las normas del Mercado Único en los servicios públicos, en las medidas de protección del clima y en otros ámbitos políticos. Para permitir un proceso democrático y un debate abierto en torno a un nuevo enfoque, la Comisión debe empezar a informar proactivamente al público sobre las denuncias y las medidas gubernamentales que se están investigando actualmente. Además, debe reforzarse el espacio democrático a nivel local para garantizar que las iniciativas sociales y medioambientales no sean obstaculizadas en el entorno de la UE.
Para consultar el informe completo puede descargarlo aquí