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82 Administraciones alimentan con dinero público la expansión de la multinacional de las residencias DomusVi

Labores de desinfección de una residencia en Madrid, realizadas el 11 de abril. ©EFE

Publicado originalmente en InfoLibre

Manuel Rico

@manuelrico

15 comunidades autónomas, 47 ayuntamientos, tres diputaciones forales, cinco diputaciones provinciales, un consell insular, un cabildo, ocho consells comarcales y dos mancomunidades. Ese es el catálogo de 82 administraciones públicas que tienen firmado algún acuerdo con DomusVi, la multinacional líder del sector de residencias en España, según datos de la propia compañía. La expansión y los beneficios de la empresa, cuyo principal propietario es el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), se alimentan así con dinero público.

No es algo que ocurra sólo con DomusVi, lógicamente, aunque al ser la principal compañía en la prestación de servicios geriátricos en España, es la más beneficiada por esos acuerdos. Pero también reciben importantes cantidades OrpeaVitalia Home o Colisée, por citar sólo a los otros tres grupos con mayor número de residencias.

Los centros de mayores son la verdadera zona cero de la crisis del coronavirus en España. Cerca de 10.000 ancianos que vivían en residencias han fallecido en marzo y las dos primeras semanas de abril. Como publicó infoLibre el pasado jueves, en la primera entrega de una investigación sobre las residencias, DomusVi tenía ocho centros repartidos por seis comunidades autónomas con más de cinco decesos, con datos recopilados a 7 de abril. En ellos se habían producido en total un mínimo de 152 muertes. Pero la cifra real era mucho mayor, aunque desconocida por dos motivos: varias comunidades no facilitan el dato de fallecimientos por residencias –entre ellas Madrid, donde mayor número hay– y ante la negativa de la empresa a facilitar las cifras sólo se incluyeron en la información aquellos casos en los que existía constancia pública del número de decesos.

EL MODELO RESIDENCIAL

En relación con las residencias, las administraciones firman en esencia dos tipos de acuerdos con las empresas privadas: los conciertos, de forma que el dinero público sirve para financiar plazas en residencias privadas, y las concesiones de la gestión integral privada de centros que mantienen la titularidad pública.

En abril de 2019, existían en España 372.985 plazas residenciales, según datos de Envejecimiento en red, una plataforma ligada al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que es quien realiza los estudios estadísticos más sólidos sobre este tema. De ellas, 271.696 se encontraban en centros privados (72,8% del total) y 101.289 en públicos (27,1%). Hay que señalar que estas cifras incluyen todo tipo de alojamientos colectivos para personas mayores, y no sólo residencias, aunque estas aporten la inmensa mayoría de las plazas. Pero también existen pisos tutelados o centros psicogeriátricos, por citar ejemplos de otro tipo de alojamientos. [Puedes consultar aquí el informe completo].

Pues bien, en un informe sobre los instrumentos de financiación y gestión en residencias, publicado en febrero de 2017 por tres profesores de la Universidad de Valencia –Mª Ángeles Tortosa, Amadeo Fuenmayor y Rafael Granell–, se explica lo siguiente: “De toda la oferta de plazas en residencias en España el 74% corresponden a plazas en residencias privadas, y el 26% restante son plazas públicas. Sin embargo, un 35% de estas plazas públicas son cedidas a la gestión privada. Por otro lado, un 32% de las plazas privadas son plazas concertadas. Esto nos indica lo importante que es el sistema de conciertos / concesiones administrativas en este sector”. [Puedes consultar aquí el informe].

Estos porcentajes, aplicados al número actual de plazas, supondrían que hay casi 87.000 plazas privadas concertadas y algo más de 35.000 que están gestionadas por empresas privadas aunque se encuentren en centros que son de titularidad pública.

En total, unas 112.000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores: sobre todo empresas, pero también entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones y alguna cooperativa).

El debate entre los expertos, en todo caso, no está ahora en ese modelo que se denomina de colaboración “público-privada”. Con más del 70% de los centros y de las plazas residenciales en manos privadas, es irreal plantearse a medio plazo poner fin a esa colaboración, más allá de la ideología de cada Administración (más afín a la empresa privada las de derechas, en teoría más defensores de lo público las de izquierdas).

Cuestión diferente es cómo se aplica ese modelo y con qué intensidad. Por ejemplo, una opción es la concertación de plazas y otra muy diferente entregar directamente la gestión de toda la residencia a una empresa privada. Entre los países de la OCDE, España es uno de los que cuenta con una proporción más elevada de proveedores privados de servicios sociales para mayores –por encima del 50%–, según los datos de un libro publicado en 2016 sobre las reformas a largo plazo de los sistemas de bienestar en la OCDE.

Y luego, más allá del modelo, está su aplicación del modelo. Y en ese terreno destacan tres grandes problemas en el caso de las residencias en España.

En primer lugar, funciona un círculo vicioso que termina favoreciendo a las grandes empresas y perjudicando la calidad del servicio que reciben los residentes y las condiciones laborales de los trabajadores. La mayor parte de las veces el factor determinante para decidir la adjudicación es el precio y las Administraciones los imponen a la baja, lo que a su vez hace que sólo empresas potentes en recursos opten a los contratos porque para las compañías pequeñas o familiares no resulta atractivo. Pero obviamente las empresas operan con ánimo de lucro, así que una vez recibida la adjudicación buscan ahorrar todos los costes que pueden, y eso lleva a falta de personal, sueldos bajos, exceso de horas de la plantilla… Una tendencia exacerbada en el caso de las firmas en manos de fondos de inversión, cuyo único objetivo es rentabilizar su inversión lo máximo posible en el menor tiempo posible.

“Que las concesiones se ciñan a oferentes que aportan los servicios más baratos no garantiza que después se trabaje eficientemente. Es de gran importancia que en estos contratos se consideren los condicionantes de calidad y de obtención de determinados resultados en salud y/o cuidados”, afirman los tres profesiones de la Universidad de Valencia en su estudio sobre la financiación de las residencias.

En segundo lugar, una vez producida la adjudicación, las Administraciones no se preocupan por realizar una evaluación de las actividades residenciales para comprobar qué servicio está prestando realmente la empresa que recibe el dinero público para las plazas concertadas o que gestiona la concesión de un centro de titularidad pública.

En tercer y último lugar, si la Administración detecta un incumplimiento y abre un expediente, se resuelve en la mayoría de los casos con penalizaciones mínimas para las empresas. De forma que pierden el carácter disuasorio que se supone que deberían tener. Y eso cuando la Administración sanciona, algo que no ocurre con frecuencia.

DINERO PÚBLICO PARA DOMUSVI

Volvamos a las 82 administraciones que financian a DomusVi. La concentración que se está produciendo en el sector se explica fácilmente con un par de datos: en 2005, un año antes de la aprobación de la Ley de atención a las personas en situación de dependencia por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los cuatro principales grupos de residencias tenían en total 101 centros. Hoy, los cuatro grandes pertenecen a multinacionales y acumulan 297 (sólo residencias, sin contar otro tipo de alojamientos colectivos).

Esas multinacionales han metido dinero porque hay negocio. Alguno de los fondos de inversión, para explicar su apuesta por España, destaca que en 2040 está previsto que sea el país más envejecido de Europa. Eso es un dato (aunque sea en forma de previsión). El otro es que hay dinero público para la prestación de servicios geriátricos, por mucho que hayan impactado los recortes tras la crisis económica iniciada en 2008.

En un informe sobre el sector geriátrico publicado en febrero de este año, Alimarket destaca que están en marcha proyectos para incrementar en 32.700 nuevas camas el parque geriátrico nacional (un 8,8% sobre las algo más de 370.000 ahora existentes). Y esa búsqueda de negocio se manifiesta también en otro hecho: “Tan solo en 2019, se cerraron en el sector geriátrico una veintena de operaciones de compra-venta, que implicaron el traspaso de cerca de 11.000 plazas residenciales. En buena parte de estas operaciones estuvieron implicadas empresas patrimonialistas, que cada vez tienen más peso en el sector”.

DomusVi opera en España a través de decenas de sociedades mercantiles que tienen como matriz a Geriavi SL, con sede en Vigo. El socio único de esta es la francesa DomusVi SAS, que a su vez tiene dos accionistas de referencia: el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), que se convirtió en el verano de 2017 en el principal propietario tras comprar su parte a otro fondo –Pai Partners–, y Sagesse Retraite Santé, un “vehículo de inversión” del millonario francés Yves Journel.

infoLibre analizó qué tipo de acuerdos con el sector público tienen las residencias de DomusVi, el ejemplo más paradigmático en cuanto líder del sector y único que tiene implantación en todas las comunidades autónomas. El resultado es el siguiente: de sus 138 residencias, en 74 ofrece plazas concertadas y 16 las gestiona de forma integral pese a que la titularidad es pública. Es decir, el 65% de sus centros se nutren de fondos públicos.

El análisis por Administraciones demuestra que no estamos hablando de una cuestión de color político. En cuanto a la concertación de plazas, tiene acuerdos con 13 de las 16 autonomías (en Euskadi la competencia es de las diputaciones forales). Las únicas excepciones son Canarias, La Rioja y Navarra, territorios donde gestiona un único centro. En el caso canario, las plazas no están concertadas con la Administración autonómica, pero sí con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria.

Por comunidades, Domus Vi disfruta de los siguientes conciertos: 15 en la Comunidad Valenciana, 10 en Cataluña, 9 en Castilla-La Mancha, 8 en Andalucía, 7 en Madrid, 5 en Galicia, 4 en Illes Balears, 2 en Aragón, 2 en Castilla y León, 1 en Asturias, 1 en Cantabria, 1 en Extremadura y 1 en Murcia.

La multinacional tiene 6 residencias concertadas con la Diputación Foral de Bizkaia y 2 con la de Guipúzcoa.

Además, dispone de cinco conciertos con ayuntamientos. En cuatro casos se trata de residencias que también tienen plazas financiadas por la respectiva Administración autonómica: DomusVi Monta Val, con el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real); DomusVi Los Gavilanes, con el de Toledo; DomusVi Claret, con el de Barcelona, y DomusVi Nuestra Señora del Rosario, con el de Valdemoro (Madrid).

El mapa de acuerdos para plazas concertadas se completa con el Ayuntamiento de Guaro (Málaga), que financia parte de las plazas de DomusVi Sierra de las Nieves.

En definitiva, y sólo en lo relativo a las residencias, la multinacional tiene conciertos con 21 administraciones diferentes. La cifra hasta las 82 se completa con la financiación pública de otros servicios que presta dicha compañía, desde centros de día a clínicas de salud mental pasando por teleasistencia.

En la colaboración público-privada, un paso más allá de la financiación de plazas está la gestión integral privada de centros públicos. DomusVi tiene concesiones de este tipo en 16 casos. Los centros que gestiona la multinacional son de los siguientes propietarios: 4 de la Xunta de Galicia, 3 de la Comunidad de Madrid y uno cada uno de la Junta de Andalucía, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Cabildo de Gran Canaria, la Junta de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento de Alcúdia, la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Bizkaia.

Hay que señalar que Galicia –el domicilio social de la empresa está en Vigo– y Madrid son también las comunidades donde más centros tiene DomusVi, con 30 y 17, respectivamente. Le siguen la Comunidad Valenciana (15), Andalucía (13), Cataluña, (12), Castilla-La Mancha (11), País Vasco (10), Castilla y León (9), Baleares (6), Asturias (5), Aragón (3) y Cantabria (2). En las demás comunidades tiene una única residencia.

Uno de estos centros de titularidad pública y gestión privada de DomusVi, el del barrio madrileño de Usera, ejemplifica perfectamente otro de los problemas señalados al analizar el modelo residencial: la falta de control de la Administración sobre la calidad del servicio y sobre el cumplimiento de los contratos.

LA FALTA DE CONTROL

El pasado 5 de febrero, el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), anunció en la Cadena Ser que su departamento había iniciado el expediente para finalizar la concesión a DomusVi de la residencia de Usera. Reyero explicó que la empresa había cometido una de las infracciones que justifican la resolución del contrato: subcontratar a enfermeros. Ese recurso a terceras empresas está prohibida con el objetivo de garantizar la calidad del servicio por parte de la concesionaria.

Un par de días antes, El País había desvelado que la consejería de Reyero quería rescindir tres concesiones de residencias a Aralia, grupo creado por el empresario José Luis Ulibarri, vinculado a diversos escándalos de corrupción. El más conocido es el caso Gürtel. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel en la pieza separada de Boadilla y el juez también lo ha procesado en la pieza principal de la trama. Al frente de Aralia figuran ahora dos de sus hijos. El motivo para poner punto final a la concesión era el mismo: subcontratar de forma ilegal.

Pues bien, he aquí el dato asombroso: desde que en la Comunidad de Madrid se iniciaron las concesiones de residencias, hace tres décadas, nunca se ha rescindido un contrato. Ni uno. ¿Acaso las concesionarias han cumplido siempre de forma escrupulosa la ley y les ha dado de repente por incumplir las normas tras la llegada de Reyero al departamento de Políticas Sociales? Parece improbable. El propio consejero ofrecía una explicación más factible en la citada entrevista radiofónica: “La colaboración público-privada, si la Administración no ejerce su función de fiscalización y es dura cuando tiene que serlo, pues realmente nos encontramos con otra cosa”.

En el informe de los profesores Tortosa, Fuenmayor y Granell sobre la gestión de las residencias, una de las propuestas de mejora que plantean va en la misma línea: “Incorporar en los pliegos de los contratos las penalizaciones y consecuencias sobre las entidades ante el incumplimiento de los mismos, de manera que sean de efectiva aplicación práctica. No es asumible social ni políticamente mantener entidades que incumplen contratos”.

A Alberto Reyero no le ha dado tiempo a poner fin a esas cuatro concesiones antes del estallido de la crisis del coronavirus, que se ha llevado por delante hasta el 8 de abril las vidas de más de 4.200 personas que vivían en residencias de Madrid, según datos oficiales de la Comunidad. Y a Reyero también le pilló por el medio una crisis política. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decidió poner todo lo relacionado con las residencias bajo el mando de la Consejería de Sanidad, controlada por el PP.

Lo que sí ha tenido que hacer la Comunidad de Madrid es intervenir DomusVi Usera, uno de los trece centros donde el Gobierno regional ha tenido que tomar el control ante la crítica situación que se vivía.

Familiares de residentes en DomusVi Usera se pusieron en contacto con este periódico tras la publicación, el pasado jueves, de la información titulada El ‘mapa de la muerte’ de la multinacional DomusVi: más de 150 mayores fallecidos en ocho de sus residencias. En dicho reportaje no se mencionaba el centro de Usera porque en ese momento no existía constancia pública del número de decesos. Pero los familiares aseguran que también forma del lúgubre mapa. En concreto, según sus datos, entre el 17 de marzo y el 8 de abril han fallecido 34 personas, de ellas 22 en la propia residencia y otras 12 tras ser trasladadas a un hospital.

Pero su batalla contra el mal servicio que presta DomusVi, siempre de acuerdo con sus denuncias, viene de lejos. El 5 de agosto de 2019, por ejemplo, presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo. “Los familiares que firmamos este escrito pasamos nuevamente a informarle sobre la situación que se vive continuamente en el mencionado centro, después de numerosas reclamaciones presentadas en la propia residencia, empresa gestora DomusVi y Consejería de Políticas Sociales y de Familia, sobre la situación de desamparo, falta de cuidados, respeto y dignidad que están viviendo los residentes”, comenzaba el texto.

Y a continuación detallaban uno a uno sus motivos de queja por la situación en la residencia: falta de personal en todas las categorías, sobre todo en lo que respecta a auxiliares; “constantes” confusiones en la medicación de los residentes, “ya que se cuenta únicamente con dos enfermeras para las tres plantas del centro”; falta de limpieza “con carácter general” y unas instalaciones “totalmente deterioradas”; el espacio que debería estar habilitado como UCI está siendo utilizado como “almacén”…

Cuando estalló la crisis del coronavirus, la situación seguía sin mejorar, sostienen. Aunque al menos tenían la esperanza, tras las declaraciones del consejero Reyero, de que la Comunidad pondría fin a la concesión. Pero pronto se empezó a disparar la cifra de fallecidos. Y con ellas sus constantes mensajes al Gobierno regional, pidiendo que interviniesen la residencia.

“¡¡No podemos seguir perdierdo a nuestros familiares!! 19 fallecidos, más de 30 bajas laborales y sin la protección debida. ¿Cuántas muertes se necesitan para intervenir esta residencia?”, se preguntaban angustiados en un correo de finales de marzo, enviado a las consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales.

El 31 de marzo, la Comunidad intervino las ocho residencias que estaban en una situación más crítica, según los informes que manejaba. La DomusVi Usera no se encontraba entre ellas, para desesperación de los familiares de los residentes, que continuaron enviando mensajes. Cuatro días después, el 3 de abril, el Gobierno regional intervenía otros cinco centros. Y esta vez la suya sí estaba en el listado.

Al día siguiente, la funcionaria designada para dirigir y coordinar la actividad asistencial de la residencia, se puso en contacto con los familiares para comunicarle su nombramiento. En una de las comunicaciones con la nueva responsable, los familiares se interesan por saber cuándo estarán los test para residentes y trabajadores, y también se quejan amargamente de la actitud del director del centro: “Seguimos esperando noticias del director de DomusVi, en más de un mes no ha tenido la responsabilidad, ni la ética, ni la decencia de dirigirse a los familiares, después de 33 fallecidos”.

infoLibre ha intentado, sin éxito, que la nueva responsable de la residencia confirmase la cifra de fallecidos. Tampoco el director de DomusVi Usera, Sergio García Álvarez, ha querido ofrecer su versión sobre los hechos.

En todo caso, lo que parece evidente es que ahora simplemente se está hundiendo un modelo que llevaba años con vías de agua. En DomusVi Usera y en cientos de otras residencias de toda España. Falta por saber si la tragedia de los ancianos, inmensa, servirá para abrir un debate social sobre qué tipo de vida queremos para nuestros mayores. Y hasta qué punto estamos dispuestos a que sean un negocio más para los fondos de inversión.

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Puedes leer aquí la primera entrega de esta investigación: El ‘mapa de la muerte’ de la multinacional DomusVi: más de 150 mayores fallecidos en ocho de sus residencias

Si tienes información relevante sobre lo que está ocurriendo en las residencias, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es

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