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Agua y saneamiento en tiempos de pandemia… ¿dónde está la magia?

Liliana Pineda | Enrique Ortega. Publicado originalmente en @_infoLibre

A pesar de su importancia, servicios como el abastecimiento de agua potable y saneamiento son poco visibles y a veces pudiera parecer que abrir el grifo y tener acceso inmediato al agua potable, se debe más a una cuestión de magia que a la existencia de una sólida red de infraestructuras que posibilitan su regulación, captación, potabilización, transporte y distribución, así como su evacuación, depuración y vertido al cauce correspondiente. Todas estas infraestructuras se han ido construyendo a lo largo de muchos años, fundamentalmente mediante dinero público, es decir, gracias al esfuerzo de la ciudadanía. El empeño de los entes u operadores que las mantienen y explotan así como la tenacidad de sus trabajadores, que han estado al pié del cañón, han sido cruciales durante la pandemia.

La atención de la ciudadanía en este período se ha centrado, como es obvio, en los servicios sanitarios y sociales (concretamente las residencias de mayores), por lo que, sobre ambos servicios, existe un amplio consenso social: es necesario fortalecerlos, dotarlos de medios suficientes y debe revertirse la gestión privatizada de sus actividades a la gestión pública. Este amplio consenso social también debería extenderse a los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, cuya disponibilidad es fundamental para la vida, la salud y la higiene; en consecuencia juegan un papel crucial en la contención de la enfermedad.

Al igual que la sanidad y los servicios sociales, los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento también han sido debilitados por los recortes presupuestarios así como por la falta de inversiones para su renovación y mejora. Debido a las políticas económicas llevadas a cabo por los gobiernos en las últimas décadas, estos servicios han sufrido un grave proceso de privatización tal que el 55% de la población española está servida por operadores privados. Al tratarse de un mercado cautivo, seguro y de alta rentabilidad, que factura anualmente unos 7.560 millones de euros[1], constituye un sector muy apetecible para las empresas transnacionales que se dedican a lucrarse con los servicios públicos. La tendencia a la concentración empresarial en el sector es general en todo el planeta y en España hay dos empresas, Aqualia-FCC y Aguas de Barcelona-Suez, que poseen, a través de sus filiales, más del 80% del negocio privado del agua, lo que las convierte en máquinas de presión para imponer sus intereses empresariales frente a las administraciones públicas.

Durante la crisis actual, el Gobierno ha considerado a los servicios de agua y saneamiento como esenciales para combatir al coronavirus y en los decretos-ley aprobados el 17 y el 31 de marzo, en los que se concretan medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria, se recogen específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios de agua. En el primer decreto ley (8/2020), se establece la obligación de garantizar el acceso al agua a los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. En el segundo decreto ley (11/2020), esa obligación se extiende al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma. Estas medidas son coherentes con la protección del derecho humano a la salud y con la garantía de acceso al agua potable y al saneamiento, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, como derecho humano.

¿Cual ha sido la actitud de las transnacionales del agua ante estos decretos?

A pesar del consenso social que suscitaron las anteriores medidas, el lobby privado del agua, encabezado por la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), patronal del sector, está presionando al Gobierno, para que, en aras de una supuesta sostenibilidad del servicio, se permitan cortes de suministro a los hogares, ya que, en su opinión, la aplicación de los decretos ley aumentará la morosidad, ocasionando a corto plazo un déficit financiero estructural. AGA también pide modificar la legislación vigente, especialmente la Ley de contratos del sector público, con el objeto de ampliar la duración de los contratos concesionales y poder modificar sus condiciones económicas, con la coartada de compensar las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo, que aseguran se producirá por la crisis sanitaria. Por supuesto, estas peticiones no vienen avaladas por estudios concretos, sino por expectativas de lucro, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión. Es decir, AGA está actuando de forma insolidaria e irresponsable al anteponer sus intereses empresariales a la salud de la población, tratando de sacar provecho de la crisis sanitaria.

Desde luego esta crisis ha evidenciado las deficiencias de la gestión privada para solucionar problemas esenciales poniendo en valor el papel del Estado y la gestión pública de calidad, como los mayores garantes del interés general y del bien común. Sólo a una gestión pública puede exigírsele que opere con criterios de universalidad, accesibilidad, equidad, sostenibilidad, transparencia, participación, asequibilidad económica y rendición de cuentas de los servicios públicos y sólo una gestión pública puede garantizar que no habrá cortes de agua a personas con dificultades económicas o en riesgo de exclusión social, cortes que sí ocurren constantemente en la gestión privada.

Por todo ello, la Red de Agua Pública (RAP), organización que reúne a decenas de plataformas y organizaciones sociales, sindicales y ecologistas, del Estado español, en la defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, remitió el pasado 5 de mayo una carta a Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que, además de mostrar su preocupación y rechazo a las posiciones mantenidas por AGA, solicita al Gobierno que aborde, entre otras, las siguientes medidas:

1) Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación.

2) Dotar de financiación suficiente a los servicios públicos esenciales de gestión directa, en particular la sanidad y los servicios de agua y saneamiento, al tener ambos la consideración de derechos humanos y ser garantes del mantenimiento de la salud humana.

3) Prohibir por ley los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios de agua y saneamiento, introducen prácticas opacas, y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua en grandes negocios privados.

4) Facilitar los procesos de remunicipalización de los servicios de agua que aseguren la estabilidad en el empleo y asuman la gestión pública no lucrativa, transparente y con rendición de cuentas.

5) Fortalecer la función reguladora de los municipios en tanto que titulares de los servicios de agua y saneamiento, rechazando la creación de un regulador único. Crear un organismo específico cuyo objetivo sea la mejora de la gestión del ciclo urbano del agua, la comunicación, cooperación y el apoyo mutuo entre los entes locales, a la vez que asegure la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

6) Reconocer formalmente y regular al máximo nivel legal posible, el derecho humano al agua y al saneamiento, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con los criterios y principios definidos por Naciones Unidas.

En estos tiempos de epidemia y confinamiento es más fácil entender cuales son las actividades y servicios esenciales para nuestras vidas y la importancia de los servicios públicos tanto en los momentos de crisis como en la vida cotidiana, y es evidente que hay una nueva percepción social sobre el papel de lo público en la sociedad. Tomemos, pues, conciencia de la importancia de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, así como de los criterios con los que debe gestionarse. Defendamos nuestra Agua. ¡Exijamos su gestión pública!

[1] Según estudio de AEAS sobre el suministro de agua potable y saneamiento en España de 8 de mayo de 2018: https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/aeas-y-aga-presentan-el-xv-estudio-nacional-de-suministro-de-agua-potable-y-saneamien-DkbIt

Liliana Pineda es coordinadora de ATTAC Madrid. Enrique Ortega es coordinador de la Red de Agua Pública de Madrid.

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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