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OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE ATTAC MADRID

I. INTRODUCCIÓN

El Observatorio de Ecología Política de ATTAC Madrid (OEPA) se crea con la finalidad de analizar, dentro del discurso de ATTAC, cómo el sistema económico, geopolítico y social actual afecta al medio ambiente y por ende al desarrollo humano; o dicho de otra forma, cómo unas prácticas económicas, comerciales y políticas distorsionadas y dañinas son nocivas para nuestros ecosistemas y para nuestros derechos fundamentales y afectan cada vez más a nuestra calidad de vida, a nuestra propia supervivencia y, también, por tanto, al propio sistema económico. La prioridad esencial del Observatorio es, por tanto, la de analizar las vinculaciones entre las desigualdades sociales y ambientales que genera un modelo económico, el capitalista, que es incompatible en su concepción y desarrollo, con la lógica y estable evolución de los ciclos naturales, básicos para el aporte de recursos al sistema económico.

II. NATURALEZA Y NEOLIBERALISMO: FINANCIARIZACIÓN VS BIOSFERA

Los procesos de liberalización que conlleva el actual modelo económico inciden de manera negativa no solamente sobre la equidad social sino también, y de manera relacionada con esta, con el abuso de los bienes y recursos naturales. La privatización de la gestión de estos bienes y recursos naturales, los procesos acumulativos y especulativos ponen en riesgo la sostenibilidad y la equidad.

La expansión de los mercados de capitales no hace sino incidir en la afección a los ecosistemas generando al mismo tiempo desequilibrios sociales y ambientales. Esta realidad es muy palpable cuando se observa detenidamente la evolución de determinados vectores ecológicos (agua, suelo/territorio, biodiversidad …) donde los procesos de acumulación especulativa para usos privativos chocan con una realidad como es que esos bienes naturales son bienes comunes esenciales para la convivencia en equidad. Es por esto por lo que se puede afirmar que la degradación social y económica, está directamente ligada a la degradación ambiental, ahondando más los principios en que se fraguan las desigualdades.
El capital y la naturaleza se encuentran en un diálogo constante dentro de un sistema ecológico en el que se producen y reproducen constantemente. Muchos organismos tienden a producir de forma activa una naturaleza que favorece sus condiciones de vida y su reproducción. El ser humano no es ninguna excepción, el problema es que la lógica del capital, con sus dinámicas de crecimiento exponencial, es incapaz de aceptar los límites de los procesos naturales y acomodarse a sus ritmos de reproducción, lo que la lleva a sobreexplotar sistemáticamente los ecosistemas. De esta manera, el ser humano sólo está favoreciendo a muy corto plazo sus propios intereses como especie, causando a medio plazo el desastre tanto ambiental como humano. Además, esta sobreexplotación de la naturaleza cada vez se hace más en favor del capital (élites) y menos de la humanidad (lo común).

El sistema natural responde de una forma clara a las disfunciones de este modelo, da alarmas permanentes, que llegan a ser indicadores de la ineficiencia del actual sistema económico capitalista. Así es como hay que interpretar el cambio climático, el “stress hídrico”, la extinción de especies de flora y fauna, etc… hechos que ya afectan a la seguridad global de una ciudadanía que debe tomar conciencia real de que en tanto los bienes naturales son bienes comunes, son generadores de derechos que deberían prevalecer por encima de cualquier interés.
Tenemos derecho al agua y tenemos derecho al sol y al aire puro que no nos enferme; a la energía que se produce de manera descentralizada y que nos permite el autoconsumo. Tenemos derecho a la seguridad alimentaria y a la salud, que deberían estar por encima de cualquier interés económico y a salvo de procesos especulativos; y también a la biodiversidad, la cual debería protegerse de los usos privativos por acumulación y monopolio de materiales genéticos de semillas para cultivos agrícolas o para usos farmacológicos.
Pero el camino discurre en línea muy opuesta. El capitalismo y muy en particular el neoliberalismo, en una suerte de autodefensas con que se dota (que tiene que ver esencialmente con su pervivencia) generan “anticuerpos” (según acepción de Keucheyan en su reciente libro “La Naturaleza como campo de batalla”) no solo para amortiguar sus efectos socioambientales sino, también para sacar provecho de los problemas ambientales que crea, sobre todo del cambio climático. Estos anticuerpos se materializan, por ejemplo, en seguros ambientales y en sistemas de ecofinanciarización, bases del llamado “capitalismo verde”.

Son muy variados los mercados financieros y de seguros conectados con la naturaleza: seguros ante catástrofes naturales, los “derivados” climáticos y los “Bonos Catástrofe (“Bonos cat”) sistemas clásicos de transferencia del riesgo, Fondos de inversión ligados a los procesos de privatización de Servicios Públicos (que la crisis puso “en venta”) los Bancos de Hábitats naturales, incluso los que impulsan leyes de la UE, como la de Responsabilidad Ambiental, mediante la cual el riesgo de una determinada industria debe estar garantizado financieramente mediante un Seguro o un Aval o garantía financiera. El mismo Mercado de Carbono generado en origen por el Protocolo de Kyoto (y sus derivados, nunca mejor dicho) es un proceso que hoy mueve unos 150.000 millones de dólares supone un mecanismo de especulación donde ilusoriamente (como los otros) se pretende que el mercado corrija los déficits que ha generado el propio mercado con el resultado lógico de que el CO2 no solo no se ha reducido sino que se ha incrementado, y con él el cambio climático al que lleva.

Sin embargo, la relación contraria nunca se aborda. Se financiariza la naturaleza pero no se naturaliza la economía: es decir, no se abordan las realimentaciones entre los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y el proceso económico.
La realidad es que obviamente esta estrategia de financiarización no solo no mejora sino que empeora la situación ambiental pues está en su lógica especular con los daños existentes y no en hacerlos desaparecer. Así, por ejemplo, se prevé que las emisiones de CO2 se incrementen en un 130% hasta el año 2050 en un fenómeno ya imparable, solo como ejemplos: la reducción de biodiversidad se estima en una pérdida del 30% de especies en estos últimos 50 años; el stress hídrico y los problemas de abastecimiento y saneamiento de aguas no han mejorado de manera suficiente; la calidad del aire en los entornos urbanos ha empeorado y con ello los problemas de salud pública. El modelo económico es incompatible con la naturaleza aunque (y quizás debido a ello) se financiarice.
Y esto es especialmente relevante si consideramos que un Estado Social debe ampliar a las seguridades vitales como la sanidad, la educación o las pensiones, otras garantías que aseguren la disponibilidad de los bienes y servicios de la naturaleza para todos y su sostenibilidad en el tiempo. Pero también ese Estado Social debe replantear, en esta lógica, la medición de su Progreso. El PIB no es un buen indicador de progreso. El PIB mide el conjunto de bienes y servicios producidos en un país generalmente a lo largo de un año, sin embargo no valora los bienes y servicios que llegan a la ciudadanía, ni mucho menos del como está repartida su riqueza.

III. PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN LOS VECTORES SOCIOAMBIENTALES

Esta realidad global se observa claramente en tres vectores interactuantes que sustentan el Ecosistema natural y humano.

III.1. EL BINOMIO CAMBIO CLIMÁTICO-CRISIS ENERGÉTICA

Asistimos perplejos a los resultados de las “Cumbres” para frenar el Cambio Climático. Analizamos sus esperados resultados y, de nuevo, se nubla nuestra confianza en la responsabilidad de los Gobiernos. Las muestras de optimismo moderado de algunos de estos ante supuestos acuerdos salvadores, es una muestra absoluta de cinismo y desprecio por muchas poblaciones humanas que ya sufren, y más sufrirán, los efectos del cambio climático.
Nos encontramos, por tanto, con gobiernos y empresas que se aferran a un modelo energético que, no sólo está poniendo el clima del planeta en una situación límite, sino que, además, no tiene futuro, porque se basa en recursos que no van a ser capaces de proporcionar la energía demandada a lo largo de este siglo. La energía nuclear ha demostrado crecientemente que no debe formar parte de este futuro energético. Los enormes riesgos que conlleva demostrados en recientes catástrofes (Fukushima la última) hacen ver que debe ser una tecnología desechada.
Las medidas internacionales en la lucha contra el Cambio Climático asumidas hasta el momento han sido completamente ineficaces y tan solo han servido para una inútil escenificación de la preocupación y no de propuestas firmemente tendentes a la resolución del problema. La crisis (económica y ecológica, tienen el mismo origen) exige urgentes medidas que impliquen soluciones integrales que partan de la indudable clarificación de los reales responsables del problema (los países más industrializados que colonizan a los que están en vías de desarrollo) y que deben hacerse responsables máximos de estas soluciones, huyendo de las estrategias del “todos salen ganando” (Protocolo de Kyoto y sus evoluciones) donde utópicamente se planteaba que el mercado, causante real del problema, lo resolviera.
Pero la reflexión de fondo debe llevar a analizar las causas de fondo del Cambio Climático y de la crisis energética, que son parte del mismo problema: una sociedad adicta al consumo creciente de energía.

Una realidad marca la actual situación de la economía planetaria y sus implicaciones ambientales y es el hecho de que aproximadamente el 20% de la población mundial absorbe el 80% de los recursos naturales generando por tanto una evidente desigualdad social. Una concentración tan enorme de los recursos, consustancial a la economía de mercado y al modelo capitalista, permite a las grandes corporaciones empresariales y financieras, constituirse como plataformas de poder. Estas plataformas sortean o eliminan los sistemas de regulación pública protectores de intereses comunes, provocando crecientes incidencias ambientales al privilegiar las rentabilidades a corto plazo que recortan costes en gestión ambiental.
Ante la extrema gravedad de la situación ambiental se exige implicar de manera más firme a la ciudadanía en las políticas de prevención para que con voz propia y en su relación con sus instituciones y gobiernos, exijan el respeto a sus Derechos al medio ambiente como parte fundamental de un modelo social y económico más justo y equilibrado.

Siendo como son las viejas políticas energéticas las principales culpables de este Cambio Global son exigibles nuevos paradigmas a este nivel que lleven a una gran transición energética basada en el ahorro energético, en la sustitución de las fuentes energéticas agotables por fuentes renovables, en la disminución del consumo energético y en la eficiencia , , . Estos paradigmas implicarán romper con los sistemas centralizados de generación energética (y por tanto de poder político y económico) y fomentar la generación distribuida y por tanto la descentralización de las instalaciones generadoras y distribuidoras de energía potenciando el autoconsumo como paradigma de un nuevo sistema para el empoderamiento de la ciudadanía también a nivel energético por otra parte generadora de nuevos empleos.

La Nueva Política Energética debe dotarse de normativa y buscar el apoyo financiero necesario para fomentar medidas de ahorro y eficiencia en el consumo energético y de las energías renovables y de la autoproducción con instrumentos como:
• Nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con objetivos ambiciosos para 2030 y 2050 y que instara a la reactivación de planes de Ahorro y Eficiencia energética.
• Plan de Fomento de Energías Renovables y de generación distribuida y descentralizada.
• Planes, de criterios de ahorro y eficiencia energética en la Planificación Hidrológica.
• Revisión de la Planificación estratégica de Infraestructuras primando modos de transporte más eficientes.
• Ley de Movilidad Sostenible a nivel urbano.
• Reforma fiscal para incremento de los impuestos sobre los combustibles fósiles, definiendo claramente posibles escenarios coyunturales de exenciones, así como la creación de un Fondo Verde para el Clima, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo, para el fortalecimiento de capacidades de los países en desarrollo en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

III.2. AGRICULTURA Y SUELOS

Pero añadidamente a un nuevo modelo energético es preciso plantear cambios en el modelo de consumo y muy en particular en los hábitos alimentarios poniendo sobre la mesa por ejemplo que la producción de carne para el consumo tiene grandes efectos en la generación de gases de efecto invernadero y en un consumo hídrico muy superior al preciso en la agricultura.
La agricultura es uno de los sectores más frágiles ante el cambio climático y la crisis energética y es indispensable para el sustento de la humanidad.
Urge cambiar hacia un modelo agrícola resiliente frente al cambio climático y el pico del petróleo y que frene la pérdida de biodiversidad y suelo fértil y para ello es preciso cambiar el actual modelo agroquímico por un modelo agroecológico que utilice la mejora de los suelos y el fomento de la biodiversidad como herramientas para fertilizar y controlar las plagas en lugar de los agroquímicos derivados del petróleo.
Para ello proponemos las siguientes iniciativas:
• Incentivar, medidas de regeneración de los suelos agrícolas y de aumento de la biodiversidad.
• Incentivar los métodos agroecológicos de gestión agrícola y ganadera, promoviendo los circuitos comerciales locales teniendo a una economía de proximidad de menor impacto ambiental.
• Establecimiento de medidas de protección de los suelos fértiles y ecosistemas que están amenazados por la urbanización descontrolada y la construcción de infraestructuras.
• Adoptar medidas urgentes que reviertan el despoblamiento rural y el actual proceso de acaparamiento de tierras.

III.3. AGUA

El ciclo del agua tiene una fuerte relación con el clima, y sus cambios afectan en todas sus funcionalidades: ecológicas, económicas y sociales, fomentando los desequilibrios que ya el modelo socioeconómico capitalista lleva implícitos. Los efectos derivados de las sequías y las consiguientes hambrunas se extienden a conflictos bélicos que generan creciente movimiento de refugiados “ambientales”. Estos refugiados son producto de guerras donde el clima y sus modificaciones actúan de catalizador en una especie de “gran reequilibrio” donde estos desplazados no solo huyen buscando seguridad, sino que lo hacen hacia donde pueden tenerla, a los lugares que precisamente son el causante básico de su emigración (el Norte, los países desarrollados).
La crisis del agua radica en la pobreza, la desigualdad y las relaciones poco equitativas de poder, así como en las políticas erradas de gestión que agravan la escasez. Y no se debe olvidar que el acceso al agua para la vida es una necesidad básica al mismo tiempo que un derecho humano fundamental.
Actualmente, las preocupaciones por la seguridad nacional ante el terrorismo, la proliferación de armas y drogas están a la orden del día. Pero el hecho de que 1,8 millones de muertes infantiles anuales sucedan por motivos de falta de agua y saneamiento, no provoca que este tema se encuentre en las agendas internacionales. La inseguridad creada por estos déficits de gestión en el agua conllevan graves injusticias sociales que requerirían replantear una gestión equitativa del recurso en los siguientes términos:
• Igualdad de la ciudadanía. Todos los seres humanos disponen de los mismos derechos sociales, políticos y civiles, incluidos los medios para ejercer estos derechos eficazmente. La inseguridad de agua compromete estos derechos, también de igual de géneros pues una mujer que pasa largas horas recolectando agua o que sufre constantes enfermedades relacionadas con el agua dispone de menos capacidad para participar en la sociedad, aunque pueda participar en la elección de su gobierno.
• El mínimo social. Todos los ciudadanos tienen acceso a suficientes recursos para cubrir las necesidades básicas y llevar una vida digna.
• La igualdad de oportunidades, un requerimiento clave para la justicia social, disminuye a causa de la inseguridad de agua.
• A nivel de Política hídrica global, siempre basada en el blindaje público del recurso se deben tener elementos centrales como:
 Huir de su mero utilitarismo comprendiendo en sí el recurso en cuanto a su funcionalidad integral social, económica y ecológica. En ese sentido la gestión del agua debe plantearse como integradora y no segregadora a nivel territorial.
 La gestión sostenible del agua implica la garantía y el aseguramiento en el tiempo del suministro en cantidad y calidad en una situación de gestión global ante los riesgos derivados del cambio climático.
 Las unidades de gestión del agua deben compatibilizar la realidad hidrogeográfica con las políticas-administrativas. La gestión unitaria e integrada del ciclo hidrológico, que comprende aguas continentales (superficiales y subterráneas), y marinas, se ha demostrado como la más eficiente.
 Búsqueda de la máxima transparencia en esta gestión en base a la cual se fomenten los necesarios acuerdos entre consumidores y usuarios incrementando así la eficiencia en el uso del agua.
 El Cambio Climático debe orientar la política hídrica potenciando la regeneración/reutilización y los máximos niveles de eficiencia de uso (Agua Renovable).
 En materia de regadíos es esencial la búsqueda de la viabilidad económica estricta de los mismos en un proceso global, incentivando en su gestión el uso de energías renovables.
 Los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de un ciclo urbano integrado para el que es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva. Por ello, apostamos por un modelo de gestión participativa sometido a la regulación del derecho público y al margen del derecho privado y mercantil, en el que el ente gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a la ciudadanía.

III.4. BIODIVERSIDAD

La protección de la biodiversidad es esencial como valor no sólo en sí mismo, con valor cultural, sino como valor y activo económico y real para el desarrollo de nuestras sociedades y como derecho fundamental de disfrutar un adecuado entorno, donde la biodiversidad juega un papel fundamental. El creciente fenómeno de la deforestación en gran medida provocado por grandes empresas madereras, incide en la desaparición de los sistemas ecológicos y por ende en la destrucción de sumideros de carbono esenciales para buscar la resiliencia al cambio climático. La biodiversidad es responsable o colabora de forma decisiva con multitud de funciones a nuestros ecosistemas del que dependen de forma vital nuestras sociedades.
El estudio de estas funcionalidades de la biodiversidad ha ido demostrando que proveen a la humanidad funciones como son la regulación atmosférica (equilibrio de dióxido de carbono, ozono, contaminantes, etc.) climática, regulación hídrica, sujeción y formación de suelo, formación de nutrientes, control biológico, procesado de residuos, función de refugio, criadero, comida (vegetal y animal), energía, etc., provisión de materias primas, recursos genéticos, fármacos, materiales de construcción; funciones paisajísticas, recreativas, turísticas, culturales, espirituales, históricas, etc…
Muchas de estas funcionalidades están siendo objeto de procesos de especulación financiera mediante la constitución de seguros, bonos verdes, créditos forestales, “bancos de hábitats”, etc…También la biodiversidad está siendo copada por grandes corporaciones que manipulan materiales genéticos para luego monopolizarlos mediante sus consiguientes patentes que comercializan desde posiciones conniventes con los gobiernos imponiendo condiciones a consumidores y productores (agricultores) que afectan a su soberanía (particularmente la alimentaria) e incluso a su propia seguridad por potenciales incidencias en la salud pública.

IV. A MODO DE CONCLUSIONES: HACIA UNA HEGEMONÍA DE LA SOSTENIBILIDAD REAL

Es preciso compartir lo que nos es común, los recursos naturales como bienes comunes y públicos: agua, semillas, tierra, biodiversidad, subsuelo, etc… y son generadores de Derechos, para lo que deben fortalecerse los servicios públicos como garantes de este bien común y blindarse, con la regulación adecuada, ante los procesos de privatización de gestión concesional de servicios existentes y de posible futuro. Un claro ejemplo es la aplicación de los tratados de libre comercio como el CETA, el TISA y el TTIP, que conllevan gravísimos procesos de desregulación ambiental que podrían redundar en riesgos sobre la salud pública.
La forma de entender la destrucción del medio ambiente desde una visión neoliberal no es evitarla, sino que varía entre obviarla y reenviar los costes de restauración al Estado y especular financieramente con ella para sacar beneficios. El problema es que esta estrategia, con ese modelo, está destinada al fracaso pues los ciclos naturales no lo soportarán, de hecho dan su voz de alerta en forma de Cambio Climático. El capitalismo no podrá superar la crisis ecológica que el mismo provoca. En su naturaleza está el producir incrementos en el metabolismo social, permanentes flujos de energía y consiguientes aumentos de la entropía. Esta economía por su crecimiento exponencial es esencialmente lineal (no circular) pues necesita una velocidad de regeneración muy superior a las de ciclos naturales en los que se soporta. Los enfoques del “capitalismo verde” financiarizador, apuntalan el modelo queriendo dar una falsa apariencia de viabilidad pues la naturaleza le pone unos límites que serán infranqueables en la medida que la ciudadanía así se lo exija a sus Estados. Se precisa pues ir tendiendo a la conformación de un modelo de progreso social más justo que no necesariamente siempre confluye con un crecimiento económico general.

En este sentido el Estado ocupa un papel central como interfaz entre capitalismo y naturaleza, como ente Regulador esencial, por eso la política ambiental es una cuestión de Estado, el cual debe implementar una fiscalidad progresiva a nivel ambiental grabando en mayor medida las afecciones a los bienes comunes que son los recursos naturales. Pero la política ambiental depende en gran medida de la sociedad civil que debe velar para exigir que el Estado no quede secuestrado por las oligarquías económicas, una ciudadanía que reclama la equidad: social y ambiental.
Reivindicamos pues a la Sostenibilidad como acepción que expresa la necesidad de un nuevo modelo y ello a pesar de que ha sido una palabra manipulada, apropiada, sometida al “capitalismo verde” pues creemos que implica un nuevo modelo crítico con el neoliberal imperante tal y como se observa en distintas partes del Planeta.