Bruselas cambia multa por drásticos recortes de déficit público

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

La Comisión Europea ha decidido finalmente imponer una multa simbólica de 0 euros a España y Portugal por no haber tomado medidas efectivas para respetar el tope de déficit público impuesto. Es la primera vez que se hace efectiva una sanción por un incumplimiento del límite de déficit público, a pesar de que a lo largo de toda la historia de la Unión Europea ha habido nada más y nada menos que 165 incumplimientos. Lo cierto es que ya muchos advertíamos de que no iba a haber multa económica ya que la misma lo único que lograría sería elevar el déficit público y lo que quiere Bruselas es precisamente que se reduzca. No existiría nada tan absurdo como imponer una sanción que agravaría la situación que se pretende corregir. En cualquier caso, a cambio de descartar la multa económica Bruselas ha impuesto unas metas fiscales para el Estado español mucho más duras que las anteriores, a saber: objetivo de déficit público de 4,6% sobre el PIB para 2016, 3,1% para 2017, y 2,2% para 2018. Todo ello implicaría que el Estado español tendría que recortar el déficit en más de 30.000 millones de euros desde 2015 a 2018, que es aproximadamente la misma cantidad de gasto público total que se ha recortado desde el año 2009 hasta 2015.

Estamos hablando de unas medidas fiscales absolutamente salvajes que no sólo resultarían gravemente perjudiciales para la mayoría social, sino que también serían completamente nocivas para la actividad económica, amén de que lo más probable es que ni siquiera sirviesen para cumplir con los objetivos de déficit público (como ha ocurrido en todos los años anteriores). A decir verdad, el recorte de 30.000 millones de euros sería sobre el déficit público, por lo que no necesariamente habría de pasar por tijeretazos en el gasto público, sino que también se podría recurrir a incrementos de ingresos. Algunos de estos ingresos aumentarán probablemente por el efecto de la actividad económica, como viene ocurriendo últimamente con el IVA o con los impuestos especiales (sobre hidrocarburos, tabaco, bebidas alcohólicas, etc)[1], que son, por cierto, los más injustos ya que los paga tanto la persona sin recursos como la persona más rica del país. Algunos otros ingresos podrían mejorar por el afloramiento de fraude fiscal o por nuevos incrementos de impuestos, pero en cualquier caso es evidente que estos objetivos fiscales están emplazando al futuro gobierno a recortar muchísimo en gasto público, aunque no sea en 30.000 millones de euros.

Pero lo que hay que tener claro aquí es que estas medidas fiscales están profundamente equivocadas si lo que se pretende conseguir es reducir el déficit público y mejorar la economía. Ahora bien, si –como más bien parece– lo que se pretende conseguir es que se reduzca todavía más el Estado del Bienestar español, entonces estas medidas son las más adecuadas.

Lo he explicado hasta la saciedad: el déficit público y la deuda pública no son el problema; son la manifestación del problema. En un contexto de recesión y estancamiento económico el déficit público se dispara inevitablemente porque hay automáticamente menos ingresos y más gastos públicos (en desempleo y otras prestaciones sociales, fundamentalmente). No es algo siquiera que puedan controlar los gobernantes. En cambio, cuando hay crecimiento económico, el déficit público se reduce (e incluso puede convertirse en superávit, como ocurrió en el Estado español en 2006 y 2007) porque hay automáticamente más ingresos y menos gastos. En consecuencia, la mejor forma para reducir el déficit es impulsando la actividad económica. Y si para ello hay que incrementar la inversión y gasto público (y hay que hacerlo), entonces no importará que a corto plazo se incremente algo el déficit público, porque activará un proceso que logrará que en el futuro el déficit se reduzca.

Precisamente empecinarse en reducir el déficit público a través de incrementos de impuestos y de reducciones de gasto es la peor estrategia posible porque esas políticas deterioran la actividad económica por motivos evidentes (menos dinero en el bolsillo de los contribuyentes y de los beneficiarios del gasto público). Una vez se deteriora la actividad económica, hay automáticamente menos ingresos y más gastos, por lo que se produce una fuerza sobre el déficit público en sentido inverso al que se pretendía insuflar. El resultado total puede ser muy variado porque depende de muchos otros factores, pero en cualquier caso se corre el riesgo de que esas políticas de austeridad provoquen un incremento del déficit público.

Por eso ha habido tantos incumplimientos del déficit público: porque los gobernantes no controlan ese indicador. El déficit público depende de la actividad económica y ésta no es determinada por los gobernantes, sino que depende de muchos factores.

Lo que tenemos que empezar a entender todos –empezando evidentemente por los gobernantes europeos-, y para esto ayuda mucho la Teoría Monetaria Moderna, es que el déficit público no es un fin sino un medio, que debemos utilizarlo siempre que sea necesario para fomentar la actividad económica, y que no nos debe preocupar que en determinadas situaciones parezca muy elevado. Porque ha quedado demostrado hasta la saciedad que mientras haya un banco central encargado de controlar la prima de riesgo (como ocurre en la Eurozona desde julio de 2012), tener déficit e incluso endeudamientos elevados no supone ningún problema. El problema, en todo caso, es que la actuación del banco central del que dependemos, el Banco Central Europeo, se rige por criterios neoliberales que persiguen la reducción del tamaño del sector público y la maximización del beneficio de las grandes empresas por encima de cualquier cosa. Pero ésta es una cuestión política e ideológica, no técnica; que no nos confundan disfrazando de ciencia su perversa ideología. Los recortes ad hoc de déficit público no tienen ningún sustento científico y todos y todas debemos rebelarnos contra esta abominable herramienta de dominación y control.