La iniciativa del médico jubilado Carlos San Juan “soy mayor, no idiota” ha dado un enorme impulso a la denuncia que desde hace meses venimos haciendo sobre la Exclusión Financiera que están soportando los ciudadanos españoles. Circunstancia que no sólo afecta a los mayores sin habilidades para operar digitalmente en un territorio abandonado de oficinas y empleados por la desaparición de la mayoría de las entidades financieras. La Exclusión Financiera ataca principalmente a la mayoría social, trabajadores, autónomos, dependientes y profesiones que viven al día de sus salarios, pensiones o ingresos periódicos. Poner trabas para disponer el dinero plantea problemas vitales imposibles de afrontar: como pagar los gastos de consumo diario y los servicios básicos. A eso dedican los ingresos la mayoría social de la población. La desaparición de las Cajas de Ahorros y la reducción del Sistema Financiero Español a un Oligopolio privado sin vestigio de Banca Pública ha dejado a los ciudadanos inermes financieramente. El dinero en una economía de transacciones mercantiles es un bien público, de uso universal, y el acceso al mismo, por tanto, no puede estar condicionado y mediado por un puñado de bancos privados.
Las entidades bancarias que quedan de participación pública pueden ser punto de partida para recuperar una banca minorista y pública. Sólo el estado puede garantizar restituir un servicio financiero imprescindible para los ciudadanos, no el mercado. Hablamos del ICO (como una banca de desarrollo que llegue a todas las provincias para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa); de la red de Correos o de la participación pública en CaixaBank.
De forma inmediata, la red de Correos no debe estar al servicio del negocio de entidades privadas sino realizar directamente las operaciones básicas que ya en su momento realizaba como Caja Postal más las que le permite su condición de Entidad de Dinero Electrónico (EDE).
Plataforma por la Banca Pública