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CRISIS DE COVID-19: LA POLICÍA TÉCNICA APROVECHA LA ESTRATEGIA DE CHOQUE

Ciudadanía digital ©Wikipedia

Basado en la Obra colectiva « Résistons ensemble, pour que renaissent des jours heureux ».

Artículo publicado originalmente en francés en La Quadrature du Net

Benoît Piédallu

En febrero o principios de marzo de 2020, viendo llegar la ola de fondo de la pandemia, nadie en La Quadrature  du Net había imaginado cuánto nos obligaría a movilizar nuestras fuerzas. Movilizadas en ese momento por la ley Avia (que transfiere las responsabilidades de censura a grandes plataformas), promoviendo la interoperabilidad (que requeriría que estas mismas grandes plataformas se conectaran a otras herramientas), o forzando la mano a la CNIL (Comisión Nacional de Procesamiento de Datos y Libertades) sobre la legislación de cookies, ¿cómo podríamos haber pensado que un acontecimiento sanitario alteraría nuestra agenda hasta este punto?

Y sin embargo, los primeros temas llegaron rápidamente. Pocos días después del inicio del confinamiento oficial (17 de marzo), Orange informó a los medios de comunicación que el 17% de los parisinos habían abandonado la capital al comienzo de la contención, lo que el operador solo podría haber sabido utilizando datos de las terminales de los teléfonos que no están previstas para este propósito. Luego fue el establecimiento de un sistema de seguimiento total de la población que fue rápidamente resuelto. La policía, sola para decidir quién tenía derecho a estar en las calles o no, aprovechó la oportunidad para usar sus drones de forma masiva, desde la prevención hasta la verbalización, como en esos videos de China de los que que todos se burlaban unas semanas antes. Aprovechando esta situación de emergencia, los representantes electos locales fueron convocados para actuar mientras estaban en un intermedio entre las dos vueltas de las elecciones, muchas compañías comenzaron a ofrecer, a la vista de todos, sus tecnologías de vigilancia, incluso gratuitas, con el pretexto de combatir la pandemia.

La vigilancia de la población ha sido un tema de lucha durante mucho tiempo entre las asociaciones de derechos fundamentales, por un lado, y las empresas privadas y las autoridades, por el otro. Pasando de lo paranoico a lo realista con motivo  de la publicación de las revelaciones de Snowden en 2013, estas asociaciones se beneficiaron de una oportunidad muy corta antes de que compañías especializadas y políticos pro-vigilancia tomaran el control. El GDPR, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, se ha  beneficiado en su redacción. Pero, básicamente, el gobierno francés nunca ha dejado de agregar regulaciones para instalar nuevas herramientas para monitorear a su población, cuando no son tecnologías de vigilancia implementadas ilegalmente por diferentes servicios, y legalizadas una vez que el legislador se enfrenta a un hecho consumado.

“Technopolice” es una campaña lanzada por La Quadrature en septiembre de 2019, que enumera, denuncia y combate las herramientas de vigilancia urbana. Ya se trate de reconocimiento biométrico, de detección de eventos, de uso de drones, de cruzamiento y de análisis algorítmico conectados a datos urbanos, las colectividades locales los han desplegado de forma oculta durante algunos años , principalmente al amparo de la experimentación. Este principio es una pantalla que a menudo les permite evitar lanzar licitaciones, pero también tranquilizar a la población: al presentar a sus ciudadanos un proyecto como “temporal”, un.a funcionario.a político puede más fácilmente impleméntelo en el espacio público, sin tener que demostrar la efectividad de un sistema.

Esta técnica también se utiliza a nivel nacional: con motivo de la ley de finanzas de 2020, un artículo preveía la implementación de un experimento de tres años (sic) por el cual se autorizó al Ministerio de Finanzas para capturar datos sobre diversos servicios en línea (leboncoin, eBay, etc.), luego a aplicarles algoritmos para combatir el fraude fiscal. Y Cédric O también solicitó, a fines de diciembre de 2019, el establecimiento de un experimento nacional en tecnología de reconocimiento facial, que de nuestro lado solicitamos su prohibición total.

Para cada despliegue, existe en todo el mundo una demostración de diversión por parte de la administración: El reconocimiento facial en India, se presentó inicialmente para encontrar a niños perdidos se usa para enumerar a los.as manifestantes. El uso de big data para combatir el fraude fiscal, fue desviado, en los Países Bajos para discriminar a las poblaciones más pobres.

La crisis por la que estamos pasando ha cambiado la situación: estas compañías de seguridad ya no se esconden y se acercarán a las comunidades, organizaciones o establecimientos de salud para ofrecerles herramientas para monitorear y controlar a la población.

La policía admite haber usado sus drones sin base legal. Y aprovecha esto para aumentar su flota en más del doble a través de un contrato por valor de cuatro millones de euros. Incluso empresas sin actividad militar o de seguridad, como Sigfox, cuyo jefe ofrece, como alternativa a la aplicación de seguimiento StopCovid, suministrar pulseras electrónicas a la población.

Se practica la estrategia de choque. Aprovechando el trauma del balance del número diario de muertos por miles y el confinamiento impuesto a una sociedad animada por lazos sociales, los especuladores de la crisis están avanzando sus peones para abrir un lugar sostenible para sus mercados de seguridad.

Para algunos, sus nombres son conocidos por todos: por lo tanto, Orange vende estadísticas a clientes comerciales en función de los movimientos de sus suscriptores, sin su consentimiento. Su nombre también está vinculado a Dassault Système y Capgemini en el desarrollo de StopCovid, la aplicación de seguimiento de la población.

Todo se hace con la idea de que el enemigo es el pueblo. Se le miente, se le observa, se le rastrea, se le verbaliza si sale de su casa. Se les hace a los enfermos responsables, porque sin duda son los que no respetaron el confinamiento. Hacemos a las personas responsables individualmente haciéndoles llevar la peor parte de la muerte de los demás. Ni una sola vez, durante esta crisis, el poder político ha reconocido sus fallos. No: para los gobernantes, cuyas administraciones todavía estaban destruyendo máscarillas en marzo, las soluciones son herramientas de control (temperatura, uso de la máscara), herramientas de vigilancia (StopCovid, drones, patrullas callejeras), nuevas bases de datos ( extensión de ADOC, para informes de tráfico, contacto con Covid y SIDEP para rastreo manual de “brigadas Covid”), o incluso control de información (coronavirus Désinfox) …

Esta emergencia sanitaria, que impone el confinamiento y abre nuevas bases de datos de la población, debe finalizar lo más tarde el 10 de julio de 2020. Pero la historia reciente muestra que un estado de emergencia temporal puede ser fácilmente renovado varias veces, hasta entrar en el derecho común. E, incluso sin una renovación legislativa perpetua, es la entrada en los hábitos lo que debemos temer.

El riesgo es el efecto de trinquete: una vez que se implementa una tecnología, el esfuerzo para eliminarla será mucho mayor que el necesario para evitar su instalación. Políticamente, por el deseo de hacer una inversión rentable o por temor a ser criticado por su electorado por haber reducido la protección ilusoria. Del lado de la población, eliminar una tecnología a la que las personas se hayan acostumbrado requerirá un esfuerzo considerable. El despliegue, durante meses, de herramientas de control tiende a hacer que formen parte del decorado. ¿Quién solicitará el abandono de herramientas adquiridas a un gran costo (€ 8,000 por cámara térmica fija) una vez que la pandemia haya pasado? ¿Y cómo decidiremos el final de esta pandemia: con la llegada de una vacuna? Así como el estado de emergencia contra el terrorismo se ha incorporado a la ley ordinaria, es posible que la hipótesis de un retorno al peligro sanitario autorice a las autoridades a mantener las disposiciones establecidas para el Covid-19.

Pero la lucha contra un peligro para la salud es parte del plan de gestión de riesgos, no de un sistema de vigilancia generalizado y permanente. Un plan que proveería la disponibilidad continua de un número suficiente de máscaras y de un sistema hospitalario adaptado.

Entonces ¿qué ? ¿Qué herramientas políticas usar para evitar la prolongación de un estado de emergencia y esta tentación permanente de politizar a la población?

Los políticos electos, la administración y las autoridades han sido durante varias décadas la fuerza impulsora de esta inflación de seguridad que ha alimentado muchos discursos y servido a las ideologías políticas. Por lo tanto, ahora es necesario informar a la opinión pública sobre los riesgos de continuar en este camino y movilizarla para el establecimiento o fortalecimiento de salvaguardas. Sugerimos algunas formas de ir en esta dirección.

• La CNIL es la autoridad en Francia cuya misión es garantizar el respeto de los datos personales, ya sea por parte del Estado o de empresas privadas. Antes de 2004, cualquier creación de tratamiento tenía que pasar por una autorización de la CNIL. Desde entonces, solo ha sido una autoridad asesora, cuyo poder se ha limitado a sanciones contra empresas privadas. Es necesario que se restablezca su autoridad contra el legislador, lo que implica mejorar su independencia, mediante un aumento en su presupuesto, un cambio en el proceso de nombramiento de comisionados, desarrollando el lugar de la sociedad civil dentro de ella y restaurando su poder de bloqueo regulatorio.

• El uso de la herramienta informática por parte del Estado debe ser transparente. Los algoritmos utilizados para tomar decisiones administrativas deben publicarse tan pronto como se implementen.

• Para garantizar la independencia técnica de estas mismas administraciones, es necesario que utilicen software libre, ya sea para el sistema operativo o el software actual.

• Las decisiones políticas sobre el uso de tecnologías no deben tomarse sin la población. Para ello, es necesario proporcionar en la escuela y, posteriormente, capacitación suficiente en tecnología digital, con sus consecuencias técnicas, sociales y políticas.

• La instalación de herramientas de control en el espacio público debe prohibirse siempre que sea posible una alternativa no automatizada, que excluye casi todas las herramientas implementadas durante esta crisis.

• Una limitación drástica de los campos de inteligencia (y el cese del experimento sin fecha de cajas negras), y el desarrollo de sus contrapoderes.

• Limitación inmediata de la recopilación y el almacenamiento de datos de conexión, de acuerdo con la jurisprudencia europea.

• Sanciones rápidas y drásticas contra el sector de rastreo de publicidad en línea para poner fin rápidamente a la ilegalidad con respecto al GDPR.

• El desarrollo de un contrapeso grave ante el abuso policial.

Resistir juntos, para que renazcan los días felices“, (Descargar en francés  en formato epub y PDF).

Traducción del francés Begoña Iñarra.

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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