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Declaración conjunta para pedir a las/los Diputadas/os del Parlamento Europeo que voten NO al Acuerdo Comercial UE – CHILE

Estimadas/estimados diputadas/os del Parlamento Europeo:

Como miembros preocupados de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos europeos, escribimos para llamar urgentemente su atención sobre la próxima votación sobre el acuerdo marco avanzado (AFA en inglés) UE-Chile, que será estudiado por el Comité de Comercio de la UE (INTA) el 24 de enero, y posteriormente pasará a votación en el Parlamento Europeo a finales de febrero.

Si bien reconocemos la importancia de una relación más profunda entre la UE y Chile, debemos expresar nuestra gran preocupación por las implicaciones de este acuerdo, en particular sobre los derechos humanos y el medio ambiente, así como la capacidad de Chile para agregar valor a sus materias primas. De hecho, el acuerdo aumentará la explotación de materias primas y al mismo tiempo reducirá el espacio político para que Chile administre sus recursos naturales y sus cadenas de suministro de materias primas. 

Consideramos que este acuerdo fomenta modos de producción e intercambio insostenibles e injustos, destinados a reforzar los términos de comercio neocoloniales, por las siguientes razones:

El acuerdo aumentará la minería irresponsable y sus consecuencias sociales y ecológicas sin establecer suficientes salvaguardias.

Chile alberga varias materias primas definidas como estratégicas y críticas por la UE, como el litio y el cobre. El acuerdo, y más precisamente el Tratado de Libre Comercio interino (iFTA en inglés), aumentará significativamente el comercio de materias primas, ya que el acuerdo elimina todos los aranceles y derechos de exportación, así como las barreras técnicas al comercio del lado chileno. Por lo tanto, se puede esperar que las actividades mineras en Chile aumenten significativamente. La minería es una actividad económica propensa a conflictos. A la fecha, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros contabiliza 49 conflictos relacionados con proyectos mineros en Chile. Estos, junto con los impactos ambientales de la minería (incluido el empeoramiento de la crisis del agua, la pérdida de biodiversidad y la contaminación) se verán exacerbados, afectando en particular a las comunidades locales e indígenas que a menudo viven cerca de los sitios mineros y dependen de la agricultura y el pastoreo para su subsistencia. Los principales impactos no económicos de la extracción de litio se reconocen explícitamente en la Evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad de la UE (SIA en inglés), que concluye: “Teniendo en cuenta el aumento esperado en la demanda de litio, así como la inversión de la UE en el sector, los efectos descritos anteriormente podrían verse amplificados”. De hecho, la principal preocupación de los actores interrogados sobre los impactos esperados del acuerdo UE-Chile para el SIA fue la expansión de las llamadas zonas de sacrificio (ambientales) en Chile.

Sin embargo, el acuerdo no establece ninguna salvaguardia efectiva y ejecutable; no hay obligaciones de respetar el Convenio 169 de la OIT y el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado como se enumera en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y recomendado por el Relator de las Naciones Unidas durante su reciente visita a Chile. 

Lo mismo se aplica a los principales acuerdos internacionales de derechos humanos o ambientales multilaterales. De hecho, el Capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible (TSD en inglés) no es más que una declaración de intenciones y buena voluntad. La cláusula de revisión propuesta para el capítulo sobre TSD, así como la declaración conjunta sobre desarrollo sostenible, están formuladas en términos muy vagos, lo que hace muy improbable que se incluyan salvaguardias ejecutables en el futuro. Aún más preocupante es el hecho de que, en lugar de incluir la debida diligencia obligatoria para las empresas mineras, el acuerdo contiene un mecanismo de resolución de disputas entre inversionistas y Estados que otorga a las corporaciones extranjeras el privilegio de demandar a Chile (pero también a los 27 estados miembros de la UE) ante un tribunal internacional de arbitraje, al que sólo tienen acceso los inversores.

El acuerdo NO apoyará la intención de Chile de agregar valor a sus materias primas, sino más bien socavar su desarrollo industrial.

El acuerdo interino entre la UE-Chile incluye disposiciones en su capítulo sobre energía y materias primas (ERM en inglés) para asegurar el acceso de la UE al litio, el cobre y otras materias primas, lo que afectará gravemente la capacidad de Chile para ascender en la cadena de valor de las materias primas. Si bien la Comisión ha presentado las cláusulas como favorables para Chile, el capítulo sobre energía y materias primas cuenta otra historia. Esto dado que:

1. Prohíbe los monopolios de exportación e importación de materias primas, limita la actual política de precios duales existente en Chile (actualmente, Chile reserva el 25% de la producción para empresas establecidas localmente a precios preferenciales) y obliga a Chile a no aplicar ningún tipo de restricción a las exportaciones hacia compañías de la UE.

2. Las excepciones otorgadas en el acuerdo para que Chile “introduzca o mantenga medidas con el objetivo de fomentar la adición de valor, mediante el abastecimiento de sectores industriales a precios preferenciales de materias primas (…)” están severamente limitadas por las condiciones establecidas en el Anexo II. De hecho, definen un umbral muy concreto para la doble fijación de precios. A saber, que el precio preferencial no debe estar «por debajo del precio más bajo para las exportaciones del mismo bien realizadas durante los 12 meses anteriores.» Por lo tanto, en lugar de apoyar el desarrollo industrial de Chile, estas cláusulas ponen un precio a un mayor valor agregado en el país.

3. Abolirá todo tipo de aranceles u otros derechos de exportación que Chile aplica actualmente. Al cobre, por ejemplo, Chile aplica un derecho de exportación de hasta el 8%, lo que constituye un ingreso importante para el presupuesto fiscal del país. La eliminación de todos estos aranceles y derechos da un mayor incentivo a las prácticas extractivas y es un impulso para las corporaciones en el negocio, mientras que básicamente no deja ingresos en el país.

A través de estas disposiciones, la UE obstaculizará gravemente la capacidad de Chile para ascender en la cadena de valor de las tecnologías verdes/limpias. De hecho, la evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad prevé una disminución de casi el 3% en el empleo en la ingeniería mecánica, un sector con tradicionalmente buenas condiciones laborales que es vital para los esfuerzos de Chile hacia una transición verde y justa. Esto es una continuación de las estructuras comerciales desiguales existentes y resuena con los términos de intercambio de la época colonial. Esto también va en contra de los compromisos de Europa y Chile con un desarrollo equitativo y sostenible para todos (Agenda ODS 2030).

El acuerdo UE-Chile socava la transición socio ecológica de Chile y contradice el Pacto Verde Europeo.

El acuerdo entre la UE y Chile es promocionado como un instrumento para facilitar la transición verde de la UE. Al mismo tiempo, se están externalizando los costos sociales y ambientales de esta transición. Mientras que a las corporaciones europeas se les concede acceso a recursos energéticos para producir y exportar el llamado hidrógeno verde y explotar materias primas, las comunidades locales sufren efectos perjudiciales para sus medios de vida y su salud. De hecho, no se puede obligar a los inversores a transferir tecnología, emplear personal local o insumos producidos localmente, ya que esto está prohibido por el capítulo de liberalización de inversiones. Al mismo tiempo, la capacidad del Estado para decidir cómo regular sus bienes comunes naturales está gravemente restringida. Si Chile quiere seguir desarrollando su economía y, por lo tanto, imponer impuestos más altos, por ejemplo, a los productos mineros, introducir subsidios, fijar sus propios precios e imponer regulaciones o requisitos de desempeño a los inversores extranjeros, estas medidas se considerarían barreras (técnicas) al comercio y podrían constituir una infracción del acuerdo. Lo que podría dar lugar a medidas de represalia por parte de la UE, o incluso a costosos procedimientos de solución de diferencias entre inversores y Estados.

Desarrollar una transición socio ecológica en Europa a costa del bienestar ambiental y social en Chile contradice el objetivo general del Pacto Verde Europeo de no dejar a ninguna persona o lugar atrás (‘leave no one behind’), así como los esfuerzos de la UE para combatir el cambio climático. Sólo podemos prevenir una catástrofe climática respetando la protección del clima y el medio ambiente a nivel mundial, asegurando así la transición socio ecológica no sólo en Europa, sino también en Chile y en todo el mundo.

El acuerdo fomentará el establecimiento de granjas a gran escala en ambas regiones.

Esto tendrá impactos negativos en los derechos de los campesinos reconocidos en la DNUDPI, y en el clima, ya que se enviarán más productos agrícolas a todo el mundo. En particular, el acuerdo tendrá un efecto negativo en el cultivo de pastos en ambas regiones, lo cual es fundamental para detener la pérdida de biodiversidad. Además, el acuerdo expulsará del mercado a los pequeños agricultores, promoviendo así una mayor industrialización de la agricultura. Esto tendrá un impacto particularmente negativo en la igualdad de género, ya que muchas pequeñas granjas en Chile están dirigidas por mujeres. La evidencia obtenida sobre el terreno también muestra que el acuerdo deshará los esfuerzos actuales de los agricultores locales para desarrollar resiliencia a los peligros climáticos a través de modelos de producción agroecológicos.

El acuerdo entre la UE-Chile es parte de un modelo de comercio obsoleto que debe superarse si queremos que la transición verde de Europa sea verdaderamente justa. Los acuerdos comerciales neocoloniales son cosa del pasado. Distintas organizaciones e individuos de Chile y América Latina sienten lo mismo y por ello han firmado una contundente declaración llamando a detener este acuerdo.

Teniendo en cuenta las razones anteriores, le solicitamos encarecidamente que reconsidere su apoyo a este acuerdo y que NO dé su consentimiento cuando se le solicite votar.

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