El Acuerdo UE-Nueva Zelanda no debe firmarse
El Parlamento Europeo debe decidir en los próximos meses si aprueba el acuerdo de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda. La Comisión Europea describe el tratado como el acuerdo comercial «más progresista» que ha negociado hasta la fecha. Algunos eurodiputados lo describen como un nuevo «patrón oro» para todos los futuros acuerdos comerciales. Sin embargo, este acuerdo no cumple sus promesas. Ni es un nuevo patrón oro, ni es progresista.
Las liberalizaciones acordadas amenazan con aumentar unos flujos comerciales perjudiciales que corren el riesgo de contribuir al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la disminución de la biodiversidad, a la precariedad laboral y a una mayor desigualdad social. Los pocos cambios sobre la exigibilidad de algunos compromisos de sostenibilidad no alteran las estructuras fundamentales del actual sistema de comercio de la UE. Este sistema sigue anclado en un modelo de producción y consumo que ha impulsado la crisis climática, la degradación medioambiental y las desigualdades sociales dentro de los países y entre ellos. Por lo tanto, nosotros, xx[número] organizaciones de la sociedad civil, pedimos al Parlamento Europeo que rechace el acuerdo comercial entre la UE y Nueva Zelanda en su forma actual.
El informe recientemente publicado por la Agencia Europea de la Energía indica que las emisiones europeas de gases de efecto invernadero deben disminuir el doble de rápido que en la década pasada si queremos cumplir el objetivo de reducción del 55% fijado por la UE para 2030. Por eso ya no podemos permitirnos «seguir como hasta ahora». Los retos medioambientales y sociales también exigen un cambio fundamental en la política comercial. No basta con reformas parciales.
El acuerdo comercial entre la UE y Nueva Zelanda no está a la altura de los retos de nuestro tiempo porque:
1) El acuerdo provocaría un mayor aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como indica, entre otros, la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad de la Comisión de la UE. Esto se debe principalmente a que las reducciones arancelarias y los contingentes de importación acordados darán lugar probablemente al intercambio de mayores cantidades de productos perjudiciales para el clima. Por ejemplo, la Comisión de la UE espera que las exportaciones de la UE a Nueva Zelanda aumenten hasta un 47%, debido sobre todo al incremento de las exportaciones de maquinaria, automóviles y productos químicos Por parte neozelandesa, aumentarían las exportaciones de carne y productos lácteos a la UE. En otras palabras, los principales beneficiarios de ambas partes serían empresas que a menudo causan considerables daños medioambientales y climáticos.
2) En los sectores que se benefician del acuerdo comercial -agricultura en Nueva Zelanda, industria manufacturera en la UE- persisten condiciones laborales precarias con salarios bajos y malas condiciones de trabajo. En Nueva Zelanda, esto se aplica a las industrias cárnica y láctea, entre otras; en la UE se aplica, entre otros, a los subcontratistas de la industria manufacturera, ya sea en el sur y el este de Europa o en terceros países. Por lo tanto, una de las deficiencias especialmente graves del acuerdo es que no vincula las opciones adicionales de exportación a mejoras vinculantes de las condiciones laborales a lo largo de las cadenas de suministro de las empresas exportadoras. Por lo tanto, también queda muy lejos de las obligaciones de diligencia debida de las empresas que deben aplicarse en virtud de la Ley de la cadena de suministro de la UE.
3) El acuerdo sólo prevé mejoras selectivas en la aplicabilidad del capítulo de sostenibilidad. Por ejemplo, solo las violaciones de las obligaciones de cumplir las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de París sobre el Clima pueden disciplinarse con sanciones comerciales. Sin embargo, esta opción no se aplica a posibles disputas sobre la mayoría de los compromisos de sostenibilidad. Así, los compromisos de los tratados sobre biodiversidad, reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles, lucha contra la deforestación y la sobrepesca, igualdad de género, responsabilidad de las empresas y los convenios prioritarios y el Programa de Trabajo Decente de la OIT siguen sin ser sancionables. En consecuencia, la opción de las sanciones sigue siendo demasiado limitada para contener los importantes riesgos medioambientales y sociales de las aperturas de mercado acordadas.
4) La Comisión Europea espera que las inversiones de las empresas europeas en Nueva Zelanda puedan crecer hasta un 80% gracias a las liberalizaciones acordadas. Sin embargo, el acuerdo comercial no prevé ninguna medida específica para vincular la liberalización de las inversiones acordada a criterios de sostenibilidad. Se trata de una carencia importante, ya que las empresas europeas suelen invertir en Nueva Zelanda en sectores perjudiciales para el medio ambiente, como la producción de petróleo y gas fósiles o la ganadería intensiva en emisiones.
5) En particular, el acuerdo comercial contribuye a intensificar los riesgos sociales y ecológicos derivados de la agricultura intensiva orientada a la exportación. Debido a los bajos costes de producción de la leche y la carne en Nueva Zelanda -posibles, entre otras cosas, gracias a los bajos salarios y a una normativa medioambiental inadecuada-, las explotaciones más pequeñas gestionadas de forma sostenible en la UE se verán sometidas a una competencia depredadora más fuerte debido a las aperturas de mercado previstas. Es probable que esto agrave aún más la crisis de la agricultura europea y ponga en peligro la aplicación de la estrategia «de la granja a la mesa», cuyo objetivo es hacer más sostenible el sistema alimentario de la UE.
6) El ALC carece de disposiciones adecuadas sobre los derechos de los maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelanda. El capítulo sobre propiedad intelectual, por ejemplo, no incluye ninguna protección tangible de sus recursos genéticos, conocimientos tradicionales o expresiones culturales. Ni un solo elemento maorí figura en la lista de indicaciones geográficas, lo que deja sin protección los nombres de productos locales como la miel Mānuka.
Por estas razones, exigimos: ¡El acuerdo UE-Nueva Zelanda no debe firmarse! Necesitamos una política comercial que responda a los retos del siglo XXI y esté en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de la UE. El acuerdo comercial no cumple este requisito. Las mejoras selectivas del capítulo de sostenibilidad no cambian en nada los riesgos sociales y medioambientales que plantean las liberalizaciones comerciales propuestas. En el fondo, el acuerdo sigue aspirando a un aumento indiferenciado del comercio bilateral y de los flujos de inversión, independientemente de las condiciones de trabajo y de producción y de los daños medioambientales causados por los bienes comercializados. Mientras la industria exportadora obtenga sus beneficios a costa de las personas y la naturaleza, el comercio internacional seguirá siendo un obstáculo en el camino hacia una economía justa y sostenible.