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El G20 continúa ignorando las peticiones de cancelar la deuda de los países más pobres del mundo, así como las de detener la financiación de los combustibles fósiles

Dorothy Grace Guerrero

Artículo traducido del inglés, publicado originalmente en Global Justice Now (Attac UK)

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia mundial de la Covid-19 en marzo, nos hizo comprender que nadie estaría a salvo a menos que todos estuviéramos a salvo. En el interés de toda la sociedad había que poner la pandemia bajo control para luchar contra su propagación. La realidad, sin embargo, es que existe una enorme brecha en capacidad y recursos entre los países desarrollados, en desarrollo y los países menos desarrollados (PMD) para combatirla en sus respectivas sociedades. La pandemia también afecta de manera diferente a diversos pueblos y colectivos.

Las repercusiones económicas de esta crisis sanitaria ya son profundas y sin precedentes. Ya en abril, el Banco Mundial estimó que empujaría a entre 40 y 60 millones de personas a la pobreza extrema. La crisis económica que se avecina fue el tema principal de la cumbre virtual de ese mes de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Veinte (G20), el principal foro de cooperación económica internacional. El Comunicado de abril del G20 apoyó la suspensión temporal de los pagos de la deuda de los países más pobres. Este acuerdo, conocido como la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI), debería ser sólo el primer paso hacia una solución adecuada a la crisis.

Se retractaron de esto en su reunión del reciente fin de semana. No se anunció la esperada extensión del período de suspensión, y los prestamistas privados y multilaterales se negaron a suspender los pagos de la deuda como lo solicitaron los Ministros de Finanzas en abril. No existen mecanismos para hacer que los prestamistas privados cumplan. Por otro lado, el G20 está apostando por la recuperación de los combustibles fósiles como respuesta a la pandemia de COVID-19.

Los dirigentes de los países del G-20, las instituciones financieras internacionales (IFI) y las Naciones Unidas han reconocido la necesidad de un alivio profundo y amplio de la deuda. Sin embargo, los defensores de la deuda y la justicia económica sostienen que el alivio de la deuda no bastará para ayudar a los países pobres a hacer frente a los enormes desafíos que plantea la Covid-19. Los sistemas de salud del sur global, ya debilitados por decenios de transferencia de recursos a los países del norte mediante el reembolso de la deuda, necesitarán mejoras sustanciales. Es una gran injusticia que los países pobres pierdan una gran parte de sus presupuestos por el pago de la deuda externa en lugar de impulsar sus sistemas de salud y otros servicios básicos en respuesta a la embestida de la pandemia. Sesenta y cuatro países gastan más en el pago de la deuda externa que en la asistencia sanitaria pública.

El enorme esfuerzo que supone la Covid-19 se viene a sumar a la emergencia climática planetaria que ya está causando un colapso ecológico, una pérdida masiva de medios de vida y territorios y muertes en gran escala en los países pobres. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya ha identificado las emisiones de combustibles fósiles como la causa principal del calentamiento del planeta. En 2018, el 89% de las emisiones mundiales de CO2 procedían de los combustibles fósiles y las industrias. Durante muchos años, los defensores de la justicia climática han exigido que el G20 cambie la financiación de los combustibles fósiles a la energía renovable.

Las corporaciones reciben la mayor tajada de fondos de ayuda del gobierno

En vísperas de las reuniones ministeriales preparatorias de los ministros de finanzas y los bancos centrales del G20 del 18 y 19 de julio, previas a la Cumbre de Líderes del G20 en Arabia Saudita en noviembre de 2020, el Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre Deuda y Desarrollo (APMDD), el Foro de los Pueblos de Asia y Europa (AEPF), Fight Inequality Alliance Asia y Action Aid International organizaron el seminario web público “Follow the (Peoples’) Money”: Cómo los gobiernos de las mayores economías del mundo están gastando sus fondos públicos en respuesta a múltiples crisis: COVID19, Crisis Económica, Crisis Climática.

En el seminario web se discutió la necesidad de la cancelación de la deuda de los países pobres y el fin de los subsidios a los combustibles fósiles del G20. En su presentación general, Lidy Nacpil, de la APMDD, dijo que incluso con la suspensión del pago de la deuda de mayo a diciembre de 2020, los países menos desarrollados seguirán gastando 11.000 millones de dólares en pagar la deuda a los acreedores bilaterales oficiales. En el ámbito del clima, la agrupación aún se limita a pronunciar de boquilla su retórica verde, ya que siguen gastando 444.000 millones de dólares en subsidios anuales para la industria de los combustibles fósiles, y solamente 89.000 millones de dólares para las energías renovables. La agrupación también está incumpliendo su promesa de aportar 19.900 millones de dólares para el Fondo Mundial para el Clima.

Los gobiernos de los países ricos podrían aumentar el gasto para hacer frente a la crisis, ya que sus bancos centrales pueden imprimir dinero para ofrecer créditos con intereses reducidos. Para animar a los inversores a comprar los préstamos del gobierno, también se les ofrecen préstamos con tasas de interés muy bajas. Tim Jones, de Jubilee Debt Campaign UK, dijo que este gasto de los gobiernos está beneficiando en realidad a las multinacionales ricas, que reciben un apoyo desproporcionado en comparación con los sistemas de protección de salud. De los 175 millones de dólares de aumento del gasto en el Reino Unido, el 35% fue directamente a apoyar a las empresas y sólo el 15% apoyó a los servicios públicos. Asimismo, más de la mitad de los 2,7 billones de dólares del paquete de estímulo de los Estados Unidos se destinó al apoyo de las empresas.

Jones argumentó que el reciente aumento del precio de las acciones de las empresas no se debe a la mejora de la economía, sino más bien al apoyo de los gobiernos a los activos de las empresas. Al igual que en la crisis de 2008, el público tiene poco o nada que decir sobre los actuales rescates de las empresas, a pesar de las numerosas campañas para incluir criterios de protección ambiental, social y laboral. En el Reino Unido, se ofreció a las empresas 400.000 millones de dólares en préstamos baratos, independientemente de cuáles fueran sus necesidades. Al mismo tiempo, los responsables políticos no logran nacionalizar las empresas estratégicas en riesgo para poder salvar a éstas y a sus trabajadores.

Iolanda Fresnillo de Eurodad aludió a “drenar el Titanic con un cubo” al describir los esfuerzos del G20 para ayudar a los países que se están hundiendo en el sur del mundo. Antes de la pandemia, estos países ya experimentaban dificultades por el desvió automático de sus ingresos para el pago de la deuda. En 2018, éstos representaban el 13% de los ingresos anuales. Las pérdidas económicas derivadas de los cierres de empresas, el aumento de las necesidades sanitarias de la población y el incremento del importe de la deuda externa debido a las diferencias monetarias son un triple golpe contra los países del Sur.

De 77 países menos desarrollados, 44 ya han solicitado el aplazamiento del pago de la deuda. Sin embargo, algunos de los países más pobres, como el Sudán, Eritrea y Zimbabwe, no pueden acogerse al plan, mientras que otros 12 países que están en riesgo de sufrir problemas de endeudamiento no lo han solicitado. Tanto Nacpil como Fresnillo subrayaron que el aplazamiento de la deuda no hará que los países acreedores sufran pérdidas financieras. Los países endeudados seguirán teniendo que pagar 155.000 millones de dólares después del aplazamiento, independientemente de la situación de su economía. Fresnillo también señaló los agujeros en la retórica de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) sobre el tema “Reconstruir mejor”, ya que sus políticas de préstamos e inversiones no han cambiado. Nacpil estuvo de acuerdo, destacando el aumento de 47.000 millones de dólares en inversiones en combustibles fósiles.

Promesas incumplidas de financiación de la lucha contra el cambio climático a los países en desarrollo

Se supone que la financiación de la lucha contra el cambio climático debe financiar las necesidades de reducción de emisiones y adaptación de los países en desarrollo, y a menudo se la denomina financiación nueva y adicional en virtud del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Acuerdo de París de 2015 lo reiteró, al igual que el Comunicado del G20 de Buenos Aires de 2018. Claire Miranda de APMDD explicó los 5 tipos de financiación para la lucha contra el cambio climático de 39 países contribuyentes mencionados en la CMNUCC. Estos incluyen el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los países menos adelantados, los fondos especiales para el cambio climático, la adaptación y los fondos verdes para el clima.

La cantidad total prometida en las negociaciones sobre el clima es de 19.900 millones de dólares, pero sólo se han materializado 12.000 millones. Sólo Alemania ha cumplido su promesa. Cabe señalar que los países contribuyentes están más interesados en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Miranda aclaró que su llamamiento se debe a la inclusión de los créditos por emisiones de carbono y los mecanismos de captura y almacenamiento de carbono, que son considerados por los grupos de justicia climática como falsas soluciones que sólo crearán beneficios para los inversores sin reducir las emisiones.

Alex Doukas, de Oil Change International, destacó irónicamente la prioridad permanente del G20 en materia de combustibles fósiles, al invertir 77.000 millones de dólares anuales en ellos, al tiempo que invertía sumas ínfimas en la financiación de la energía renovable en relación con el clima. Incluso el dinero público destinado a la energía en sus paquetes de recuperación estaba distorsionado, con 151.000 millones de dólares asignados a los combustibles fósiles. También desacreditó la mentira de la escasez de fondos. El dinero existe, pero no va a apoyar a los bienes comunes. Las palabras de cierre de Joy Mabenge de ActionAid resumieron la dura campaña que se avecina para los defensores del clima y la justicia social: exigir un nuevo acuerdo e impulsar con fuerza (a) la reforma fiscal; (b) la cancelación de la deuda para hacer frente a la Covid-19; y (c) la financiación para la recuperación del clima, así como que ha de ser un nuevo acuerdo de carácter feminista.

Alex Doukas, de Oil Change International, destacó irónicamente la prioridad permanente del G20 en materia de combustibles fósiles, al invertir 77.000 millones de dólares anuales en ellos, al tiempo que invertía sumas ínfimas en la financiación de la energía renovable en relación con el clima. Incluso el dinero público destinado a la energía en sus paquetes de recuperación estaba distorsionado, con 151.000 millones de dólares asignados a los combustibles fósiles. También desacreditó la mentira de la escasez de fondos. El dinero existe, pero no va a apoyar a los bienes comunes. Las palabras de cierre de Joy Mabenge de ActionAid resumieron la dura campaña que se avecina para los defensores del clima y la justicia social: exigir un nuevo acuerdo e impulsar con fuerza (a) la reforma fiscal; (b) la cancelación de la deuda para hacer frente a la Covid-19; y (c) la financiación para la recuperación del clima, así como que ha de ser un nuevo acuerdo de carácter feminista.

Global Justice Now (ATTAC UK) es miembro del Comité Organizador Internacional y del Clima del Foro de los Pueblos de Asia y Europa

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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