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El Gobierno entrega la Sareb a los fondos de inversión

Este artículo fué publicado originalmente en ElSaltodiario.com

Martín Cúneo

Se sabía desde principio de año y el pasado 11 de abril se hizo oficial: dos fondos de inversión estadounidenses que acumulan innumerables denuncias por acoso inmobiliario y operaciones especulativas se harán cargo de gestionar y vender la gigantesca cartera de la Sareb, una entidad recientemente nacionalizada. 

La noticia pasó desapercibida, pero las consecuencias no tardarán en sentirse. Aliseda y Anticipa —dos gestoras inmobiliarias de Blackstone— se encargarán del 45% de los activos del banco malo, e Hipoges —dependiente del fondo de inversión KKR— se hará cargo del otro 55%. En conjunto, comercializarán a partir de julio 25.300 millones de euros en inmuebles, suelos, hipotecas y préstamos impagados.

La decisión del Gobierno resuelve por la vía de los hechos el debate mediático y parlamentario en el marco de la Ley de Vivienda sobre la necesidad de traspasar el patrimonio de la Sareb al parque público de vivienda, una medida irrenunciable para el movimiento de vivienda y, en principio, también para Unidas Podemos y otros de los aliados del PSOE, cuyos votos necesita Pedro Sánchez para aprobar la ley. 

Para Manolo Gabarre, autor de Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler, la cesión de la cartera de la Sareb a Hipoges y Blackstone es un capítulo más de una “estafa inmobiliaria” que se remonta a 2012, cuando el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, creó la Sareb para comprar con dinero prestado por Europa y avalado por el Estado cientos de miles de activos inmobiliarios de las cajas quebradas. Cuando una década de mala gestión se hizo inocultable y la UE señaló que la deuda del banco malo era en realidad deuda del Estado, al Gobierno no le quedó más remedio que comprar las acciones que le faltaban para tener mayoría en la entidad.

La cesión de la cartera de la Sareb a Hipoges y Blackstone es un capítulo más de una “estafa inmobiliaria” que se remonta a 2012, cuando Luis de Guindos creó la Sareb para comprar con dinero prestado por Europa y avalado por el Estado cientos de miles de activos inmobiliarios de las cajas quebradas

Las operaciones de venta de pisos públicos por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid —1.806 viviendas sociales a Blackstone y 3.000 al fondo Goldman Sachs-Azora respectivamente— palidecen en comparación con la cartera que la Sareb ha entregado a Hipoges y Blackstone para que gestione y venda en el mercado libre, dice Gabarre a El Salto.

La Sareb posee 55.000 viviendas, 15.000 de las cuales serán convertidas en viviendas sociales, según el propio banco malo. Sin embargo, apunta Gabarre, las cifras pueden ser mucho mayores, ya que la mayor parte de los bienes del banco malo son créditos a promotores, “por lo que todavía sigue incorporando inmuebles” a medida que se van resolviendo los largos concursos de acreedores. De los 25.300 millones de euros adjudicados a Blackstone y Hipoges, la mitad corresponde a préstamos al promotor impagados. “A pesar de ser bienes públicos y que en la Ley de Vivienda el Estado dice que va a crear un parque público y que prohíbe la venta de vivienda pública, están haciendo exactamente lo contrario”, acusa Gabarre. 

Para este abogado e investigador de delitos económicos en el Observatorio Code, el caso de la venta de vivienda pública de la Sareb es “mucho más grave” que los escándalos que comprometieron a Ana Botella y a Ignacio González: “No solo el volumen es mucho mayor sino que el responsable ya no es el Partido Popular sino el propio Partido Socialista, el Ministerio de Economía concretamente”. El hecho de que la Sareb dependa de las decisiones del Ministerio de Nadia Calviño y no del de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o del Ministerio de Asuntos Sociales dice mucho: “La vivienda se sigue tratando como una mercancía financiera”, apunta Gabarre. 

La propia Sareb se defiende en declaraciones a El Salto aduciendo que la práctica de utilizar gestoras para la comercialización de sus inmuebles no es nueva y que la licitación había comenzado antes de que esta entidad pasara a ser pública y que la adjudicación “se ha llevado a cabo siendo Sareb todavía privada y sujeta, por tanto, enteramente al Derecho privado en su procedimiento de contratación”. Según defienden desde el banco malo, el proceso de selección estuvo “guiado por los principios de transparencia, independencia y libre concurrencia” y los criterios para elegir entre las principales 15 empresas del sector fueron las “capacidades técnicas, la experiencia y el precio ofrecido por cada uno de los candidatos”.

La privatización de la Sareb

Si antes de la nacionalización ya se podía hablar de “privatización” —el Estado avaló la deuda de 50.000 millones que permitió el nacimiento de la Sareb—, ahora que se trata de una entidad pública, la venta de pisos públicos es una “privatización de bienes públicos con todas las letras”, precisa Gabarre. Unas ventas que, además, contravienen la Ley de Contratos del Sector Público, que “obliga a que haya transparencia y concurrencia para que el Estado escoja la mejor oferta”. Además, añade, ahora que la Sareb es una empresa pública, el Gobierno tiene la obligación de hacer una auditoría de todos los bienes vendidos en estos diez años, muchos de los cuales acabaron en los grandes fondos de inversión, Blackstone entre ellos, a precios de saldo.

El caso de la venta de vivienda pública de la Sareb es “mucho más grave” que los escándalos que comprometieron a Ana Botella y a Ignacio González: “No solo el volumen es mucho mayor sino que el responsable ya no es el PP sino el propio PSOE”, dice Manolo Gabarre

Lejos de asegurar la transparencia a la que están obligadas las empresas públicas, el Ministerio de Economía y la Sareb han optado, apunta este abogado, por “reactivar la venta de su patrimonio de manera completamente opaca a través de dos fondos de inversión oportunistas”. 

Hay muchos tipos de fondos de inversión. Los fondos buitre, técnicamente, compran deudas de acreedores poco solventes para obtener un pago mayor a través de un juicio u otros métodos agresivos, como ocurrió en Argentina. Los fondos de inversión oportunistas, explica Gabarre, se especializan en “detectar oportunidades de negocio en el mundo, muchas veces bienes provenientes de privatizaciones, que se están vendiendo por debajo de su precio”. Los fondos oportunistas se valen de sus contactos políticos y su capacidad de compra, continúa, para adquirir estos bienes a bajo precio.

Esto es exactamente lo que ocurrió con el fondo de inversión estadounidense Cerberus, que fue una de las cuatro entidades —las otras tres son inmobiliarias de bancos tradicionales— encargadas de gestionar hasta ahora el patrimonio de la Sareb. Para conseguirlo, Cerberus fichó como consejero a José María Aznar Botella, hijo de un presidente español y de una alcaldesa madrileña, y como presidente a Juan Hoyos Martínez de Irujo, amigo íntimo de Aznar padre. Con estas conexiones no le fue difícil crecer a costa del patrimonio de la Sareb, que se convirtió en la fuente del 42% de sus ingresos. 

El cambio de gestores en la cartera de la Sareb ha dejado sin negocio a Cerberus, pero ha entregado la gestión y venta del 100% de su patrimonio a otros fondos de inversión que comparten su filosofía. 

“Lógica depredadora”

Blackstone es viejo conocido y desde su desembarco en España se han sucedido las campañas para denunciar su “lógica depredadora”, según palabras del Sindicat de Llogaters, que les lleva a buscar un “beneficio máximo y creciente aunque sea a expensas de expulsar de sus casas a miles de personas que pagan el alquiler cada mes”. Este sindicato catalán, así como el Sindicato de Inquilinos de Madrid, ha documentado cientos de casos de subidas abusivas de los alquileres, acoso inmobiliario para vender pisos y desahucios de familias vulnerables. 

A Blackstone tampoco le faltan los contactos políticos. Detrás de sus filiales en España está la figura de Eduard Mendiluce, empresario de éxito fichado en 2009 como consejero de Catalunya Caixa, una caja con participación pública, en tiempos del socialista José Montilla en el Gobierno de la Generalitat. En esos años el presidente de la caja catalana era nada menos que Narcís Serra, vicepresidente con Felipe González, que terminó imputado, como toda la directiva de Catalunya Caixa, por irregularidades en la crisis de la entidad. 

Mendiluce fue uno de los encargados de gestionar la ruina de la caja y la venta de la división inmobiliaria de Catalunya Caixa, que él dirigía. ¿Adivinen quién se quedó en 2014 con la gestión de los activos y préstamos inmobiliarios de esta antigua caja de ahorros y los que esta traspasó a la Sareb? Han acertado, Blackstone, a través de su filial Anticipa. Ese año, el fondo compró Catalunya Caixa Inmobiliaria por solo 40 millones de euros. Con esta operación, Blackstone se apropió de una cartera de 40.000 viviendas “problemáticas” valoradas entonces en 9.000 millones de euros. ¿Y quien se quedó como consejero de Anticipa? Pues sí, Eduard Mendiluce, quien pasó de gestionar el patrimonio inmobiliario de la caja pública a hacerlo en las oficinas del mayor operador mundial de inversiones en inmuebles. Actualmente, es el CEO de Aliseda y Anticipa, las dos gestoras de Blackstone responsables del 45% del parque inmobiliario de la Sareb. “Mendiluce pasó de vender los pisos a desahuciar a los que vivían en ellos, primero con Catalunya Caixa y luego con Blackstone”, resume Gabarre. 

En España, Blackstone no solo se dedica a gestionar pisos e hipotecas ajenas, también es uno de los principales compradores de viviendas. Según un estudio de Atlas Real Estate, de febrero de 2022, Blackstone es el segundo mayor propietario de viviendas en alquiler, con 20.000 pisos, solo superado por CaixaBank. Para Gabarre, la cesión de la cartera de la Sareb supone un conflicto de intereses: “No solo Blackstone se va a llevar comisiones de cientos de millones de euros, sino que además tiene una gran posición en el mercado: cuenta con las sociedades que más compran y ahora también contará con las que más paquetes inmobiliarios venden”.

En el caso de KKR, el fondo de inversión que domina Hipoges y controlará el 55% de la cartera de la Sareb, se repiten muchas de las características de Blackstone, aunque no ha recibido tanta publicidad. Es también un fondo de inversión oportunista, de capital sobre todo estadounidense, con cuentas en paraísos fiscales, que fue acumulando dinero de planes de pensiones, de particulares y fondos soberanos, y que busca oportunidades de negocio rápido alrededor del mundo aprovechándose de sus contactos empresariales y políticos. En este caso, detrás de KKR está nada menos que el ex general del ejército de EE UU David Petraeus, quien fuera jefe de la CIA y máximo dirigente de las misiones militares estadounidenses en Iraq y Afganistán. La revista Time llegó a clasificarlo en el puesto 33 en la lista de las personas más influyentes del mundo. 

Una decisión con consecuencias

El 14 de junio de 2008, Jordi R.F. se tiraba al vacío desde el décimo piso de un bloque en Cornellà de Llobregat cuando la comitiva judicial y los Mossos d’Esquadra iban a desahuciarle por no pagar el alquiler. Tres informes del Ayuntamiento sobre la “grave vulnerabilidad” y “el grave riesgo de exclusión social” de él y su pareja no fueron suficientes para frenar el desalojo, impulsado por el propietario del piso, Blackstone. Un solo caso, pero representativo de centenares de denuncias y decenas de campañas sobre lo que pasa cuando se mezclan en una frase fondos de inversión y vivienda.

Si a alguien preocupa que la Sareb haya entregado la gestión de sus pisos a Hipoges y a Blackstone, “el principal agente de la especulación en España”, es a las familias que viven en esas viviendas, dice Lucía Casado, portavoz de Plan Sareb, una asociación de engloba a más de 300 de hogares de todo el Estado afectados por las políticas de esta entidad ahora pública. Según Casado, la entrega de esta megacartera a estos dos fondos de inversión “va a agudizar los problemas que ahora tienen las familias, en especial el acoso judicial al que son sometidos” para que abandonen los pisos y puedan venderlos, casi siempre, a otros fondos de inversión. 

Y si los problemas se van a agudizar es porque, al menos en su experiencia, las gestoras que dependen de fondos de inversión son “más inflexibles y menos permeables a las responsabilidades sociales” que los bancos tradicionales, ya que no cuentan con una imagen que deban cuidar o una sede física cercana frente a la que protestar. Una valoración que comparte Gabarre: “Van a tratar de obtener el mayor lucro que puedan de las personas que viven en las casas de la Sareb sin ninguna otra consideración”.

Las gestoras de los fondos de inversión son más “opacas”, dice Casado, y “menos permeables a cualquier solución política”, menos proclives a la negociación o a aceptar a organizaciones de vivienda como interlocutoras. “Las personas con las que puedes hablar no son responsables directos de las viviendas y así siempre te ponen este muro de contención a cualquier tipo de propuesta”, señala Casado a El Salto. 

Desde el Plan Sareb llevan más de un año realizando acciones para conseguir una negociación colectiva, para que las viviendas de la Sareb pasen a formar parte del parque público y se realice una auditoría de sus cuentas. Si el acoso judicial ya resultaba insoportable, temen que la nueva adjudicación empeore su situación y las consideraciones sociales tengan todavía menos peso. Esta portavoz del Plan Sareb recuerda el reciente caso de una madre embarazada con un hijo de cuatro años en Carabanchel (Madrid) que fue desahuciada de su piso, propiedad del banco malo, sin haber terminado la evaluación de vulnerabilidad de su caso. “Lo primero que hacen es judicializar el caso, siempre. Y, obviamente, las sentencias se ejecutan”, cuenta, aunque no hayan llegado los informes de vulnerabilidad y haya una moratoria vigente que impide este tipo de desahucios.

Mientras se tramita una ley que debería garantizar el derecho a la vivienda, el Gobierno ha entregado la gestión de un gigantesco patrimonio inmobiliario público a fondos que han cometido todo tipo de “tropelías”, denuncia Casado. “Si es una entidad pública, la gestión debería ser pública”, defiende. 

“Están gestionando este problema de una forma puramente económica, cuando lo que nosotros decimos es que la felicidad de cualquiera de las personas que vive en esas viviendas, que son cientos, está en juego. Y esta es una dimensión que el Gobierno no está queriendo ver”, concluye Casado.

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