Fotografía: El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante una rueda de prensa en Nueva York.- REUTERS/Mike Segar
Artículo original publicado en publico.es por Alberto Fraguas e Isabel Iparraguirre
Escribimos este artículo el pasado mes de enero, pero a diferencia de lo que caracteriza esa época del año, lo hicimos en plena ola de calor. Esos días se llegaron a alcanzar los casi 30ºC en algunos lugares de nuestro país y se batieron 90 récords de temperaturas en relación con cualquier otro mes de enero. Por mucho que algunos quieran negar la evidencia, ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático que no podemos seguir ignorando.
En este sentido, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo unas declaraciones el pasado septiembre que por sinceras fueron sorprendentes. En efecto, en una cumbre preparatoria a la última COP28 y como anticipándose a sus, de nuevo, cicateros resultados, manifestó de manera un tanto grandilocuente: «la humanidad ha abierto las puertas del infierno«.
Quizás Guterres no tuvo más remedio que expresarse sin paños calientes ante la lectura de los últimos informes del IPCC o de la Organización Meteorológica Mundial donde se han visto confirmados los grandes problemas climatológicos incluso peores que las previsiones más pesimistas: récords de deshielos en el 2023, temperaturas máximas históricas, incendios boreales, enorme cantidad de inundaciones y olas de calor extremas. Una situación global que ya ha constatado un incremento de temperaturas en algunos momentos superiores a 1,5ºC (recordemos que 1,5ºC es el objetivo del Acuerdo de París para finales de siglo).
En la declaración final de la última Cumbre del Clima, se consiguió incluir por primera vez la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, una demanda que ya tiene más de 30 años, pero sin concretar fechas. Unos avances demasiado lentos y una inacción imperdonable si tenemos en cuenta el hambre, la pobreza y el dolor que ya está provocando el cambio climático en el Sur Global.
La abrumadora presencia de empresas en Dubái (sede de la citada COP28) en particular del sector energético o entidades financieras tiene una evidente explicación.
Flujos financieros que alimentan la crisis climática
Un reciente informe de ActionAid y Alianza por la Solidaridad muestra cómo el sector bancario a nivel mundial, destinó a los combustibles fósiles en el Sur Global 3,2 billones de dólares en los siete años transcurridos desde que se adoptó el Acuerdo de París sobre el cambio climático en el año 2015.
Los mayores bancos europeos financiadores de combustibles fósiles son HSBC, BNP Paribas, Sociéte Generale, Barclays y Standard Chartered. En las Américas los tres bancos más grandes de Estados Unidos: Citibroup, JP Morgan Chase y Bank of América fueron los mayores financiadores. En el contexto español, los bancos que más han financiado los combustibles fósiles son el Banco Santander, BBVA, Caixabank, el Sabadell y Bankinter.
Pero no solo la banca privada hace negocio de la crisis climática. También el sector público contribuye al problema a través de los subsidios de combustibles fósiles que alcanzaron en el año 2022 los 7 billones de dólares a nivel mundial según los informes del FMI. España destinó nada menos que 25.968 millones de dólares en ayudas públicas al petróleo, el carbón y al gas natural.
A pesar de esta financiación de combustibles fósiles en el sur global, la mitad de África carece de acceso a la electricidad, un hecho que se ha utilizado como justificación para nuevos desarrollos de combustibles fósiles a gran escala en todo el continente. Sin embargo, la mayor parte del carbón, el petróleo, el gas que actualmente se prevé expandirán África y muchos países en desarrollo está destinada a la exportación o a ser utilizada por sectores industriales. Estos proyectos de expansión rara vez satisfacen las necesidades energéticas de la población de estas regiones que viven en la pobreza y sin acceso a electricidad.
Los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles
El contexto actual ha hecho que las empresas dedicadas a la gestión energética de fuentes fósiles hayan tenido no solo enormes beneficios derivados de la gestión ordinaria (ya de por si muy atractiva para los accionistas) si no de situaciones extraordinarias. En efecto, continuando con su labor investigadora, ActionAid, en su informe El poder de los beneficios caídos del cielo , han analizado los datos de las 200 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil para estimar la magnitud de sus beneficios extraordinarios en los últimos años.
La investigación comparó las ganancias en los dos años hasta junio de 2023 con las ganancias en los 4 años anteriores. De estas 200 empresas, 14 pertenecían a los combustibles fósiles y 22 al sector bancario. El contexto actual en los últimos dos años (la invasión rusa de Ucrania, la alta inflación y el incremento de las tasas de interés en gran parte del mundo), han contribuido a generar estas ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles y del sector bancario.
Así, estas 36 empresas obtuvieron unas ganancias inesperadas de 424.000 millones de dólares. Sí, has leído bien. Estas no son sus ganancias totales, son solo los beneficios que están por encima de los beneficios regulares y esperados de estas empresas y que normalmente son resultado de causas externas.
En el contexto español, esta misma semana se anuncian los récords históricos en beneficios de los bancos españoles en el 2023. El Santander ha anunciado unos beneficios de 11.076 millones (+15%), BBVA 8.091 millones (+26%), Caixabank 4.816 millones (+54%), Sabadell 1.332 millones (+55%) y Bankinter 845 millones (+51%), en total unos 26.000 millones de euros de beneficios que suponen un 26% más que los beneficios en 2022, principalmente debido a la subida de los tipos de interés en Europa.
Por una tasa climática
Si se aplicara un impuesto del 90% sobre estas ganancias inesperadas, se podrían recaudar cerca de 382.000 millones de dólares (212.000 millones si fuesen del 50%). Este dinero se necesita con urgencia para la acción climática y para proteger a las comunidades vulnerables y aumentar la resiliencia a través de la mejora de la protección social y los servicios públicos. Estos 382.000 millones de dólares son casi 20 veces más del dinero que se gastó a nivel mundial en adaptación climática en 2021.
La idea de que un impuesto a las ganancias inesperadas pueda utilizarse para financiar la acción climática no es nueva. De hecho, precisamente, Antonio Guterres en 2022 ya pidió a los gobiernos que gravaran las ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles y redirigieran ese dinero a los más necesitados y a los países que sufren más pérdidas y daños debido a los impactos del cambio climático.
En España se puso en marcha en 2022 un impuesto para los beneficios extraordinarios del sector bancario y el energético que se prorrogó también durante el 2023 y que en el caso de los beneficios del sector bancario que comentábamos antes han supuesto un 4,3% de los beneficios recién anunciados por los bancos (Santander ha tenido que abonar 224 millones, BBVA 225 millones, Caixabank 373 millones, Sabadell 157 millones y Bankinter 77 millones y Unicaja 66 milones, es decir un total de unos 1.122 millones de los 26.000 millones de beneficios).
En un contexto en el que los bancos han anunciado que esperan mejores resultados todavía para el 2024 es clave que este impuesto no se elimine y se mantenga para gravar los beneficios caídos del cielo de estos dos sectores.
Cuando se trata de la acción climática, ya sea que se trate de medidas para reducir nuestras emisiones o ayudas a las personas de todo el mundo a adaptarse a un clima cambiante, o para pagar reparaciones a los países y comunidades por las pérdidas y daños a sus tierra y medios de vida, a menudo se nos dice que no podemos permitírnoslo, que no hay dinero en los presupuestos públicos aunque ya sepamos que la inacción implicará mayores pérdidas económica sin contar con los desastres por pérdidas humanas más allá de la mera economía.
Estos impuestos serían una solución, una manera de hacer efectivas las demandas y compromisos adquiridos en el Acuerdo de París o de la Agenda 2030, o para reforzar los servicios públicos como la educación o la sanidad y una demostración de que cuando hay voluntad política hay soluciones para luchar contra el cambio climático.