Luis Miguel González López – ATTAC Gijón.
Esta semana el Banco de España (BdE) ha publicado los resultados de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), herramienta de gran valor para conocer la estructura y composición de la renta y patrimonio de las familias del país. Sin embargo y pesar de ser una muy buena radiografía de la situación económica de la ciudadanía, apenas tiene repercusión en los principales medios de comunicación. Incluso llama la atención que el propio BdE, tan diligente a la hora de presentar resultados de estudios que recomiendan la contención salarial o la prolongación de la edad de jubilación, no convoque a la prensa para presentar los resultados de esta encuesta.
Lo cierto es que los resultados de la encuesta ofrecen pocas sorpresas. El incremento de la desigualdad, sobre todo la de patrimonio, es escandalosa y no se detiene. El patrimonio mediano, que es aquel valor que separa en dos grupos iguales a las familias españolas según su patrimonio, ha disminuido desde los 157.400 euros de 2011 a los 115.100 euros de 2017. Sin embargo, la media de patrimonio se ha recuperado ligeramente en 2017. El propio BdE reconoce que esta divergencia entre la evolución de la mediana y la media es debida al incremento del patrimonio del decil más alto de riqueza, esto es, a la desigualdad: “La evolución de la riqueza mediana puede diferir de la riqueza media cuando el crecimiento de la riqueza agregada se concentra en la parte superior de la distribución” (EFF del BdE). Pongamos un sencillo ejemplo: supongamos un país en el que viven 9 familias con un patrimonio de 1000 euros cada una. En esta situación la media y la mediana coincidirán y serán de 1000 euros. Pero si en este país hipotético apareciese una nueva familia con un patrimonio de 10 millones de euros, la media pasaría a ser de 1.000.900 euros mientras que la mediana seguiría siendo de 1000 euros. En estos casos, en los que aparecen valores extremadamente elevados para un número reducido de familias, es mucho más adecuado utilizar la mediana para aproximarse a los valores típicos de la distribución. Esta es la razón por la que en España la media de patrimonio aumenta mientras la mediana se reduce.
Esta desigualdad se hace patente al revisar la distribución de patrimonio por deciles de riqueza. El 75% de las familias con menos patrimonio, prácticamente han perdido patrimonio medio y mediano desde 2011 hasta 2017, mientras que en ese mismo período, el 10% de las familias más ricas lo han ido ganando de forma sistemática. Como novedad, las familias que se encontraban entre el 75-90% de familias más ricas, han conseguido aumentar sus patrimonios medios y medianos desde 2014. Tal parece que la recuperación empieza primero por los de arriba. Si bien es cierto que entre el 25% de las familias más pobres del país, parece haberse producido una mejora desde 2014, esta es tan limitada que se hace hasta grosero referirse a ella como mejora. No llegan a aproximarse a los valores de patrimonio de 2011 y, además, su patrimonio medio sigue siendo negativo.
La desigualdad en la renta apenas ha sufrido variaciones desde 2011. El 25% de las familias que menos ingresan siguen teniendo una renta mediana 10 veces inferior al 10% de las familias que más ingresan. Pero donde la desigualdad se hace tan evidente como alarmante es en los valores de patrimonio. El patrimonio mediano de las familias más ricas es 1386 veces mayor que el patrimonio mediano del 25% de familias más pobres (en 2011 era 125 veces mayor). Este incremento de la desigualdad de patrimonio no nos debería pillar por sorpresa ya que el economista francés Thomas Piketty advirtió de la tendencia en el año 2013 en su obra El Capital en el Siglo XXI. En este libro se explica que las desigualdades de patrimonio son mayores que las desigualdades de renta, y además se añade que las desigualdades de patrimonio, en épocas de bajo crecimiento económico, eran producidas por el mecanismo jurídico de la sucesión hereditaria.
Si aceptamos que la herencia sea el principal factor explicativo de la riqueza de las familias y, a su vez, aceptamos los datos que nos ofrece la EFF del BdE de que mayores niveles de riqueza de las familias implican mayores niveles de renta, estaríamos planteando un serio obstáculo a todas aquellas personas que defienden que vivimos en una sociedad meritocrática en la que los niveles de ingresos dependen del nivel de trabajo y esfuerzo personal de los individuos.
El reproche social hacia la desigualdad en la distribución de la renta o el patrimonio no tiene por qué venir exclusivamente justificado por motivos de ética o justicia, sino también por eficiencia económica. La EFF del BdE nos muestra que los incrementos de renta y patrimonio se están produciendo exclusivamente en las familias más ricas. Al contrario que el 75% de las familias menos acaudaladas, que destinan la mayor parte de su patrimonio a la vivienda habitual, las familias más ricas son las que más invierten en activos financieros, esto es bolsa y otros mercados secundarios. Estos mercados no sirven más que para fijar los precios de los valores que allí se negocian (solo el 25% de los activos de estas familias son acciones no cotizadas o participaciones empresariales), por lo que estas inversiones no estarían sirviendo para crear tejido productivo. De hecho estas actividades especulativas estarían drenando recursos a la economía real.
Por otro lado está el efecto sobre la recaudación de la Hacienda Pública. Según la EFF del BdE, las acciones, participaciones y otros instrumentos de patrimonio cuyos rendimientos tributan en la ventajosa tarifa de rentas del ahorro del IRPF, están en posesión, principalmente, del 10% de familias más ricas. Si a esto le sumamos las continuas reducciones en impuestos que gravan la riqueza como son el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre el patrimonio, nos encontramos con que buena parte de la presión fiscal se va a concentrar sobre el 75-90% de la población con menos renta y patrimonio.
Esta creciente concentración de patrimonio añadida a las continuas reducciones fiscales que gravan la riqueza en una economía como la española, nos puede llevar a convertirnos en una economía atrasada, intensiva en mano de obra y con altos niveles de deuda, especialmente deuda externa. Esto se deriva de la situación específica de nuestro país y del contexto en el que se haya: limitada capacidad de la política fiscal por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, política monetaria cedida al Banco Central Europeo, libertad de movimiento de capitales en una UE sin una armonización fiscal digna de tal nombre, un déficit crónico de la balanza comercial y una de las presiones fiscales más bajas de la UE.
Una especial mención se merecen las familias jóvenes menores de 35 años. Los datos de la EFF del BdE son tan demoledores para este sector que es necesaria una mención aparte. En el año 2011, el patrimonio mediano de los jóvenes menores de 35 años era de 71.600 euros y el medio de 106.700 euros. En 2014, tuvieron una muy acusada bajada a 4.900 euros y 83.500 euros respectivamente. En 2017 lo cosa no ha mejorado prácticamente nada: la mediana sigue casi igual, en un valor de 5.300 euros, y la media todavía ha bajado más hasta situarse en 47.300 euros. Si bien es cierto que los niveles de renta en 2017 son superiores a los de 2014, siguen siendo inferiores a los de 2011, incluso a los de 2008. La situación de las familias jóvenes en España evidencia una serie de contradicciones en los discursos oficiales que esta encuesta ayuda a vislumbrar. No es coherente afirmar continuamente que en España tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de la historia y al mismo tiempo decirles que sus salarios no pueden subir porque tienen baja productividad. Es cierto que la productividad no solamente depende de los niveles de formación de los trabajadores, pero es igualmente cierto que si la baja productividad no es achacable al factor trabajo, entonces ya solo nos quedaría prestar atención al factor capital. Si a las empresas les resulta más barato el factor trabajo que el factor capital, no van a tener incentivos a invertir en éste último. El resultado de este hecho es la configuración de una economía atrasada, de bajos salarios y mercado interno deprimido. Además, tan desproporcionado esfuerzo solicitado por la economía española a estas familias se antoja como un buen factor explicativo de la baja natalidad en España y de su crecimiento vegetativo negativo. El que suscribe estas líneas no comparte el catastrofismo sobre la baja natalidad de las familias jóvenes españolas. Que muchos jóvenes españoles no quieran ser padres porque sea una faceta sin encaje dentro de su proyecto vital, no debería ser un problema si la población se puede rejuvenecer por otras vías cómo la inmigración. Lo que sí debe ser motivo de alarma es que muchas parejas jóvenes no tengan hijos, aun queriéndolos, por motivos económicos. Lo que evidencian los datos es que las familias jóvenes tienen pocos recursos, los niveles de paro de la economía española son de los más altos de la UE, el precio de la vivienda en alquiler está por las nubes y la vivienda en propiedad no es una opción porque las entidades financieras están solicitando una capacidad de ahorro previo para conceder hipotecas de la que carecen estas familias (además de que la estabilidad laboral es más difícil de conseguir ahora que a principios de la crisis). En definitiva, no se dan las condiciones económicas óptimas para que los jóvenes tomen una decisión tan importante para sus vidas como la de ser padres.
Otros puntos interesantes de la EFF del BdE son la relación del nivel de deuda con la renta y el patrimonio o la relación entre el valor del patrimonio familiar y el valor de la vivienda habitual, que deben valorarse con atención a la hora de hacer un análisis cierto sobre la situación de las familias en España.
Si finalmente en España vamos a tener un gobierno progresista con alta sensibilidad social, los datos de las variables de esta encuesta deberían utilizarse como método de evaluación de las políticas sociales y económicas que se implementen. Es cierto que para cambiar las tendencias de variables como renta (y sobre todo patrimonio), nivel de endeudamiento o la situación de los jóvenes se necesitan cambios de calado en la estructura económica y social del país e incluso del entorno supranacional en el que se desenvuelve la actividad económica. Todos estos cambios requieren tiempo para adoptarse y para ver sus resultados. La próxima EFF del BdE se publicará dentro de tres años. Para entonces espero poder llevarme una grata sorpresa.
Luis Miguel González López es economista.