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Entidades y sindicatos demandan un acuerdo para alcanzar la justicia social a través de la justicia fiscal

Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal han solicitado a las fuerzas políticas un Pacto de Estado contra el fraude. Y una reforma tributaria para que los impuestos sean “suficientes, justos y progresivos”.

Ante “la gravísima situación” que estamos viviendo en España como consecuencia de la COVID-19, la Plataforma ha elaborado un documento para que los políticos  trabajen conjuntamente. Con el objetivo de “mitigar el daño de la pandemia a través de una reforma fiscal consensuada, para así avanzar en la justicia social a través de la justicia fiscal”.

La Plataforma, de la que forman parte organizaciones y sindicatos, recuerdan que los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, “suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar. Y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente”.

Los impuestos deben aplicarse “atendiendo a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica. Además, se debe asegurar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en el diseño y aplicación de la política fiscal”.

IGUALDAD, GENERALIDAD Y PROGRESIVIDAD

Los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar. Y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente.

Deben aplicarse, aseguran “atendiendo a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica. Además, se debe asegurar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en el diseño y aplicación de la política fiscal”.

Desgraciadamente, señalan desde la entidad, “los impuestos no se recaudan justamente: no paga más quien más tiene. Y así lo cree el ochenta y tres por ciento de la población, como así lo refleja el último estudio sobre opinión pública y política fiscal del CIS”.

Es necesario adoptar las medidas de reforma necesarias para revertir esta situación.

Medidas que, apuntan, “habría que extender a la gestión del gasto público: una gestión que debería ser más transparente. Se debe exigir mayor responsabilidad a sus gestores y sensibilizar a la ciudadanía, todo ello con el objetivo de que la propia sociedad penalice los comportamientos defraudatorios”.

Por todo ello se ha presentado a los partidos políticos un manifiesto para solicitar un acuerdo. Para “afrontar una reforma tributaria” para aplicar de manera justa los impuestos.

IMPUESTOS DIRECTOS

Reclaman “que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen”.

Destacan que la reforma “debe poner coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos”.

Esto debe incluir una “lucha decidida contra los mal denominados paraísos fiscales, que sería más acertado denominar guaridas fiscales, debiendo penalizar a cuantos se sirvan de ellos, directa o indirectamente”.

El acuerdo político que solicita debe incluir “un pacto de Estado contra el fraude fiscal que reduzca sustancialmente su elevado nivel”. Y se dote a las Administraciones tributarias de los medios necesarios a tal fin “y desplazando la investigación hacia las grandes bolsas de fraude, mediante la intensificación del control tributario de grandes contribuyentes”.

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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