Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal han solicitado a las fuerzas políticas un Pacto de Estado contra el fraude. Y una reforma tributaria para que los impuestos sean “suficientes, justos y progresivos”.
Ante “la gravísima situación” que estamos viviendo en España como consecuencia de la COVID-19, la Plataforma ha elaborado un documento para que los políticos trabajen conjuntamente. Con el objetivo de “mitigar el daño de la pandemia a través de una reforma fiscal consensuada, para así avanzar en la justicia social a través de la justicia fiscal”.
La Plataforma, de la que forman parte organizaciones y sindicatos, recuerdan que los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, “suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar. Y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente”.
Los impuestos deben aplicarse “atendiendo a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica. Además, se debe asegurar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en el diseño y aplicación de la política fiscal”.
IGUALDAD, GENERALIDAD Y PROGRESIVIDAD
Los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar. Y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente.
Deben aplicarse, aseguran “atendiendo a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica. Además, se debe asegurar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres en el diseño y aplicación de la política fiscal”.
Desgraciadamente, señalan desde la entidad, “los impuestos no se recaudan justamente: no paga más quien más tiene. Y así lo cree el ochenta y tres por ciento de la población, como así lo refleja el último estudio sobre opinión pública y política fiscal del CIS”.
Es necesario adoptar las medidas de reforma necesarias para revertir esta situación.
Medidas que, apuntan, “habría que extender a la gestión del gasto público: una gestión que debería ser más transparente. Se debe exigir mayor responsabilidad a sus gestores y sensibilizar a la ciudadanía, todo ello con el objetivo de que la propia sociedad penalice los comportamientos defraudatorios”.
Por todo ello se ha presentado a los partidos políticos un manifiesto para solicitar un acuerdo. Para “afrontar una reforma tributaria” para aplicar de manera justa los impuestos.
IMPUESTOS DIRECTOS
Reclaman “que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen”.
Destacan que la reforma “debe poner coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos”.
Esto debe incluir una “lucha decidida contra los mal denominados paraísos fiscales, que sería más acertado denominar guaridas fiscales, debiendo penalizar a cuantos se sirvan de ellos, directa o indirectamente”.
El acuerdo político que solicita debe incluir “un pacto de Estado contra el fraude fiscal que reduzca sustancialmente su elevado nivel”. Y se dote a las Administraciones tributarias de los medios necesarios a tal fin “y desplazando la investigación hacia las grandes bolsas de fraude, mediante la intensificación del control tributario de grandes contribuyentes”.