Intervención de Cuca Hernández en representación de Attac el día 22 de abril de 2021 en la Comisión de Reconstrucción Postcovid.
La urgente y necesaria tarea de construir otro mundo posible
ATTAC – Asociación para la Tributación a las Transacciones Financieras y Acción Ciudadana- es una organización internacional que reclama, y defiende junto a otras muchas organizaciones que otro mundo es posible, y los acontecimientos de los últimos años han demostrado que además es urgente y necesario realizar ese cambio de modelo.
Hace aproximadamente diez meses analizamos en esta Comisión de Comercio, Industria y Turismo cómo el mal llamado “libre comercio” global incidía en la pandemia y limitaba la aplicación de soluciones con justicia social, financiera y climática.
Las críticas que hacíamos en junio de 2020 a la deriva comercial en la que está metido el Estado Español y la UE siguen vigentes. España sigue siendo la máxima defensora de la firma del tratado UE-Mercosur, en contra de las opiniones de otros dirigentes europeos. Las amenazas que detectamos de posibles demandas mediante tribunales ISDS debidos a las medidas planteadas para la pandemia de COVID19 ya son una realidad, y Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala son solo algunos de los países de América Latina demandados por estos motivos. Tomemos nota de ello. Porque sabemos que las multinacionales se deben a sus accionistas y no al bien común de la sociedad, y contraponen su lucro a las medidas más o menos exitosas para salvar vidas.
Por otro lado la sanidad, los trabajos de cuidados y las actividades socialmente necesarias han resultado vitales para el mantenimiento de la sociedad durante los meses del confinamiento. Y se ha demostrado la importancia de la inversión en servicios públicos de calidad, y la ciudadanía ha sufrido las carencias producidas por años de recortes, privatizaciones y colaboraciones público-privadas que refuerzan un modelo donde se priorizan los beneficios de los accionistas, en detrimento del bien común.
La Covid19 ha puesto de manifiesto que hay bienes y actividades que no se pueden dejar en manos de los caprichos de los mercados, sino que el Estado debe estar preparado para producir determinados bienes estratégicos o al menos ser capaces de responder a su provisión en un tiempo determinado si es necesario.
Por ello es hora de rearmar el Estado y para ello es necesario dotarlo de recursos suficientes . . En este sentido me voy a referir a tres instrumentos en concreto :
- Fondos provenientes de la UE
- La necesidad de una banca pública para nuestro país
- La necesaria revisión de nuestra fiscalidad
1.- Ahora los fondos Next Generation de la UE nos ofrecen una oportunidad, para abrir nuestro país a un futuro más ecológico y que mejore la calidad de vida de la gente.
Consideramos prioritario promover la desprivatización y desmercantilización de servicios públicos básicos y sectores estratégicos. Los fondos NGEU deberían financiar procesos para recuperar la gestión, las decisiones y el control público y social sobre elementos básicos como educación, salud, vivienda, energía, telecomunicaciones, agua, transporte público y servicios sociales. Facilitando la relocalización de empresas que cumplan con criterios sociales y ecológicos.
Es importante que se creen medidas que faciliten el acceso al apoyo público para que proyectos y empresas sociales puedan acceder a los fondos de recuperación.
Vemos que para no caer en errores pasados habría que consolidar los modelos públicos, o público-comunitarios alineadas con objetivos climáticos, ecológicos y de justicia social, y evitando el lavado de cara seudo ecológico de algunas grandes industrias.
Nos parece fundamental crear una serie de normas para excluir de los Fondos NGEU, o cualquier otra ayuda pública de aquellos proyectos y empresas que:
- Su actividad sea incompatible con los objetivos del Acuerdo de París, y demás acuerdos en materia climática suscritos por España. Por ejemplo, las compañías de los sectores fósil y nuclear, así como de la aviación, la automoción o las macrogranjas, entre otras.
- Las que tengan antecedentes de haber incumplido con la legislación adoptada por el estado español en materia de derechos humanos o laborales.
- Aquellas que tengan filiales en paraísos fiscales o en jurisdicciones de baja o nula tributación, que pertenezcan a grupos implicados o condenados por corrupción o por delitos económicos graves, que hayan sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y cuyo accionariado esté compuesto en más de un 50% por fondos de capital riesgo o sociedades de inversión de cualquier tipo.
Los criterios de selección deben incluir cláusulas de obligado cumplimiento: Como criterios fiscales, sociales, de género, ambientales y climáticos, de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional del Trabajo y al resto de convenios como los Acuerdos de París.
Consideramos que la recuperación ha de financiarse poniendo en marcha otros mecanismos, no solo los fondos NGEU.
1.-La financiación europea viene viciada por las condiciones impuestas por algunos países, y puede suponer un riesgo para las soberanías nacionales y para el futuro endeudamiento de los Estados miembros. Por esto hay que insistir en transformar la arquitectura de la Unión Europea y eliminar las cortapisas europeas para recibir fondos.
2.- Vemos con preocupación que la renuncia a una banca pública, a la que sí pueden acceder otros países de Europa es una losa que nos impedirá levantar cabeza. Se ha perdido la oportunidad estratégica de convertir a Bankia en una auténtica banca pública. Asumir el plan B de dotar al ICO para las funciones que tendría una banca pública puede crear alguna expectativa, si hay voluntad de ello, a pesar de su escasa dimensión e implantación en el territorio
3.- Por último entendemos que es necesario abordar una profunda reforma fiscal. En concreto entendemos que se debe aumentar la carga impositiva de los tramos más altos del impuesto, equiparar el tratamiento fiscal de las rentas del capital con las del trabajo, y limitar las bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre sociedades, sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Además, se podría subir el IVA para bienes de lujo y se podrían crear nuevos impuestos, como una Tasa Covid para gravar entre 1% y 3% los patrimonios de más de un millón de euros en la UE, un impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, y ampliar la base del ITF a los derivados financieros y a las operaciones de alta frecuencia.
Por último, promover incentivos fiscales ecológicos, que permitan promover cambios de comportamiento positivos desde el punto de vista ambiental, a la par que se aumenta la recaudación para afrontar esta crisis.
Permítanme que haga una referencia explícita al comercio internacional y al papel que los grandes grupos empresariales están jugando en el mismo. Entendemos que es necesario la inevitable búsqueda de nuevas normas y reglas así como el cambio de instituciones que nos permitan revertir un comercio que aumente realmente el bienestar de todos los ciudadanos y no subestime sus consecuencias distributivas.
PROPUESTAS PARA DISEÑAR OTRO COMERCIO POSIBLE
El colapso producido por el buque Evergreen bloqueando el Canal de Suez es una metáfora de lo que supone seguir apostando por un comercio globalizado sin atender a las alertas que desde organizaciones altermundistas, climáticas y defensores de los derechos humanos se vienen haciendo. El transporte marítimo, que mueve mercancías a nivel global, se le está permitiendo contaminar el aire 3.500 veces más que a los vehículos de transporte terrestre. Todo sea por el comercio.
La COVID19 nos ha demostrado que el diseño actual del mercado no tiene los mecanismos para satisfacer las necesidades de la mayoría social. La OMS ha advertido que casos de zoonosis como la presente pandemia pueden repetirse si no se frena la desforestación. Por ello reclamamos un cambio en las reglas, y proponemos:
- Suspender la negociación de cualquier tratado bilateral o multilateral de comercio e inversión.
- No ratificar el tratado Unión Europea Mercosur por los riesgos ecológicos que supone en la región Amazónica y para el planeta, además del apoyo que supone a un gobierno infractor de los derechos humanos.
- Dar los pasos necesarios para denunciar (de manera unilateral o multilateral) los tratados de protección de inversiones existentes.
- Instaurar auditorías que analicen los costes y beneficios económicos y sociales de los tratados de comercio e inversión actuales y en negociación.
- Retirar el consentimiento al mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (ISDS) para limitar la exposición a demandas de los inversores.
- Suspender el pago de deudas pendientes como resultado de los laudos en casos inversor-Estado. O, al menos, discutir el alivio o la reestructuración de las deudas ISDS con los acreedores.
- Transparencia en los órganos de cooperación reguladora. Publicidad de la composición y curriculum de los técnicos. Convocatorias públicas de las reuniones y actas publicitadas con nombres y justificación de los asistentes.
- Salir del Tratado Carta de la Energía y recurrir ante los tribunales las sentencias que obligan al pago al Reino de España.
- Denunciar ante los tribunales europeos las demandas hechas desde Holanda y Luxemburgo por ser países dentro de la UE, de acuerdo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declaró que el arbitraje de inversión resultante de un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Holanda y Eslovaquia era contrario al derecho comunitario de la Unión Europea.
SOBRE COMERCIO EN SERVICIOS.
- La mayoría de los servicios públicos garantizan la vida y cuidados de las personas, y deben protegerse y limitar el acceso del mercado a ellos. Han de ser un bien público, y los tratados deberían definir claramente los servicios esenciales protegidos, e incluir al menos sanidad; educación; agua en todos los tramos de suministro, potabilización y reciclaje; asistencia a mayores y dependientes; transporte público, y gestión de vías y carreteras; seguridad ciudadana, y posiblemente muchos otros.
- Entre los que merece mención especial el acceso básico a la energía que se debería declarar un derecho humano.
- Las personas deben tener derecho a ejercer su soberanía sobre los datos que generan, y debe prohibirse la comercialización de los datos personales, historiales médicos, crediticios o de actividades cotidianas. Ningún tratado de comercio debe poder atentar contra esto.
- El Estado tiene la obligación de proteger los derechos digitales de las personas por encima de los intereses comerciales.
- Cualquier futura herramienta que ayude a monitorear, prevenir o curar la salud de las personas ha de ser un servicio de propiedad y gestión pública, y no puede ser sujeto de especulación y comercio.
SOBRE COMERCIO EN AGRICULTURA
- Las explotaciones familiares y la ganadería extensiva se deben proteger como garantía de conservación de la biodiversidad y de protección del entorno.
- Se deberían eliminar las subvenciones a aquellas explotaciones nefastas para el medio ambiente, y por el contrario incentivar aquellas explotaciones sostenibles y reducir el uso de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrario.
Es el momento de reforzar la capacidad de resiliencia de las comunidades y de las personas frente a futuras crisis. Por eso las medidas planteadas anteriormente, han de ser reforzadas con una mayor democracia participativa, que permita transparencia y rendición de cuentas. La gente y las organizaciones de la sociedad civil necesitan saber lo que se está negociando y acordando, y poder participar. Es imprescindible que los inversores y las empresas rindan cuenta y sean responsables de los impactos para las personas y el medio ambiente en sus actuaciones.
Por último DESPUÉS DE LA COVID19 debemos ABRIR PERSPECTIVAS PARA OTRO SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO
Queremos superar el actual modelo de la globalización, para lo que habría que poner la vida en el centro, reforzar la cooperación en nuestras sociedades y sustituir el mercado y sus reglas por el intercambio entre comunidades y pueblos.
Podemos comenzar por recuperar el control de la democracia, evitando que de facto nos gobiernen un poder no elegido, las corporaciones transnacionales y los gestores de las reglas del mercado.
Reclamamos por ello que el gobierno de España apoye sin reservas el Tratado Vinculante que se está elaborando en la ONU en Ginebra, y que se incluyan mecanismos de sanción para aquellas multinacionales que incumplen con los derechos humanos.
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Bibliografía
https://attac.es/esta-vez-rescatar-a-la-gente/ 8medidas de Attac ante la pandemia
https://omal.info/spip.php?article9418
https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2018/09/StayGrounded_espanol.pdf comercio aereo