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La camisa de fuerza para un nuevo Contrato Social

Albino Prada, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente para infoLibre.

Wolfgang Streeck definió la resaca financiera de la Gran Recesión del año 2008 como un clímax de la “Era de la Deuda Pública” que había comenzado en los años 80. Podríamos también nombrarla como la era de los Estados deudores, en la que Bancos e inversores habrían conseguido un casi total dominio (privado) sobre el Estado.

Con lo que estaríamos ante el final de la democracia redistributiva de masas porque ese Estado, ni por el lado de los ingresos ni por el de los gastos, podrá hacer ya otra cosa que someterse a los mercados financieros. La globalización neoliberal no solo habría drenado los ingresos fiscales a causa de secesionistas millonarios y empresas con domicilio en paraísos, sino también forzando devaluaciones y regalos fiscales para evitar deslocalizaciones (sobre la base de la plena libertad del capital para salir de un país).

También se habrían cegado todas las posibles puertas de escape: tal como la posibilidad de reestructurar la deuda o hacer una quita, y, desde luego, prohibiendo las compras directas de deuda pública por el Banco Central o desactivando cualquier devaluación de la moneda. Un entramado o tela de araña supervisada por agencias de calificación y primas de riesgo. Agencias y primas que de tal manera controlan a los Estados.

Entre nosotros, la eurozona y el BCE serían alumnos aventajados en esta arquitectura de la mano del ordoliberalismo alemán, con consecuencias tan dramáticas como las vividas en Grecia en la crisis de 2008. Y entre nosotros, y bien cerca, lo son todos aquellos que jalean la rebaja de impuestos (“el dinerito en el bolsillo”) como una cortina de humo para que cada uno se procure la educación o la sanidad que su bolsillo pueda pagar. Y para el resto de ciudadanos políticas anoréxicas de un Estado endeudado hasta el cuello.

A resultas de todo ello, para el caso de España la deuda pública escalará hasta el 70% del PIB a la altura del año 2011, momento en el que dichos mercados (comandados por fondos globales como PIMCO o Calpers) impulsarán la prima de riesgo (agosto de 2012) por encima de los quinientos puntos (es decir 5 puntos porcentuales por encima del bono alemán). Creando el clima propicio para una reforma Constitucional exprés de la que al final algo diremos. Situaciones semejantes vivieron los bonos griegos, portugueses e italianos llevando a la eurozona al borde del abismo.

Para conjurar los riesgos de ruptura del euro, y de insolvencia de esos países, el Banco Central Europeo (el BCE) intervino desde entonces en el mercado comprando buena parte de la deuda emitida por esos países. Con ello no se frenó la bola de nieve de deuda (el nivel actual en España alcanza el 118% del PIB después del Gran Confinamiento post-Covid y sus programas públicos paliativos) pero sí se mantuvieron bajo control las primas de riesgo (hasta ahora en el entorno de los cien puntos –ver aquí página 30 cuadro 3–).

Para poder hacerlo el BCE ordoliberal, y para no incumplir un estatuto que le prohíbe comprar deuda directamente a los Estados, tuvo que hacerlo traspasando a su balance los que previamente (con ganancia) adquirían los “mercados”. Y, no menos importante, justificando las compras no para embridar la prima de riesgo, sino para lograr el objetivo de inflación todos esos años (pues el IPC se movía entonces muy por debajo del objetivo del 3%). Escurriendo el bulto bajo la mirada del riesgo moral alemán.

Sucede que la cosa se complica sobremanera ahora que la inflación se sitúa por encima del 10% (por causas externas energéticas) y el BCE decide enfriar la economía subiendo los tipos de interés y moderando esas compras de deuda. Inflación y riesgo moral de la deuda son un tándem que para Alemania es insoportable.

Pero este viraje ha encendido todas las alarmas en relación a que esos años de tranquilidad ganados (2012-2022) se vayan a esfumar de repente. Pues para España el impacto de una prima de riesgo en alza hoy es muy superior al de hace diez años. Hoy con una prima de riesgo de menos de trescientos puntos tendríamos un problema equivalente al de hace diez años con más de quinientos puntos.

La alternativa a este estado de cosas pasa por colocar a los mercados bajo control social. Y eso hoy, dentro de la eurozona y del BCE, pasa por definir cuanto antes una soberanía compartida y un respaldo fiscal fuerte mancomunado entre todos los países del área.

Piketty –y no pocos expertos europeos– elaboraron ya en 2018 una propuesta bien definida al respecto (www.tdem.eu) con una agenda institucional y fiscal detallada para aflojar a los Estados del euro del control de los mercados, de los bancos, de las agencias de calificación y de las primas de riesgo.

Leemos allí: “si bien sería deseable que todos los países de la Unión Europea se unan a este proyecto sin demora, y aunque sería preferible que los cuatro países más importantes de la zona euro (que juntos representan más del 70% del PNB y de la población de la zona) la adopten desde el principio, el proyecto en su totalidad se ha diseñado para ser adoptado legalmente y económicamente por cualquier subconjunto de países que así lo deseen”.

Porque de no hacerlo así cada huida hacia delante de endeudamiento público lo único que hace es posponer el preludio de una nueva crisis, a pesar de forzar a una crónica anorexia del Estado Social. Apenas se compra tiempo aplazando el siguiente shock. Mientras la exclusión social y el riesgo de pobreza se extiende por buena parte de las sociedades europeas.

Claro que, mientras en eso no se avanza, el BCE haría bien, por un lado, en resituar su objetivo de inflación del 3% al 5%, y, por otro, en amortiguar el daño que un alza de los tipos de interés provocará en países muy endeudados, y con altas tasas de paro, recomprando la deuda pública de esos países que vaya venciendo. E impulsando reformas en los mercados de la energía y los carburantes que impidan que estos actúen como bombas inflacionarias (sistema marginalista eléctrico por ejemplo) sistémicas.

Ahí seguimos, haciendo no lo que queremos o lo que sería necesario para la mayoría social, sino lo que podemos, es decir, lo que nos dejan hacer los mercados

En su ausencia, la bola de nieve de deuda nos colocará a los pies de los caballos del artículo 135.3 de la Constitución, un artículo aprobado en 2011 bajo presión financiera como nudo gordiano del contrato social del capitalismo de este siglo XXI. Una bola de nieve y dominio que solo podrá reducirse si una reforma fiscal sitúa a los pocos fuera del lugar de confort en el que llevan viviendo en España durante décadas, mientras los costaleros del sistema (IRPF sobre salarios e IVA sobre consumos) explican la mayor parte de los ingresos públicos.

Porque quedó escrito en 2011 que “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”. Todo un clímax del nuevo Contrato Social de un Estado deudor apadrinado por Zapatero y Rajoy.

Y ahí seguimos, haciendo no lo que queremos o lo que sería necesario para la mayoría social, sino lo que podemos, es decir, lo que nos dejan hacer los mercados.

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