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La clasificación de paraísos fiscales muestra que los países que establecen las normas fiscales mundiales hacen lo posible para ayudar a las empresas a ignoralas

Publicado originalmente en TaxJustice.

Un grupo de países ricos que determina las normas mundiales sobre fiscalidad corporativa es responsable de más de dos tercios del abuso fiscal corporativo mundial, según informa el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021, una clasificación de los países más cómplices en ayudar a las empresas multinacionales a pagar menos impuestos de lo que se espera que paguen. El índice recoge las formas en las que las normas sobre fiscalidad corporativa mundial establecidas por la OCDE1, una organización de afiliados formada por países de altos ingresos y el principal creador mundial de normas sobre fiscalidad internacional, no lograron detectar y prevenir el fraude fiscal corporativo facilitado por los propios países miembros de la OCDE – y, en algunos casos, presionaron a los países para que redujeran su transparencia fiscal.

Los principales economistas y activistas de todo el mundo exigen que las normas fiscales de la OCDE sean reemplazadas por un proceso más sólido e inclusivo a nivel mundial en las Naciones Unidas, comenzando con un convenio fiscal de la ONU2, a fin de acabar con el abuso fiscal corporativo a nivel mundial y recaudar los fondos públicos que se necesitan urgentemente para hacer frente al coste económico de una pandemia que ahora entra en su segundo año.

Asestando un nuevo golpe al deterioro de la confianza en la capacidad3 del grupo de la OCDE para abordar el desenfrenado abuso fiscal corporativo a nivel mundial que cuesta al mundo 245 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos al año4, el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021 revela que los países de la OCDE y sus dependencias son responsables del 68 por ciento de los riesgos del abuso fiscal corporativo a nivel mundial. Desglosados, los países de la OCDE son responsables del 39 por ciento de los riesgos del abuso fiscal corporativo a nivel mundial; y sus dependencias, como la dependencia de la corona británica de Jersey y Aruba de los Países Bajos, son responsables del 29 por ciento. El Dr. Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la nominada al Premio Nobel de la Paz5 Alianza Mundial para la Justicia Fiscal, afirmó que “confiar actualmente en la OCDE a la luz de las revelaciones del índice es como confiar en una manada de lobos para construir una cerca en torno a un gallinero”.

Los 10 mayores facilitadores de los riesgos del abuso fiscal corporativo

La edición de 2021 del Índice bienal de Paraísos Fiscales Corporativos de la Red para la Justicia Fiscal considera que los países de la OCDE o sus dependencias ocupan los seis primeros puestos en la clasificación de los mayores facilitadores del abuso fiscal corporativo a nivel mundial. Estos son, en orden descendente, las Islas Vírgenes Británicas, Caimán y Bermudas – tres territorios británicos de ultramar en los que el gobierno del Reino Unido cuenta con plenos poderes para imponer o vetar la legislación y donde el poder de nombrar a los principales funcionarios del gobierno recae en la Corona británica – los Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

Los 10 mayores facilitadores del abuso fiscal corporativo a nivel mundial en la actualidad son:

  1. Islas Vírgenes Británicas (territorio británico de ultramar)
  2. Islas Caimán (territorio británico de ultramar)
  3. Bermudas (territorio británico de ultramar)
  4. Países Bajos
  5. Suiza
  6. Luxemburgo
  7. Hong Kong
  8. Jersey (dependencia de la Corona británica)
  9. Singapur
  10. Emiratos Árabes Unidos

El Índice de Paraísos Fiscales Corporativos clasifica a cada país en función de la intensidad con la que los sistemas fiscales y financieros del país permiten que las empresas multinacionales transfieran sus beneficios fuera de los países en los que operan y, en consecuencia, paguen menos impuestos de los que deberían pagar allí. El índice evalúa el sistema fiscal y jurídico de cada país con una “puntuación de paraíso fiscal corporativo” sobre 100, donde cero representa nulo margen para el fraude fiscal corporativo y 100 un margen incontrolado para el fraude fiscal corporativo. La puntuación de paraíso fiscal corporativo del país se combina luego con el volumen de actividad financiera realizada en el país por parte de las empresas multinacionales a fin de calcular el grado del abuso fiscal corporativo transfronterizo facilitado por el país.

Una clasificación más elevada en el índice no significa necesariamente que las leyes contra el abuso fiscal de una jurisdicción sean más agresivas, sino que dicha jurisdicción desempeña en la práctica un papel más importante a nivel mundial al permitir el traslado de beneficios que cuesta a los países miles de millones de impuestos perdidos cada año. Así pues, una jurisdicción altamente agresiva con respecto a la fiscalidad que facilita un pequeño volumen de actividad financiera de las empresas multinacionales, como Anguila (situada en el puesto 39), ocupará un puesto inferior a una jurisdicción menos agresiva en cuanto a la fiscalidad que constituye uno de los principales receptores de actividad financiera de las empresas multinacionales, como es el caso de Bélgica (situada en el puesto 16).

Cambios clave en la clasificación

La amenaza de Caimán prosigue su implacable aumento

El territorio británico de ultramar de Caimán ha subido del tercer al segundo puesto en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos desde la última edición del índice 2019. Si bien el territorio británico de ultramar ya había logrado una puntuación de paraíso fiscal corporativo de 100 en 2019, aumentó el volumen de actividad financiera que recibe por parte de las empresas multinacionales en casi un 15 por ciento, lo que incrementa el papel mundial que desempeña a la hora de permitir la transferencia de beneficios.

Caimán también aumentó su clasificación el año pasado en el Índice de Secreto Financiero 2020 de la Red para la Justicia Fiscal – una clasificación de los países más cómplices en ayudar a las personas a ocultar sus finanzas privadas del estado de derecho – pasó de un tercer a un primer puesto tras incrementar el volumen de actividad financiera que alberga de personas no residentes en un 21 por ciento.6 Se ha hecho referencia a Caimán como la “joya de la corona de la telaraña del Reino Unido”7, una red de territorios y dependencias británicos (en los que el gobierno del Reino Unido posee plenos poderes para imponer o vetar la legislación) que opera como una red mundial de paraísos fiscales que blanquean y transfieren dinero dentro y fuera de la City de Londres.

A pesar de que Caimán sigue creciendo hasta convertirse en la mayor amenaza mundial de abuso fiscal mundial, el territorio británico de ultramar fue eliminado de la lista negra de paraísos fiscales de la UE en 2020 tras llevar a cabo una importante campaña de relaciones públicas.8 El intento por parte de un puñado de miembros del Parlamento Europeo de volver a incluir a Caimán en la lista negra en febrero de 2021 fracasó, lo que condujo a Paul Tang, eurodiputado y presidente del subcomité de asuntos fiscales del Parlamento Europeo, a exigir que se eliminen los “juegos políticos” del proceso de inclusión en listas negras.9

Los EAU entran en el top 10 por primera vez tras una inyección de 250 000 millones de dólares de los Países Bajos

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ingresaron en las filas de los 10 mayores facilitadores del abuso fiscal corporativo a nivel mundial a raíz de que las empresas multinacionales desviaran más de 218 mil millones de dólares de inversión extranjera directa a través de los Países Bajos, miembro de la OCDE, y hacia la economía de los EAU. Si bien la puntuación de paraíso fiscal corporativo de los EAU de 98 sobre 100 no cambió desde la edición de 2019 del índice, la inyección de los Países Bajos – que fue equivalente a más de la mitad del PIB de los EAU – aumentó en casi el 180 por ciento el volumen de actividad financiera que los EAU reciben por parte de las empresas multinacionales. Como resultado, los EAU ascendieron del puesto 12 al 10 en la clasificación.

El trabajo de investigación de la Red para la Justicia Fiscal atribuye la probable fuente de la inyección a un juego multimillonario de “patata caliente” mediante el cual 200 mil millones de dólares en inversión extranjera directa se transfirieron a los Países Bajos desde los EE. UU. y Sudáfrica en 2019. Esta gran inyección a los Países Bajos parece haber sido redirigida a los EAU. El aumento sustancial de la inversión extranjera directa procedente de Sudáfrica en los Países Bajos coincide con una disminución de magnitud similar en la inversión extranjera directa desde Sudáfrica a China. Esto sugiere que los EAU reemplazaron a China como destino favorito de la inversión extranjera directa que procede de Sudáfrica. No obstante, dado que los datos son agregados a nivel de país, no muestran qué empresas individuales son responsables de estos cambios.

Los EAU también parecen haber reemplazado a dos territorios británicos de ultramar – las Islas Vírgenes Británicas (situadas en el primer puesto en el índice) y Bermudas (situada en el tercer puesto) – como destino preferido para las empresas multinacionales con sede en los Países Bajos y las empresas multinacionales que utilizan los Países Bajos como canal. Ambos paraísos fiscales recibieron 130 mil millones de dólares menos en inversión extranjera directa de los Países Bajos en 2019 que en 2018 (una disminución del 64 por ciento). En general, Bermudas experimentó un descenso del volumen de actividad financiera que recibe de empresas multinacionales de todo el mundo de más de 150 mil millones de dólares (un 19 por ciento) entre 2018 y 2019. El cambio hacia los EAU podría explicarse parcialmente por la adopción más permisiva de los EAU de las normas de actividades generadoras de ingresos básicos de sustancias económicas – que requieren que se realice un cierto nivel de actividad económica en la jurisdicción en la que una multinacional reporta beneficios – y por el creciente papel de los EAU como el centro financiero extraterritorial de elección para las empresas multinacionales que operan en África y Asia.

El coste de los países de la OCDE que facilitan el fraude fiscal corporativo

La revelación del Índice de Paraísos Fiscales Corporativos de que los países de la OCDE y sus dependencias son responsables del 68.3 por ciento de los riesgos del abuso fiscal corporativo a nivel mundial coincide con los hallazgos del Estado de la Justicia Fiscal 2020 de la Red para la Justicia Fiscal publicado en noviembre del año pasado.10 El estudio encontró que los países de la OCDE y sus dependencias son responsables de facilitar el 68.1 por ciento de las pérdidas fiscales constatables mediante el abuso fiscal corporativo transfronterizo. El estudio de 2020 llegó a la misma conclusión que el índice utilizando una metodología completamente diferente basada en el análisis de las declaraciones fiscales corporativas publicadas por la OCDE, en contraste con la metodología del índice que analiza las leyes fiscales y financieras de los países a fin de detectar riesgos de abuso fiscal corporativo.11

El Estado de la Justicia Fiscal 2020 puso de relieve que los países de la OCDE y sus dependencias cuestan al mundo más de 166 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos cada año – el equivalente a perder más de 26 millones de salarios anuales de personal de enfermería al año, o a perder los salarios anuales de 50 enfermeras por minuto en el caso de los países de la OCDE y sus dependencias.

El Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021 indica que la mayor parte de la responsabilidad de permitir el abuso fiscal corporativo mundial entre el grupo de países de la OCDE recae en el Reino Unido y su red de territorios de ultramar y dependencias de la Corona, en los que el Reino Unido cuenta con plenos poderes para imponer o vetar la legislación y donde el poder nombrar a los principales funcionarios del gobierno recae en la Corona británica. Conocida como la “telaraña del Reino Unido”12 por la manera en que la red opera como un entramado de paraísos fiscales centrados en la City de Londres, el Reino Unido y su red son colectivamente responsables del 31 por ciento de los riesgos del abuso fiscal corporativo en el mundo – o casi la mitad (45 por ciento) de los riesgos del abuso fiscal corporativo facilitados por los países de la OCDE y sus dependencias.

Después del Reino Unido, los tres mayores facilitadores de riesgos del abuso fiscal corporativo entre los países de la OCDE y sus dependencias son los Países Bajos (5.5 por ciento), Suiza (5.1 por ciento) y Luxemburgo (4.1 por ciento). Estos tres países agrupados, junto con el Reino Unido y su red, son responsables de casi la mitad (46 por ciento) de los riesgos del abuso fiscal corporativo del mundo – de ahí que el grupo a menudo sea denominado colectivamente como el “eje de la evasión fiscal”.13 El eje de la evasión fiscal es responsable de más de dos tercios (67 por ciento) de los riesgos del abuso fiscal corporativo que permiten los países de la OCDE y sus dependencias.

De manera similar, el Estado de la Justicia Fiscal 2020 estableció que la telaraña del Reino Unido es responsable de la mayor parte de la responsabilidad – el 29 por ciento de todas las pérdidas fiscales corporativas sufridas por países de todo el mundo – lo que les cuesta a los países casi 70 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos cada año.

Liz Nelson, directora de justicia tributaria y derechos humanos de la Red para la Justicia Fiscal, declaró:

“Los países más ricos del mundo están privando al resto del mundo de 166 mil millones de dólares en impuestos corporativos cada año al permitir que las mayores empresas multinacionales paguen menos impuestos de lo que deberían. Los países de la OCDE pueden alegar que se rigen por las normas tributarias mundiales de la OCDE, pero el hecho es que las normas fiscales de escaparate que imponen al resto del mundo privan a los países más pobres del equivalente a 26 millones de salarios anuales de personal de enfermería cada año, o 50 salarios anuales de enfermeras por minuto. Es hora de que las Naciones Unidas establezcan nuestras normas fiscales mundiales, donde la democracia y los derechos humanos de las personas se antepongan a la plutocracia y los superyates”.

Las clasificaciones insignia de la OCDE sobre “fiscalidad nociva” no identifican los paraísos fiscales corporativos

El análisis de la política insignia de protección de la OCDE contra países que permiten prácticas fiscales nocivas encontró que dicha política no logró detectar casi ninguno de los riesgos del abuso fiscal corporativo documentados por el índice. La política constituye uno de los cuatro pilares principales del conjunto de normas mundiales que la OCDE lanzó en 2015 a fin de hacer frente al abuso fiscal por parte de las empresas multinacionales, conocido como el Plan de Acción BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios).14 En virtud de la política de protección, los sistemas fiscales de los países son evaluados y calificados por la OCDE en función de si permiten prácticas fiscales nocivas por parte de empresas multinacionales.

Una comparación de las calificaciones de la OCDE que recibieron los países con respecto a su evaluación en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos reveló que los países calificados por la OCDE como “no nocivos” son responsables del 98 por ciento de los riesgos del abuso fiscal corporativo a nivel mundial. En comparación, los países calificados como “nocivos” por la OCDE representan solo el 1 por ciento. Los países actualmente evaluados representaron otro 1 por ciento.

Otra comparación de las calificaciones de los países de la OCDE con el análisis de la Red para la Justicia Fiscal sobre los datos de informes desglosados por países de la OCDE revela que los países calificados como “no nocivos” por la OCDE cuestan al mundo 239 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos al año al permitir que las empresas transfieran los beneficios, mientras que los países calificados como “nocivos” cuestan al mundo 5 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos. La Red para la Justicia Fiscal argumenta que el hecho de que la OCDE no identifique las prácticas fiscales nocivas en sus calificaciones legitima en la práctica el comportamiento nocivo de los paraísos fiscales corporativos.

Moran Harari, investigadora principal sobre índices en la Red para la Justicia Fiscal, afirmó:

“¿Cómo puede la OCDE atribuirse liderazgo mundial en la protección contra el abuso fiscal corporativo cuando no detecta el 98 por ciento de los riesgos de fraude fiscal corporativo? Cada vez que se denuncia a un paraíso fiscal como Caimán por permitir que se pierdan miles de millones mediante el abuso fiscal corporativo, inmediatamente replican que todo lo que hacen se adecúa a las normas mundiales de la OCDE.15 Al calificar los sistemas fiscales de los países responsables del 98 por ciento del abuso fiscal corporativo del mundo como “no nocivos”, la OCDE otorga a los mayores paraísos fiscales la cobertura que necesitan para seguir causando estragos“.

“A fin de obtener la aprobación de sus países miembros más poderosos, la OCDE tuvo que suavizar sus normas fiscales mundiales hasta el punto de quedar obsoletas. En lugar de eliminar los paraísos fiscales, las normas mundiales de la OCDE los normalizaron. Únicamente un convenio fiscal de la ONU, en el que las normas mundiales estén determinadas por la democracia y no por la plutocracia, puede lograr que los paraísos fiscales sean cosa del pasado”.

De manera similar la Red para la Justicia Fiscal comunicó en noviembre de 2020 que la lista negra de paraísos fiscales de la UE no recogía la gran mayoría de los facilitadores del abuso fiscal mundial.16 Las jurisdicciones incluidas en la lista negra de la UE en ese momento eran responsables de menos del 2 por ciento de las pérdidas fiscales del mundo debido al abuso fiscal mundial. La investigación de la Red de Justicia Fiscal incitó a varios eurodiputados a exigir que se revisara la naturaleza política y opaca en que se redactó la lista negra siguiendo unos criterios transparentes que reflejen la realidad del abuso fiscal mundial y no eximan automáticamente a los países de la UE.17

Un intento de renovar la lista negra de los paraísos fiscales en febrero de 2021 resultó decepcionante cuando el territorio británico de ultramar de las Islas Caimán, que actualmente ocupa el segundo puesto en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos, no volvió a incluirse en la lista. Paul Tang, eurodiputado y presidente de la subcomisión de asuntos fiscales del Parlamento Europeo, se mostró muy crítico con el resultado: “Países que no gravan los ingresos corporativos permanecen fuera de la lista, dejando la puerta abierta a la evasión fiscal a gran escala… Los juegos políticos deben ser eliminados del proceso de inclusión en la lista para que un país pueda evitar ser incluido en la lista solo mediante reformas y no mediante una ofensiva diplomática”.18

La OCDE impulsa a más países a ser menos transparentes en materia fiscal

Tras la continua presión ejercida por la OCDE sobre los gobiernos para atenuar sus normativas sobre informes desglosados por países a fin de que coincidan con la norma menos sólida de la OCDE sobre informes desglosados por países, dos países más – Alemania y España – han suavizado sus legislaciones para adecuarse a la norma de la OCDE. Al menos 11 países han suavizado sus legislaciones sobre la presentación de informes desglosados por países – una medida de transparencia fiscal que revela la transferencia de beneficios por parte de las empresas multinacionales a paraísos fiscales – desde 2018 bajo la presión de la OCDE, lo que marca uno de los mayores retrocesos en la transparencia fiscal corporativa en los últimos años.

La atenuación de las legislaciones sobre informes desglosados por países de Alemania y España contribuyó a obtener puntuaciones más elevadas de agresión fiscal para los dos países y, en consecuencia, contribuyó en parte a que Alemania ascendiera del puesto 24 al 23 en la clasificación y a que España ascendiera del puesto 27 al 22, superando a Alemania en el proceso.

Los datos de los informes desglosados por países demostraron un cambio de juego al revelar el abuso fiscal corporativo transfronterizo en 2020 cuando el informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal 2020 de la Red para la Justicia Fiscal utilizó los datos de presentación de informes desglosados por países publicados por primera vez por la OCDE para revelar que el mundo pierde 245 mil millones dólares en impuestos corporativos debido a la transferencia de beneficios cada año y para identificar a los países más responsables de facilitar dichos fraudes fiscales.19 No obstante, dado que los datos se agregan y se anonimizan antes de su publicación, la Red para la Justicia Fiscal no logró identificar con los datos presentados las empresas multinacionales específicas que transfieren beneficios.

Los llamamientos mundiales a favor de un convenio fiscal de la ONU cobran impulso

La una vez imposible noción de trasladar la responsabilidad de establecer las normas fiscales mundiales de la OCDE, que ha ocupado la sede del poder en materia de fiscalidad mundial durante 60 años, a las Naciones Unidas se convirtió en una posibilidad más concreta el mes pasado cuando un grupo de jefes de estado lanzó un plan para una reforma fiscal mundial desarrollado por el Panel de Alto Nivel de la ONU sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad (FACTI, por sus siglas en inglés) mediante el cual se solicita un convenio fiscal de la ONU que determine las normas mundiales, así como un nuevo organismo intergubernamental en la ONU para establecer las normas fiscales.20 Los llamamientos para trasladar el establecimiento de normas fiscales a la ONU cobraron un impulso sin precedentes el año pasado después de que la OCDE recibiera amplias críticas por no lograr aportar un cambio significativo en sus tan esperadas propuestas de reforma tributaria.21 Los hallazgos actuales del Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021 han movilizado más llamamientos por parte de la Red para la Justicia Fiscal, así como de destacados economistas y activistas de todo el mundo que instan a los gobiernos a adoptar la recomendación del panel FACTI de la ONU para elaborar un convenio fiscal de la ONU.

Alex Cobham, director ejecutivo de la Red para la Justicia Fiscal, declaró:

“No es necesario ser un experto en fiscalidad para entender por qué un sistema fiscal mundial programado por un grupo de ricos paraísos fiscales está provocando una hemorragia de más de 245 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos al año. Nuestros sistemas fiscales son nuestras herramientas más poderosas para crear una sociedad justa que otorgue el mismo peso a las necesidades de todos sus miembros. Pero bajo la presión de gigantes corporativos y poderosos paraísos fiscales como los Países Bajos y el Reino Unido, la OCDE ha programado el sistema fiscal mundial para que priorice los deseos de las empresas y los individuos más ricos por encima de las necesidades de todos los demás. El coste humano resultante que pagamos por eso ha quedado dolorosamente claro con la pandemia”.

“Debemos reprogramar nuestro sistema fiscal mundial para que priorice el bienestar y los medios de vida de las personas por encima de los deseos de quienes están empeñados en no pagar sus impuestos. Las normas sobre dónde y cómo las empresas mundiales pagan impuestos corporativos deben ser establecidas por la ONU según los principios de la democracia, no por un pequeño grupo de países ricos a puertas cerradas”.

El Dr. Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la nominada al Premio Nobel de la Paz Alianza Mundial para la Justicia Fiscal, afirmó:

“Confiar en la OCDE para establecer normas mundiales sobre fiscalidad corporativa cuando los países miembros de la OCDE son responsables de más de dos tercios del abuso fiscal corporativo mundial es como confiar en una manada de lobos para construir una cerca en torno a un gallinero. La incapacidad de la OCDE para lograr una reforma real se hizo patente el año pasado cuando su propuesta de reforma fiscal mundial, tras varios años de planificación, se convirtió en un plan para ‘paraísos fiscales suavizados’“.22

“El Índice de Paraísos Fiscales Corporativos deja absolutamente claro que la tarea de acabar con el abuso fiscal corporativo mundial no solo resultaba prácticamente imposible para la OCDE, sino extremadamente inapropiada. Debemos apartar nuestras normas mundiales sobre fiscalidad corporativa de las manos de quienes están empeñados en esquivarlas y ponerlas en manos de la ONU. Solo un convenio fiscal de la ONU puede garantizar que nuestras normas fiscales corporativas mundiales sean auténticamente democráticas y se basen en nuestros derechos humanos”.

Irene Ovonji-Odida, una experta del Panel de Alto Nivel de la ONU sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad y comisionada de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, sostuvo:

“Los principales países de la OCDE que ayer en el Día Internacional de la Mujer exigían un compromiso global más sólido con la igualdad de género son los mismos denunciados hoy por inclinar la balanza contra la capacidad de los países para recaudar fondos públicos a fin de promover intervenciones a favor de la justicia social y, efectivamente, lograr ese objetivo. El abuso fiscal mundial por parte de las grandes empresas y las personas adineradas roba miles de millones de un futuro mejor, pero en especialmente a las mujeres que sistemáticamente tienen menos oportunidades para empezar. Cuando en vez de eso, los impuestos necesarios para sufragar los servicios públicos terminan en paraísos fiscales o en jurisdicciones con secreto financiero – muchas en economías avanzadas – las mujeres son con mucha más frecuencia las que pagan la factura con su tiempo y trabajo no remunerados. Si bien la repercusión de un sistema financiero mundial injusto ha afectado con mayor dureza a los países en desarrollo durante varias décadas, las desigualdades y la explotación que fomentan estas normas son sufridas cada vez más por la mayoría en todos los países, incluidos los países hoy desarrollados, lo cual altera las economías y socava la capacidad de los gobiernos para responder de manera eficaz a las crisis a las que se enfrentan los ciudadanos en materia de salud, educación, alimentación, agricultura, trabajo, ingresos, seguridad social o medio ambiente”.

“Durante los últimos 60 años, la OCDE ha convertido la política fiscal mundial en una herramienta para priorizar los beneficios de las principales empresas multinacionales por encima de las necesidades de todos los demás, acentuando las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres y otros grupos sociales. Es hora de que reconvirtamos la política fiscal mundial en una herramienta para reparar la desigualdad de género, no para alimentarla. El primer paso hacia este objetivo es establecer un convenio fiscal de la ONU”.


Notas para el editor

  1. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional que cuenta con 37 países miembros. Los miembros de la OCDE son países de altos ingresos y generalmente se los considera “países desarrollados”. La OCDE fue fundada en 1961 con el objetivo de promover políticas fiscales, comerciales y de bienestar entre sus miembros y el resto del mundo. Desde su fundación, la OCDE ha sido el principal editor mundial de normas, convenios y guías sobre fiscalidad internacional, así como dictado la forma en que los países gravan los beneficios de las empresas multinacionales. Los miembros actuales de la OCDE son: Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
  2. Un convenio de la ONU, como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, constituye un acuerdo adoptado por la Asamblea General de la ONU que crea normas y estándares internacionales. Un estado miembro de la ONU firma el convenio cuando la Asamblea General de la ONU lo adopta para indicar su apoyo a los principios del mismo. El convenio solo se vuelve legalmente vinculante para el estado miembro de la ONU una vez que el estado miembro lo ratifica. El Panel de Alto Nivel de la ONU sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad (FACTI, por sus siglas en inglés) reclamó recientemente un convenio fiscal de la ONU para establecer normas mundiales sobre la imposición fiscal de manera equitativa y transparente a las empresas multinacionales. Consulte la nota 19.
  3. La OCDE fue criticada en octubre de 2020 cuando eludió los planes de reforma fiscal elaborados y negociados en consulta con países de todo el mundo, incluidos países que no pertenecen a la OCDE, a favor de una propuesta de reforma fiscal más limitada negociada privadamente por EE. UU. y Francia a puerta cerrada y anunciada abruptamente en 2020. Las propuestas de reforma fiscal, ahora convertidas en la postura oficial de la OCDE, han sido duramente criticadas por destacados economistas, incluido el galardonado con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien en ese momento declaró: “Las propuestas en la OCDE simplemente no son adecuadas, realmente representan el secuestro de esta agenda por parte de las empresas multinacionales y los países que están estrechamente aliados con esas empresas multinacionales”. La Red para la Justicia Fiscal criticó la propuesta de reforma de la OCDE como un modelo de “paraíso fiscal suavizado”.
  4. El Estado de la Justicia Fiscal 2020 de la Red para la Justicia Fiscal informó en noviembre de 2020 que los países de todo el mundo están perdiendo más de 427 mil millones de dólares en impuestos cada año debido al abuso fiscal corporativo internacional y la evasión fiscal privada, lo que cuesta cada año a los países en total el equivalente a casi 34 millones de salarios anuales de personal de enfermería, o el salario anual de una enfermera cada segundo. De los 427 mil millones de dólares perdidos en impuestos, 245 mil millones de dólares se pierden directamente por el abuso fiscal corporativo transfronterizo por parte de empresas multinacionales y 182 mil millones de dólares por la evasión fiscal privada en el extranjero por parte de personas. Las empresas multinacionales pagaron 182 mil millones de dólares menos en impuestos de lo que deberían al trasladar 1.38 billones de dólares de beneficios fuera de los países donde fueron generados y hacia paraísos fiscales, donde las tasas de impuestos corporativos son extremadamente bajas o inexistentes. Los evasores fiscales privados pagaron menos impuestos de los que deberían al almacenar un total de más de 10 billones de dólares en activos financieros en el extranjero. Consulte la nota 13 para obtener información sobre la metodología del Estado de la Justicia Fiscal 2020.
  5. La Alianza Mundial para la Justicia Fiscal (GATJ, por sus siglas en inglés) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) fueron nominados juntos para un Premio Nobel de la Paz por tres políticos noruegos. Esta nominación compartida se celebra ampliamente como un reconocimiento al movimiento internacional de la justicia fiscal. La Alianza Mundial para la Justicia Fiscal se creó a partir de la Red para la Justicia Fiscal en 2013 como el organismo coordinador de las organizaciones de movilización masiva que trabajan por la justicia fiscal en todo el mundo. Las dos organizaciones siguen colaborando estrechamente.
  6. El Índice de Secreto Financiero de la Red para la Justicia Fiscal complementa el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos. Juntos, ambos índices proporcionan una imagen completa de las dos caras de la moneda del fraude fiscal. Así pues, el Índice de Secreto Financiero documenta las formas en que los países permiten que las personas adineradas oculten su dinero del estado de derecho y el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos documenta las formas en que los países permiten a las empresas multinacionales pagar menos impuestos sobre sus beneficios de lo que deberían. Algunos paraísos fiscales se especializan en facilitar la evasión fiscal privada en el extranjero, como EE. UU., que ocupa el segundo puesto en el Índice de Secreto Financiero 2020, pero el 25 en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos. Otros se especializan en facilitar el abuso fiscal corporativo, como Bermudas, que ocupa el tercer puesto en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos, pero el 40 en el Índice de Secreto Financiero. Y, por último, algunos se especializan en facilitar ambos tipos de abuso fiscal, como Caimán, Suiza, los Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y los Emiratos Árabes Unidos –todos los cuales se sitúan entre los diez primeros puestos en ambos índices. Las diez principales jurisdicciones clasificadas en el Índice de Secreto Financiero 2020 son: 1. Caimán (territorio británico de ultramar), 2. EE. UU., 3. Suiza, 4. Hong Kong, 5. Singapur, 6. Luxemburgo, 7. Japón, 8. Países Bajos, 9. Islas Vírgenes Británicas (territorio británico de ultramar), 10. Emiratos Árabes Unidos.
  7. Una extensa investigación ha documentado las formas en que la red de jurisdicciones del Reino Unido opera como una red de paraísos fiscales que facilita el abuso fiscal corporativo y privado, en cuyo centro se encuentra la City de Londres. La telaraña del Reino Unido está formada por los siguientes territorios británicos de ultramar y dependencias de la corona: Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Jersey, Gibraltar, Bermudas, Isla de Man, Anguila, Islas Turcas y Caicos y Montserrat.Para obtener más información sobre la telaraña del Reino Unido, consulte el documental de Michael Oswald “La telaraña: el segundo imperio de Gran Bretaña”, producido por el fundador de la Red para la Justicia Fiscal, John Christensen. El documental se encuentra disponible en YouTube en inglésespañolfrancésalemán e italiano y ha sido visto más de 4 millones de veces.Debido al papel sumamente importante que desempeña Caimán a la hora de permitir el fraude fiscal mundial, la Red para la Justicia Fiscal se ha referido en el pasado a dicho territorio como la “joya de la corona” de la red de jurisdicciones del Reino Unido.
  1. Consulte el artículo de Euroactiv La eliminación de las Islas Caimán de la lista negra de la UE genera reacciones violentas
  2. La declaración del eurodiputado Paul Tang, presidente del subcomité de asuntos fiscales del Parlamento Europeo, sobre la última ronda de cambios en la lista negra de paraísos fiscales de la UE se encuentra disponible aquí.
  3. Consulte la nota 4.
  4. El Estado de la Justicia Fiscal 2020, un informe anual único en su especia elaborado por la Red para la Justicia Fiscal, reveló por primera vez en noviembre de 2020 la cantidad de impuestos que cada país del mundo pierde debido al abuso fiscal corporativo internacional y a la evasión fiscal privada. Si bien se han realizado estimaciones en el pasado sobre la pérdida de impuestos a nivel mundial debido al fraude fiscal, había resultado difícil determinar cuánto pierde cada país individualmente. No obstante, después de casi dos décadas de campaña por parte de la Red para la Justicia Fiscal, la OCDE finalmente publicó en julio de 2020 datos de transparencia sobre los asuntos financieros de las empresas multinacionales que cambiaron las tornas, e hicieron posible que analizando los nuevos datos la Red para la Justicia Fiscal calculase las pérdidas fiscales de cada país con una precisión sin precedentes.Los datos se recopilaron mediante una medida de transparencia conocida como informes desglosados por países. La medida de transparencia está diseñada para exponer la transferencia de beneficios (consulte la nota 9) por parte de las empresas multinacionales al exigir a las multinacionales que comuniquen sus beneficios y pérdidas a nivel de país para cada país en el que están presentes, en lugar de publicar sus beneficios y costes como una suma global agregada que disimula el movimiento de dinero entre países. Al analizar los datos de los informes desglosados por países publicados por la OCDE, el Estado de la Justicia Fiscal 2020 midió la transferencia de beneficios observable autocomunicada por las empresas multinacionales y calculó las pérdidas fiscales corporativas resultantes.La primera norma internacional contable para la presentación de informes públicos desglosados por países fue propuesta por primera vez por la Red para la Justicia Fiscal en 2003. Aunque inicialmente la OCDE se opuso, el método de presentación de informes fue finalmente respaldado por el grupo de países del G20 en 2013, y la OCDE elaboró una norma para su uso a partir de 2015. Tras numerosas demoras, la OCDE finalmente publicó datos parciales en julio de 2020. No obstante, mientras que la propuesta de la Red para la Justicia Fiscal exigía a las empresas multinacionales que divulgaran públicamente sus informes desglosados por países, la OCDE exigía a las multinacionales que solo presentaran sus informes de manera privada a las autoridades fiscales de los países de la OCDE. Los informes recopilados de las empresas multinacionales eran posteriormente agregados y anonimizados por los países de la OCDE antes de que los datos se compartieran con el organismo de la OCDE y se publicaran. Como resultado, si bien el análisis de la Red para la Justicia Fiscal de los datos publicados por la OCDE indica que las empresas multinacionales pagan 245 mil millones de dólares menos en impuestos corporativos de lo que deberían, no es posible identificar qué empresas multinacionales son responsables del abuso fiscal.A finales de febrero de 2021, por primera vez una mayoría entre los ministros de la UE se constituyó a favor de finalizar la negociación de una nueva directiva para exigir a las empresas multinacionales que divulguen públicamente sus informes desglosados por países.
  5. Consulte la nota 7.
  6. Para obtener información sobre la cobertura mediática del “eje de la evasión fiscal”, consulte el artículo de The Times “Las grandes empresas deben pagar su parte justa del coste del coronavirus” y el artículo de The Independent “Las multinacionales transfieren 1.3 billones de dólares a paraísos fiscales cada año, revela un análisis innovador“.
  7. La OCDE puso en marcha el Plan de Acción BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios) en 2015 para hacer frente al abuso fiscal por parte de las empresas multinacionales. El plan recogía una serie de normas mundiales, cuatro de las cuales exigían el compromiso de los miembros de la OCDE y del Marco Inclusivo como normas mínimas. El Informe de Acción 5 sobre prácticas fiscales nocivas constituye una de las cuatro normas mínimas del plan BEPS.En virtud de la Acción 5, “los miembros se comprometen a participar en una revisión entre pares del Foro de la OCDE sobre Prácticas Fiscales Nocivas, que ha efectuado revisiones de los regímenes fiscales preferenciales desde su creación en 1998 con el fin de determinar si los regímenes fiscales podrían ser nocivos para la base imponible de otras jurisdicciones”.El trabajo actual del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas (FHTP, por sus siglas en inglés) comprende tres ámbitos clave. “En primer lugar, la evaluación de los regímenes fiscales preferenciales a fin de identificar las características de dichos regímenes que pueden facilitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y, por lo tanto, tienen el potencial de repercutir injustamente en la base imponible de otras jurisdicciones. En segundo lugar, la revisión entre pares y el seguimiento del marco de transparencia de la Acción 5 a través del intercambio espontáneo obligatorio de información relevante sobre las resoluciones específicas de los contribuyentes que, en ausencia de dicho intercambio de información, podría suscitar preocupaciones acerca del BEPS. En tercer lugar, la revisión de los requisitos de las actividades sustanciales en jurisdicciones con imposición nula o solo nominal a fin de garantizar la igualdad de condiciones, cuando el primer ámbito de evaluación no resulta aplicable”.La Red para la Justicia Fiscal solo examinó el primer y el tercer ámbito de evaluación en su análisis de las puntuaciones de las prácticas fiscales nocivas de la OCDE. Esto se debe a dos razones: En primer lugar, en el segundo ámbito de evaluación, la OCDE no otorga una puntuación a los países. Solo proporciona a los países recomendaciones para acciones futuras o no ofrece ninguna recomendación. Sería injusto concluir que los países que no reciben recomendaciones son considerados no nocivos por la OCDE y aquellos que reciben recomendaciones son considerados nocivos por la OCDE. Por consiguiente, la Red para la Justicia Fiscal solo analiza las puntuaciones conforme al primer y al tercer ámbito de evaluación cuando la OCDE emplea un lenguaje de nocividad. En segundo lugar, la Red para la Justicia Fiscal considera que los criterios utilizados en el segundo ámbito de evaluación acerca del intercambio de información sobre resoluciones fiscales son demasiado poco rigurosos para ofrecer información valiosa para el análisis.
  8. A continuación se presentan algunos ejemplos de paraísos fiscales que alegan que cumplen las normas de la OCDE como una forma de blindar y contrarrestar las investigaciones sobre sus prácticas de facilitación del fraude fiscal. En respuesta al Estado de la Justicia Fiscal 2020 que revela que Caimán ocasiona pérdidas fiscales mundiales de 70 mil millones de dólares cada año, Cayman Finance declaró: “Las interpretaciones distorsionadas de la Red para la Justicia Fiscal sobre las estadísticas de las Islas Caimán se vuelven más inexactas, más alejadas de los hechos y menos creíbles, ya que siguen siendo socavadas por los creíbles hallazgos de organismos internacionales reconocidos como la OCDE y la UE”. En respuesta al Índice de Secreto Financiero 2020 de la Red para la Justicia Fiscal en el que Caimán ocupó el primer lugar, Cayman Finance declaró: “Las normas de transparencia de las Islas Caimán se basan en normas mundiales reconocidas […] La TJN ignora que las Islas Caimán cumplan con las normas mundiales”.Luxemburgo utilizó la misma cantinela en febrero de 2021 en respuesta a la investigación de OpenLux al afirmar: “Luxemburgo respeta plenamente todas las normativas europeas e internacionales sobre fiscalidad y transparencia, y aplica todas las medidas comunitarias e internacionales en términos de intercambio de información para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Esta realidad ha sido confirmada por varios observadores, incluidos la OCDE y la Unión Europea, que aún no han identificado ningún régimen fiscal o prácticas fiscales nocivas en Luxemburgo”. En respuesta al Índice de Secreto Financiero 2020, el Ministerio de Finanzas de Luxemburgo declaró: “Cabe destacar que el análisis (y la clasificación concomitante) [de la Red de la Justicia Fiscal] no tiene en cuenta el hecho de que los reguladores y las instituciones del centro financiero de Luxemburgo aplican todas las normas internacionales y de la UE pertinentes. Luxemburgo, como miembro activo de la OCDE y miembro fundador de la UE, ha implementado y puesto en práctica todas las normas aplicables de la OCDE y de la UE sobre intercambio de información en materia fiscal […]”.
  9. El Estado de la Justicia Fiscal 2020 de la Red para la Justicia Fiscal reveló que las jurisdicciones de la lista negra de paraísos fiscales de la UE son colectivamente responsables de solo el 1.72 por ciento de las pérdidas fiscales mundiales, lo que cuesta a los países más de 7 mil millones de dólares en impuestos perdidos al año. En comparación, los estados miembros de la UE fueron responsables del 36 por ciento de las pérdidas fiscales mundiales, lo que les cuesta a los países más de 154 mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Se descubrió que dos jurisdicciones incluidas en la lista negra de la UE, Palau y Trinidad y Tobago, aunque no cooperaron con las regulaciones fiscales internacionales, no habían creado pérdidas fiscales observables para otros países. La Red para la Justicia Fiscal ha criticado la lista negra de la UE durante mucho tiempo por ignorar los principales paraísos fiscales y centrarse en jurisdicciones que son secretas pero que juegan un papel insignificante en la economía mundial.
  10. Tras el análisis del Estado de la Justicia Fiscal 2020 elaborado por la Red para la Justicia Fiscal sobre la lista negra de la UE, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo adoptó una resolución en diciembre de 2020 en la que consideraba que la lista negra de la UE era “confusa e ineficaz” y solicitaba que fuera renovada. La resolución fue aprobada en enero de 2021 por el Parlamento Europeo con 587 votos a favor, 50 en contra y 46 abstenciones.
  11. Consulte la nota 9.
  12. Consulte la nota 11.
  13. El informe publicado por el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad identifica el fraude fiscal y otros flujos financieros ilícitos como un problema sistémico que “roba miles de millones de un futuro mejor” y que solo puede ser combatido por “nada menos que una transformación del sistema financiero global” liderada por las Naciones Unidas. El informe proporciona un conjunto completo de recomendaciones que reflejan en su totalidad la plataforma de políticas puesta en marcha por la Red para la Justicia Fiscal en 2003. La Red para la Justicia Fiscal elogió el informe como “un momento decisivo en la lucha contra el fraude fiscal internacional”.
  14. Consulte la nota 3.
  15. Consulte la nota 3

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