Francesc La-Roca, Erika González, Julia Martínez y Leandro del Moral
El anuncio, a finales del pasado año de la dotación de un fondo europeo para la recuperación económica post-pandemia fue recibido con esperanza y grandes expectativas para lograr grandes transformaciones estructurales.
El derecho humano fundamental del acceso al agua potable y al saneamiento debe estar garantizado por el estado y protegido de los riesgos derivados de su provisión con fines de negocio. La privatización comporta riesgos para el ejercicio de dichos derechos debido a la combinación de 3 factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder.
En el estado español, el modelo dominante de privatización son las empresas mixtas público-privadas constituidas por unos pocos grupos empresariales, que reclaman la transferencia de fondos públicos para alimentar su negocio. Al ser prioritaria para ellos la maximización de los beneficios, los ingresos recaudados a través de las tarifas se destinan preferentemente a esta finalidad, en detrimento de las obras de mantenimiento y otras inversiones.
Los desequilibrios de poder intrínsecos al modelo de partenariado público-privado, han provocado con demasiada frecuencia la pérdida de control del socio público sobre las actividades de la empresa mixta. Con concesiones de décadas, sólo en el momento de finalización del periodo concesional los municipios descubren que no se han realizado las inversiones comprometidas en el momento de la licitación, encontrando las infraestructuras de servicio en estado precario.
