Este artículo se publicó originalmente en CTXT Contexto y Acción
Ainhoa Lasa / Adoración Guamán
Vivimos en una catástrofe sanitaria de extensión y simultaneidad sin precedentes, cuyas repercusiones socio-económicas y laborales van a alcanzar magnitudes históricas. La Organización Internacional del Trabajo ha calculado que en el segundo semestre de este año se perderán 195 millones de puestos de trabajo. El Fondo Monetario Internacional pronostica que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año.
Frente a esta situación, numerosos países han adoptado medidas que suponen una fuerte intervención estatal en la economía, algo habitual en situaciones de crisis económica, con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de refuerzo de los sistemas nacionales de salud y de las estructuras productivas. Estas decisiones estatales unilaterales, aun siendo imprescindibles y en muchos casos acertadas, tienen un alcance limitado en un problema global, que cuestiona la propia globalización económica.
Tarde y con reticencias, la Unión Europea ha pactado un conjunto de medidas de política económica y monetaria aparentemente excepcionales. A diferencia de lo que ocurrió durante la crisis de 2008, a la que se hizo frente con precisión y celeridad, en esta ocasión la Unión ha tardado más de tres semanas en llegar a un consenso de mínimos, espoleada por la urgencia de los líderes europeos de los países más afectados por la mortalidad de la pandemia. Una mayoría de medios y autoridades celebran este consenso como un triunfo, la evidencia de que la Unión es capaz de dar respuesta a las necesidades del demos europeo. Sin embargo, un análisis en detalle del contenido desvela que los compromisos son el exacto reflejo de la falta de solidaridad y de unidad de una estructura que pierde legitimidad (y capacidad) día a día.
Antes de valorar el contenido del paquete de medidas, es oportuno recordar que el propio diseño constitucional europeo ha impedido e impedirá, salvo en un escenario de cuestionamiento global del actual proyecto, la articulación de una respuesta supranacional solidaria en riesgos y costes. El proyecto europeo fundamenta su propia existencia en la economía de mercado abierta y de libre competencia. Este principio de organización, motor y objetivo de la Unión se legitima sobre la sacrosanta afirmación de que la economía de mercado conduce no sólo a aumentar el bienestar económico general, sino también a realizar la más adecuada satisfacción de las necesidades de la personas.
El paso de los años ha ido profundizando en estos lineamientos, que alcanzaron su mayor grado de radicalización en los años 80, a escala global, europea y estatal. De hecho, todas y cada una de las crisis a las que se ha enfrentado la UE, sin excepción y han sido varias, se han superado ahondando en los principios anteriores. “Más Europa”, pedía Juncker para superar la crisis (económica y de legitimidad) de 2008 y la tuvimos: la Unión intervino de manera directa o indirecta la práctica totalidad de los modelos socio-laborales de los países a los que “rescató”. Avanzamos juntos, pero hacia el mínimo común denominador.
Este patrón, que evidencia una estupenda resiliencia del proyecto económico europeo, se vuelve a repetir, recubierto ahora de una retórica distinta. Si en la crisis de 2008 se calificaba a Grecia de Estado irresponsable por el “mal” manejo de sus finanzas, ahora solo algunas voces (Holanda) se atreven a criticar a Italia o a España por la gestión de la pandemia. Pero la retórica no ha podido esconder la bochornosa actuación del Eurogrupo que ha tardado tres semanas en adoptar un paquete de decisiones que, leídas en conjunto con las anteriormente tomadas, transitan dentro de los márgenes del sistema, esto es, sin variación sustancial del modelo.
La armadura jurídica con la que se ha ido cimentando el modelo económico descrito impidió e impide la europeización del estímulo fiscal o la inyección de capital directa a los gobiernos y limita enormemente las decisiones de política monetaria. Un rápido repaso a las más importantes nos va a permitir corroborar esta idea.
En primer lugar, se han aprobado una serie de medidas temporales de ayuda estatal destinadas a apoyar a las empresas, especialmente a las pymes que se enfrenten a dificultades económicas derivadas de la pandemia. El mecanismo no supone ninguna novedad en materia de ayudas de Estado porque se limita a aplicar las disposiciones que establece el régimen de ayudas compatibles con el mercado interior previsto por los Tratados. Esto significa que no hay relajación de las condiciones que han de cumplir las ayudas a las empresas, sino el estricto cumplimiento de los requisitos de su compatibilidad con el funcionamiento del mercado único.
La retórica no ha podido esconder la bochornosa actuación del Eurogrupo que ha tardado tres semanas en adoptar un paquete de decisiones
En un sentido similar debe entenderse la activación de la cláusula de escape de las normas presupuestarias de la UE. El efecto práctico será la no aplicación a los países del euro de los procedimientos preventivos de la disciplina presupuestaria y del procedimiento corrector por déficit o deuda excesiva. Es decir, no se les va a penalizar ni a corregir por la desviación de los objetivos presupuestarios, temporalmente. Concluida la situación en la que nos encontramos, los Estados deberán regresar a la senda de la disciplina presupuestaria porque la ortodoxia fiscal enraizada en los pilares de la unión monetaria permanece intacta.
Otra de las grandes reacciones ha sido protagonizada por el Banco Central Europeo. Los paquetes de política monetaria del BCE pueden interpretarse como una estrategia dirigida a neutralizar los efectos financieros de la pandemia a través de mecanismos de financiación, que, sin embargo, reproducen las contradicciones del propio sistema financiero. En primer lugar, porque las inyecciones de liquidez no tienen como objetivo directo la distribución directa de dinero a la ciudadanía. Al contrario, la finalidad es un plan de compra de títulos públicos y privados por un importe mínimo de 750.000 millones de euros. En segundo lugar, porque el nuevo programa temporal para fomentar la concesión de préstamos a empresas y hogares, excluidos los préstamos inmobiliarios, es una opción para los bancos que, previsiblemente, preferirán diversificar sus carteras de inversiones antes que financiar a hogares o empresas con una economía inestable. Y, en tercer lugar, porque la flexibilización de los coeficientes de estabilidad de los bancos para incrementar los préstamos puede generar inestabilidad en un sector con demasiadas sombras (préstamos tóxicos) todavía. Y hablando del BCE, no nos resistimos a recordar la idea que su directora defendió en una reciente entrevista, señalando que Grecia se encuentra en una buena posición para hacer frente a la crisis gracias a la intervención de la Troika.
Concluida la situación en la que nos encontramos, los Estados deberán regresar a la senda de la disciplina presupuestaria
Y así llegamos a la reunión ampliada del Eurogrupo de los días 7 a 9 de abril que venía rodeada de desatinos. La confrontación entre Holanda e Italia vinculada al tipo de condicionalidad que acompaña a la financiación parecía imposible de superarse. Finalmente, la solución ha sido la activación de una de las líneas de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad, pero la formulación de la condicionalidad no está exenta de ambigüedades. La lógica política podría llevarnos a pensar que la única condición va a ser la vinculación de la línea de crédito a la financiación nacional (en exclusiva) de los costos directos e indirectos relacionados con la atención sanitaria, curación y prevención. Pero la lógica jurídica de la UE sitúa al mecanismo dentro de las estructuras de la estricta estabilidad presupuestaria y los correspondientes ajustes para su consecución. En todo caso, todavía tendremos que esperar dos semanas para que el instrumento esté disponible.
Finalmente, la Comisión Europea ha propuesto un mecanismo de apoyo para mitigar los riesgos de desempleo, denominado SURE. Ese instrumento tiene puntos complejos: los préstamos serán adicionales y no sustituirán los gastos del Estado miembro, la provisión de garantías al Fondo es voluntaria y el Fondo se vincula al mecanismo de condicionalidad. Además, debe recordarse que durante la crisis anterior se reorientó la eficacia de los fondos a la buena gobernanza económica, con lo que ello significa (adopción de medidas eficaces para corregir déficits excesivos, desequilibrios macroeconómicos, y cumplimiento con los programas de ajuste macroeconómico: privatización de servicios públicos, devaluación salarial).
A la vista de tales medidas, la sensación de conjunto es similar a la experimentada por uno de los personajes de las novelas del escritor griego Petros Márkaris. El profesor jubilado que participa en las manifestaciones con la vana esperanza de encontrar una reivindicación de verdadero cambio frente a la simple defensa de lo ya adquirido. Así, no cabe duda de que, con las decisiones anteriores, la Unión ha dado pasos para mantener el statu quo, pero la adecuada valoración de las respuestas debe tener en cuenta una realidad ya insoslayable: ese statu quo nos ha traído hasta aquí.
En estos momentos, el eje del debate ya no puede recaer únicamente en la adecuación coyuntural de las medidas que se proponen, sino en la obligación de repensar el sistema en su conjunto y activar, parafraseando a Benjamin, el freno de emergencia. La preocupación de lo político-social no puede limitarse a la necesidad de volver a poner en marcha un sistema económico y financiero que se fagocita a sí mismo, porque esto significará ahondar en la misma senda de ideas fracasadas.
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Ainhoa Lasa es doctora europea en Derecho por la UPV.
Adoración Guamán es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.