Publicado originalmente en ElSaltoDiario
Daniel Galvalizi
En el invierno de 2015 la mayoría absoluta que tenía el Partido Popular se hizo sentir con crudeza. Eran tiempos convulsos, con los movimientos sociales bien articulados, especialmente los relacionados con la crisis de la vivienda, síntoma dramático de la dura crisis económica y social de la que se venía. El gobierno de Rajoy creyó que con la ley de Protección de Seguridad Ciudadana podía poner un dique a la efervescencia de reivindicación social de aquel entonces.
Aprobada en marzo y entrada en vigor el 1 de julio de 2015, la llamada desde entonces ley Mordaza ha sido objeto de críticas no sólo por oenegés internacionales como Amnesty y Human Rights Watch y colectivos sociales españoles sino también por la Unión Europea, especialmente por los comisionados de Derechos Humanos del Consejo de Europa. De hecho, el jueves pasado, en el séptimo aniversario de su vigencia, la plataforma No Somos Delito (que aglutina a varias entidades que cuestionan este marco legal) realizó una performance frente al Congreso, con la boca amordazada con una cinta azul, los activistas entonaron canciones alusivas y leyeron un manifiesto exigiendo la derogación.
La ley Mordaza es considerada un oprobio por muchos sectores, especialmente los grupos parlamentarios de izquierda y soberanistas
No es casual que tanto el PSOE como Unidas Podemos, en ambas campañas electorales de 2019 mencionaron su derogación como una promesa, algo que quedó plasmado en el acuerdo de investidura firmado en diciembre de ese año. Este compromiso no fue baladí a la hora de sumar apoyos en el pleno de investidura que habría en el mes siguiente. La ley Mordaza es considerada un oprobio por muchos sectores, especialmente los grupos parlamentarios de izquierda y soberanistas.
A veces las promesas de campaña son difíciles de cumplir porque su concreción depende de factores exógenos o de variables económicas que un gobierno no suele dominar en forma absoluta. Llama la atención, por tanto, que sea resistido el cambio a una ley que tiene costo económico nulo y que cuenta con el desprestigio internacional, y que además se quiera cargar con la mochila de la falta de respeto a la palabra empeñada durante dos campañas y un pacto de investidura.
A poco más de un año para que comience la campaña electoral para las generales, las promesas incumplidas comienzan a adquirir relevancia
A poco más de un año para que comience la campaña electoral para las generales, las promesas incumplidas comienzan a adquirir relevancia y la pandemia y la invasión rusa a Ucrania no serán excusas eternas. Un trabajo del proyecto Pactocheck de la web Newtral indica, de hecho, que la coalición de Moncloa ha cumplido en forma total solamente con 34 de los 100 principales compromisos ante la ciudadanía. Lo de la ley Mordaza entra en el 51% de promesas “en progreso”, una franja gris demasiado grande en la antesala del año electoral.
Lejos del hemiciclo
Fuentes de varios grupos parlamentarios y de algunos colectivos sociales que son parte de la negociación respondieron a El Salto lo mismo: la resistencia es del Partido Socialista. Es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien mantiene los frenos a unos cambios más profundos más allá de los cosméticos, por lo que una ley que no requiere de ningún tipo de financiación ni responsabilidad presupuestaria está siendo más difícil de parir que la reforma laboral.
Para hacer memoria a quienes no sigan el asunto: PSOE y UP pactaron en noviembre pasado una modificación a algunos artículos (ya la palabra derogación ni es considerada), pero tanto ERC, PNV, EH Bildu y otros aliados parlamentarios consideraron insuficientes esa propuesta. También comparte este criterio la formación morada, pero en esto suele pendular su juego táctico en el Congreso: permite el debate pactando con su socio mayoritario a sabiendas que luego el soberanismo vasco y catalán exigirán lo que ellos también avalan en voz baja.
Actualmente la situación es de “preponencias”, según confirman fuentes de las negociaciones, porque las ponencias en la comisión de Interior, en la que se debate la reforma, están paralizadas ante la falta de acuerdo. Las conversaciones informales vienen desarrollándose en paralelo a la espera de acercar posiciones.
El miércoles pasado los colectivos sociales de No Somos Delito convocaron a todos los grupos que están por la reforma (esto no incluye a PP, Vox y Ciudadanos) y dejaron trascender que a la reunión privada fueron todos menos representantes del PSOE y de PNV. No es casual: son dos de los tres partidos (el otro es ERC) que tienen fuerzas policiales bajo su mando.
Los sindicatos de fuerzas de seguridad han pedido que no haya cambios en la ley, amparados por la derecha española y algunos medios
Y los sindicatos de fuerzas de seguridad han pedido que no haya cambios en la ley, amparados por la derecha española y algunos medios e ignorando las críticas de Bruselas y organizaciones internacionales. El sector más conservador de los efectivos, vertebrado alrededor de la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol) y de sus dos marcas electorales, el sindicato Justicia Policial (Jupol), en la Policía Nacional, y la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), han hecho sentir su disconformidad.
Uno de los diputados soberanistas que participa de las negociaciones dijo en reserva a El Salto que el PSOE “está buscando algo cosmético y está recibiendo presiones del ministro Grande-Marlaska para no avanzar más, y Podemos está obrando bien pero está demasiado optimista”. Con pocos matices, otros legisladores y los colectivos comentan lo mismo.
Por ahora la reforma está estancada. El PNV, impulsor de los cambios hace años, quiere modificar 40 artículos y que sea “de calado” aunque quizás no sean del mismo calado que buscan EH Bildu, ERC, JxCat y Más País, quienes por ahora están más en el ‘no’ que en la abstención o el positivo.
Los artículos de la discordia
¿Cuáles son los puntos en conflicto? La ley tiene 54 artículos y una decena de disposiciones adicionales. La clave de las divergencias están encerradas en ítems que tiene que ver con las multas por desobediencia y falta de respeto a la autoridad, con la negativa a identificarse, con los límites a la grabación y difusión de actuaciones policiales en vía pública, a la regulación de manifestaciones y reuniones, y a las disposiciones adicionales sobre los funcionarios de prisiones y sobre las llamadas devoluciones en caliente.
El responsable de Derechos Humanos de Amnistía Internacional España, Carlos Escaño, explica por qué hace falta modificar los artículos que en el acuerdo de los partidos de Gobierno no se tocan y siguen siendo “lesivos”: “La ley hizo que la policía de turno pueda actuar como juez y parte y te haga una multa por la vía administrativa. El policía te pone una multa y te la llevas, en cambio si fuera por la vía penal, tiene que haber una denuncia y el policía tiene que demostrar la culpabilidad y un juez deberá resolver escuchando ambas partes”.
Además, recuerda que las sanciones por delitos penales tienen que ver con la situación personal del sancionado y en cambio por vía administrativa el parámetro es el mismo, lo que la hace más gravosa. “Un ciudadano pierde la presunción de veracidad y debe hacer un gran esfuerzo para demostrar su inocencia ante, por ejemplo, la palabra del efectivo policial que dice haber sido faltado el respeto por un ciudadano. Recurrirlo es un castigo en sí mismo”, añade.
Con respecto a la grabación de imágenes, la ley dice que no se podrán difundir si ponen en riesgo la seguridad y la moral de los policías y sus familias, y el Gobierno en su propuesta hace un matiz semántico que en los hechos “cambia algo para no cambiar nada porque dicen lo mismo en el fondo: que se podrá grabar pero no difundirlas si se humilla o trae problemas a los policías”. Además, reitera que lo de la filmación aunque se modifique puede ser reprimida por vía del artículo 36.6, el de la desobediencia.
Escaño lamenta que “hayan pasado ya seis años con mayoría para impulsar la reforma o derogación y hasta el momento no se haya hecho” y dice que si el proyecto se aprobase así como está mantendría los “elementos más gravosos”. Preguntado sobre si la ciudadanía está concienciada de la afectación de la ley Mordaza en sus derechos de expresión y protesta, responde: “La labor de los medios en esto es fundamental, cuando estaba Rajoy varios medios grandes daban cabida a esta cuestión pero ahora no tanto. En la sensibilidad de la gente influye la cobertura mediática, y doy un ejemplo: tuvo mucha más cobertura la protesta de Jusapol contra los cambios que la movilización que hicimos en febrero en 25 ciudades pidiendo la reforma”.
Otro punto clave es el de las devoluciones en caliente. En 2015 el PP incorporó este ítem en la ley Mordaza con una vieja treta legislativa
Otro punto clave es el de las devoluciones en caliente. En 2015 el PP incorporó este ítem en la ley Mordaza con una vieja treta legislativa, que es incluir el cambio como una suerte de apéndice dentro de la reforma de una norma, buscando esconder la modificación que se pretende colar, quedando eclipsada por una ley más amplia. La disposición adicional décima da marco legal a las devoluciones en calientes pero Moncloa asegura que modificará este aspecto cuando reforme la ley de Extranjería, algo que los colectivos y la oposición cree que es una mentira piadosa de difícil concreción.
Fuentes de Unidas Podemos que participan de las negociaciones confirmaron a El Salto que las reuniones entre las partes han surtido efecto y que algunos escollos, como los artículos 36.6 y 34.7 (desobediencia y falta de respeto) serán modificados y que puede haber alguna otra evolución. Sin embargo, eso quedaría aún lejos de lo que pide el soberanismo. “Lo pactado en noviembre quedará superado por lo que se está acordando ahora y cuando haya acuerdo final iremos a la ponencia”, señalan.
Desde el grupo parlamentario Socialista respondieron a El Salto que habrá nuevas modificaciones, entre ellas la del artículo de la grabación de imágenes, y que se tocarán más puntos en los que la propia UE decía que el Gobierno se extralimitaba. Ratificaron, además, que lo de las devoluciones en caliente será postergado para cuando se trate la ley de Extranjería. Desisten hablar de tiempos y de si creen que será aprobada este año la reforma.
“Burorrepresión”
En conversación con El Salto el día de la performance frente al Congreso, Serlinda Vigara (de la organización Defender a quien Defiende), ha criticado que “la propuesta de reforma que por ahora está encima de la mesa no reforma de manera garantista de derechos, lo que hace es sólo maquilar la ley que tenemos desde 2015”.
En ese sentido remarca que los artículos mencionados previamente “se utilizan más para ‘burorreprimir”, que es cuando se castiga a través de multas administrativas”. “Esto es importante porque se produce un efecto en las personas activistas que es que tengan temor”, añade, y recuerda que las multas van desde los 600 hasta los 600.000 euros: “algunas entidades, sobre todo las que luchan contra los desahucios, están ahogadas por estas multas”. También recordó que desde la aprobación de la ley Mordaza hasta 2019 (antes de la pandemia) se impusieron 140.000 sanciones en base únicamente a los ítems de desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa a identificarse.
El tiempo apremia para subsanar una herida democrática que ya ha cumplido sus primeros siete años
Por su parte, la portavoz del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, Siham Korriche, afirmó que ellos exigen “la derogación total de la ley mordaza” porque en ella “están previstas las redadas por perfil étnico, que son profundamente racistas y lo único que hacen es violentar de manera sistemática y perpetuar el racismo institucional, porque siempre las víctimas de estas técnicas normalizadas de redadas son principalmente personas no blancas, afrodescendientes y magrebíes”.
Por ahora la renuencia de Sánchez a desatascar la negociación y cumplir la promesa electoral no da esperanzas que la reforma sea aprobada en el corto o medio plazo. Con dos citas electorales de mucha importancia el año que viene, tampoco parece ser el 2023 el año de votaciones de calado que puedan crispar más a sectores conservadores, en un momento en que las encuestas empiezan a mostrar una derechización de las simpatías electorales. El tiempo apremia para subsanar una herida democrática que ya ha cumplido sus primeros siete años.