Publicado en SinPermiso el 16/10/22
No cesan las noticias sobre el fracaso de las ayudas condicionadas. Ahora con la inestimable ayuda de las nuevas tecnologías y la que parecía inexistente brecha digital. El palabro “non take up” va metiéndose en la jerga de los expertos, conforme el no acceso a las prestaciones públicas es cada vez más evidente. Un problema que no existe en la educación obligatoria ni en la sanidad universal (más allá de las listas de espera).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fletará un autobús para dar a conocer a lo largo y ancho del Reino el Ingreso Mínimo Vital, del cual no se conoce cuántas familias lo están recibiendo (más 2 de años después de su implantación solo se puede seguir la estadística de ejecución presupuestaria mensual, pero no el número de beneficiarios actuales), pero sí que ha alcanzado a muchas menos familias de las que se anunció. No se sabe por qué ocurre. De la misma manera que las comunidades autónomas no sabían por qué la cobertura de sus rentas mínimas no alcanzaba ni al 10% de sus familias pobres.
Tampoco se sabe por qué solo un tercio de los jóvenes han conseguido acceder al bono cultural de 400 euros del ministerio del ramo. Bueno sí, parece que la mayoría de jóvenes (autodefinidos como nativos digitales) no saben o no pueden sacarse un certificado cl@ve (sí, los mismos jóvenes que se financian masivamente con el sistema bizum) o que, cuando se lo han sacado, el sistema no funciona.
No tenemos noticias tampoco de cuántos de las 2,7 millones de beneficiarios potenciales anunciados por el gobierno habrán accedido al cheque de 200 euros para compensar el encarecimiento de los precios.
Y así podríamos seguir con las ayudas al alquiler de vivienda (para jóvenes y para vulnerables) que se agotan en horas o días, los bonos energéticos (veremos que ocurre con los anuncios de incremento del bono y de los colectivos beneficiarios, y cómo se gestiona que haya 6,5 millones de clientes de gas en el mercado libre y solo 1,5 millones en el mercado regulado, el único que permite tener los precios controlados por el gobierno), las ayudas a las energías renovables (que salvo excepciones solo van a beneficiar a las clases medias y altas propietarias de su vivienda); los incentivos a cambiar a vehículos eléctricos, caros la mayoría y sin infraestructuras de carga… La lista es interminable y creciente y ahonda en la polarización de la sociedad de los tercios: un tercio con bienestar que accede a los ayudas no focalizadas, un tercio pobre que no se entera o no tiene la capacidad de acceso a las ayudas y un tercio precario que navegando entre los dos extremos ya no sabe hacia dónde irá el péndulo.
La noticia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el autobús es significativa: dice el Ministerio que el problema del non take up es mundial, como si fuera una pandemia. Desgraciadamente no se plantea cambiar el modelo, o al menos de manera radical. Ha empezado una tímida reforma para compatibilizar las rentas obtenidas fuera del IMV con la propia prestación… pero con una imposición marginal efectiva muy elevada a partir de un cierto nivel de ingresos que hace que más parece la aceptación de que con el IMV no se puede vivir que no avanzar hacia un modelo de incondicionalidad avanzado que elimine o reduzca la trampa de la pobreza de la que adolecen los sistemas condicionados. Más bien podemos anticipar que puede favorecer el trabajo parcialmente irregular (la opción más beneficiosa para la persona beneficiaria del IMV es trabajar oficialmente a tiempo parcial por un importe que permita compatibilizarlo con el ingreso oficial, y el resto cobrarlo en negro).
Cuando Ernest Lluch aprobó en los años 80 del siglo pasado la reforma de la sanidad pública en el Reino de España ya intuyó que era mucho más efectiva la universalización de la misma (aunque la recibieran también los ricos) que no la segmentación y condicionamiento en el acceso. Y esto nos convirtió (con sus sombras) en uno de los mejores y más accesibles sistemas sanitarios del mundo. Y en general, aquello que se hace universal (como los discutibles 20 céntimos de la gasolina o la gratuidad o reducción del coste del transporte público), no tiene problemas de acceso.
¿Por qué no repetir esta experiencia de universalización con este pilar del estado del bienestar, ahora que ya se constata que incluso el 34% de las personas pobres en este país trabajan?[1] ¿Por qué no podemos derrocar de una vez la industria de la pobreza endémica, de la que viven entidades civiles y religiosas, un montón de funcionarios de las diversas administraciones y también académicos y hasta consultoras que analizan sesudamente y asesoran en cómo mejorar lo manifiesta y empíricamente irresoluble?
Se nos acusa, entre otras atrocidades, a los defensores de la renta básica de ser una especie de aprendices de mago o de suministradores de bálsamos de fierabrás ante la pobreza, porque no es posible que una propuesta tan simple (que no barata, admitámoslo) como la universalización de un ingreso básico sea la solución a buena parte de los problemas de no acceso, de desincentivos perversos, estigmatización, y otras archidemostradas carencias de los sistemas de ayudas condicionadas y ahora, aun peor para los más vulnerables, digitalizadas. Más bien diría que la renta básica es la espada de Alejandro Magno cortando el nudo gordiano, o el tanto monta, monta tanto, de Fernando el Católico o el gato negro o blanco que caza ratones del proverbio chino. Cortemos con la complejidad del sistema de ayudas que convierte en una montaña inaccesible para mucha gente el acceso a las ayudas y por tanto a un mínimo de bienestar porque de seguir como estamos, probando y probando nuevas aproximaciones nunca lo conseguiremos.
Si acaso solo redoblemos esfuerzos en asegurar la universalización: en conseguir que todo el mundo la cobre, ya seas un sinhogar o un excluido financiero sin cuenta bancaria. Si se puede pagar, creo que ya está fuera de toda discusión viendo como el gobierno del Reino se ha endeudado en más de 250.000 millones de euros en los últimos años o como presenta presupuestos con holguras de 10.000 millones arriba o abajo “por si acaso”. Y complementariamente hagamos políticas de vivienda de verdad, pues el acceso a la vivienda se ha convertido en el primer generador de exclusión social en las zonas más pobladas.
Y para los que todavía tengan miedo del efecto llamada -“el Reino invadido por todos los pobres del mundo”- empecemos ya una campaña por una renta básica mundial. Les aseguro que el coste de que los países ricos financien una RB a los pobres sería mucho menor que el sistema actual y sus consecuencias (el expolio colonial-imperialista que no cesa, las guerras, la explosión demográfica en África, la inmigración descontrolada por motivos políticos, económicos y ambientales, pero con enormes y crecientes gastos de control de la misma por parte del Norte, las remesas de inmigrantes mucho más importantes que la ayuda oficial al desarrollo, etc…).
Alguien decía que la izquierda se había quedado sin ideas ni soluciones frente al populismo de la extrema derecha. Prueben con la renta básica.
[1] Frente al 22% de los parados o el 12% de los jubilados. https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-202…
Lluís Torrens Economista, miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación Revo Prosperidad Sostenible. Es coautor con Jordi Arcarons y Daniel Raventós de «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017).