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La Renta Básica Universal: un recurso para la recuperación y el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental

Publicado en SinPermiso el 22-4-2022

Actualmente, la Renta Básica Universal aparece en el debate social y en la agenda pública de Catalunya como una medida de promoción del bienestar emocional y de prevención de los problemas de salud mental. Precisamente, éste es uno de los argumentos fundamentales que se esgrimen para defender su implementación. Es en este sentido que el bienestar emocional y la salud mental son consideradas entre las variables a ser evaluadas en el diseño del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal en nuestro país. Un proyecto que se está elaborando e impulsando desde el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

La experiencia adquirida y los aprendizajes aportados por los estudios previos y por los pilotos que se están implementando en la actualidad en otros países permiten entender por qué una prestación económica incondicionada tendría estos efectos positivos. Entre otros motivos, se argumenta que:

  • Disminuirían las inseguridades, incertezas, renuncias y precariedades vinculadas a las dificultades económicas, las cuales son fuente de estrés y malestares psicosociales, de conductas adictivas, etc.
  • Evitaría que muchas personas tuviesen que aceptar trabajos que en absoluto dignifican la vida, con unas condiciones laborales y unas exigencias que son incompatibles con el bienestar emocional.
  • Permitiría a las personas dedicar tiempo a actividades no-productivas o no mercantilizadas monetariamente. Es decir, fomentaría la formación, el crecimiento personal, las actividades reproductivas (incluyendo la conciliación familiar), el voluntariado y las actividades comunitarias, las actividades de ocio, etc.

Entre otras cosas, ya sabemos que una prestación económica incondicionada disminuye la prevalencia de los problemas de ansiedad (1); reduce los niveles de estrés y las hospitalizaciones por motivos de salud mental (2); disminuye significativamente la prevalencia de adicciones y trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes cuyos padres y/o madres perciben una Renta Básica Universal, y que estos beneficios perduran en la vida adulta (3).

Ahora bien, ¿qué sucede con las personas que ya tenemos un sufrimiento psicosocial y/o un trastorno mental diagnosticado? Es decir, más allá de la importancia de la Renta Básica Universal como estrategia de prevención y promoción de la salud mental, ¿qué sabemos de su efectividad como recurso de afrontamiento y recuperación?

Para poder contestar a estas preguntas es necesario primero entender cuál es nuestro contexto histórico-social, qué respuestas se están dando actualmente desde las administraciones al malestar emocional, y qué efectos tienen sobre las personas y la sociedad las actuales respuestas institucionales.

En cuanto al contexto, en primer lugar, desde hace algunas décadas los países occidentales, en general, y España en particular, experimentan un constante incremento del porcentaje de la población psiquiatrizada. Lo cual además sucede a edades cada vez más tempranas. Un aumento que se produce tanto en el porcentaje de personas, como en los tipos de “patologías” diagnosticadas. Cada vez un mayor número de experiencias humanas habituales son consideradas psicopatológicas. El dolor persistente por la pérdida de un ser querido, la desesperanza por la falta de oportunidades, las preocupaciones intensas por las dificultades económicas, los miedos por las múltiples amenazas actuales, todo es susceptible de ser psiquiatrizado. En los últimos años, con la crisis del sistema financiero, la pandemia, los efectos del calentamiento global, la amenaza de una guerra mundial, etc., los causas de los malestares psicosociales se han incrementado y, como consecuencia, más y más personas somos consideradas “enfermas” mentalmente por nuestras emociones y vivencias.

En segundo lugar, aunque en las políticas públicas y en los planes estratégicos queda bonito decir que tenemos un modelo de salud mental bio-psico-social de enfoque comunitario, la verdad es que en la práctica la perspectiva biomédica sigue siendo hegemónica. Los problemas de salud mental son reducidos, en la narrativa y en las intervenciones, a un desequilibrio neuroquímico. De esta manera, aunque tenemos una cantidad abrumadora de datos y experiencia suficiente para saber que las condiciones materiales de existencia afectan a la salud mental, la respuesta predominante (y muchas veces la única respuesta) es farmacológica. Precisamente, el pasado mes de marzo se publicó el último informe de la Junta Internacional de Estupefacientes (4), en el cual se sitúa a España, por segundo año consecutivo, a la cabeza mundial en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Más de 9 de cada 100 habitantes de España ha tomado o tomará hoy, como mínimo, un ansiolítico, un hipnótico o un sedante bajo receta médica, y 6 de cada 10 lo hará con un antidepresivo. En una alta proporción de casos, esta respuesta institucional acaba en un consumo cronificado porque los psicofármacos no cambian las condiciones materiales y estructurales que están en el origen de los malestares para los cuales son recetados.

En tercer lugar, aunque se hayan hecho campañas para “normalizar el trastorno mental”, la sociedad estigmatiza y discrimina a las personas psiquiatrizadas. Es fácil entender por qué sucede. Definir a alguien como categorialmente fuera de la normalidad, debido a un supuesto cerebro disfuncional que haría que su comportamiento, cognición y regulación emocional sea psicopatológica no es una estrategia muy eficaz para su inclusión social, sino todo lo contrario. La discriminación es estructural y sistemática, y tiene consecuencias directas en las personas, empeorando las causas que, muchas veces, están en el origen de nuestros problemas de salud mental. Así, por ejemplo, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (5) de las personas con discapacidad por motivos de salud mental, no incapacitadas laboralmente, sólo el 17% tenía un empleo en 2020. Esta es la tasa de empleo más baja no sólo entre las discapacidades sino en comparación con cualquier otro colectivo objeto de discriminación laboral.

En definitiva, la institución psiquiátrica actual funciona como una maquinaria de psicopatologización de los malestares y de la diversidad psicosocial, como un engranaje de individualización y despolitización del sufrimiento, de exclusión social, de producción y justificación de redundancia, de desempoderamiento y cronificación, de dependencia e institucionalización, en un ciclo perverso que se retroalimenta. La respuesta actual al problema es una de las causas estructurales que sostienen y agravan el problema.

En su reciente visita a España para presentar su libro “Sedados” (6), James Davies explicaba con claridad qué se necesita hacer para combatir la actual crisis de salud mental: “Las reformas políticas deben ser el pilar central de cualquier reforma de salud mental”. Si los problemas de salud mental tienen determinantes sociales la respuesta debe darse a través de políticas sociales. Y es aquí donde la implementación de una Renta Básica Universal jugaría un papel fundamental como condición de posibilidad para cambiar el paradigma actual. Una prestación económica incondicional permitiría:

A las instituciones, remplazar el modelo actual de caridad y beneficencia, vinculado a las carencias y la dependencia, y desplegar de verdad (no sólo en la letra de los planes estratégicos) un enfoque de la salud mental basado en la comunidad, orientado a la recuperación y a la inclusión social, centrado en las fortalezas y las capacidades de las personas. Reconociendo así a las personas usuarias de servicios de salud mental como sujetos titulares de derechos, en vez de como meros objetos de tratamiento y protección social.

A las propias personas usuarias de servicios de salud mental, favorecer un proceso de empoderamiento personal (o al menos dejar de desempoderarnos), permitiéndonos tomar las riendas de la propia vida en relación a cómo, dónde y de qué manera vivir. La autodeterminación presupone que las personas estamos en condiciones materiales y sociales de poder tomar nuestras propias decisiones.

Desvincular la identidad del diagnóstico y salir de los circuitos de la discapacidad. Al ser universal, no requeriría tener que presentarnos desde una categoría psicopatológica y con un certificado que acredite la discapacidad para acceder a ella, como sucede actualmente con las prestaciones sociales y económicas, los recursos habitacionales, los servicios comunitarios, etc.

En definitiva, también las personas a quienes se nos diagnostica un trastorno mental podríamos vivir una vida satisfactoria, con bienestar emocional, acorde con nuestros propios valores y preferencias, ejerciendo nuestros derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones con las demás. Incluso una Renta Básica Universal ofrecería a muchas personas las condiciones materiales de posibilidad para salir de la telaraña de la institución psiquiátrica.

Referencias:

  • Standing, G. (2013). India’s experiment in basic income grants. Global dialogue, 3(5), 24-26.
  • Forget, E.L. (2011). The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment. Canadian Public Policy, 37:3, 283-305.
  • Costello, E.J; Erkanli, A.; Copeland, W., and Angold A. (2010). Association of Family Income Supplements in Adolescence With Development of Psychiatric and Substance Use Disorders in Adulthood Among an American Indian Population. JAMA, 303:19, 1954–1960.
  • (2022). Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2021. Naciones Unidas. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Ginebra, Suiza. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2022/Informe_JIF…
  • Instituto Nacional de Estadística. (2021). El empleo de las personas con discapacidad (EPD). Año 2020. INE, Madrid, España. Disponible en: https://www.ine.es/prensa/epd_2020.pdf
  • Davies, J. (2022). Sedados Cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental. Ed. Capitán Swing. Madrid.

Hernán Sampietro psicólogo social, socio fundador de la asociación ActivaMen y miembro del Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.