En las oficina de Correos se puede practicar la atención personalizada y el imprescindible control ciudadano para que un servicio público (como el que ofrece un cajero automático) funcione.
Aurora Martínez, profesora jubilada de Economía y miembro de las Plataformas por una Banca Pública y contra la Exclusión financiera.
Está lista para debatir en el Congreso la proposición de Ley 122/000022 de 11 de diciembre de 2023 de garantía del servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión. En esencia, esta proposición de Ley es la misma que decayó antes de las elecciones generales de julio de 2023. Pero la propuesta de ubicar a estos cajeros automáticos en las tiendas y en los ayuntamientos de los municipios en riesgo de inclusión, no es una buena solución para luchar contra la exclusión financiera, porque no servirá para impulsar la inclusión financiera.
Como respuesta a la recogida de 600.000 firmas por el médico jubilado Carlos San Juan para pedir un trato más humano de los bancos hacia los mayores, en la Ley 4/20221 de protección de los Consumidores y Usuarios se dice que «el Gobierno promoverá… la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden.» y «…el Gobierno continuará impulsando, entre las líneas de actuación estratégica de la Sociedad Correos y Telégrafos S.A, iniciativas para evitar la exclusión financiera de los consumidores en situación de vulnerabilidad como la instalación en sus oficinas, de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios…».
SI los servicios básicos de Correos pueden ser atendidos por personal de Correos e, incluso llegar al último rincón del país mediante los 6000 carteros rurales, parece más razonable que fuera Correos quien complementara su ya extensa red de oficinas con la instalación en ella de cajeros. Solo en el caso de que la utilización de un cajero se estimara insuficiente, la atención de los servicios financieros básicos se realizaría con cajeros móviles.
Actualmente, los empleados de Correos atienden el servicio de Correos Cash, que permite efectuar retiradas e ingresos de efectivo en 4.784 puntos de atención de Correos (2.388 en oficinas digitalizadas y 2389 en puntos de atención) en los que se puede realizar también giros o pagos de hasta 2500 euros.
Pero se necesita atención personalizada para que las operaciones que se realicen en los cajeros automáticos sean efectivas. En la mayoría de cajeros, las operaciones son las siguientes: Operaciones de efectivo (sacar e ingresar efectivo con tarjeta o móvil e ingresar cheques). Transferencias (internas o a otros países). Operativa con tarjetas (de crédito, de débito y de débito y crédito…). Recibos (pagar recibos e impuestos). Consultas (saldo y movimiento de cuentas).Otras (cargar teléfono, tarjeta de transporte, operativa y planes de pensiones y de inversión, compra de entradas para espectáculos, solicitar talonario).
Se entiende fácilmente, que un cajero de este tipo, necesita una persona que subsane las complicaciones que pueden surgir para su uso. Correos tiene experiencia de trato en el mundo rural y la exclusión financiera no se solventa con la simple instalación de un cajero en un lugar donde no se dispone del mínimo asesoramiento sobre su uso, cuestión difícilmente realizable en otras ubicaciones, pero fácilmente subsanable por el personal de este servicio público.
Colocar, entonces, cajeros en las tiendas o en los ayuntamientos de municipios muy pequeños no puede ser un buen sitio, porque hay alcaldes en municipios muy pequeños que no cuentan con dedicación exclusiva (el 55% de todos los alcaldes en España y que tampoco cobran un sueldo) y que no podrían atender de forma personalizada a los que van a usar el cajero.
Junto a esto, en las oficinas de Correos se puede realizar el control ciudadano imprescindible para que un servicio público funcione. Porque en Correos son muchos los usuarios que entran en las oficinas o reciben los servicios de los empleados. Para valorar el servicio que los usuarios reciben de los cajeros, estaría el responsable de la sucursal o las quejas recogidas en un buzón de quejas. Igualmente, Correos había iniciado un proceso de instalación de 1.500 cajeros, de los cuales 300 eran para los pequeños municipios. También se habían destinado 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU para la España rural. Por haber cerrado las sucursales bancarias en el mundo rural, las entidades financieras privadas deberán asumir el coste de instalación y supervisión de esos cajeros y los que se le ocasione a Correos.
Es evidente, que es mucho más rápido y más simple que cualquier otra alternativa para impulsar la inclusión financiera, la aceleración del proceso de la instalación de estos cajeros en las oficinas de Correos.
La instalación de estos cajeros automáticos en las oficinas de Correos en los municipios en riesgo de exclusión, puede ser el inicio de la propuesta de que «De forma inmediata, la red de Correos debe realizar directamente las operaciones básicas que ya en su momento realizaba la Caja Postal, más las que le permite su condición de entidad de dinero electrónico (EDE)2″
1. Ley 4/2022. Disposición adicional segunda y disposición adicional tercera
2. «Propuesta básica contra la exclusión financiera». Plataforma contra la Exclusión Financiera.