629563814
secretaria@attac.es

Noticias

Los derechos humanos, el medio ambiente y la protección del clima antes que los beneficios

Sadik Kwaish Alfraji. Exposición en Matadero Madrid. 2019

Declaración de la Red Seattle to Brussels Network

Tres principios para reformar el comercio y la inversión para superar la crisis.

En menos de medio año, la pandemia de coronavirus ha reorganizado fundamentalmente las cartas de la globalización económica. Las complejas cadenas de suministro, la división internacional del trabajo y las operaciones “justo a tiempo” han crecido en los últimos treinta años. Sus disfuncionalidades son ahora una fuente de crisis, no de resistencia.

La pandemia pone de manifiesto las vulnerabilidades estructurales subyacentes que el sistema económico genera para las personas y el planeta. En lugar de ayudarnos a superar la pandemia, el régimen neoliberal de comercio e inversiones ha hecho más difícil responder a esta crisis, dada nuestra dependencia de las grandes e inestables cadenas de producción globalizadas.

Este problema se ejemplificó en el caso de los equipos de protección personal (EPP), que se fabricaban sólo en unos pocos países y no estaban disponibles donde y cuando más se necesitaban. Los esfuerzos para desarrollar una vacuna se complican por los derechos de propiedad intelectual que aseguran enormes beneficios a las empresas farmacéuticas, mientras que el coste se paga con el dinero de los contribuyentes. Muchas de las medidas de emergencia adoptadas por los gobiernos para proteger la salud pública durante la pandemia entran en conflicto con el régimen mundial de protección de las inversiones. Como resultado, los gobiernos de todo el mundo podrían enfrentarse a una nueva ola de costosos casos de solución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS).

La pandemia es particularmente grave para los sectores vulnerables de la población. La población del Sur global se ve afectada de manera excepcional, ya que ya está sufriendo las prácticas deshonestas de las empresas multinacionales, la carga de la deuda impagable y las consecuencias de un cambio climático que no han causado. De hecho, el cambio climático se exacerbará aún más si las políticas económicas de los gobiernos no cambian fundamentalmente su curso. Nos preocupa que la Unión Europea y sus estados miembros continúen presionando para conseguir más acuerdos neoliberales de comercio e inversión, como el recientemente concluido acuerdo UE-México o el muy criticado acuerdo UE-Mercosur. Ahora es el momento de dar un paso atrás y reevaluar nuestro régimen comercial en lugar de continuar por el mismo camino insostenible que nos ha fallado continuamente.

En 2013, más de 50 organizaciones de la sociedad civil presentaron el Mandato de Comercio Alternativo en un llamamiento para cambiar el sistema de comercio internacional y la política de comercio e inversión de la UE. Desde entonces, las crisis climática y ecológica han empeorado dramáticamente y la desigualdad ha aumentado aún más. Hoy en día, en medio de una pandemia mundial, el llamamiento a favor del mandato alternativo es más urgente que nunca. En muchos países, el apoyo popular a la profundización de la liberalización está disminuyendo a medida que la gente experimenta sus repercusiones negativas,  tanto a nivel personal como en la sociedad y el planeta. Necesitamos un cambio estructural inmediato.

La Red Seattle to Brussels  cree que los siguientes tres principios deben guiar la respuesta de la UE a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente:

Principio I: Detener y reiniciar el actual régimen de comercio e inversión

La covid-19 no es sólo una crisis de salud. La pandemia está poniendo al descubierto las deficiencias sistémicas que han alimentado las diversas crisis que hemos estado padeciendo durante años. Los acuerdos de comercio e inversión, ya sea mediante acuerdos bilaterales o en el marco de la Organización Mundial del Comercio, han jugado un papel muy importante al debilitar los sectores públicos, liberalizándolos y fomentando su privatización. Las cadenas de suministro se han hecho más largas, más complejas y menos transparentes. La producción de bienes cruciales, como los medicamentos y los equipos médicos, se han subcontratado a empresas privadas. Al mismo tiempo, las disposiciones de los acuerdos comerciales y de inversión han fijado la posición de los países del Sur Global como proveedores de materias primas, obstaculizando su diversificación económica y aumentando su dependencia de las importaciones de los países industrializados. El aumento de los intercambios comerciales internacionales ha primado sobre la protección de los derechos humanos y del planeta.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a:

  • Poner fin a todos los acuerdos neoliberales de comercio e inversión existentes e iniciar un proceso de sustitución de los mismos por acuerdos que creen un modelo de comercio mundial sostenible, respetuoso con el clima, protector del medio ambiente y orientado a los derechos humanos y laborales.
  • Detener todas las negociaciones en curso sobre comercio e inversión: detener la negociación, firma y ratificación de nuevos acuerdos bilaterales neoliberales de comercio e inversión.
  • Poner fin a todos los acuerdos de la OMC que exigen y hacen cumplir el régimen de patentes de medicamentos y semillas.
  • Reestructurar todas las instituciones de comercio internacional para dar prioridad a la protección del clima, un medio ambiente sano, los derechos humanos, economías resilientes y sostenibles, y una voz más fuerte al Sur global.
  • Asegurar que las nuevas normas comerciales nunca perjudiquen el derecho a regular y no obstaculicen el principio de precaución para proteger la salud pública y el medio ambiente.

Principio II: Poner fin a los privilegios corporativos y a la impunidad corporativa

El actual régimen neoliberal de comercio e inversión restringe severamente nuestras democracias. Las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos en la crisis sanitaria podrían ser cuestionadas bajo las reglas del actual régimen de protección de inversiones. El mecanismo de solución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS), que forma parte de muchos tratados bilaterales de inversión, permite a las empresas transnacionales demandar a los países por decisiones democráticas que podrían perjudicar los beneficios de las empresas. El ISDS es extremadamente costoso para el público y a menudo significa que los gobiernos se abstienen de adoptar las medidas necesarias por temor a los posibles gastos de indemnizaciones. Las medidas para hacer frente a las crisis climática y ambiental, incluida la eliminación gradual de los combustibles fósiles, son las más afectadas.

Debemos establecer un orden mundial que no haga pagar a la ciudadanía por tomar decisiones democráticas. Mientras que nuestras democracias se vean socavadas por un sistema de tratados de inversión, es casi imposible hacer responsables a las empresas de los abusos de los derechos humanos y del medio ambiente que cometen en su búsqueda de beneficios cada vez mayores. Las decisiones democráticas y los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses privados, y debe desmantelarse la impunidad de las empresas transnacionales:

  • Terminar con el ISD para siempre  y dejar de pagar sus indemnizaciones. Después de haber alcanzado el punto de referencia de más de 1000 demandas de ISDS ─que hasta finales de 2018 supusieron más de 88.000 millones de dólares en compensaciones de Estados a inversores privados─ es hora de detener este sistema que solo beneficia los intereses corporativos en detrimento del bienestar de las personas y el medio ambiente. En lugar de otorgar más derechos y dinero a las corporaciones transnacionales, necesitamos fondos  para transformar nuestras economías locales y sistemas de atención sanitaria.
  • Establecer un tratado vinculante sobre las empresas y los derechos humanos a escala internacional y una legislación sobre la rendición de cuentas de las empresas de ámbito nacional y europeo, a fin de que las empresas rindan cuentas cuando violen los derechos humanos, sociales y ambientales. Estos instrumentos jurídicos deben contener mecanismos de sanción para que sean efectivamente aplicables e incluir a toda la cadena de suministro.

Principio III: Reubicación y cooperación ecológica y social en lugar de la globalización y la competencia neoliberal

En lugar de mantener el insostenible mercado mundial neoliberal y las medidas xenófobas y nacionalistas adoptadas por cada vez más gobiernos, deberíamos elegir otro camino: el de la reubicación ecológica y social, basada en una fuerte solidaridad internacional. No se trata de repatriar algunas fábricas estratégicas, sino de anteponer las necesidades de las personas reconstruyendo nuestras economías arraigadas a nivel local en buenas condiciones sociales y ecológicas.

Para ello es necesario restablecer la capacidad de los Estados, las autoridades locales y las poblaciones de disponer de los medios legislativos, jurídicos, fiscales y económicos para decidir sus necesidades y la forma de satisfacerlas. Además, es necesario reestructurar fundamentalmente las normas e instituciones de comercio e inversión para proteger las necesidades básicas (salud, vivienda, educación, acceso al agua, la energía y los alimentos). Estas prioridades deben primar a la hora de tomar decisiones sobre la preferencia de los proveedores locales. La reubicación no significa renunciar al comercio internacional que se basa en la complementariedad, la cooperación y la solidaridad.

Esto significa:

  • Relocalización y socialización de la producción de bienes en la medida de lo posible y cuando sea ambientalmente lógico, al tiempo que se apoya a los países del Sur Global para que desarrollen su propia producción alimentaria e industrial. Esto puede aumentar la resistencia mundial a los choques internos y externos. En particular, la producción de los bienes esenciales que se necesitan diariamente, así como los productos necesarios para garantizar servicios públicos de alta calidad, deben producirse tan localmente como sea posible o al menos dentro de las macrorregiones y sobre la base de una fuerte adhesión a los derechos sociales y laborales.
  • Permitir a las autoridades públicas y a la ciudadanía regular y excluir sectores estratégicos de las normas comerciales, que deben dar prioridad a las necesidades básicas y a los empleos resilientes y sostenibles. Esto también significa permitir que las autoridades incluyan preferencias por los proveedores locales en sus políticas de compras públicas. Dar a las autoridades locales el derecho a decidir por sí mismas permitirá que las compras públicas se conviertan en una poderosa herramienta de apoyo a las economías relocalizadas según nuestras necesidades.
  • Socialización y re-municipalización de los servicios públicos. Los servicios públicos fuertes y de calidad, especialmente los sistemas de salud pública, no pueden ser gestionados bajo la lógica de la maximización de los beneficios. Los acuerdos de comercio e inversión deben excluir todos los servicios públicos y conceder a la población civil el pleno derecho a organizar los servicios de forma democrática.
  • Terminar con el comercio irracional innecesario y establecer la subsidiariedad. El comercio redundante, es decir, el intercambio de las mismas mercancías entre países, así como el envío de alimentos a otros países para su procesamiento y posterior reimportación (camarones pelados, patatas congeladas…) está matando el clima y debe detenerse. Es necesario establecer el principio de complementariedad que impida importar desde lejos lo que se puede producir localmente, sobre la base de los principios de la soberanía alimentaria, la solidaridad y la sostenibilidad.
  • Fortalecimiento de los sistemas agroecológicos locales que protegen el clima y la biodiversidad. Es necesario poner fin a la agricultura industrializada basada en la deforestación, los monocultivos, las semillas modificadas genéticamente y las grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes. Esto destruye los medios de vida de las personas, los animales y las plantas y facilita los brotes de virus como la covid-19. La política comercial debe dar prioridad a los sistemas agroecológicos locales basados en sólidos derechos sociales y laborales.
ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

0