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Manifiesto por una educación pública de calidad. Attac España

Graffiti de Escif. Educación para la ciudadanía.

Attac España

Enero 2024.

CONTEXTO:

La generalización en el acceso a la educación

Aproximadamente a partir de la década de los 90 del pasado siglo, hemos asistido como sociedad a una sucesión de reformas educativas promovidas por gobiernos de diferente signo y que, bajo la excusa de valores de progreso y justicia, han ido socavando deliberadamente los cimientos, no tan sólidos, de una educación pública con una corta andadura democrática.

En las décadas anteriores se había pasado de una educación que, en los niveles de bachillerato y universidad, estaba reservada básicamente a una minoría pudiente, a una educación pública generalizada, en esos niveles, a un amplio sector de la sociedad, gracias a medidas como la ampliación de la etapa obligatoria, la ayuda de becas, la apertura de nuevos centros, etc. Este acceso generalizado por parte de población que antes no llegaba a esos niveles de formación termina con la estratificación que se producía con anterioridad al terminar la enseñanza primaria. Ante la masificación creada, se busca otro mecanismo de cribado, lograr que la propia escuela contribuya a reproducir la desigualdad de clases y sirva a la transmisión de la posición social, ordenando socialmente al alumnado.

La adaptación de la educación al mercado

Instituciones neoliberales transnacionales como la OCDE, con enorme influencia política y económica en los estados que la componen, han ejercido de ideólogos de las reformas de los sistemas educativos, con apoyo en informes de los grupos de presión de industriales europeos, para la transformación de un sistema de educación masificado en un sistema para la preservación del orden social de clase. Según su plan, un deterioro progresivo de la enseñanza pública habría de servir de excusa a la instauración del cobro por determinados servicios educativos antes gratuitos. Para quien no pueda pagarlo, queda una escuela degradada, cuyo producto alimente como mano de obra empleos precarios y de muy baja, si alguna, cualificación.

A nivel europeo, instituciones como la Comisión Europea han venido desarrollando políticas neoliberales en la misma línea, que han resultado en una mercantilización de la enseñanza a escala europea, algo que en el nivel universitario ha quedado especialmente patente con la reforma que supuso el Plan Bolonia de 1999, derivado de la Estrategia de Lisboa, que ha convertido la universidad, muy alejada ya del valor humanista del conocimiento, en una fábrica de títulos y contra el que, en su momento, las numerosas protestas fueron desoídas. Con la reforma del sistema de estudios, se creó un primer ciclo de tres años (cuatro en España), el grado, que se recomendaba fuera explotable directamente en el mercado europeo. Solo aquellos estudiantes que proceden de familias con cierto desahogo económico podrán diferenciarse accediendo a estudios de segundo ciclo, el máster (con un coste por crédito mucho más caro), y podrán seguir eligiendo estudios más prestigiosos y de mayor duración.

Se trata, por tanto, de adaptar la educación a las exigencias de la economía, a las necesidades del mercado, de preparar a las personas para su empleabilidad, para que sean productivos en un mercado tan cambiante que les exigirá, además, ser flexibles, y que les responsabilizará de la necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, pero, claro está, los saberes que la empresa considera útiles; de aquí surge el nuevo discurso de las “competencias”. Se culpabilizará además al que no utilice sus propios medios y su tiempo para formarse, justificando así sus dificultades para encontrar un empleo digno.

La estrategia referida implica un ataque a los saberes generales, que han de ser sustituidos por “nuevos saberes”, lo que se legitima en base a una innovación necesaria en una escuela “anticuada y fosilizada” y a unos docentes resistentes al cambio y que deben aceptar el nuevo papel de meros guías en el aprendizaje autónomo de los alumnos, que “descubren por sí mismos”. Es aquí donde entra en juego el negocio de la Educación.

El avance de la privatización

Al igual que en el caso de la Sanidad, la iniciativa privada ha encontrado un filón en la Enseñanza, hacia la que siempre había vuelto sus ojos, aunque nunca de un modo tan agresivo. Dos son las vías principales para ello: la provisión de educación (instituciones privadas) y la oferta de servicios dentro de las instituciones educativas públicas. Se trata de reemplazar la responsabilidad del Estado para garantizar servicios básicos de calidad, como la Educación, delegándola en entidades privadas. Así, junto a la privatización explícita que supone la proliferación de las escuelas privadas, (incluyendo las concertadas, la mayoría de ellas de confesión católica, y cuya red se ha extendido de forma descarada en la mayoría de regiones a costa de la pública), se añade la entrada de modo más disimulado de las empresas en los centros educativos, con claros intereses de lucro, pero, eso sí, bajo el disfraz de una educación más acorde a los tiempos (digitalización, programas de bilingüismo, nuevas o no tan nuevas pedagogías, premios a la innovación, certificaciones de calidad, etc.). Como un mecanismo más de privatización de la escuela pública, se incorporan a la misma prácticas propias del sector privado (sistemas de evaluación externa, rankings, creación de centros etiquetados como “de calidad”, dirección de tipo gerencial que, de forma muy poco democrática, gana poder frente a los órganos colegiados, externalización de servicios, subcontratas, …). El capital riesgo, por ejemplo, ha entrado ya en las compañías digitales de creación y evaluación de exámenes escolares externos, y fondos de inversión internacionales se están haciendo con parte de la oferta de Formación Profesional.

En paralelo a lo anterior, se propagan una serie de mitos y mantras, como el de los “nativos digitales”, el de “la generación más preparada de la historia”, el de los beneficios del bilingüismo desde la edad infantil, avalados por expertos pagados por las empresas, pero no apoyados en estudios científicos (más bien al contrario), y se repiten hasta la saciedad falacias tales como la del derecho a la libre elección de centro y de modelo educativo por parte de las familias, excusa para crear una sociedad cada vez más clasista, competitiva y desigual. La libertad de las familias, léase la capacidad económica, por encima del interés de lo colectivo.

El papel compensador de las familias

A esta estrategia de privatización se suman los recortes en la financiación. Solo las familias con suficientes medios podrán solventar las carencias de una escuela “recortada”, mediante servicios de pago (refuerzos, academias, actividades extraescolares, etc.). El falso discurso de la “igualdad de oportunidades” se tambalea con la evidencia de que una gran parte de las diferencias en el rendimiento escolar tienen que ver con la clase social y con el poder económico de las familias.

Bajo unas tesis a las que pocos podrían oponerse, como la “igualdad de oportunidades”, el discurso de la “meritocracia”, la modernización del sistema educativo, subyace una finalidad torticera de segregación y prevalencia de privilegios y se engrasa la máquina de un verdadero negocio en todo el mundo para las multinacionales del Silicon Valley, los bancos, los fondos de inversión, las editoriales y diversos gurús tecnológicos y vendedores de humo al servicio del sistema.

El alumno como cliente y la brecha digital

La propia enseñanza, abandonada a las tendencias del mercado en cada momento, es un lugar donde el estudiante deja de serlo para convertirse, él y sus familias, en clientes. Al mercado de los libros de texto ha ido incorporándose el de los medios informáticos y materiales digitales en evolución permanente, dada su rápida obsolescencia, cuya necesidad se “vende” fundamentada en la era digital. Toda una golosina para el oligopolio de empresas del sector y los fondos de inversión, que han visto el nicho de negocio aumentado exponencialmente tras las sucesivas crisis recientes, la económica de 2008 y la de la pandemia del Covid-19, que ha supuesto una aceleración de los procesos de digitalización en todo el mundo, ahora ya no solo en lo que se refiere a dispositivos, sino también a cursos y actividades de formación. Las nuevas tecnologías, con un potencial enorme para el acceso de todos al conocimiento, pero al servicio de las empresas que las controlan y que no pretenden sino un empobrecimiento generalizado y una ciudadanía dependiente. La doctrina del shock1Ver más sobre «La doctrina del hock», de la que nos habla Naomi Klein, en estado puro. Por otro lado, la brecha digital evidenciada tras el confinamiento por el coronavirus no es sino un reflejo de la brecha socioeconómica subyacente agudizada por la situación de la pandemia. Los datos muestran una relación directa entre la brecha digital, la brecha educativa, y brecha socioeconómica. La desigualdad digital está afectando a los menores, convirtiéndose en un factor de exclusión social. La función compensadora de la escuela desaparece en un contexto de clases a distancia desde los hogares y con medios propios. El modelo educativo telemático incrementa la desigualdad de oportunidades educativas, evidenciando las carencias materiales de dispositivos electrónicos, de espacios de estudio y de apoyo al mismo por parte de las familias en los hogares más desfavorecidos, con menos rentas y recursos.

Los programas bilingües

Capítulo aparte merece el mal llamado “bilingüismo”, otro de los recientes mecanismos segregadores que mejor están funcionando en ese sentido, y que está además detrayendo recursos económicos que antes se dedicaban al alumnado con más necesidades (becas, profesorado de apoyo para alumnado con necesidades educativas especiales, etc.). Se trata de unos programas tras los cuales hay un marketing muy potente para la atracción del alumnado académicamente más exitoso y que aleja al alumnado inmigrante (sin necesidad siquiera de evidenciarlo, pues él mismo se autoexcluye), al de menores recursos económicos, cuyas familias no pueden reforzar las enseñanzas en otro idioma, alimentando al tiempo un sustancioso negocio de empresas del sector, editoriales, academias, campamentos de idiomas, etc.

Las empresas privadas no han encontrado solo un filón en las metodologías, sino también en la propia oferta de los centros, completando una oferta pública obstaculizada en su crecimiento, sobre todo en los niveles no obligatorios, como son la Educación Infantil, la Formación Profesional y la Educación Superior Universitaria (en menos de 30 años, se ha pasado de 7 universidades privadas en todo el país en 1995 a 45 en 20242Ver más). En primaria y secundaria (niveles obligatorios) cabe recordar que España es el tercer país de la Unión Europea con más alumnos matriculados en escuelas concertadas, un porcentaje cercano al 30 % (porcentaje mucho más elevado en CCAA como Euskadi, Navarra, Comunidad de Madrid y La Rioja), y que las escuelas concertadas españolas llevan a cabo prácticas selectivas en la admisión de alumnos, con la priorización de alumnos aventajados y la discriminación de alumnos desfavorecidos, de determinados grupos socioeconómicos y étnicos, de alumnos con dificultades educativas y necesidades de apoyo, y que aumentan la segregación a través de la costumbre de cobrar cuotas camufladas como donaciones voluntarias. Se produce, por tanto, una segregación socioeconómica, basada en la renta de las familias, en el origen (nacional vs extranjero) y en las características particulares de cierto alumnado con necesidades educativas especiales.  Los datos del informe internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMMS)3Ver más , que se realiza en 4º de Primaria, muestran que la segregación socioeconómica en España es de las más altas en relación a la media de la OCDE, solo por detrás de Lituania y Turquía. La Comunidad de Madrid (única región que participa en TIMSS con los datos liberados) tiene una segregación socioeconómica todavía mayor a la media de España y solo es inferior a la de Turquía. En Secundaria, con datos del informe PISA4Ver más de la OCDE, se observa una enorme variación por comunidades autónomas, siendo la Comunidad de Madrid la región con mayor segregación socioeconómica en España, de las más altas comparativamente con la OCDE, habiendo crecido significativamente durante los últimos años. Según la última edición del estudio PISA, los centros públicos escolarizan 2,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico que los centros concertados, y 1,6 veces más alumnado de origen inmigrante. En comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Navarra estas diferencias son mucho mayores.

La escuela concertada fomenta la segregación

Estudios, como el de la Fundació Bofill de 2022, evidencian que los modelos de provisión educativa mixta (pública y privada subvencionada) como el español tienden a aumentar la segregación escolar y las desigualdades educativas. Según este estudio, el ejemplo de otros países demuestra el papel que puede tener la regulación pública para paliar el impacto de esta provisión mixta sobre la equidad.

La escuela concertada que se creó como una solución temporal a la red insuficiente de escuelas públicas del momento, lleva décadas incumpliendo tanto el compromiso de gratuidad como el de cubrir la oferta en las zonas con insuficiente oferta pública, y se sostiene en el tiempo como un mecanismo para aquellas familias de clase media que huyen de una escuela pública que consideran de inferior calidad, prefiriendo pagar una alternativa de diferenciación social, confiantes en el discurso de un “ascensor social” que, por otra parte, lleva años averiado. La escuela concertada no ofrece, en general, mejores resultados académicos, pero sí la reproducción de las condiciones socioeconómicas, ofreciendo los privilegios sociales de la educación privada a un coste más reducido, evitando así los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y de los inmigrantes, contribuyendo a la segregación escolar. Las familias pagan y esperan a cambio un rendimiento de su dinero en forma de diferenciación social. Ya no son solo, por tanto, las clases privilegiadas las que se benefician de estos modelos, sino las clases trabajadoras que huyen espantadas de la enseñanza pública buscando una ventaja social para sus hijos a través de contactos, evitando la mezcla con los que no consideran de su clase social. La creciente oferta de plazas concertadas en detrimento de las públicas obedece actualmente a motivaciones ideológicas, siendo una mayoría de las familias que acuden a esa red privada y concertada de clase media-media y media-alta

Según el estudio Segregación escolar público-privada en España (2018), a nivel nacional, el 88,4% de los estudiantes del 10% con familias de menor nivel socioeconómico y cultural estudian en centros públicos, mientras que esta cifra es del 36,3% para el 10% con mayor nivel socioeconómico. Esto conduce a que en algunos centros educativos se dé un porcentaje alto de alumnado con una situación socioeconómica desfavorable que, en casos de alta concentración, da lugar a los llamados “centros gueto”.

Tanto la repetición como el abandono escolar en España, dos variables en las que destacamos negativamente en Europa, muestran un comportamiento claramente diferenciado según la capacidad económica de las familias, siendo mucho más intenso en el caso de las familias con menores rentas. Existe un coeficiente de correlación del 84% entre la tasa de pobreza y la de abandono escolar en España.

En definitiva, una oferta jerarquizada en escuela privada-escuela concertada-escuela pública bilingüe (en la Comunidad de Madrid, a su vez, con la coexistencia de Sección y Programa, rizando el rizo) y escuela pública no bilingüe, creada para la clasificación social, dando lugar a auténticos guetos en la escuela pública.

La difícil situación del profesorado

En cuanto al profesorado, el panorama es el de unos maestros y profesores, empleados públicos,  poco valorados, con una reputación públicamente en entredicho, gracias a campañas de desprestigio alentadas por los propios políticos que, a continuación, acometen recortes y aumentos de ratios de alumnos; profesores que asisten a la reducción de apoyos para un alumnado cada vez más diverso y complejo, a una exigencia de adaptación cada vez más rápida a un entorno cambiante a gran velocidad y que les empuja a la autoformación en su tiempo libre; profesores vapuleados por el sistema, que los enfanga en un laberinto de procedimientos burocráticos de utilidad dudosa que resta tiempo a la preparación efectiva de las clases, obligados a ejecutar procedimientos en cambio constante, en adaptación permanente a las leyes y modas cambiantes al tiempo que asisten a la degradación de la dimensión intelectual de su formación.  Privados de su papel tradicional de transmisores de conocimientos y normas, se les convierte en ejecutores de proyectos y tareas diseñados por empresas y personal externo bajo el asesoramiento de expertos a sueldo de los potentes lobbies. Con una proporción cercana a un tercio de profesorado temporal y una parte importante de ellos con jornadas parciales (lo que repercute negativamente en la calidad de la educación), con unas condiciones cada vez más precarizadas, con cada vez menos tiempo disponible para su formación y para relacionarse y colaborar entre sí; en definitiva, sin armas para el asociacionismo ni para cualquier tipo de resistencia.

Asistimos al abandono de las Humanidades de los planes de estudio por su consideración de “saberes inútiles”, sin transferencia a la vida real (en tanto que así los considera el mercado), mientras se incorporan al discurso cada vez más términos como “excelencia”, “talento” y “emprendimiento”, este último una asignatura curricular en sí misma, al igual que la educación financiera, sospechosamente promovida por los bancos (al parecer, los problemas financieros de miles de ciudadanos con productos tóxicos son una consecuencia de la escasa educación financiera de la ciudadanía); se deja de hablar de conocimiento para hablar de competencias, lo que verdaderamente quiere decir “resiliencia (vocablo de moda) y adaptabilidad a los cambios de un mercado laboral precario”.

ATTAC debe hacer oír su voz en contra de la introducción de mecanismos de mercado en la educación, dirigidos a que la educación pública pase de ser un servicio a convertirse en un bien de consumo más, en otra mercancía. Igualmente debe manifestarse contra el utilitarismo del aprendizaje. Convencidos de que el futuro de la sociedad está íntimamente relacionado con la política educativa, ATTAC aboga por una escuela pública alejada de los parámetros neoliberales y de la “lógica económica capitalista”, que, lejos del individualismo, nos comprometa a todos como responsables de hacer una sociedad mejor, que fomente la cooperación frente a la competitividad, protegida de la entrada interesada de valores empresariales.

ATTAC DEFIENDE:

– una escuela pública entendida como un bien público y universal que sirve a toda la sociedad y contribuye a compensar las desigualdades propias del sistema capitalista, como elemento de integración social.

– Una escuela pública que favorezca el pensamiento independiente y crítico, que fomente el desarrollo de la razón, que provea a los estudiantes de los instrumentos que les permitan una lectura crítica del mundo que les rodea y que conforma sus circunstancias, que les permitan comprender los motivos que subyacen a los hechos y que los haga, por todo ello, más libres para desenmascarar la manipulación ideológica y para poder intervenir con conocimiento en la sociedad de la que forman parte; en definitiva, un despertar de las conciencias.

– una educación pública como educación integral de las personas y no como formación de mano de obra disciplinada y de consumidores obedientes, estando como está la educación al servicio de la empleabilidad y de los intereses empresariales.

– Una escuela pública que instruya en la resistencia a los valores inhumanos que destruyen la cohesión social, que no forme trabajadores sumisos ni consumidores compulsivos de falsas necesidades ni, en último término, ciudadanos pasivos deformados por unos medios y unas redes sociales alienadoras. Una escuela pública alejada de los valores mercantilistas.

– Una escuela pública como espacio común de pluralidad que forme en derechos humanos, en los valores de la convivencia, de la justicia, de la tolerancia y el respeto al diferente, del amor al bien común, del respeto a la naturaleza y de la estima de la solidaridad humana; es decir, que promueva la participación constructiva e igualitaria en una sociedad compartida por todos y en permanente construcción.

– Una escuela pública que provea a los ciudadanos de armas para identificar y combatir la información falsa, el discurso hueco, los estudios poco rigurosos, los sesgos y prejuicios, armas contra los negacionismos, contra la intolerancia y la discriminación, así como contra la inacción, que facilite desenmascarar mitos, conflictos de interés, ideas sin base científica, discursos alarmistas, existencia de grupos de presión…

– Una escuela pública que reconozca y ponga fin a la segregación, de tal modo que el estatus socioeconómico de las familias y su proveniencia no siga determinando los logros educativos de los estudiantes

– Una escuela pública que permita a cada niño/a y a cada joven desarrollarse en su máximo potencial como persona, compensando las desigualdades, para contribuir a una sociedad más justa e inclusiva

– Una escuela pública laica, propia de una educación verdaderamente democrática, que respete la libertad de conciencia de alumnos y profesores, donde no se utilice un espacio de todos y todas para difundir creencias y dogmas de algunos o para hacer proselitismo mediante catequistas pagados con fondos públicos, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial y, por supuesto, de los planes de estudio de las universidades públicas

– una redistribución de los fondos públicos para la extensión y mejora de la red pública de centros, terminando con el modelo de los conciertos privados. No es admisible que entidades financiadas con fondos públicos puedan lucrarse con la provisión de un bien básico.

– Una dignificación de la labor de los docentes de la enseñanza pública, formados en una universidad que alienta la crítica y el debate y cuestiona el statu quo, unos docentes que, desde la enseñanza de su materia, rechacen la manipulación, denuncien la hipocresía, que entiendan la escuela como un espacio de convivencia y formación humanista a la par que de lucha y preparación de los estudiantes para que asuman la responsabilidad de expandir los horizontes de la democracia y la ciudadanía crítica. Eliminar la precariedad del profesorado interino, estabilizando las plantillas.

– Una escuela pública que forme a la sociedad para comprender las relaciones del ser humano con el ecosistema, el efecto negativo de algunas actividades económicas y la obligación ética de un cambio comportamental ante la amenaza ecológica de escala mundial.

Notas:

1 https://es.wikipedia.org/wiki/La_doctrina_del_shock

2 https://www.educacion.gob.es/ruct/consultauniversidades?actual=universidades

3 https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/timss.html

4 https://www.oecd.org/pisa/pisa-es/

Para saber más:

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