Frente a la actual pandemia de COVID-19, el caos climático, el aumento del hambre y todas las formas de malnutrición, la destrucción ecológica y las múltiples crisis humanitarias, nosotras y nosotros (1), movimientos sociales, articulaciones de los pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y académicos, afirmamos nuestro compromiso con la soberanía alimentaria y rechazamos la colonización corporativa en curso de los sistemas alimentarios y la gobernanza de la alimentación bajo la fachada de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios.
Los sistemas alimentarios industriales, las cadenas de suministro mundiales y el creciente control corporativo de la gobernanza de la alimentación son responsables de las amenazas inextricablemente interconectadas y existenciales a las que se enfrentan nuestras poblaciones y el planeta, como la crisis climática, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y los océanos, la contaminación del aire y el agua, el hambre, la marginación y las innumerables violaciones de los derechos humanos. Un modelo de desarrollo extractivista centrado en el control corporativo de los recursos, los debates de políticas y los procesos reglamentarios ha dado lugar a un sistema alimentario mundial que recientemente ha dejado a más de dos mil millones de personas subalimentadas y económicamente marginadas. Además, los productos industriales ultraprocesados provocan malnutrición, enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta y obesidad. La pandemia de COVID-19 sigue desvelando tanto las debilidades estructurales como las desigualdades mundiales de este enfoque corporativo basado en el mercado, un modelo fallido que persiste debido a las profundas asimetrías de poder y a la falta de rendición de cuentas política para garantizar que las instituciones y las políticas públicas estén al servicio del bien público y de las exigencias y necesidades de las personas más vulnerables. Se necesitan acciones políticas urgentes, desde el nivel local hasta el internacional, basadas en la negociación democrática y la construcción de consensos políticos, con miras a hacer frente a la creciente desigualdad entre países y dentro de ellos, la injusticia estructural, la violencia de género y los desplazamientos. El statu quo es sencillamente insostenible para la mayoría de la población mundial, e inviable para nuestra juventud y las generaciones futuras. No podemos seguir desviando la mayor parte de los recursos públicos y de la autoridad institucional hacia el respaldo de falsas soluciones que sirven a los intereses corporativos y que no lograrán hacer frente a estos desafíos globales sistémicos .
La necesidad de enfoques basados en los derechos para combatir la crisis
El único camino a seguir justo y sostenible es detener y transformar inmediatamente los sistemas alimentarios corporativos globalizados. El primer paso en este camino es reconocer, aplicar y hacer cumplir plenamente el derecho humano a una alimentación adecuada, que es una obligación de derechos humanos de los Estados y los organismos de las Naciones Unidas. Si bien es fundamental, el derecho a una alimentación adecuada es indivisible de otros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a la vivienda, a condiciones de trabajo seguras, a salarios mínimos vitales, a la protección social, a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+, a entornos limpios y los derechos civiles y políticos, incluida la negociación colectiva y la participación política, que colectivamente deberían ser centrales en cualquier proceso de transformación. Con esta orientación crítica basada en los derechos, la política y la gobernanza públicas alimentarias deben poner a las y los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, los pastoralistas, los trabajadores, los sin tierra, los habitantes de los bosques, los consumidores, las poblaciones pobres urbanas y rurales y, entre ellos, a las mujeres y la juventud, en el centro de las mesas de gobernanza y elaboración de políticas. Los gobiernos y las instituciones regionales e internacionales deben apoyar las vías de estos sectores para transformar los sistemas alimentarios corporativos por medio de la agroecología y la soberanía alimentaria.
Rechazamos cualquier proceso de diálogo vacío que ignore los derechos humanos y no ponga de relieve explícita y significativamente el arbitrio de estos agentes de los sistemas alimentarios.
La Cumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios: la gobernanza ilegítima de múltiples partes interesadas favorece el poder corporativo
La Cumbre, iniciada por el secretario general de las Naciones Unidas poco después de firmar un acuerdo amplio con el Foro Económico Mundial (FEM), no cumple estos requisitos fundamentales. El FEM, que fue establecido por 1 000 de las mayores corporaciones del mundo, y sus afiliados han controlado el diseño, la estructura, los procesos, la gobernanza y el contenido de la Cumbre. Las grandes corporaciones multinacionales se están infiltrando cada vez más en los espacios multilaterales de las Naciones Unidas para cooptar el relato de la sostenibilidad y desviarlo hacia los canales de una mayor industrialización con tecnologías digitales y biológicas, la extracción de riqueza y mano de obra de las comunidades rurales y la concentración de poder corporativo en la gobernanza nacional-global. La agenda centrada en el capital y la tecnología que propone la Cumbre refleja estos intereses corporativos y es política, social, económica y ecológicamente desestabilizadora. Denunciamos esta Cumbre por ignorar la necesidad urgente de abordar los grandes desequilibrios de poder que las corporaciones tienen sobre los sistemas alimentarios y este acto de las Naciones Unidas, y rechazamos las falsas soluciones que seguirán oprimiendo y explotando a las personas, las comunidades y los territorios.
En lugar de basarse en los derechos humanos, la Cumbre es un foro de múltiples partes interesadas en el que todos los agentes, ya sean gobiernos, individuos, organismos regionales/internacionales o representantes de empresas/corporaciones, se presentan como participantes en pie de igualdad. Pero las partes interesadas no son necesariamente titulares de derechos: los derechos y la soberanía de las personas y las comunidades no deberían confundirse con los intereses empresariales del sector privado. Aunque la mayoría de los alimentos del mundo son producidos por productores y trabajadores a pequeña escala, este proceso individualizado de múltiples partes interesadas concede un poder desmesurado a unas pocas poderosas corporaciones que controlan los mercados de alimentos, agrícolas y de capitales. El llamado Grupo científico de la Cumbre empobrece la base científica para la elaboración de políticas responsable: promueve relatos limitados y respaldados por las corporaciones y excluye diversas formas de conocimiento y ámbitos de conocimientos especializados como la agroecología, el conocimiento indígena y los derechos humanos.
La falta de salvaguardias adecuadas en materia de conflictos de intereses en los procesos de la Cumbre ha permitido que las coaliciones impulsadas por las corporaciones se posicionen como agentes para la aplicación de las políticas públicas con recursos públicos, pero sin los mecanismos de rendición de cuentas, los mandatos y las normas de transparencia de las instituciones públicas.
No aceptaremos este proceso de deliberaciones descendente, no transparente y desigual que ha dado lugar a “Coaliciones de acción” favorables a las corporaciones. Las tecnologías y los productos patentados y con un uso intensivo de capital que se proponen como “soluciones innovadoras” serán ecológicamente destructivos, profundizarán el extractivismo, el colonialismo, el patriarcado y la desigualdad, y abrirán más esferas para la expansión y el control corporativos.
El fracaso de la estructura de gobernanza de la Cumbre ha quedado al descubierto, ya que muchas “partes interesadas” están abandonando el proceso y no se ha alcanzado un consenso político entre los Estados miembros de las Naciones Unidas sobre vías verdaderamente transformadoras para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. En este contexto, consideramos inaceptable que la Cumbre, como proceso no normativo con una estructura de gobernanza ilegítima, intente infringir y socavar el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas, que es un sistema intergubernamental, y el principal y más inclusivo organismo multilateral de las Naciones Unidas para la gobernanza de la alimentación, con la autoridad y la legitimidad para liderar los diálogos y la elaboración de políticas sobre los sistemas alimentarios. La Cumbre no tiene esta autoridad y viola el mandato y los estatutos de la reforma del CSA. Exigimos que se reconozcan y refuercen la visión y los procesos inclusivos del CSA. También recordamos a las y los líderes de las Naciones Unidas que esta Cumbre no tiene mandato ni legitimidad más allá del 23 de septiembre de 2021, e instamos a nuestros gobiernos a que defiendan el multilateralismo y la elaboración de políticas participativa y basada en los derechos, tal y como han establecido los Estados miembros del CSA en relación con las normas de participación de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales.
La soberanía alimentaria para la transformación del sistema alimentario
La lucha por unos sistemas alimentarios sostenibles, justos y saludables no puede desconectarse de las realidades de los pueblos cuyos derechos, conocimientos y medios de vida no han sido reconocidos ni respetados. Tenemos las soluciones viables para afrontar los problemas sistémicos de nuestros sistemas alimentarios. Como hemos exigido en nuestra Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, la transformación de los sistemas alimentarios debe ser ecológica y socialmente transformadora, planteando una visión feminista de igualdad y justicia. Desde 1996, los movimientos sociales y la sociedad civil han estado construyendo un movimiento global y procesos comunitarios de gobernanza en torno a la visión de la soberanía alimentaria, basados en la agroecología, y los derechos y aspiraciones de las personas que producen alimentos a pequeña escala, los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres, la juventud y las comunidades rurales y urbanas. En este 25.º aniversario de la soberanía alimentaria, reafirmamos nuestra unidad y compromiso para impulsar estrategias radicalmente transformadoras que reconozcan las necesidades de los pueblos, otorguen dignidad, respeten la naturaleza, sitúen a las personas por encima de los beneficios, resistan a la captura corporativa y trabajen colectivamente en aras de un sistema alimentario justo y decente para todas las personas.
¡SOBERANÍA ALIMENTARIA YA!
1 La Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios es un proceso de base formado por cientos de organizaciones internacionales, regionales, nacionales y locales de todos los sectores: campesinos y agricultores a pequeña escala, mujeres y juventud, pueblos indígenas, pastoralistas y personas sin tierra, trabajadores agrícolas y alimentarios, pescadores artesanales, consumidores, personas que sufren inseguridad alimentaria en zonas urbanas y ONG de muchos ámbitos de la sociedad. Para más información, véase:
2 http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html
3 Véase http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-1649_agroecology_es.pdf ;
Y https://undocs.org/es/A/RES/73/165 (arts.2, 15 y 16).
4 Véase: https://www.foodsystems4people.org/655-2/?lang=es