¡BASTA DE SAQUEO COLONIAL!
Declaración conjunta de Chile Mejor sin TLC, diputados, y organizaciones sociales de Chile y la Unión Europea, al 16 de noviembre de 2023 (desde Chile). Adhesiones hasta el 14 diciembre 2023.
Autoría: Plataforma chilena «Chile Mejor sin TLC»
Ante la próxima votación del Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea, rechazamos el tratado por su carácter neocolonial, que profundizará el deterioro de la calidad de vida y de los derechos socioambientales y laborales de los pueblos.
En Chile, la falta de transparencia y el secretismo han caracterizado la negociación del tratado por parte del ex presidente Sebastián Piñera y del actual mandatario Gabriel Boric. Desde la sociedad civil europea también se reclama falta de transparencia. El gobierno del presidente Boric firmó en diciembre de 2022 el tratado, tras presiones del lobby empresarial, y aun no publica los 41 capítulos del Acuerdo.
1.- Este tratado, promovido engañosamente como una “modernización” del anterior Acuerdo, tendrá graves consecuencias en los territorios y comunidades, multiplicando los conflictos socioambientales. Sus disposiciones promueven el aumento de la extracción y exportación de minerales, con acceso privilegiado para la UE a esas y otras materias primas, así como a la energía e infraestructura. El socio mayor prohíbe a Chile condicionar una inversión a la transferencia de tecnología, o contar con gerentes nacionales en empresas conjuntas. La fallida pretensión declarada por la UE sobre una relación comercial más equitativa y sostenible, sólo profundiza el modelo extractivista y empeora los impactos en Chile y la Unión Europea.
Las ventajas y beneficios estarán del lado de los inversores europeos. El rol asignado al país andino y austral es ser proveedor de los bienes y materiales estratégicos requeridos para la transición energética europea, externalizando los costos sociales y ambientales derivados de perpetuar a Chile en ese rol extractivista, en plena crisis ecológica global. Al sur de Chile, en la Patagonia, uno de los territorios aún no contaminados, se emplazarán varios de los proyectos de hidrógeno verde. Al norte, Atacama, territorio de valiosa biodiversidad y hogar ancestral de pueblos indígenas, será arrasado por la minería del litio. El gobierno chileno omitió la Consulta Indígena requerida por el Convenio 169 de la OIT.
Esta dimensión colonial se evidencia además en que el Acuerdo Político permite a la UE usar a Chile para lograr objetivos militares de su interés. El alineamiento de la Unión Europea con Estados Unidos y su complicidad con el genocidio israelí en Gaza, hacen temer que bajo la frase “cooperación en gestión de crisis”, Chile sea proveedor de mano de obra militar para operativos de guerra sin bandera y con personal chileno. Ello pone en riesgo la paz y neutralidad chilena y somete a su población a posibles represalias.
2.- El agua es un bien escaso en Chile, donde extensos territorios padecen sequía o están contaminados por la minería. La producción y exportación masiva de Hidrógeno Verde requiere de 10 litros de agua dulce desmineralizada por cada kilo de hidrógeno “verde”. Se recurrirá a la desalinización sin existir normas de producción ni uso, dejando a las empresas europeas exentas de responsabilidad por daños. Desde los ecosistemas donde hay litio, cobre u otros minerales como las tierras raras, son visibles los conflictos por la explotación intensiva de salares y minas, y los riesgos para el bosque nativo.
Chile sería una colonia surtidora a distancia de combustible y litio para las baterías de los autos eléctricos de los europeos. El costo socioambiental incluye el desplazamiento forzoso de población indígena y campesina, con nuevas zonas de sacrificio. El litio se exportaría sin royalty y al mismo precio del mercado nacional o de negocios con extranjeros.
La minería del litio requiere energía a gran escala. La obtendrá de megaplanteles fotovoltaicos o eólicos instalados en suelos agrícolas, en zonas productoras de hortalizas, algunas ya en conflicto socioambiental. Habrá menos producción de alimentos para el mercado interno. Como a Chile se le prohíbe subvencionar a la pequeña agricultura, y su legislación no contempla subvenciones, los precios de los alimentos subirán. Pero la Unión Europea mantendrá los subsidios a sus agricultores.
3.- Los impactos de la crisis hídrica recaen finalmente en las mujeres y sus tareas de cuidado. La rebaja total de aranceles estimula el aumento de la exportación de productos como la avellana europea, el vino, uvas, ciruelas, cerezas, manzanas, o salmones donde el agua es clave. Muchas familias sólo reciben agua en camiones aljibe, en cantidades insuficientes; las mujeres no pueden hacer huertas, ni contar con alimentos sanos y medicina natural. Viven en peligro por los incendios y la expansión de la acuicultura.
Los monocultivos están asociados a la presencia de enfermedades de tipo reproductivo en mujeres, o cáncer. Se valida un doble estándar: el Acuerdo no impide la exportación a Chile de los más de 50 Plaguicidas Altamente Peligrosos prohibidos en la UE, pero que están registrados en Chile. Ello opera contra la transición agroecológica levantada por vastos sectores campesinos, indígenas y populares para alcanzar la soberanía alimentaria y recuperar la semilla tradicional. Al contrario, el Tratado contempla además que Chile adhiera al convenio UPOV 91, una histórica exigencia de la poderosa transnacional situada en la Unión Europea Bayer/Monsanto y otras corporaciones semilleras.
4.- Este acuerdo no da cuenta de la asimetría existente entre ambas economías, más bien las profundiza. En 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) de la UE alcanzó a €13.360.337 (Millones de euros). En Chile, en cambio, fue de 285.355 M€. El texto considera a las partes como iguales, ignorando las brechas en acceso a derechos como la educación, previsión, salud y laborales, así como en industrialización y tecnología.
Cifras de la Organización Mundial de Propiedad Industrial OMPI reflejan la desigualdad. La UE registra 172.518 marcas comerciales en tanto que sólo 24 de las marcas chilenas tienen validez internacional. El capítulo de propiedad intelectual incluye 18 tratados vinculantes para las partes. En 2021 Chile ocupó el último lugar entre países OCDE en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a Innovación y Desarrollo.
El tratado permite la extensión a 11 años de las patentes del rubro farmacéutico, por dilatar su aprobación o por “nuevos usos” descubiertos en la UE para ciertos medicamentos biológicos, retrasando el ingreso al mercado nacional de medicamentos genéricos, golpeando las economías familiares.
Experimentadas empresas europeas participarán junto a las pequeñas y medianas empresas chilenas (Pymes) en las licitaciones de Compras Públicas, en competencia desleal, sin que el Estado pueda hacer nada para preferirlas. Perder licitaciones puede significar la quiebra, o el despido de muchas mujeres, mayoría en esos rubros. El acceso de las grandes empresas tecnológicas a los datos les permitirá extraer, y almacenar información clave de las y los chilenos, afectando el derecho ciudadano a la privacidad, y el derecho del Estado a regular el comercio digital con fines de recaudación de impuestos o de interés público.
5.- Chile y la UE deberán integrar a su presupuesto anual el alto costo de un Sistema Permanente de Resolución de Controversias. Habrá menos dinero para gasto social en salud, vivienda, educación, y restauración de los territorios. Este Tribunal permanente, ya incluido en el acuerdo entre la UE y Canadá (CETA), tiene en esencia las mismas reglas que en Chile fueron objeto de sostenidas críticas durante la campaña realizada contra el Tratado Transpacífico TPP. Un inversor podrá demandar al Estado por expropiación indirecta, si considera que una política pública afectó su expectativa de ganancia. Pero ni el Estado ni las comunidades pueden usar este sistema para demandar a una corporación.
Este tratado compromete el futuro de los pueblos en Chile y en la Unión Europea. Es del siglo pasado: posibilita una dependencia neocolonial en un mapa global en plena transformación. La Unión Europea retrocedería en sus compromisos en derechos humanos y medio ambiente.
Habitamos todos un planeta en peligro y queremos la paz. La Unión Europea y Chile merecen relacionarse en un marco de respeto y cooperación. Para ello, es necesario que el mercado no sea el eje de todo, a fin de priorizar la vida, el aprendizaje y colaboración entre pueblos, la producción sustentable y la justicia ambiental y climática.
¡Basta de saqueo colonial!
¡Los pueblos de Chile y las naciones de la Unión Europea requieren justicia ambiental!
¡Rechazar este Tratado de Libre Comercio es asegurar nuestro futuro común!
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