Julio de 2023

Introducción

Para la mayoría de la gente, la lucha por la democracia era sobre todo una lucha por una sociedad justa. Tras el avance gradual de la democracia parlamentaria, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad disminuyó en todos los países industrializados durante más de 30 años. Pero con el triunfo del neoliberalismo en los años 80, la concentración de la riqueza en el mundo capitalista en unas pocas manos ha vuelto a aumentar de forma alarmante. Esto ha tenido un impacto masivo en la confianza en la democracia, en la participación de la clase trabajadora en las elecciones y en el hecho de que mucha gente se haya vuelto hacia el populismo de extrema derecha por un sentimiento de abandono.

Mitigar la desigualdad es, por tanto, esencial para el futuro de la democracia, y el diseño de un sistema fiscal progresivo, equitativo, sostenible y resistente que recompense el trabajo y penalice las rentas improductivas se ha convertido en algo crucial.

El enorme problema del cambio climático y la necesidad de proteger el medio ambiente también ponen de manifiesto la necesidad de movilizar todas las políticas públicas para financiar una transición ecológica urgente. El coste humano, económico y social de la inacción climática es sin duda objeto de debate, pero los distintos estudios sobre el tema coinciden en un punto fundamental: no hacer nada sería incomparablemente más costoso que tomar medidas enérgicas.

En consecuencia, la Red Europea Attac presenta este documento en el que se esboza como debería ser un sistema fiscal en el que se redujera la desigualdad y fuera posible la financiación de una sociedad justa, ecológica y democrática.

El documento forma parte de un análisis crítico de las orientaciones presupuestarias y monetarias europeas, que condicionan en gran medida las políticas públicas nacionales.

Se basa en varias observaciones. En primer lugar, las injusticias fiscales y sociales se han desarrollado bajo el impacto de las políticas neoliberales. En segundo lugar, las cuestiones sociales y ecológicas están estrechamente vinculadas. Una verdadera transición o bifurcación ecológica y social, es decir, hacer de la lucha contra las desigualdades de todo tipo (renta, riqueza, etc.) una prioridad, implica que todas las políticas públicas estén determinadas por esta transformación.

Impuestos, gravámenes y redistribución

Los impuestos (financiación general del gasto público), los gravámenes (ingresos afectados) y las tasas o contribuciones por servicios públicos deben considerarse junto con el sistema de redistribución gubernamental y el gasto social en su efecto global.

El sistema fiscal debe constar de una variedad de tipos específicos de impuestos: impuestos medioambientales y sanitarios, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuestos de sociedades, impuestos financieros, impuestos de seguridad social y tasas.

Debería producirse un desplazamiento de la presión fiscal del trabajo a la riqueza y el capital: La presión fiscal sobre las rentas del trabajo se reducirá para la mayoría de la población y la presión fiscal sobre las rentas del patrimonio y del capital aumentará significativamente.

Es necesario reforzar el análisis de género en cualquier modificación del sistema fiscal. Las estadísticas de cada impuesto deben desglosarse por ámbito territorial, actividad y género como herramienta para tomar decisiones sobre políticas sociales.

Movilizar las finanzas públicas para la transición

La orientación de las finanzas públicas y su gobernanza deberán revisarse para organizar la transición económica y social. Por tanto, el marco actual debe modificarse para aplicar un conjunto de leyes de financiación social y ecológica:

• Volver a situar la democracia en el centro del debate presupuestario: El Parlamento debe estar en el centro de la decisión de aplicar y controlar los recursos para el cambio social y ecológico. La población y la sociedad civil deben participar en las decisiones presupuestarias (formación, consulta, incluso co-construcción).
• Las reuniones entre parlamentarios y representantes de intereses industriales y financieros deben ser transparentes, al igual que la organización y asignación de ayudas públicas a las empresas.
• Cuestionar el marco presupuestario neoliberal y su curso de austeridad y orientar las inversiones hacia la planificación de la transición social y ecológica.
• Financiar las inversiones públicas que deben realizarse para permitir la transición con los ingresos públicos adicionales generados por una gran reforma fiscal.
• Por ello, la participación del Estado en la economía debe situarse entre el 50% y el 60% del producto interior bruto del país.

Justicia económica y fiscal

Debería incluirse en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o en las Constituciones nacionales europeas un índice de Gini simétrico inferior al 20% para la renta y al 50% para la riqueza, como objetivo concreto y exigible para un sistema fiscal justo. El cumplimiento de este objetivo debería ser revisado anualmente por una comisión parlamentaria. Esta comisión hará propuestas para seguir desarrollando el sistema fiscal si los datos no se acercan al objetivo.

Descentralización e igualación financiera

Nuestro objetivo es descentralizar el sistema fiscal. El impuesto sobre la renta para rentas anuales de hasta 50.000 euros (impuesto básico sobre la renta) pasa a ser un impuesto municipal con tipos impositivos municipales; las rentas superiores a esta cantidad son gravadas uniformemente por el gobierno federal/central.

Los impuestos de sociedades irán a parar a los estados/regiones hasta un beneficio de 2 millones de euros, dependiendo de cómo estén organizados los países. Para las grandes empresas comerciales con beneficios superiores a 10 millones de euros, la administración fiscal, en el caso de la UE, correrá a cargo de la Comisión.

Los impuestos y gravámenes sobre el transporte internacional (por carretera, ferrocarril, aire y mar) van a parar a la UE.

El IVA irá proporcionalmente a la UE, el gobierno federal/central, las regiones y los municipios. La clave de reparto garantiza una distribución de los ingresos fiscales totales, excluidas las cotizaciones sociales y el impuesto nacional sobre la renta, según la clave 1:2:2:5 para los cuatro niveles.

La equiparación financiera entre regiones y municipios debe hacerse de forma que se garantice la demanda por habitante a una tasa media de evaluación según criterios objetivos (número de habitantes, parados, ancianos, niños y complementos para las regiones con necesidades de desarrollo) (modelo sueco).

Autoridad fiscal internacional y política fiscal y social internacional

Una autoridad fiscal internacional, como sub-organización de la ONU, debería encargarse de establecer convenios fiscales internacionales. Por lo tanto, apoyamos la propuesta de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Fiscalidad. La coordinación internacional y el establecimiento de normas mínimas, como ya se está acordando para el impuesto de sociedades, son importantes para la aplicación de buenos sistemas fiscales y sociales. Europa debería liderar el camino en esta dirección.

Impuestos sobre ventas e impuestos especiales

Suprimir el tipo reducido del IVA. Los alimentos básicos de origen vegetal, los productos de cuidado personal y el alquiler de viviendas estarán exentos de IVA.

Poner en marcha un ambicioso impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) a escala europea, que cubra el comercio de acciones, bonos y divisas con un 0,5% y derivados con un 0,1% del valor nominal de la transacción. Un tercio de la cantidad recaudada se destinaría a los recursos propios de la UE y dos tercios a la ONU para políticas de clima, medio ambiente y reducción de la pobreza.

Fiscalidad verde

Un sistema fiscal justo y eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y todos los objetivos medioambientales no puede lograrse sin una reforma fiscal integral. Es necesario reformar todo el sistema fiscal.

Revisar los impuestos medioambientales existentes con el fin de armonizarlos a escala municipal, regional, nacional y europea, como instrumento coordinado para reducir las consecuencias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Gravar todos los gases de efecto invernadero en función de su efecto, con un valor base para 2020 de 50 euros por tonelada de CO2 equivalente y un incremento anual de 10 euros, que podrá variar en función de una evaluación anual.

Aumentar los impuestos sobre el consumo de combustibles fósiles y suprimir las exenciones para el gas de aviación y el gasóleo marítimo, como parte de la necesaria transición energética.

En el caso de los vehículos con motor de combustión interna, el impuesto sobre hidrocarburos se eliminará progresivamente con el paso a los vehículos eléctricos. En su lugar, el impuesto sobre los vehículos debería aumentarse de forma significativa y escalonada, a medida que aumente el consumo de energía por asiento. Este impuesto debería complementarse con un peaje municipal en las ciudades y un impuesto sobre el número de kilómetros recorridos a partir de la distancia de residencia.

Aprobar la introducción de un impuesto sobre los artículos de plástico de un solo uso, incluidos los destinados a contener o proteger mercancías o alimentos, con vistas a su eliminación progresiva.

Redistribuir mediante la fiscalidad – normas de principio

El objetivo del sistema fiscal debe ser una distribución de la renta y la riqueza que sea aceptada por todas las personas. Este objetivo debe fijarse en una amplia deliberación social.

El límite máximo anual de ingresos para las personas físicas debe establecerse en 2 millones de euros. Cualquier incremento del valor de mercado de los activos también se considerará renta. El patrimonio neto tendrá un tope de 20 millones de euros. Los activos que superen esta cantidad se gravarán de forma que el patrimonio se reduzca gradualmente hasta el límite superior.

Límite temporal: los bienes no deben poder transmitirse sin cambios a lo largo de generaciones.

Reducir la dualidad fiscal del IRPF provocada por la tributación favorable de las rentas del capital frente a las del trabajo.

Impuesto sobre la renta

Todas las rentas deben gravarse uniformemente con una escala impositiva que promueva la progresividad.

Cada persona tendrá una exención fiscal de 10.000 euros. El tipo impositivo aumenta progresivamente hasta el 90% a partir de unos ingresos anuales de 40 millones de euros. Este tipo impositivo es posible si la evasión fiscal deja de ser factible gracias al intercambio internacional de información. El impuesto de sociedades puede deducirse del impuesto sobre la renta siempre que el rendimiento de los fondos propios de la empresa a la que se aplica el impuesto sea inferior al 15%.

Los incrementos del valor de mercado se consideran ingresos y deben declararse anualmente. Los incrementos y las pérdidas se calculan sobre la base del 70 % del valor de los activos y se distribuyen a lo largo de 10 años. La tributación de los incrementos del valor de los activos de hasta 1 millón de EUR utilizados para la previsión para la vejez puede eximirse mediante compensación con otras prestaciones de jubilación.

El principio de renta global debe aplicarse también a los ciudadanos locales que viven en el extranjero. En el caso de los ingresos procedentes del extranjero, los impuestos que deberían gravarlos pueden compensarse con los impuestos pagados allí. En el caso de los extranjeros, sólo las rentas obtenidas en el país donde residen tributan allí.

Supresión del impuesto sobre el matrimonio y sustitución por un impuesto individual. Habrá un régimen transitorio escalonado para su plena aplicación.

Impuesto de sociedades

El impuesto de sociedades de las pequeñas y medianas empresas se reduce mediante una exención fiscal y una zona de tributación progresiva. Por tanto, el impuesto de sociedades empezará en el 10%, con un importe exento de 20.000 euros, y aumentará hasta un tipo impositivo del 40% para los beneficios empresariales superiores a un millón de euros. Será totalmente deducible del impuesto sobre la renta.

Aplicar tipos impositivos mínimos internacionales sobre los beneficios empresariales, garantizando una fiscalidad global de los beneficios del 20% al 40% (aumentando progresivamente con el PIB per cápita).

Las empresas con un capital superior a 20 millones de euros tributan, en su caso, por el exceso de beneficios. Si el rendimiento de los fondos propios es superior al 15%, el tipo impositivo sobre la parte de los beneficios que exceda del 15% aumenta progresivamente hasta el 80% para rendimientos superiores al 30%. Este impuesto sobre el exceso de beneficios no puede compensarse con el impuesto sobre la renta.

En el caso de las empresas de servicios públicos y las cooperativas, los tipos impositivos se reducirán un 25% en cada caso. El tipo impositivo máximo será entonces del 30%.

Imposición unitaria (formula de prorrateo): Los beneficios de las empresas internacionales se suman en todo el mundo (balance global) y luego se dividen entre los países en los que opera la empresa (imposición total del grupo). La base del cálculo debe ser una fórmula que tenga en cuenta el volumen de negocios, las inversiones materiales, los empleados (50% costes salariales, 50% número de empleados) y, en el caso de los grupos digitales, el número de usuarios.

Las inversiones en un fondo de inversión deben tratarse y tributar como activos privados del propietario. Por lo tanto, se gravan como patrimonio privado y el crecimiento de los activos se grava con el impuesto sobre la renta privado.

Sustituir las medidas para evitar la doble imposición por una deducción del impuesto efectivamente pagado en el extranjero o en el país.

Impulsar la creación de un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales hasta que se acuerden en la OCDE las normas para gravar a las multinacionales en el país donde obtienen sus beneficios.

Impuestos sobre la propiedad y gravámenes

Impuesto sobre el patrimonio: Todos los activos, incluidos los extranjeros, se gravan al valor de mercado según una escala progresiva del 0,5% hasta el 20% para los multimillonarios. Habrá una exención fiscal de 1 millón de euros.

Impuesto de sucesiones: Lo pagan los herederos. Todos los bienes se gravan de la misma manera, incluidos los bienes de las empresas. Se suman todas las herencias en vida. Cada persona tiene una exención fiscal de 500.000 euros para herencias por parientes de primer grado. El tipo impositivo comienza en el 10%. La progresión aumenta por tramos hasta el 50% para la parte del patrimonio que supere los 5 millones de euros y hasta el 90% para la que supere los 2.000 millones de euros.

Fiscalidad de las fundaciones: Las fundaciones con beneficiarios privados se consideran propiedad de los beneficiarios y tributarán como tales en el futuro. Las fundaciones sin ánimo de lucro que disfruten de beneficios fiscales tienen que convertirse en fundaciones públicas o pasar a ser propiedad de una institución sin ánimo de lucro al cabo de 30 años.

Cotizaciones a la Seguridad Social

En el futuro, las prestaciones sociales se diferenciarán entre (1) prestaciones generales e iguales para todos, (2) prestaciones vinculadas a los ingresos y (3) prestaciones especiales.

• Las prestaciones sociales generales ─iguales para todas las personas─ se financian mediante una exacción del 15% sobre el conjunto de la renta nacional ─rentas del capital y rentas del trabajo. Incluirán lo siguiente:

• El sistema sanitario, que incluye los costes básicos de la asistencia, es decir, un seguro ciudadano uniforme para todos.
  • Una pensión básica de 1.100 euros al mes para todos aquellos que hayan residido en el país durante 40 años a partir de los 20 años, prorrateada por periodos de residencia más cortos.
  • Una prestación básica por hijo a cargo de 500 euros al mes.
  • Una prestación básica para los desempleados.

• El segundo componente del sistema social será un seguro profesional que garantice una pensión profesional complementaria vinculada a los ingresos sobre una base de reparto (las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones disponibles en ese momento) y un subsidio de desempleo complementario vinculado a los ingresos durante un máximo de 5 años (en función de los periodos de remuneración). Este seguro obligatorio se financiará mediante una cotización del 10 % de los ingresos brutos del trabajador, que abonarán al 50 % el trabajador y el empresario. Los ingresos de hasta 10.000 euros están exentos. Hasta 20.000 euros existe una zona transitoria. El límite máximo de cotización es de 80.000 euros.
• Además, el sistema social se completa con prestaciones sociales financiadas exclusivamente por el Estado, especialmente para las personas que no pueden valerse por sí mismas, las más necesitadas y las que no han podido acumular derechos de pensión independientes debido a un corto periodo de residencia y que tampoco tienen derechos en el extranjero.

Evitar la evasión fiscal

Todos los ciudadanos y empresas están obligados a declarar todos sus ingresos y bienes y a pagar los impuestos correspondientes. Se levantará el secreto fiscal siguiendo el modelo sueco. Además, se implantará el intercambio automático internacional de información por parte de las autoridades fiscales frente a todos los Estados, incluido EEUU.

Realizar una evaluación de la economía sumergida en Europa, así como de la evasión y elusión fiscales, desglosada por territorio, sector económico y tipo de impuesto.

Crear una Agencia Tributaria Europea coordinada con las Agencias Tributarias nacionales existentes para compartir buenas prácticas y detectar bolsas de fraude y evasión fiscal.

Prohibir contratar y recibir ayudas públicas a las empresas que posean directa o indirectamente sociedades en guaridas fiscales sin actividad económica real, siguiendo el camino emprendido por Dinamarca, Polonia, Francia o Canadá.

Instar a la Comisión Europea a que amplíe la lista de guaridas fiscales de la UE para incluir a aquellos países que permiten el dumping fiscal, aunque formen parte de la misma UE, como Holanda, Luxemburgo o Irlanda, estableciendo las sanciones oportunas si las medidas sobre los acuerdos fiscales de cada país son insuficientes para acabar con estas prácticas.

Promover la publicación de Informes País por País (CbCr) públicos, como información adicional a las cuentas anuales de los grupos multinacionales.

Se creará una Oficina Europea de Justicia Fiscal y fiscalías nacionales. Estas oficinas tendrán las competencias de la policía y la fiscalía para perseguir los delitos fiscales.

Derecho penal fiscal

El derecho penal fiscal se ampliará para incluir los siguientes puntos:

• Un derecho penal de sociedades que permita procesar y castigar a las empresas independientemente de la prueba de culpabilidad de las personas físicas. Deben imponerse a las empresas sanciones de hasta 10 veces el importe de los impuestos impagados.
• Una responsabilidad de gestión que designa a responsables de todas las operaciones empresariales. Estos responsables se enfrentarán a acciones judiciales si no pueden demostrar que han actuado activamente contra los delitos fiscales en su área de actividad.
• El plazo de prescripción de las infracciones fiscales sólo debe comenzar con la declaración de los hechos imponibles, de modo que la falta de declaración no prescriba.
• La revelación de datos de la empresa para descubrir delitos penales debería, en principio, estar exenta de castigo. Los denunciantes deben tener derecho a una indemnización en caso de perjuicio profesional.

Principios políticos para la economía verde y su financiación

Para que las políticas públicas sean eficaces, deben estar estrechamente coordinadas dentro de una combinación de políticas sociales y ecológicas, así como fiscales y monetarias. Para ello deben respetarse una serie de principios:

• Evitar conflictos de objetivos entre distintas políticas públicas. Por ejemplo, la subida de los tipos de interés básicos para combatir la inflación no debe aumentar el coste de la financiación de la transición ecológica, para la que deben aplicarse tipos de interés preferenciales independientemente de la situación económica.
• Coordinación de las autoridades públicas a escala internacional. Por ejemplo, la creación de una red internacional de bancos centrales y supervisores para la ecologización del sistema financiero, que reúne a unos 100 países, es un paso en esta dirección.

Reconocimiento de una jerarquía política en la gobernanza de la combinación de políticas ecológicas y sociales. Por ejemplo, poner la política monetaria al servicio del interés general y de la transición ecológica exige reconsiderar la actual independencia política del BCE.

Movilizar el sistema financiero para la transición ecológica

El papel del Banco Central Europeo deberá reorientarse hacia una ecologización y resiliencia de la política monetaria, que debería adoptar tres formas complementarias:

• El BCE debería financiar directamente, es decir, emitir su propio dinero, para financiar las inversiones verdes de los gobiernos, como la construcción de infraestructuras (ferrocarriles, hospitales, escuelas…).

• El BCE debería aplicar tipos de interés preferenciales a los préstamos concedidos a bancos que financien proyectos ecológicos.

• El BCE debería dar prioridad a la compra de bonos que se hayan utilizado para financiar proyectos acordes con las prioridades de la bifurcación verde, como la construcción de un parque eólico o el gasto en investigación y desarrollo de energías renovables.

Reforzar las normas y la regulación del sistema bancario y financiero:

• Aplicación obligatoria de un plan de descarbonización progresiva por parte de cada banco de aquí a 2030.
• Implementación de una regulación verde estructural para reducir la proporción de activos marrones en los balances de los bancos y aumentar la proporción de activos verdes. Esta propuesta del Instituto Veblen adoptaría la forma de una prohibición de nuevos préstamos bancarios para la financiación de combustibles fósiles.
• Reforzar las normas «prudenciales» para garantizar que los bancos se protegen contra los riesgos futuros. Sería útil tener en cuenta los riesgos relacionados con el clima en el cálculo del coeficiente de adecuación del capital si tienen activos de combustibles fósiles.
• Deberá introducirse una regulación de las finanzas verdes para combatir el «lavado verde». Esto es necesario, especialmente en lo que respecta al etiquetado de estos instrumentos financieros, cuya definición es a menudo muy vaga y engañosa.
• Creación de un auténtico polo público para financiar la transición.

Principios a considerar en relación con la economía verde y su financiación

Para que las políticas públicas sean eficaces, deben estar estrechamente coordinadas dentro de una combinación de políticas sociales y ecológicas, así como fiscales y monetarias. Para ello deben respetarse una serie de principios:

• Evitar conflictos de objetivos entre diferentes políticas públicas. Por ejemplo, la subida de los tipos de interés oficiales para combatir la inflación no debe aumentar el coste de la financiación de la transición ecológica, para la que deben aplicarse tipos de interés preferenciales independientemente de la situación económica.

• Coordinación de las autoridades públicas a escala internacional. Por ejemplo, la creación de una red internacional de bancos centrales y supervisores para la ecologización del sistema financiero, que reúne a unos 100 países, es un paso en esta dirección.

• Reconocimiento de una jerarquía política en la gobernanza de la combinación de políticas ecológicas y sociales. Por ejemplo, poner la política monetaria al servicio del interés general y de la transición ecológica exige reconsiderar la actual independencia política del BCE.

Red Europea de Attac (EAN)