Julio Rodríguez López
Los representantes de los principales partidos políticos expusieron, recientemente, sus posiciones respecto del problema de acceso a la vivienda (Idealista/News, 9.Abril.2019). Así, el Partido Popular ha vuelto a sacar a colación la agilización de las licencias municipales, tema ya bastante socorrido. Para este partido hay que aumentar la oferta de viviendas a toda costa. La desgravación fiscal al acceso a la vivienda es una debilidad tradicional del PP, que en este caso viene de la mano de lo que denominan “blindaje fiscal del ahorro”.
El Partido Socialista destaca la conveniencia de sacar al mercado las viviendas vacías, respecto de las cuales no se conoce bien su real dimensión. Su oferta electoral pone de manifiesto la relevancia del Real Decreto-ley 7/2019, que ha permitido, entre otros aspectos, aumentar el plazo de los alquileres y controlar el alcance de las fianzas.
Destaca el papel que los socialistas atribuyen a los ayuntamientos en el mercado de vivienda, aprovechando la vía creada por el citado Real Decreto-ley para que puedan utilizar los remanentes en gasto en vivienda. Se concede trascendencia a una futura Ley Estatal de Vivienda que refuerce los derechos a la vivienda en toda España. También promete fomentar la promoción de viviendas de alquiler social.
Podemos considera a la vivienda como un derecho fundamental, a la vez que un bien económico que debe de estar sujeto a reglas. Propone multiplicar el gasto público en vivienda hasta el 1% del PIB (ahora supone unas escasas decimas de PIB) .Su oferta más destacada es el control de los precios abusivos del alquiler, pretendiendo eliminar la especulación en el mercado de alquiler. Se aspira a la creación de un gran parque de viviendas de alquiler público de precio asequible, mediante la nueva construcción y forzando la cesión obligatoria de vivienda a los bancos y a los grandes tenedores de vivienda.
Ciudadanos propone enfocar la VPO hacia el alquiler, reforzando la desgravación fiscal a los propietarios que ponen viviendas en oferta de alquiler. Vox habla de armonizar las normativas urbanísticas de las 17 autonomías y de crear un parque de vivienda social que llegue al 15% del total de viviendas, ahora situado en el 1,5%.
Se advierte más concreción en los programas de vivienda citados que en convocatorias electorales precedentes. La situación del acceso a la vivienda exige obliga a las fuerzas políticas a conceder más relevancia al problema. La llegada al mercado de grandes inversores confirma la creciente financiarización de la vivienda. Los precios de venta y los alquileres privados se elevan así a unos niveles lejanos de los ingresos de los hogares españoles.
Se debe revisar la normativa correspondiente a las inversiones de extranjeros en viviendas. El aumento del gasto público en vivienda suena bien, pero es conveniente aclarar primero que destino se le va a dar a los mayores recursos públicos asignados a la vivienda.
La creación de un parque de viviendas públicas de alquiler asequible es una exigencia inevitable. El dinero público debe destinarse a la creación de dicho parque, impulsando las iniciativas de los ayuntamientos, en los que no debe de faltar un registro de demandas de viviendas.
Las viviendas sociales de alquiler deben de integrarse dentro de las VPO, que deben destinarse básicamente al alquiler. El parque de viviendas sociales de alquiler se crearía a partir de la construcción de nuevas viviendas, con gasto público o con financiación crediticia. A ello hay que unir buena parte de las viviendas ahora remansadas en los balances bancarios y en Sareb, cuya adquisición sería objeto de negociación. Se mantendrían las ayudas directas temporales a los inquilinos. Ese debería de ser el objetivo básico de cualquier política de vivienda que pretenda hacer frente al problema con seriedad.
