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Renta Básica Universal: una solución a la espiral de psicopatologización, medicalización y cronificación de los malestares

Por Hernán María Sampietro. Publicado originalmente para Catalunya Plural.

En nuestro país la psiquiatrización de los malestares psicosociales funciona como una perfecta maquinaria de expulsión a la redundancia, de manera que siete de cada diez personas psiquiatrizadas ni están, ni se les espera, en el mercado de trabajo.

Actualmente, vivimos en una época sin precedentes en cuanto a deterioro progresivo y acelerado de eso que llamamos “salud mental” de la población. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad (2017), en el año 2017 la prevalencia de problemas de salud mental en España era del 27,4%. En solo cinco años, estas cifras aumentaron hasta llegar al 37% de la población (Ministerio de Sanidad, 2022), siendo la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño los más prevalentes. No solo deberían preocuparnos los números absolutos, sino también el hecho de que se trata de una tendencia creciente. Y aunque la pandemia de COVID-19 pueda haber acelerado este proceso, no se puede reducir la situación a esta única causa, porque este deterioro progresivo comenzó mucho antes y continúa una vez superada la crisis sanitaria del 2020. En este sentido, un informe publicado por la Agencia Española de Medicamentos (2015) ya nos alertaba, hace más de una década, que en el período 2003-2013 el consumo de antidepresivos se había duplicado en España. Lamentablemente, en la década siguiente hemos vuelto a doblar las cifras de consumo de estos psicofármacos.

Esta situación es especialmente alarmante al considerar a las personas jóvenes. Al respecto, en octubre de 2023 se publicó un estudio titulado Barómetro Juventud, Salud y Bienestar (Kuric et al., 2023), en el cual se ponía de manifiesto que el 59,3% de las personas que tienen entre 15 y 29 años en España consideraban que habían tenido problemas de salud mental durante el último año. Además, un 17,4% de esta población afirmaba haber tenido estos problemas de manera continua o muy frecuentemente, es decir, cumplían criterios diagnósticos de un trastorno mental. Más allá de la altísima incidencia, lo más llamativo, una vez más, es que los resultados de este mismo estudio, pero del año 2017, nos decían que la incidencia de problemas de salud mental en este segmento de la población era del 28,4%. Es decir, en solo seis años las personas jóvenes de España que se autoperciben con una mala salud mental se ha duplicado (con un incremento del 104%). En el mismo sentido, un estudio reciente de UNICEF (2022) resaltaba que una de cada cinco personas (el 20,9%) que tenía entre 10 y 19 años en España ya estaba diagnosticada psiquiátricamente (y en su gran mayoría, también estaban medicadas). Más grave aún, un reciente comunicado del Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental en la Infancia y Adolescencia (GTM-SMIA, 2022), al que pertenecen, entre otras, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad de Psiquiatría Infantil y la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, alertaba de que el suicidio es la segunda causa de fallecimiento entre las personas que tienen entre 15 y 29 años en España, solo superada por los tumores malignos.

Ya son alarmantes las cifras actuales de malestares emocionales y la tendencia progresiva de empeoramiento de la situación, pero lo es más aún la respuesta que se da en nuestro entorno a los problemas de salud mental. Desde la institución psiquiátrica, la perspectiva hegemónica que impera en el abordaje de estos problemas es el reduccionismo biologicista según el cual lo que no funciona, lo que debe arreglarse, no es el entorno o las condiciones de vida de la persona que sufre, sino su cerebro, sus neurotransmisores. De esta manera, como se considera que el problema no es psicosocial, sino bioquímico, la respuesta se reduce a la medicalización de la vida. En este aspecto, en un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (2020), se remarcaba que España es el segundo país del mundo en consumo de psicofármacos por habitante y es el primero en consumo de benzodiacepinas. Si no fuese por la actual crisis del fentanilo y el consumo de opiáceos que vive Estados Unidos, España sería campeona del mundo en el consumo de drogas psiquiátricas. De acuerdo con este informe, el año 2020 se consumieron en España casi 110 dosis diarias de benzodiacepinas por cada 1.000 habitantes. Si sumásemos también los antidepresivos, los estabilizadores del estado de ánimo, los neurolépticos, etc., esta cifra de dosis diarias se doblaría sobradamente. En el mismo sentido, un reciente informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, del Ministerio de Sanidad (2023), resaltaba que el 9,7% de la población española había consumido hipnosedantes, con o sin receta, en los últimos 30 días. Sobre esta situación, en un reciente artículo de prensa, Eduardo Costas, catedrático de Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, afirmaba que el consumo de drogas psiquiátricas está disparado en España, pero que se trata de un uso con un claro sesgo de clase: las personas con las rentas más bajas consumen casi ocho veces más psicofármacos que las personas con las rentas más altas. En palabras de Costas: “en vez de combatir la desigualdad, drogamos con psicofármacos a los más desfavorecidos” (Costas, 2024). Está claro que esta respuesta a las consecuencias emocionales de las condiciones precarias de existencia no es inocente, sino ideológica, y tampoco es inocua. Medicalizar el malestar no resuelve sus causas y, además, en muchas ocasiones suma un problema de adicción a los psicofármacos y los efectos adversos de su consumo agudo o prolongado.

Quizás, en vez de “salud mental” deberíamos empezar a hablar de bienestar (o malestar) psicosocial, para ampliar la mirada a las condiciones materiales y sociales de existencia que son fuente de sufrimiento. Precisamente, para promover un cambio de paradigma y superar el modelo biomédico, la Organización Mundial de la Salud impulsa, desde el año 2013, su iniciativa QualityRights, proponiendo un abordaje de base comunitaria, orientado a la recuperación, centrado en la persona y basado en derechos (Funk y Drew, 2020). 

Más que pensar que hay una epidemia de cerebros defectuosos, quizás debamos comenzar a asumir que el proyecto neoliberal es incompatible con el bienestar emocional de la población, al menos de la clase trabajadora. Si la juventud padece especialmente las consecuencias de esta situación es tanto por las dificultades materiales que atraviesan las personas jóvenes como por su progresiva expulsión de un proyecto de vida. Al respecto, en un informe del Gobierno de España (2023) sobre la relación entre precariedad laboral y salud mental, Joan Benach afirmaba que vivir una situación material precaria “penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas, generando daños en la salud, sufrimiento psíquico y trastornos mentales” (Gobierno de España, 2023). En el background de este informe se explicita que la investigación epidemiológica establece una clara relación entre precariedad y mala salud mental, y no solo porque promueva una mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión, sino también de trastornos psicóticos. 

Además, se trata de una situación que se retroalimenta: por una parte, las condiciones precarias de existencia y la exclusión social son factores etiológicos de problemas de salud mental. Y, por la otra, las personas diagnosticadas de un trastorno mental se encuentran con una mayor precarización material de la vida y más exclusión social. Así, por ejemplo, en un informe de la Fundación Foessa se explicaba que en Catalunya el 14,2% de la población general se encuentra en una situación de exclusión severa, cifra que se dobla hasta llegar al 27,6% cuando hablamos de personas diagnosticadas de un trastorno mental (Fundación Foessa, 2022). 

Y esto sucede tanto por la exclusión del mercado de trabajo como por la indignidad del sistema de prestaciones condicionadas que llamamos “pensiones no-contributivas”. En este sentido, el informe más reciente del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de trabajo, de la Fundación ONCE (2023) resaltaba que, el año 2022, solo el 18,9% de las personas con una discapacidad psicosocial (por motivos de salud mental) tenía un empleo. Más aún, en esta franja de población solo el 29,2% es población activa. En resumen, en nuestro país la psiquiatrización de los malestares psicosociales funciona como una perfecta maquinaria de expulsión a la redundancia, de manera que siete de cada diez personas psiquiatrizadas ni están, ni se les espera, en el mercado de trabajo. 

Asimismo, de acuerdo con los datos oficiales del Departament de Salut (2018), el 75% de los llamados trastornos mentales severos comienzan antes de los 25 años de edad. Es decir, la gran mayoría de personas que acaban excluidas del mercado de trabajo por el proceso de psiquiatrización han sido expulsadas antes de haber podido hacer los aportes suficientes para acceder a una pensión contributiva. Y si bien en diciembre de 2023 el Consejo de Ministros aprobó una subida del 6,9% de las pensiones no contributivas, hasta llegar a los 517,90€ mensuales, sigue siendo una cantidad que está muy por debajo del umbral de la pobreza. En ciudades como Madrid o Barcelona es posible que ni siquiera pueda pagarse una habitación con este presupuesto, ya no digamos hacer un proyecto de vida. En definitiva, si las condiciones precarias de existencia, la exclusión social y la falta de un proyecto de vida afectan gravemente al bienestar emocional de la población, las respuestas que estamos dando a estos malestares deja a las personas en una situación de vulnerabilidad maximizada y con mayor riesgo de precariedad, exclusión y desamparo vital.

Todos estos problemas mencionados desaparecerían si contásemos con una Renta Básica Universal (RBU). Para comenzar, disponer de las condiciones materiales necesarias para cubrir los costes de una vida digna permitiría prevenir todos los malestares directa e indirectamente derivados de la pobreza y la precariedad. Asimismo, una RBU favorecería que las personas contasen con los recursos necesarios para crear y desarrollar un proyecto de vida (lo cual es un factor de prevención) o para rehacer o reconstruir su proyecto vital después de una crisis de salud mental (lo cual es una condición necesaria para la recuperación). 

En segundo lugar, y más allá de las condiciones materiales, están los problemas directa o indirectamente derivados de las condiciones laborales que una RBU permitiría afrontar. Por ejemplo, muchas personas dejarían de verse obligadas a seguir en trabajos que nada tienen de dignos o dignificantes. No depender del empleo para mantenerse con vida daría la posibilidad a muchas personas de abandonar los ambientes laborales que van mermando paulatinamente el bienestar emocional. O, simplemente, permitiría a las personas tomarse el tiempo necesario para recuperarse de un momento emocionalmente difícil o de una crisis sin tener que vender su fuerza de trabajo incluso cuando esto perjudica claramente su salud mental. Más aún, una RBU abriría las puertas al retorno o la incorporación al mercado de trabajo de las personas que actualmente perciben una pensión no contributiva o una prestación condicionada, sin temor a perder su única (y miserable) fuente de ingresos. Al ser universal, si la experiencia laboral no fuese bien y tuviesen que salir nuevamente del mercado de trabajo, seguirían teniendo cubiertos los costes básicos de la vida.

En tercer lugar, es esperable que, si en vez de medicalizar y cronificar los problemas derivados de las condiciones precarias de existencia y la exclusión social abordásemos sus causas, una RBU reduciría drásticamente el gasto farmacéutico, las visitas a urgencias y los ingresos psiquiátricos, las pensiones no contributivas y todos los gastos relacionados con los actuales circuitos de dependencia en los que acaban las personas psiquiatrizadas y empobrecidas.

Y finalmente, un valor añadido de la implementación de una RBU sería la posibilidad de abandonar definitivamente el actual enfoque hegemónico en las ciencias “Psi” desde el cual se (mal)interpretan los problemas psicosociales desde un reduccionismo biomédico culpabilizador y estigmatizante, individualista y despolitizador, que nos está arrastrando a un crecimiento exponencial de la cronificación de los malestares emocionales. Poner en el centro las condiciones materiales de existencia es la única manera de promover un cambio de paradigma en salud mental.


Referencias

1.Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2015). Utilización de medicamentos antidepresivos en España durante el periodo 2000-2013. Madrid, España.
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/antidepresivos-2000-2013.pdf?x27361

2. Departament de Salut. (2018). Consens per a la millora de l’atenció al trastorn psicòtic incipient. Pla director de salut mental i addiccions. Barcelona, Espanya.
https://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/30_ambits/salut-mental-adiccions/Consens-PAE-TPI-DEFINITIU.pdf

3. Costas, E. (2024). El consumo de psicofármacos está disparado en España. Levante.
https://www.levante-emv.com/tendencias21/2024/04/24/consumo-psicofarmacos-disparado-espana-debido-101481052.html

4. Fundación Foessa. (2022). Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cataluña. Madrid, España.
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2022/02/Informes-territoriales-2022-Catalu%C3%B1a.pdf

5. Fundación ONCE. (2023). 9.º Informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo. Madrid, España.
https://www.odismet.es/sites/default/files/2024-04/Informe%209.pdf

6. Funk, M. & Drew, N. (2020) WHO’s QualityRights Initiative: Transforming Services and Promoting Rights in Mental Health. Health and Human Rights Journal, 22(1), 69 – 76. GTM-SMIA. (2022). La pandemia ha provocado un aumento de hasta el 47% en los trastornos de salud mental de los menores. Madrid, España.
https://aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/np_salud_mental_infancia_y_adolescencia.pdf

7. Gobierno de España. (2023). Precariedad laboral y salud mental. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Madrid, España.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents/2023/170323-informe-salud-mental.pdf

8. Kuric, S., Sanmartín, A., Ballesteros, J. C. y Gómez Miguel, A. (2023). Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2023. Centro Reina Sofía de Fad Juventud. Madrid, España.
DOI: 10.52810.5281/zenodo.8170910

9. Naciones Unidas. (2020). Informe 2020 – Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Viena, Austria.
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_spa.pdf

10. Ministerio de Sanidad. (2020). Salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos relacionados a partir de registros clínicos de atención primaria. Madrid, España.
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Salud_mental_datos.pdf

11. Ministerio de Sanidad. (2022). Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2022. Madrid, España.
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2022/INFORME_ANUAL_2022.pdf

12. Ministerio de Sanidad. (2023). Encuesta sobre alcohol y drogas en España. Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Madrid, España.
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2022_Informe_EDADES.pdf

13. UNICEF. (2022). Salud mental e infancia en el escenario de la COVID-19. Propuestas de UNICEF para España. Madrid, España.
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/COVID19_UNICEF_Salud_Mental.pdf

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